Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda condenando a la accionada Sra. Eleonora Graciela Deluchi a pagarle a la Sra. Gabriela Verónica Debenedetti dentro de los diez días de quedar firme el fallo: 1) $45.000 en concepto de daño moral y 2) el valor de mercado de un animal de las características señaladas en el considerando «III.2.a», el cual será establecido de conformidad con el procedimiento allí fijado, todo ello más los intereses moratorios detallados en el considerando «III.3.b».
II. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA).
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV.
REGISTRADA BAJO EL Nº Fo.
Expte. Nº 170040 Juzgado Civil y Comercial N°06 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DEBENEDETTI GABRIELA VERÓNICA C/ DELUCHI ELEONORA GRACIELA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 24 de abril de 2020? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. a. La sentencia dictada el 20 de abril de 2020 por la Jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 04/05/2020.
En lo que aquí interesa destacar, la jueza hizo lugar a la defensa opuesta por la parte demandada -Sra. Eleonora Graciela Deluchi- y rechazó la demanda que contra ella interpuso Gabriela Verónica Debenedetti, con costas.
Para así decidirlo, explicó que la actora sustentó su reclamo en un contrato atípico de pensión equina celebrado con la accionada. Para fundar la responsabilidad civil contractual, dijo, era carga de Debenedetti acreditar la contratación entre las partes, extremo para lo cual -a diferencia de lo alegado por la accionada- no es relevante dirimir quién es el dueño del animal que sufrió el supuesto daño.
Entendió que la actora incumplió con la regla contenida en el art. 1193 del Código Civil al no celebrar un contrato por escrito e intentó en este proceso acreditar el negocio solo por testigos, violando la prohibición que dicha norma prevé (ello sin perjuicio de que -dijo- los testigos coinciden en que la yegua se encontraba en pensión). Agregó que tampoco se acreditaron las excepciones que contemplan los arts. 1191 y 1192 del Código Civil, y que no eran “prueba imposible para la demandante” (quien, agregó, es una profesional del derecho y le era exigible una mayor diligencia).
Sobre esa base, consideró procedente la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la demandada y rechazó la demanda.
II. El recurso de la parte actora.
II. La actora fundó su recurso el 11/08/2020, mereciendo la réplica de la contraria mediante su presentación del 26/11/2020. Los agravios de la Sra. Debenedetti pueden sintetizar de la siguiente manera:
(i) Considera equivocado el modo en que la jueza aplicó las normas que regulan la prueba de los contratos. Objeta que el fallo no evalúa si el contrato invocado -aquel que se supone que no fue acreditado- supera el monto dinerario que condiciona la aplicación de las exigencias contenidas en el art. 1193 del Código Civil, y que la magistrada reprocha como incumplidas. Refiere que, según surge de la prueba, el negocio tiene un monto de $900.
(ii) Entiende también equivocada la decisión de considerar que no se acreditó un principio de ejecución. Invoca el caso “Dukart” (SCBA, C.102.197 del 8/08/2012) donde se argumenta que el art. 1193 debe ser leído conjuntamente con el 1191 del Código Civil y que el principio general allí regulado no es absoluto y cede cuando lo que se intenta acreditar son los hechos que exteriorizan la actuación de las partes y descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista.
Alega que aun cuando el contrato tiene un valor inferior al techo legal, del precedente de la SCBA -y otros de la Sala I de esta Cámara- surge que corresponde la prueba de los contratos formales «por otros medios» cuando existe comienzo de ejecución. Dice que tal es el modo en que ha sido regulada la cuestión en el nuevo CCyC.
(iii) Vinculado con el punto anterior, entiende errado que la magistrada no haya juzgado acreditado hechos que revelen un principio de ejecución (concepto que define como la realización de prestaciones que pueden considerarse comprendidas en el vínculo contractual invocado y no en otro existente entre las partes). Enuncia diversos extremos que son demostrativos de un principio de ejecución: la explotación comercial del predio delimitado para el estabulado de caballos de salto y polo, el ingreso y permanencia del equino de la actora en el predio que explota, los pagos mensuales por el servicio, la muerte del equino “Lila” dentro de ese predio, los pagos de gastos de entierro abonados por la accionada.
Objeta que la magistrada reconozca que los testigos dan cuenta de la presencia de la yegua en el predio y en pensión, pero que igualmente -pese a tener el convencimiento de que el contrato existió- exija indebidamente una prueba que el actor no aportó y rechace la demanda.
Entiende que la prueba es inequívoca y permite acreditar la existencia y ejecución vigente al momento del hecho dañoso de un contrato atípico de pensionado cuya caracterización efectuó esta parte en su escrito de inicio que consistió en el alojamiento de una yegua de propiedad de la actora en las instalaciones explotadas por la Sra. Deluchi a cambio de un precio en dinero, fijado y pagadero en forma mensual. También alega que fue acreditado que la muerte del equino se produjo en el marco de la ejecución de ese contrato.
(iv) Señala falacias y contradicciones en la defensa de la accionada, omitidas en su consideración en el fallo. Refiere que Deluchi alegó que su servicio solo incluía la pensión completa a caballos de salto allí estabulados, afirmación que se contradice con el contrato de alquiler (que refiere a estabulado de equinos o cualquier otra actividad relacionada con caballos, sin distingos ni excepciones). El propio contrato de arrendamiento -destacaincluye el servicio de estabulado de dos yeguarizos de polo (propiedad de la Sra. Sauco), lo que -según dice- torna falsa la afirmación de que el pensionado de caballos de polo excluía otros fines.
Manifiesta que también es falso que a la fecha del hecho el contrato estuviera rescindido. Según surge de la documental acompañada, la rescisión preveía la entrega del predio el 28/02/2015 lo que demuestra que al momento del deceso del animal, la tenencia y explotación del predio continuaba en cabeza de la demandada. Expone lo dicho por la testigo Sauco (que da cuenta de la pensión de caballos de polo y salto) y el testigo Arredondo (que menciona al animal llamado Lola) y la testigo Gates que afirmó que la demandada tenía la yegua en pensión con la actora, con los cuidados que requiere.
Tales elementos, sumados al contrato de locación (que incluye el croquis exacto con la inclusión de corrales y boxes a los fines de estabularlos), permiten concluir -dice- que en ese predio estaba ubicada la yegua Lila, propiedad de la actora.
(v) Con relación a la muerte del animal, afirma que la testigo Lorena Gates -veterinaria- declaró haber visto a la yegua muerta desnucada y atada a un árbol. Ante las preguntas de la accionada, la deponente explicó que la yegua Lila era joven y estaba amamantando, gozaba de excelente salud y estaba cuidada. Murió desnucada sin patologías preexistentes.
Finaliza su exposición destacando que la demandada no planteó los argumentos que el fallo adopta al hace lugar a la defensa de falta de legitimación activa y solicita se revoque el decisorio haciendo lugar a la demanda.
III. La solución Tiene razón el apelante: no han sido debidamente aplicadas las reglas que rigen la prueba de los contratos y la demanda, por este motivo -y otros que más abajo detallaré- ha sido incorrectamente rechazada.
III.1. Sobre la prueba del contrato y la responsabilidad civil de la demandada.
III.1.a. La magistrada desestimó el reclamo de la actora por considerar que el negocio que invocó para fundar su demanda encuadra dentro de aquellos a los que la ley exigía la forma escrita, vedando la prueba testimonial (art. 1193 del Código Civil -Ley 340-).
Aunque sin decirlo expresamente, ha entendido que el contrato que Debenedetti dijo haber celebrado con Deluchi tuvo «por objeto una cantidad de más de diez mil pesos» en los términos del entonces vigente artículo 1193 del Código Civil (Ley 340), motivo por el cual consideró que para acreditar el negocio (y debatir la responsabilidad emergente del supuesto incumplimiento de las obligaciones allí establecidas) la actora debió acompañar la prueba instrumental exigida por la ley, sin posibilidad de valerse únicamente de testigos (art. cit., in fine).
No comparto la decisión, por dos motivos.
En primer lugar, la exigencia probatoria que regula el artículo 1193 del Código Civil para los contratos a los que se le impone una forma específica no puede ser interpretada de modo aislado. Se trata de una norma que se complementa con la contenida en el artículo 1191 que prevé un principio general (que los contratos no se juzgan probados si no estuvieran en la forma prescripta) y una serie de excepciones que, de verificarse, posibilitan el uso de cualquier medio probatorio.
Una de esas excepciones es, precisamente, el principio de ejecución. Esto significa que aun en los contratos que superen el monto nominal previsto en el art. 1193 del CC (y admitamos por hipótesis que la pensión equina invocada por la actora cumple ese recaudo económico), es posible para el litigante demostrar el vínculo en cuyo seno emergen las obligaciones que se alegan incumplidas valiéndose para ello de cualquier medio probatorio si acredita que hubo actos de las partes -posteriores a la celebración- que son reveladores de la existencia del negocio. En ese caso, el magistrado se encuentra habilitado para juzgar demostrada la relación contractual aun en ausencia de la formalidad impuesta por la ley. En un viejo precedente de la Suprema Corte de Buenos Aires se dijo que «el principio del art. 1193 del Código Civil que establece que no puede probarse por testigos la existencia de un contrato por más de 200 pesos [el precedente es anterior a la reforma de 1968], solo es absoluto, indeclinable e irrenunciable cuando se pretende probar el contrato mismo; pero no cuando lo que se intenta acreditar son hechos que —exteriorizando la actuación de las partes— descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista y que el caso encuadra en alguna de las excepciones a que se refiere el art. 1191 del mismo. Si esto se advierte, todas las pruebas son admisibles" (causa "Pieres, José", Ac. 568 del 23/04/1957; la doctrina se reitera luego en los fallos "Gerosa, José", Ac. 32.637 del 03/07/1984 y más recientemente en "Dukart, Oscar", C. 102.197 del 08/08/2012 -voto del Min. Soria-). Como señala Lorenzetti: «en los casos en que el contrato no tiene la forma prescripta, pero comienza a ejecutarse, no es posible invocar la ausencia de la solemnidad. El Código autoriza el empleo de todos los medios de prueba designados» (“Tratado de los contratos. Parte General”, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2004, pág. 445).
La solución legal es más que razonable. La ley sustantiva permite que la prueba actúe en forma oblicua: el reclamante no intenta demostrar directamente el contrato (puesto que carece de la forma exigida por ley) pero se le permite acreditarlo de modo indirecto, dando cuenta de la existencia de actos de las partes que revelan [esto es, ponen al descubierto y permiten inferir] la existencia de ese acuerdo. Para demostrar ese principio de ejecución -e indirectamente acreditar la convención que subyace a esas prestaciones- la ley no impone restricción alguna a las pruebas de las que el accionante puede valerse.
El sistema previsto en los artículos 1191 y 1193 del Código Civil -y el juego de reglas y excepciones que allí se regulan- permite evitar un escenario sumamente disvalioso, donde la rígida y aislada aplicación de la regla general (exigencia de la forma ad probationem) impide al juez considerar acreditado un hecho sobre el cual se ha formado una sincera convicción al evaluar otros medios de prueba. Así parece haber ocurrido en este pleito, donde la colega de primera instancia rechazó la demanda pero a la vez que reconoció que «de las declaraciones testimoniales obrantes en autos, los testigos citados coinciden en que la yegua se encontraba en pensión».
Las pruebas producidas por Debenedetti a las que hace referencia la magistrada no han estado dirigidas a demostrar la celebración del acuerdo sino directamente la ejecución (y, como seguidamente se verá, también el incumplimiento) de las prestaciones allí contenidas. En ese contexto, y verificada la excepción que contempla el art. 1191 del Código Civil (prueba del principio de ejecución), no podía ya la juzgadora exigir la prueba instrumental y menos aún rechazar la demanda con ese único fundamento (art. cit.).
III.b. El segundo motivo por el cual considero incorrecta la decisión apelada es que, a mi modo de ver, la prueba producida no solo ha sido útil para acreditar la ejecución del contrato invocado por la accionante, sino que ha sido también suficiente para acreditar la responsabilidad de la accionada por el incumplimiento que se le endilga.
He leído con atención los testimonios de los Sres. Bonifatti, Gahan, Arredondo, Sauco y Gates (tanto en las preguntas formuladas por la actora como en las repreguntas propuestas por la demandada) y he encontrado material suficiente para formar convicción sobre, al menos, seis puntos que son dirimentes para resolver la controversia y juzgar procedente el reclamo de la Sra. Debenedetti:
(i) Sobre la actividad de la Sra. Delucchi y la pensión de la yegua Lila: los testigos son contestes en explicar que la Sra. Delucchi arrendaba una fracción del campo de los Sres. Sauco y Bonifatti y allí realizaba pensión de equinos. Gates explicó que “Eleonora le tenía la yegua en pensión a Gabriela con los cuidados que requiere” (respuesta tercera) y que era quien pagaba el servicio (respuesta novena). Agregó que iniciaron su vínculo en abril de 2013, primero la testigo y luego “Gabriela también lleva su yegua” (respuesta décimo tercera).
El testigo Arnaldo Bonifatti coincidió en que, con motivo de las actividades comprendidas en la locación de parte del campo, Deluchi “le daba servicios de caballeriza y alojamiento a los equinos de la demandante” (respuesta cuarta). El testigo señaló, además, que la actividad de la demandada excedía a los caballos de salto (como argumentó con insistencia al absolver posiciones) y dijo que “los caballos de polo son atendidos con las pensiones que da la señora Deluchi” incluyendo a dos que pertenecían a la Sra. Sauco y que estaba obligada a atenderlos por contrato (repregunta sexta), lo cual se condice con la cláusula segunda del contrato de locación celebrado por Deluchi y Sauco (v. adjunto al oficio del 12/07/2016).
Coincide en ello la Sra. Sauco, quien explicó en detalle los límites y condiciones del arrendamiento celebrado con Delucchi, la actividad allí realizada por la inquilina (que incluida la pensión de caballos no solo de salto sino también de polo [respuesta cuarta]) y el servicio puntual que le dio a Debenedetti: “Deluchi era la que me alquilaba el predio y Debenedetti la que llevó [la] yegua a pensión” (respuesta quinta). Eso mismo declaró el testigo Gahan, al afirmar que la yegua Lila estaba a cargo de Eleonora (ampliación, respuesta primera) y aclaró que la pensión equina consiste en “tener un caballo a cargo, darle alimento, agua, cuidarlo, mantenerlo en óptimas condiciones en un lugar apropiado” (ampliación, respuesta segunda).
El testigo Arredondo enunció incluso los caballos que estaban en pensión con la demandada (respuesta cuarta) y que el servicio era rentado e incluía al “petisero, la comida y los corrales” (respuesta primera de la ampliación). (ii) Sobre la existencia del accidente y el hallazgo del animal: la testigo Gates explicó que llegó al club a montar a su yegua y vio a la actora “llorando, me dice que [su] yegua estaba muerta así que fui a ver qué había pasado porque en ese momento nadie sabía y encuentro a un animal cerca de una laguna que estaba sin agua y estaba la yegua atada a un árbol caída dentro de ese huego grande, sin liquido sin contenido y se encontraba desnucada” (respuesta quinta). El testigo Bonifatti declaró que escuchó ruidos que hacía la yegua y fue junto a su señora y corroboró que la yegua estaba “palanqueada en un árbol descogotada o ahogada, se cae y queda colgada del cuello en el desnivel del borde de la laguna” (respuesta sexta).
Idéntico relato brindó la Sra. Sauco, quien dijo que fue la primera en llegar en horas del mediodía al escuchar relinchos y quejidos, y “me acerque a la zona de caballeriza que alquilaba la señora Deluchi para avisar alguno de sus empleados que se fueran a fijar porque se escuchaban muchos quejidos al notar que no había nadie allí me acerqué yo al lugar de donde provenían los relinchos y encontré a la yegua Lila ahorcada, desnucada ya que había sido atada a un árbol que estaba a medio metro un metro del bordo de una laguna seca de una profundidad de aproximadamente un metro” (respuesta sexta). Arredondo estuvo presente cuando se encontró con la Sra. Debenedetti llorando y corroboró que su animal estaba muerto (respuesta sexta).
(iii) Sobre la adquisición, propiedad del animal: Gates afirmó que ella misma evaluó la yegua y sus características al momento en que la accionante compró el animal (respuesta cuarta) y que el vendedor fue Ricardo Coria (respuesta décimo segunda). Bonifatti y Arredondo también señalaron -en coincidencia con Gates- que le compró la yegua al Sr. Coria (respuesta quinta y décimo segunda, respectivamente). El testigo Gahan también declaró que la yegua Lila era de la actora (respuesta quinta). (iv) Sobre las características y valor del animal. Gates señaló que Lila era una yegua joven que en ese momento estaba amamantando que gozaba de excelente salud, estaba muy cuidada sanitariamente y la yegua murió desnucada, no tenía patologías preexistentes (respuesta décimo segunda); Sauco dijo que era una “excelente yegua y de gran futuro” (respuesta sexta). En cuanto a los valores, Gahan señaló que un animal de esas características tiene un valor de entre 2500 a 5000 dólares (respuesta décimo primera); Arredondo estimó entre 3500 y 4000 dólares en tanto que Sauco habló de 3000 dólares (respuesta décimo cuarta).
(v) Sobre el modo en que murió y a cargo de quién estaba el cuidado de la yegua: cuando se le pregunta a Gates quién estaba a cargo de la yegua fallecida señaló que eran “los petiseros de Eleonora” (respuesta séptima). Bonifatti también apuntó a una persona llamada Ivan, dependiente contratado por la Sra. Deluchi como el responsable a cargo de la yegua al tiempo en que falleció (respuesta séptima). Sauco señaló que luego de llamar a la accionada y a la propietaria del animal le fue informado que “había sido atada por su empleado Iván del área de mantenimiento que por ende desconocía la forma de trabajar con caballos y no por ninguno de los petiseros dedicado a ese trabajo” (respuesta séptima).
(vi) Sobre el modo en que fue sepultado. La testigo Sauco declaró que Lila fue enterrada en la misma laguna seca donde murió ahorcada y tal tarea fue efectuada por un vecino que trajo la máquina moto pala, servicio que pagó la Señora Deluchi (respuesta novena). Coincidió en ello Bonifatti (respuesta octava).
En resumen, los testimonios a los que me he referido no brindan margen para la duda: prueban la celebración y ejecución de un contrato de pensión equina por medio del cual Debenedetti entregó la custodia de una yegua de polo denominada «Lila» que falleció por un descuido de un dependiente de la demandada (puntualmente, fue atada indebidamente a un árbol sin reparar en un desnivel del suelo que provocó una caída y un desnuque del animal) [arts. 375 y 384 del CPCCBA].
No he sido ajeno a los denodados esfuerzos de la demandada de invocar relaciones comerciales o personales entre alguno o todos los testigos, supuestas circunstancias que alterarían su credibilidad y otras alegaciones por medio de las cuales intentó opacar el valor convictivo de sus relatos.
Sin embargo, ninguna de las impugnaciones efectuadas logra el objetivo propuesto.
Que los testigos conozcan a las partes nada quita y nada agrega a la materia controvertida; de hecho, todos se conocen entre sí y es razonable que así sea dado el contexto espacial y personal en el que se gestó el contrato [un campo dedicado a la actividad hípica al que concurren solo personas avezadas en la materia] y la relación de cercanía que puede existir entre algunos de ellos.
No solo los testigos impugnados conocen a la actora sino también a la propia demandada, lo que -insisto- es consecuencia lógica del ámbito en el que se originó el diferendo (por caso, la Sra. Sauco dijo conocer a Deluchi desde hace más de veinte años). Tampoco está claro cuál sería el interés -real o siquiera potencial- que alteraría la sinceridad de las narrativas de los distintos deponentes.
La demandada se abroqueló en dos alegaciones que se probaron falsas: que no realizaba pensión de equinos dedicados al polo (algo que se aprecia insincero con solo leer la cláusula segunda del contrato que celebró con la Sra. Sauco y que, además, fue contradicho por la totalidad de los testigos) y que a la fecha del accidente ya había operado la rescisión y su actividad estaba limitada exclusivamente a retirar su enseres y sus animales. Cualquiera haya sido el estado en el que se encontraban los contratos celebrados con otros dueños de animales que hubiera admitido en pensión, lo cierto es que el accidente se produjo antes de retirarse de la propiedad arrendada y en ocasión en la que -según dijeron los testigos en forma unánime- todavía se encontraba a cargo de la yegua Lila.
Por lo demás, destaco no solo el dato -apuntado por los testigos Sauco y Bonifatti- de que la propia demandada pagó los gastos de entierro de la yegua muerta (comportamiento que lleva implícito la asunción de algún grado de responsabilidad en el hecho), sino que además hay un elemento de prueba de gran valor convictivo que la demandada no ha logrado probar como falso: el productor de seguros Sebastián Martín -socio de la firma Carlos A. Martín SRL- reconoció que la demandada contrató una póliza en la firma Sancor y que, tal lo dicho por la actora en el escrito de demanda, el Dr. Pablo Codias concurrió a sus oficinas para denunciar un siniestro “conforme se lo indicara la Sra. Deluchi Eleonora”.
Aquí ya ninguna duda me cabe que si Deluchi le indicó a la pareja de la actora que concurra a realizar gestiones a su compañía de seguros (en virtud de un seguro vinculado a la actividad equina y como consecuencia del fallecimiento accidental de un animal), es porque: (a) la muerte ocurrió en el marco de una pensión vigente en cuyo contexto era la Sra. Deluchi la encargada de cuidar al animal y (b) derivado de lo anterior, Deluchi sabía que el descuido y la muerte de la yegua otorgaba a su propietaria un derecho a ser resarcida por los perjuicios ocasionados, escenario que justificaba indagar si su compañía de seguros le brindaría algún tipo de garantía o cobertura que mantenga total o parcialmente indemne su patrimonio ante un eventual reclamo de su cliente.
Tal lo dicho en párrafos precedentes, de la evaluación de todo este material probatorio puedo concluir que la Sra. Deluchi pensionó a una yegua de la Sra. Debenedetti desde abril de 2013 y que falleció en enero de 2015 por un descuido en su atención (fue atada y dejada sin vigilancia en un terreno impropio, provocando una caída accidental que terminó con su vida). Más allá del carácter atípico del contrato de pensión equina, resulta incuestionable que mantener con vida al animal constituye una prestación fundamental del negocio. Se trata de una obligación de resultado cuyo incumplimiento hace objetiva y civilmente responsable a la Sra. Deluchi por los daños ocasionados a la propietaria del equino (art. 1137, 1198 y cctes. del Código Civil -Ley 340- y 7 del Código Civil y Comercial).
III.2. Sobre los daños ocasionados.
La actora reclamó dos rubros resarcitorios: el daño patrimonial consistente en el “valor de mercado de un caballo de polo amateur de bajo hándicap” que al momento de la demanda estimó en $45.000 de acuerdo al tipo de cambio vigente en aquel momento y el daño moral, generado, primero, por la privación de uso (luego de que la yegua quede imprevistamente preñada) y luego por su fallecimiento.
III.2.a. El reclamo de daño patrimonial prospera.
Es justo que por la muerte del animal la demandada indemnice a la actora con el valor de mercado de un animal de similares características. Hay allí un daño patrimonial emergente (arts. 1068 del CC y 7 del CCyC). Esta Sala ha seguido el criterio reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria conforme el cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (causa 161257 -in re "Pellizi..."- del 06/10/2016, causas 131.976, 131.833 y 130.138 -autos “Caparrós...”- del 16/03/2016; Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit., Alterini, Atilio A “Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral” en LL 1991-B, 1048; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. Lopez Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal, Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).
Tal es la potestad que emerge del art. 165 del Código de Procedimientos que autoriza al jueza fijar el importe líquido de los créditos resarcitorios o bien a “estable[cer] por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación”.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 165 del CPCCA y 772 del CCyC -y lo resuelto por la Casación bonaerense en los precedentes citados-, propondré al acuerdo hacer lugar al reclamo por daño emergente y disponer que en etapa de ejecución se determine el valor de mercado de una yegua de polo, joven y en excelente estado de salud (v. testimonios citados en párrafos precedentes) a cuyo fin la jueza de primera instancia deberá requerir la información necesaria a los organismos, entidades o establecimientos que considere pertinentes (o, en su caso, y si lo considera necesario, solicitar la asistencia de un perito de lista con ese mismo propósito) (arts. 457, 475 y cctes. del CPCCBA).
III.2.b. El daño moral también es procedente.
En materia de daño moral esta Sala ha enfatizado en reiteradas oportunidades que a la hora de justipreciar la procedencia del rubro no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce.
Aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experienciajuzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (causas 168199 -“Gastiarena...” del 10/10/2019 , 167312 -“Bertocchini...”- del 10/05/2019, 166428 -“Ale...”- del 13/12/2018, 166363 -“Bassano...”- del 02/10/2018, 165996 -“Felices...”, del 20/09/2018, entre otros; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento del daño moral”, Ed. Astrea, 2009, págs.189 y sgtes, (“Resarcimiento de daños”, 5ª, “Cuánto por daño moral”, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 158 y ss.).
Si bien se ha dicho que la fijación del monto de la reparación siempre queda, en última instancia, librada al prudente arbitrio judicial, no es menos cierto que en la actualidad tiene mayor aplicación la tendencia que obliga a indicar, en la sentencia, las pautas objetivas que permitieron arribar a la suma de condena (Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de Daños", t. 5-a, "Cuanto por daño moral", Buenos Aires: Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005, ,pág. 80 y sig.).
Se suma a ello que el Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
En el caso en estudio, han sido demostradas circunstancias suficientes como para inferir la producción de un perjuicio extrapatrimonial resarcible. Los humanos entablamos relaciones sumamente particulares con los animales domésticos, no necesariamente idénticas pero sí parecidas en muchos aspectos a las que se generan con seres de nuestra misma especie. El vínculo que nace entre el dueño y el animal excede lo meramente práctico o utilitario (la compañía en el hogar, la práctica de un deporte, etcétera): es fuente de inmensas satisfacciones emocionales que incluyen esparcimiento, juego, distracción, alegría, cariño y todo tipo de gratificaciones espirituales. El dueño disfruta viendo a su animal crecer, dándole los cuidados necesarios, a la vez que se preocupa protegiéndolo en la enfermedad y acompañándolo en la extinción natural de su vida. El animal, a su modo, gratifica y recompensa ese cuidado y ese afecto con respeto, obediencia y entrega a su propietario.
La literatura especializada destaca el vínculo entre los humanos y los caballos, diferenciándolo incluso del que se genera con otro tipo de mascotas. Investigaciones publicadas en revistas especializadas dan cuenta que los equinos desarrollan un vínculo emocional muy intenso con las personas y poseen sofisticadas habilidades comunicativas, lo que ha fomentado su capacidad para responder a los estados emocionales humanos y expresarse mediante un lenguaje no verbal, que incluye el contacto físico y la conexión emocional. Ello explica que la interacción de los humanos con los caballos -y el particular vínculo que se gesta en esa relación- ha motivado múltiples formas de intervenciones terapéuticas dirigidas a lograr el bienestar de las personas (v. Scopa, C., Contalbrigo, L., Greco, A., Lanatà, A., Scilingo, E. P., & Baragli, P. (2019). Emotional transfer in human–horse interaction: new perspectives on equine assisted interventions. Animals, 9(12), 1030).
Por supuesto que un vínculo tan especial como este trae como lógico y necesario correlato el dolor y la angustia que produce el sufrimiento y tanto más la muerte a corta edad del animal. Su extinción repentina no solo implica la pérdida de una relación espiritualmente enriquecedora, sino que frustra las expectativas del dueño con relación al cuidado, la salud y el desarrollo futuro del animal.
Puedo por ello comprender -y juzgo sinceras- las emociones que detalla la actora en su demanda y que son refrendadas por la prueba producida en la causa. Me refiero el dolor y la tristeza que sintió Debenedetti al anoticiarse de la trágica y evitable muerte de su yegua Lila, de las que incluso han dado cuenta en forma unánime los testigos Sauco, Arredondo, Bonifatti y Gahan.
Encuentro allí elementos más que suficientes para considerar acreditado un daño moral resarcible, incluso sin reparar en el alegado embarazo imprevisto del animal, extremo sobre el cual -a diferencia de su muerte- no ha tenido soporte probatorio suficiente (art. 375 del CPCCBA). Debo aclarar, por cierto, que la pericia psicológica poco y nada ha ayudado a dilucidar esta cuestión. El dictamen de la Lic. Bartfeld contiene no más que una transcripción de lo que evidentemente ha sido un relato unilateral de la Sra. Debenedetti, lacónicas palabras (siquiera párrafos) destinados a explicar desde un punto de vista técnico aquello que se le requería en los puntos de pericia, y ha incluido referencias destinadas a cuantificar rubros resarcitorios que no forman parte la materia controvertida (v.gr., valores de tratamientos).
En virtud de lo dicho, propondré al acuerdo indemnizar el daño moral en la suma peticionada en la demanda ($45.000) a valores históricos, teniendo en cuenta que la accionante no ha condicionado el resarcimiento al resultado de la prueba producida (SCBA, Ac. 42935 en autos “Gómez, Rubén Oscar c/ Patella, Teresa y otros s/Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos“, sentencia del 04/06/1991; art. 34.4 del CPCCBA, 622 y cctes. del CC -Ley 340-).
III.3. Intereses.
Establecidos los créditos resarcitorios, corresponde definir el modo de liquidar los intereses moratorios (art. 622 del CC y 768.c del CCyC). III.3.a. La Sala que tengo el honor de integrar se apartó recientemente de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en los casos “Ponce” (C.101.774), “Ginnossi” (L. 94.446, ambas del 21/10/2009) y “Cabrera” (c. 119.176 del 15/06/2016) brindando un amplio abanico de razones por las cuales debía escogerse una tasa que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -"Melegari, Bernando...” del 16/4/2020).
Sostuve allí, junto al Dr. Loustaunau, que «la tasa de interés moratorio judicial -aquella que regulan los arts. 622 del Código Velezano y 768.c del Código Civil y Comercial- tiene que ser entendida como una reparación del costo de sustitución del capital debido por el deudor. Es una indemnización de un daño emergente que se identifica con el valor que [debemos presumir que] pagó el actor para acceder al crédito con el propósito de reemplazar un capital que estaba destinado al consumo de bienes y servicios. De ello se sigue que la tasa que corresponde utilizar para liquidar los intereses moratorios -allí donde no hay tasa legal o pactada- es de tipo activa (la que -presumimos que- percibió el banco y que pagó el actor para procurarse el dinero que se le adeuda).»
Agregué que «no es posible indemnizar el daño moratorio si el resultado que se sigue de liquidar el capital con una cierta tasa de interés arroja un rendimiento negativo (es decir, el poder adquisitivo de la suma resultante es inferior al que tenía originalmente el capital de condena a la fecha de la mora -o, tratándose de obligaciones de valor cuantificadas por guarismos actualizados, a la fecha en que operó esa conversión-). Una tasa que genera resultados negativos no conlleva reparación alguna y, peor aún, asegura la pérdida parcial del poder adquisitivo del capital al cual accede y genera incentivos sumamente negativos en el proceso (abuso de proceso, dilación maliciosa del demandado, financiación judicial, litigiosidad, etc.)». Luego, y «como consecuencia de lo anterior, en contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo -esto es, en los tiempos que insume normalmente un pleito- un rendimiento positivo, entendiéndose por tal a un resultado que sea superior al valor actualizado del capital de condena.» (fallo cit.). Expliqué además que el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios no constituye ninguna forma de repotenciación -ni explícita ni encubierta- dado que toda tasa, pasiva o activa, internaliza algún sistema de actualización y ello es in recaudo sine qua non para que pueda funcionar como tal en economías inflacionarias. El Código Civil y Comercial, al contemplar su uso en créditos alimentarios -art. 552-, permite concluir que no es una práctica que viole los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Por lo demás, tampoco puede afirmarse que el acreedor recibe “un plus” indebido dado que si se admite que es más probable que el acreedor hubiera destinado el dinero que se le adeuda al consumo y no a la inversión bancaria, el mentado “plus” o cualquier otro componente o escoria de las tasas activas serán, en definitiva, elementos que constituyen el costo que debió asumir el actor para procurarse la sustitución del dinero que el deudor no quiere o no puede pagarle. Es decir, forma parte del interés compensatorio que abonó por la modalidad de financiación a la que debió acudir para ese fin (fallo cit., cons. «III.3.e»).
En el precitado caso “Melegari” la Sala Segunda fijó como tasa moratoria a la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus descubiertos en cuenta corriente en pesos, sin acuerdo. La elección no solo se sustentó «en el resultado positivo -y no exageradamente elevado- que reporta el uso de esta tasa en el cuadro de evolución, sino porque además la cuenta corriente y la financiación -que ella permite en su descubiertoconstituye una opción bancaria disponible para el público en general, y no está reservada para un uso exclusivamente empresarial y comercial» (mi voto, causa “Melegari”, cit.).
Por las razones previamente expuestas, corresponde que los intereses moratorios -en el tramo pertinente, que más abajo detallaré- se liquiden utilizando la «tasa activa descubierto en cuenta corriente» [según su denominación en el calculador de intereses de la web de la SCBA] y que es aquella que publica periódicamente el banco público provincial en cuadro IV del documento «Tasas de consulta frecuente» correspondiente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo en pesos, sin capitalización (art. 622 del CC y 768.c del CCyC)
III.3.b. Teniendo en cuenta lo dicho, corresponde disponer:
(1) El crédito correspondiente al valor de mercado del animal (daño emergente), corresponderá aplicar una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho hasta el momento en que se liquide en moneda nacional el resarcimiento de la actora luego de transitado el procedimiento que fije la jueza de primera instancia de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.a.» de la presente. Desde ese momento y hasta el efectivo pago, se utilizará la tasa activa descripta en el apartado precedente (SCBA en las causas "Vera, Juan Carlos" -C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018-, "Nidera S.A." -C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018- y "Panettieri, Estefanía..." -C. 123.306, el 25/11/2020-; esta Sala, c. 167.589, -"Melegari, Bernando...” del 16/4/2020).
(2) El crédito por daño moral ($45.000) se liquidará el interés moratorio desde el día del hecho (10/01/2015) y hasta el efectivo pago según la tasa establecida en el apartado precedente (esta Sala, c. 167.589, -"Melegari, Bernando...” del 16/4/2020).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda condenando a la accionada Sra. Eleonora Graciela Deluchi a pagarle a la Sra. Gabriela Verónica Debenedetti dentro de los diez días de quedar firme el fallo: 1) $45.000 en concepto de daño moral y 2) el valor de mercado de un animal de las características señaladas en el considerando «III.2.a», el cual será establecido de conformidad con el procedimiento allí fijado, todo ello más los intereses moratorios detallados en el considerando «III.3.b». II) Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA). III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda condenando a la accionada Sra. Eleonora Graciela Deluchi a pagarle a la Sra. Gabriela Verónica Debenedetti dentro de los diez días de quedar firme el fallo: 1) $45.000 en concepto de daño moral y 2) el valor de mercado de un animal de las características señaladas en el considerando «III.2.a», el cual será establecido de conformidad con el procedimiento allí fijado, todo ello más los intereses moratorios detallados en el considerando «III.3.b». II) Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, en su carácter de parte vencida (art. 68 y 274 del CPCCBA). III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE de forma automatizada a los domicilios Acuerdo 3845/17 -«Reglamento para la notificación por medios electrónicos»- mod. por art. 1 del Ac. 3991/20 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Fin de la sentencia