Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 23.480-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 134/2004 y 135/2004 recurridas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en las sumas $70.120 por la representación procesal y $175.290 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas cumplidas y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-145521197-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 6 de Diciembre de 2023 apelación”. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N°23.480-I caratulado “Debeza Ferrari Consultores de Empresa SA s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 134/2004 y 135/2004 dictadas el 11 de junio de 2004 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las cuales se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a la ganancias de los periodos fiscales 1999, 2000 y 2001 y en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales abril de 2000 a mayo de 2001, y se lo intima a ingresar la suma total de $1.085.953,23, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En su presentación ante este Tribunal, manifiesta que la determinación de sus obligaciones se efectuó sobre base presunta al considerarse como ingresos sin justificar y como ventas omitidas un excedente de depósitos bancarios en sus cuentas que no estaban incluidos en sus declaraciones juradas; por otro lado, se impugnaron operaciones con dos proveedores, Marvin S.A. y Suyma S.A. por no haberse acreditado su veracidad con la documentación de respaldo aportada a la fiscalización.
Afirma que durante la instancia de la fiscalización aportó sus libros contables, la documentación correspondiente a las operaciones comerciales objetadas, papeles de trabajo y los elementos para llevar a cabo la depuración de la cuenta bancaria y acreditar los depósitos de terceros existentes en ella. Asimismo, produjo una prueba pericial contable y confesional de su socio Carlos Marcelo Ferrari, que explicó que en las cuentas bancarias de la sociedad había depósitos producto de la operatoria con la firma Confiar S.A., empresa vinculada, en el marco de un Contrato de Reciprocidad, que comprendía entre otras cosas, la utilización común de cuentas y fondos. Invocó también haber operado de igual manera con otra firma, Fantacy S.R.L.
Asegura que de todo ello surge el verdadero funcionamiento de la empresa, cuáles son sus utilidades y los movimientos bancarios de terceros, pero a pesar de esas pruebas, el juez administrativo consideró que no se contaba con información suficiente y luego de disponer la realización de una medida para mejor proveer en la que, afirma, no se le requirió documentación complementaria alguna, decidió determinar de oficio sobre base presunta.
Sostiene así, que el juez administrativo pudo determinar su obligación en forma cierta pero no tomó las medidas tendientes a hacerlo y, además, valoró en forma arbitraria la prueba aportada en su sede, por todo lo cual pide que se declare la nulidad de las Resoluciones.
Por último, aunque en los actos recurridos no se aplican sanciones, ya que en ellos se difiere el juzgamiento de la conducta por el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.) expresa agravios respecto “De la presunta infracción al art. 45 de la ley 11.683” (sic).
Por todo ello, solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, contesta el recurso la representación fiscal, que por las consideraciones que expone, defiende la validez de los actos dictados en su sede y solicita que se rechace el recurso, con costas.
A fs. 66 se abrió la causa a prueba, admitiéndose la informativa y la pericial contable propuestas por la recurrente, las que a pesar de las intimaciones cursadas, no fueron producidas por su propia negligencia, por lo que a fs. 107 se dio por decaído su derecho a producirlas.
A fs. 129 se clausuró el periodo probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 131quedan en estado de dictar la sentencia.
III. Corresponde expedirse en primer lugar en relación al planteo de nulidad de las Resoluciones, al que la recurrente dedica prácticamente todo el recurso de apelación que deduce en esta instancia, aunque lo formula de manera genérica, sin demostrar en forma concreta de qué manera se ha visto perjudicada por los vicios que le enrostra a dichos actos que, además, no son tales.
Allí, cuestiona el método utilizado por el juez administrativo para determinar de oficio sus obligaciones, sobre base presunta en lugar de sobre base cierta, más no aportó en la instancia administrativa previa ni ha aportado en este Tribunal la documentación particular de todos y cada uno de los movimientos financieros que dice haber hecho con las terceras empresas con las que se vinculó y que, según explica, llevó al uso de su cuenta bancaria –concretamente, Fantacy S.R.L. y Confiar S.A.-. Tampoco produjo en esta instancia, a pesar de haber sido admitidas por la entonces vocal instructora, las pruebas informativas y pericial contable con las que supuestamente hubiera podido eventualmente acreditar el mismo extremo, y con ello, probar su principal agravio, esto es que las diferencias de depósitos que el Fisco Nacional detectó en su cuenta bancaria no responden a ingresos omitidos y a ventas sin declarar, sino a una operatoria diferente que involucra a terceras empresas, en la que el indicio para presumir sus ganancias y débitos fiscales carece de sustento. Eso es lo que no probó, ya que en esta instancia no produjo ninguna de las pruebas que le fueron admitidas con dicho propósito; por ende, no puede haber reparos al uso del método presuntivo que el art. 18 de la ley 11.683 precisamente para casos como estos la ley autoriza a la Administración Tributaria a utilizar para establecer las obligaciones tributarias de los contribuyentes cuando no cuenta con registros y documentación para hacerlo sobre base cierta.
Al respecto, cabe señalar que es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal que “…toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados (cfr. “Dadea, Marta Elisa”, sentencia del 22/12/83, entre muchos otros).
Debe decirse que tampoco hubo afectación alguna al derecho de defensa, ya que el recurrente en todo momento pudo ejercerlo, presentar sus defensas y sus pruebas en todas y cada una de las instancias que la ley 11.683 acuerda, inclusive hubo por parte del juez administrativo una medida para mejor proveer para corroborar las pruebas unilateralmente producidas en su sede; no hay vicios entonces en el procedimiento previo al dictado de las Resoluciones recurridas.
El juez administrativo expresamente dispuso la agregación de la documental acompañada en la contestación de la vista (fs. 73/75, Cpo Ganancias), la confesional del socio Carlos Marcelo Ferrari (fs. 85/86) y el informe pericial contable (fs. 92/144). Como ya se dijo, consecuencia de esta última, se llevó a cabo la medida para mejor proveer de cuyo resultado dan cuenta los informes agregados a fs. 126/129 (Cpo auxiliar Fantacy S.R.L.) y 57/61 (Cpo. auxiliar Debeza Ferrari Consultores de Empresas S.A.).
Vale recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado por lo que corresponde desestimarla, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. Queda ahora referirse a la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones. Su origen es la fiscalización llevada a cabo a Debeza Ferrari Consultores de Empresas S.A. -cuya actividad principal declarada consistía en actuar en operaciones de intermediación en la compra y venta de acciones-, en la que se detectaron diferencias en los depósitos bancarios en exceso de los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias. Ello, luego de cursarse los requerimientos para que fueran depurados, llevó a que se presumieran ingresos omitidos en dicho gravamen y ventas sin declarar en el impuesto al valor agregado por aplicación del art. 18 de la ley 11.683 (t.v.).
Sumado a la orfandad probatoria en esta instancia por parte de la recurrente, los resultados de la medida para mejor proveer ordenada en la administrativa previamente sustanciada fueron indispensables para la depuración de la cuenta. En efecto, como consecuencia de dicho proceso de $939.745 se pasó a $690.397, en 1999, de $1.1740.392 a $1.154.193, en 2000 y de $1.211.884 a $584.984 en 2001. Es decir, no se trata que no se haya depurado la cuenta bancaria, sino que se hizo acorde a la documentación aportada y exhibida.
En la parte restante, el juez administrativo hace una serie de observaciones que ponen en seria duda la real existencia de Fantacy S.R.L. y de las operaciones comerciales realizadas con dicha empresa al amparo del denominado contrato de reciprocicidad que invoca Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A. en esta instancia. Entre ellas, que no declaraba la operatoria en sus propias registraciones y declaraciones juradas y que la fiscalización no pudo verificar el respaldo documental. Menos aun verificar la efectiva traslación del dinero que se invoca como origen en el sistema financiero.
Al contestar la vista de los ajustes, invocó que parte de las diferencias detectadas eran consecuencia de los “ Convenios de recepción de fondos” celebrados con la firma Fantacy S.R.L. y acompañó copia de esos instrumentos, de los cuales surge que dicha empresa se comprometió con la Asociación Mutual U.P.C.N a cambio de una suma de dinero que luego debía devolverle, a la realización de eventos en el complejo deportivo “1° de Mayo”, de cuya organización y financiación se haría cargo, a su vez, Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A. a cambio de una comisión del 20% de las utilidades netas que se obtuvieran de cada evento, recibiendo además un anticipo del precio.
En su recurso de apelación ante este Tribunal, a pesar de su relevancia nada se dice sobre esta operatoria, menos aún se traen las pruebas que impidieron la depuración de la base de liquidación para el ajuste.
Idéntica objeción puede hacerse de Confiar S.A., que a la fecha de las operaciones era una firma vinculada a la aquí recurrente y a la fecha de presentación del recurso de apelación también –tal lo que da cuenta el poder con el que la letrada se presentó que se encuentra expedido a su favor por ambas empresas-, por lo que, resulta aún más llamativo que no haya podido reunir y rendir pruebas concretas y precisas del uso de la cuenta bancaria por parte de dicha empresa como tercero ajeno a los hechos imponibles de Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A., que era, como ya se dijo, lo que tenía que acreditar para refutar el indicio del art. 18 de la ley 11.683. En efecto, al contestar la vista, la recurrente sostuvo que los depósitos bancarios cuestionados correspondían, por un lado, a su operatoria con la firma Confiar S.A. –sociedad financiera vinculada a Debeza Ferrari Consultores de Empresas S.A.- con la cual había suscripto un contrato de reciprocidad por medio del cual ambas sociedades se comprometieron a “compartir la documentación referida a la captación de fondos y al uso de las distintas cuentas bancarias que posea cada una, con el objetivo primordial de poder utilizar indistintamente los beneficios financieros que brinda la posibilidad de manejo y traspaso de fondos entre cuentas, utilizando saldos y en su caso descubiertos bancarios otorgados a cada una”.
Como prueba de ello, aportó planillas de depósitos y su financiamiento y listados de cuentas corrientes de clientes con ingresos y egresos y copia de recibos extendidos, documentación que no pudo ser auditada por la fiscalización, “…en tanto el sistema computarizado se verifica inaccesible” y “no se mostró la secuencia de planillas auxiliares que sustente ese proceso.”
Asimismo, ofreció la producción de una prueba pericial contable, a través de la cual el perito por ella ofrecido explicó la operatoria señalada, en los siguientes términos: “La actividad principal de las empresas consistía en actuar en operaciones de intermediación en la compra y venta de acciones y fundamentalmente títulos públicos provinciales y nacionales, ya sea mediante la captación de fondos de terceros o actuando con los certificados de tenencia de títulos públicos y/o privados remitidos por Caja de Valores S.A. por orden de la Secretaría de Hacienda a través del Ministerio de economía o en su defecto de los Organismos de la Provincia de Buenos Aires correspondientes depositando los mismos en las respectivas cuentas corrientes en Caja de Valores y/o recibiendo transferencias en las respectivas cuentas corrientes ya sea de otro comitente y/o pagos realizados por el estado Nacional, entes públicos o privados, etc.”.
En cuanto a la forma de captación de fondos, expuso que “…se instrumentaba con recibos de Debeza y Ferrari –Acciones y valores SA; Debeza Ferrari Consultores de Empresas SA y/o Confiar SA y en su caso los comitentes autorizaban a estas sociedades relacionadas y/o responsables y directores en forma personal directamente en el Agente de Bolsa habilitado de la Capital Federal que trabajaba con estas firmas, siendo en dicho periodo mayoritariamente Norfina Sociedad e Bolsa SA, la cual emitía los comprobantes de las operaciones realizadas (boletas) y los pagos a nombre de los comitentes-beneficiarios, en algunas ocasiones a nombre de Confiar SA en función de su calidad de autorizado o apoderado de sus clientes, como se establece en la ficha de cada uno”. Informó también el perito que “Además, Debeza Ferrari Consultores de Empresas SA realizaba acciones de marketing y participación en negocios”.
Fue por lo alegado por la recurrente y por el informe pericial contable presentado en sede administrativa que, como medida para mejor proveer, el juez administrativo dispuso la realización de una pericia sobre los registros contables de Fantacy S.R.L. y Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A., de la cual surgió que: - Fantacy S.R.L. no incluyó en sus declaraciones juradas originales de los periodos fiscales 1999 y 2000 los montos correspondientes a la operación con la aquí recurrente, sino que lo hizo en las rectificativas y en la original correspondiente al periodo fiscal 2001, presentadas el 14/5/03, es decir luego de iniciada la fiscalización a Debeza Ferrari Consultores de Empresas S.A.;
- Los libros sociales y contables de la firma Fantacy S.R.L. no estaban rubricados, ni se efectuó en ellos registración alguna. Tampoco se confeccionaron los estados contables de los periodos fiscales 1999, 2000 y 2001; - Se identificaron cheques emitidos por Fantacy S.R.L. los que, según se invocó, fueron entregados a la aquí recurrente como medio de pago, pero no se pudo constatar el ingreso de los fondos a sus cuentas bancarias; - Se constató que Debeza Ferrari Consultores de Empresa S.A. carecía de registraciones contables en los periodos 1999, 2000, y 2001.
Sobre la base de esos elementos, el juez administrativo consideró que Debeza Ferrari Consultores S.A. no había probado la operatoria con Fantacy S.A. y con ello no había probado tampoco el origen de los fondos depositados en sus cuentas bancarias y le correspondía en esta instancia, en ejercicio de su derecho de contradicción, probar en contrario del indicio pero tampoco lo hizo. En efecto, no hizo ningún esfuerzo en ese sentido, ya que se limitó a manifestar en su recurso que “…de ninguna manera esta parte puede admitir una inversión tan manifiesta de la carga de la prueba, sumado a una inactividad casi absoluta del ente recaudador”, pero no produjo la prueba pericial contable ofrecida, ni aportó otros elementos tendientes a refutar la pretensión fiscal fundados en los elementos colectados durante el procedimiento de fiscalización, en particular, los resultados de la medida para mejor proveer.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado por este concepto en ambas Resoluciones, tanto por el capital, como por los intereses resarcitorios intimados en ellas que acceden por disposición legal (art. 37, ley 11.683).
V. Queda referirse a la impugnación de los gastos computados en el impuesto a las ganancias por los comprobantes emitidos por Marvin S.A. y Suyma S.A., por haberse constatado irregularidades y no acreditarse su veracidad.
En el caso de Marvin S.A., la fiscalización comprobó que las tres facturas que emitió estaban asentadas en los libros contables -tanto Diario como Inventarios y Balances- y exteriorizadas en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias 1999 y al valor agregado de los periodos fiscales 3/99, 4/99 y 5/99, pero no pudo constatar el efectivo pago del precio facturado debido a diferencias entre los cheques que se informaron que fueron entregados para cancelar las transacciones y los datos suministrados por el Banco interviniente. Además, en cuanto a Suyma S.A., la impugnación se funda en que no pudo ser localizada en su domicilio y, por ende, la fiscalización no pudo corroborar las operaciones con documentación en su poder.
Tampoco sobre este ajuste, la aquí recurrente aportó ni rindió prueba alguna en esta instancia para acreditar la existencia del gasto, ni brindó en su recurso detalle ni explicación sobre los supuestos servicios prestados por dichas empresas. Luego de quejarse de que el organismo fiscal “no realizara ninguna otra diligencia” para constatar la veracidad de las facturas involucradas, ofreció como prueba informativa que se librase oficio a la Inspección General de Justicia a fin de que informara si dichas firmas se encontraban inscriptas allí, mas nunca impulsó su producción. De nuevo, tan sólo hizo manifestaciones genéricas que no son hábiles, ni suficientes por sí solas para dar sustento y credibilidad a sus agravios, por lo que corresponde confirmar este ajuste también.
Por ello, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 134/2004 y 135/2004 recurridas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en las sumas $70.120 por la representación procesal y $175.290 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas cumplidas y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.06 11:39:22 -03:00 Date: 2023.12.06 11:40:44 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.06 11:41:28 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.06 11:41:28 -03:00
Fin de la sentencia