Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-801/19-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-801/19-TSJ Sentencia N°: 1099 Actor: DECIMA PEDRO RAFAEL Demandado: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 25/03/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1099 FOLIO Nº 3529/3532 PROT. ELECT. TSS1 004 C.221
Río Gallegos, 25 de marzo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “DECIMA PEDRO RAFAEL C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº D-801/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la representante del Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dra. Paula Analía Hernández, mediante PE342328-2021.-
Allí afirma en lo sustancial que viene: “…a acusar la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, por haber transcurrido en exceso el plazo previsto en la normativa procesal sin que la actora inste la prosecución del juicio.”. Más adelante expresa que: “…la última actuación útil a los fines de dar impulso a las actuaciones fue la providencia de fecha 11 de febrero de 2020 obrante a fs. 48 vuelta del expediente en soporte papel, desde la cual han transcurrido sólo este año -es decir, sin contar los días hábiles del año 2020- ni más ni menos que nueve (9) meses, lo que evidencia el desinterés de la actora en continuar con el trámite de este juicio.” (cfr. PE342328-2021).- Corrido el traslado del pedido de caducidad de instancia, es contestado por el actor Pedro Rafael Décima, con el patrocinio letrado del Dr. Darío Carlos Mosso, mediante PE352586-2021, quien solicita su rechazo manifestando que: “…la peticionante de la caducidad, no indica que acciones no se concretaron por parte del suscripto para instar la acción que debieran obligar a ese Tribunal a realizarlas, cuando es sabido que la instancia máxima del Tribunal de la Provincia de Santa Cruz, como así la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene plazos rituales para dictar sus resoluciones. Siendo que toda la prueba consiste en actuaciones administrativas y un proceso de instrucción penal, cuyos expedientes están en poder de V.E., el tiempo de resolución no puede ser determinado por la actora o por la demanda (sic), y tan solo cabría peticionar un pronto despacho, pero esto de ningún modo implica ‘activar la causa a decidir.’” (cfr. PE cit.).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE237010-2021.-
II. En primer lugar corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contemplando este último la caducidad de instancia en los artículos 288 a 296, y estableciendo, para el juicio ordinario, que se producirá cuando no se instare su curso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y Comercial señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el CPCyC, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. artículo 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. fallo cit.).-
IV. Sentado lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 22 y 82 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.-
V. En el ‘sub lite’, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia de foja 48 vta., del 11 de febrero de 2020, mediante la cual se ordenó poner las actuaciones a disposición de las partes para alegar, y en donde se dispuso que dicho auto debía notificarse personalmente o por cédula. Así, se verifica que entre la referida providencia y la presentación del PE342328-2021 del 6 de diciembre de 2021 -mediante la cual la demandada acusa la perención de la instancia- ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC, por remisión de los artículos 22 y 82 del CPCA, Ley Nº 2600), constatándose una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso.- Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquella resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.-
No es óbice para llegar a esta solución, la defensa esgrimida por la actora en cuanto encontrándose clausurado el período probatorio y habiéndose puesto los autos para alegar, afirma que el planteo de caducidad no es procedente entendiendo que debía resolver este Tribunal y que en su caso “solo cabría peticionar un pronto despacho”; toda vez que, al contrario de lo que manifiesta la actora, no se presentan en el caso ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291, inciso 3° del Código Procesal Civil y Comercial, ni siquiera la notificación ordenada a foja 48 vta. debía ser realizada por este Tribunal Superior de Justicia.- En efecto, cuando el artículo 460 del CPCyC en su segundo párrafo dispone que la providencia que pone los autos para alegar se notificará personalmente o por cédula, no establece que ese acto procesal deba ser cumplido por el Tribunal.
Además, esa interpretación es la que mejor se compadece con el principio dispositivo que es el que campea, como se señaló más arriba, en el proceso contencioso administrativo (cfr. artículo 46 del CPCA, Ley N° 2600); y en cuya virtud, recordemos, la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, y únicamente queda relevada cuando sólo al Tribunal le concierne dictar una decisión (Fallos 339:758).- No debe olvidarse, en este último sentido, que nuestro Código de rito libera a las partes de la carga de instar el proceso cuando deben esperar que termine la actividad que sólo puede hacer el Juez o el Tribunal, sin poder llevar a cabo aquéllas, actos procesales útiles (cfr.
Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado”, Ed. La Ley, 2ª Edición, Tomo III, pág. 372). Dicho en otras palabras, la carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extiende a todo el curso de éste, desaparece cuando existe un deber del Tribunal, porque la carga del litigante desaparece cuando aparece un deber del juez o de los funcionarios internos del Tribunal (cfr. Fassi, Santiago C. y Yáñez César D.: “Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado, 3ª Edición Actualizada y Ampliada, Editorial Astrea, Tomo 2, págs. 674/675). Así pues, el artículo 291, inciso 3° del CPCyC, establece que no se producirá la caducidad de la instancia si los procesos: “…estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecusión del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero.”.- Pero, en el caso de autos, no solo la notificación no estaba a cargo del Tribunal (cfr. artículo 460 del CPCyC) sino que, además, tampoco se encontraba pendiente el dictado de ninguna resolución, ni existía ningún deber a cargo del Secretario o del Oficial Primero (cfr. artículo 291, inciso 3° del CPCyC), por lo que nada impedía que la actora presentara la cédula a efectos de notificar el auto mediante el cual se pusieron los autos para alegar, desde que su carga de impulsar el proceso no había cesado.-
Así pues, la parte actora debió cumplir con la notificación ordenada en el proveído de foja 48 vta.. Podemos agregar al respecto, que aún para el supuesto en que se considere que este Tribunal Superior debía realizar la cédula mencionada, dicha situación no la relevaba de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano (Fallos: 310:928; 330:3020; 332:1074); por lo que la actora no debió desentenderse del proceso, incluso en el supuesto en el que considerara que no le correspondía realizar actividad alguna (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1012, Folio 3111/3113; y XVII, Reg. 1045, Folio 3258/3261).- Por lo demás, el criterio adoptado por este Alto Cuerpo es el que ha seguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas tramitadas ante su instancia originaria, quien -para declarar la caducidad de instancia en un proceso en donde se encontraba pendiente, también como aquí, la notificación de la providencia que ponía los autos para alegar-, sostuvo que a los efectos de interrumpir el curso de la caducidad de instancia, la demandante debió haber realizado la referida notificación en tiempo oportuno, es decir, con anterioridad a que transcurra el plazo de la perención que fue acusada, y así concluir con los trámites pendientes en esta causa para que quede en condiciones de dictar sentencia; y agregó que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia, es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce, pero no cuando, como en el caso, aquélla resulta en forma manifiesta (cfr.
CSJN, causa: “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros c/ Buenos Aires, Provincia de y San Juan, Provincia de s/ demanda sumaria”. L.12 XXXIII. ORI, del 17 de julio de 2007).- Similar criterio se observa también en el Fuero Federal. Así, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha dicho que el supuesto de excepción comprendido en el artículo 313, inciso 3° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (que es similar a nuestro 291, inciso 3º): “…no comprende a las notificaciones que la parte interesada debe instar (cfr. doctr. causas 30.560/95 del 23-12-99 y 17.396/03 del 20-9-05). En este sentido también se ha dicho que el acto de la notificación de la providencia que pone los autos para alegar no es de aquellos actos que solamente puede realizar el juez o el tribunal, quedando en consecuencia subsistente, en virtud del principio dispositivo, la carga de instar el procedimiento (cfr.
CNContencioso Administrativo Federal, Sala I, causa 4220/95 del 2-11-95).” (cfr. Tribunal citado, causa: “Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. c/ Del Torto Oscar Eduardo s/ daños y perjuicios”, C. 5702/99, del 4 de diciembre de 2007). La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ha sostenido de igual modo que el artículo 482 del Código Procesal Civil y Comercial (que es similar a nuestro artículo 460): “…mantiene la directiva de la notificación por cédula en cuanto al auto que pone los autos para alegar, actividad esta última que el ordenamiento adjetivo no impone al juzgado, y que resultaba necesaria -más allá de lo facultativo que deviene para las partes la presentación de los alegatos- para, en definitiva, colocar la causa en estado de sentenciarse.”; y agregó en dicha oportunidad que el artículo 314, inciso 4° del Código Procesal Civil y Comercial (similar a nuestro artículo 291, inciso 4°) solo alude al llamamiento de autos para sentencia como causa obstativa de la caducidad de instancia, de manera que es recién a partir del dictado de la providencia que lo contiene que cesa la carga de impulsar el procedimiento, y que hasta aquel momento los litigantes deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para poner la causa en situación de sentencia (cfr.
CFed. Apel. de La Plata, sala III, causa: “B.E. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ Cobro de pesos”, Expte. N° 14266/07, del 5 de junio de 2007).-
VI. Que, en orden a lo expuesto, y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la demandada Estado de la Provincia de Santa Cruz mediante PE342328-2021, y en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y judiciales mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1099 Folio N°: 3529/3532 Secretaría: 1
Fin de la sentencia