Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.163 FOLIO Nº 116/119 PROT. ELECT. JR101 310I.261
Río Gallegos, 06 de agosto de 2026
La presente causa caratulada "DEFENSA TÉCNICA DE C.R. S/ PLANTEO DE NULIDAD" - Expte. Nº 94.672/25 - Apelación JR Nº 10199/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 19/20, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 1 con asiento en esta ciudad, donde en su punto I) ordenó no hacer lugar a la nulidad interpuesta por la defensa técnica de R.C.
Que previamente a su tramitación, se corrió vista a la Fiscalía ante las Cámaras, obrando a fs. 34/39 su dictamen fiscal. Que a fs. 21/30, la defensa apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 33 y habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
En su primer agravio “Confusión entre defensa formal y defensa eficaz. Falta de conocimiento efectivo del imputado"; sostiene que la resolución recurrida parte de una premisa jurídicamente errónea al considerar suficiente, para tener por satisfecha la garantía de defensa en juicio, la mera existencia formal de una defensora oficial designada y notificada. Sin embargo, la garantía constitucional de defensa no se agota en la designación nominal de un defensor, sino que exige una asistencia técnica real, efectiva y útil, especialmente cuando se trata de actos probatorios definitivos o irreproducibles.
Manifiesta que la resolución confunde así la existencia administrativa o formal de una designación con el ejercicio real y eficaz del derecho de defensa.
Señala que lo cuestionado es que no surge de las constancias de autos que C. hubiera sido efectivamente notificado a) de quién era concretamente su defensora oficial; b) de la fecha y hora de realización de la cámara gesell; c) de los derechos procesales que podía ejercer antes del acto; d) ni que hubiera tenido una posibilidad real y útil de articular una defensa previa. Es decir, la resolución recurrida no verifica si esa comunicación llegó efectivamente al imputado antes de la producción del acto.
Seguidamente expresa que la notificación cursada a la defensoría y la ulterior pasividad de la defensora designada no pueden, por sí solas, tener por satisfecha una garantía cuya verificación exigía constatar el conocimiento efectivo y la posibilidad real de intervención del propio imputado.
En segundo lugar, porque la eventual inoperancia de la asistencia técnica oficial constituye, precisamente, aquello que la CSN ha considerado no imputable al procesado. Y en tercer lugar, porque el vicio denunciado configura una nulidad de carácter absoluto.
Entiende que mal podría predicarse un consentimiento útil cuando no existe en autos constancia alguna de contacto previo entre el imputado y su defensora oficial.
En el segundo agravio “Existencia de perjuicio concreto y afectación irreversible del control defensivo sobre una prueba irreproducible”, menciona que la resolución apelada omite considerar adecuadamente que el perjuicio concreto invocado por esa defensa no radica en la mera designación de una defensora oficial, sino en la pérdida irreversible de la posibilidad de ejercer un control útil, oportuno y efectivo sobre una prueba anticipada e irreproducible.
Entiende existe una contradicción interna evidente, en tanto si la propia providencia que ordenó la medida reconoció la necesidad de informar al imputado, mediante su defensoría, la posibilidad de ejercer derechos concretos de control (proponer perito de parte, recusar peritos y presentar puntos de pericia), no puede luego afirmarse válidamente que la falta de acreditación de esa comunicación carece de perjuicio.
Advierte que la resolución recurrida omite analizar que la pérdida de esa oportunidad defensiva no puede ser reconstruida posteriormente.
En su tercer agravio “Errónea aplicación del régimen restrictivo de nulidades”, expone que la resolución se detiene precisamente en el límite que ella misma reconoce, esto es “en la medida en que ello no conlleve a la violación de normas constitucionales”. Manifiesta que es ese el supuesto de autos: lo que está en juego no es una formalidad, sino la garantía de defensa en juicio.
Expresa que el perjuicio invocado no fue hipotético ni ritual; consistió en la pérdida irreversible de la posibilidad de ejercer un control útil, oportuno y efectivo sobre una prueba anticipada e irreproducible. Existiendo perjuicio concreto, la premisa sobre la que se asienta el criterio restrictivo no juega a favor de la conservación, sino de la invalidez; el vicio aquí denunciado configura una nulidad de carácter absoluto, en tanto compromete una garantía constitucional.
En su cuarto agravio “Arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente. Omisión de tratamiento del planteo constitucional y convencional”, la recurrente postula que la decisión apelada omite responder adecuadamente el núcleo central del planteo defensivo y brinda una fundamentación meramente aparente respecto de las garantías constitucionales y convencionales invocadas. Señala que esa defensa no sostuvo simplemente la inexistencia formal de una defensa técnica designada, sino también la ausencia de una defensa real y efectiva antes y durante la producción de una prueba irreproducible, derivada de la falta de conocimiento efectivo del imputado sobre quién ejercía su defensa, de la ausencia de notificación útil de la fecha del acto y de la imposibilidad de ejercer oportunamente las facultades procesales vinculadas al control de la cámara gesell.
Destaca que tampoco explica de qué modo la mera notificación al organismo defensorial habría garantizado efectivamente que el imputado pudiera ejercer los derechos procesales reconocidos. Finalmente formula reserva del caso federal.
Al momento de ampliar los fundamentos de su recurso de apelación expresa que no sostienen que la sola ausencia del imputado durante la realización de la cámara gesell produzca la nulidad del acto, y tampoco que dicha medida exija una notificación personal y autónoma al imputado adicional a la cursada a su asistencia letrada; sino que no se acreditó que la notificación al organismo defensorial se tradujera en una asistencia real, oportuna y útil.
Que lo que se perdió no fue la posibilidad de intervenir de una manera incompatible con la técnica de entrevista, formulando directamente preguntas, sino la posibilidad de ejercer cualquiera de las formas legítimas de control previstas por el ordenamiento y reconocidas en la propia providencia; es decir la posibilidad de intervenir antes y durante su producción; que el perjuicio no estaría en la imposibilidad de conocer el contenido de la declaración.
Que la defensa comparte que las nulidades deben aplicarse restrictivamente, pero ello no autoriza a conservar un acto cuando se encuentra afectada una garantía constitucional.
Por ello solicita no reiterar la cámara gesell, sino declarar su nulidad y excluirlo como elemento probatorio.
En razón del planteo de nulidad interpuesto, se corren en vista los presentes a la Fiscalía de Cámara, quien mediante dictamen de fs. 34/39 efectuó las siguientes consideraciones: “...corresponde señalar que no se encuentra controvertido que el imputado compareció ante la judicatura con fecha 22 de octubre de 2025 (...) Posteriormente, mediante providencia de fecha 05 de noviembre de 2025, se designó como defensora oficial a la titular de la Defensoría Pública de Mayores Nº 1, fijándose asimismo fecha para la realización de la entrevista mediante Cámara Gesell de la joven R.A.R. para el día 10 de noviembre de 2025. Dicha resolución fue notificada personalmente a la defensa técnica que ejercía la representación procesal del imputado en ese momento.
En consecuencia, al tiempo de celebrarse el acto cuya nulidad se pretende, el encartado contaba con asistencia técnica regularmente constituída y legalmente notificada. La circunstancia de que con posterioridad haya decidido designar defensores particulares no modifica la validez de las actuaciones cumplidas durante la vigencia de la representación ejercida por la Defensoría Oficial, ni permite sostener que el imputado se encontrara privado de defensa técnica al momento de producirse la medida cuestionada. (...) La garantía constitucional de defensa en juicio no exige la notificación personal del imputado respecto de cada acto procesal cuando éste se encuentra legalmente representado por una defensa técnica constituída y debidamente notificada.
(...) La defensa pretende equiparar la alegada falta de conocimiento personal del imputado respecto de determinadas circunstancias procesales con la inexistencia de defensa técnica, conclusión que no encuentra sustento normativo constitucional. Tampoco puede soslayar que la eventual falta de comunicación entre el imputado y la defensa oficial -extremo que, por otra parte, no ha sido acreditado en autos- no conduce automáticamente a la invalidez de un acto regularmente cumplido (...) Por otra parte, tampoco se advierte la existencia del perjuicio concreto, actual e irreparable que exige la procedencia de toda declaración de nulidad (...) En tal sentido, el agravio invocado permanece en el plano de las hipótesis o conjeturas, sin exteriorizar una afectación concreta que permita concluir que el ejercicio del derecho de defensa resultó materialmente cercenado.
(...) Por ello, no corresponde decretar la invalidez de un acto cuando el vicio alegado no ha generado una situación real de indefensión. (...) La eventual inactividad de la defensa oficial, de haber existido, no puede proyectarse automáticamente sobre la validez del acto ni traducirse en una nulidad procesal, especialmente cuando no se acredita cuál fue la concreta incidencia que dicha circunstancia habría tenido sobre los derechos del imputado. Por último, tampoco se advierte la arbitrariedad ni la falta de fundamentación denunciadas por la recurrente. La resolución impugnada analizó los extremos conducentes para la solución del caso, valoró las constancias obrantes en autos y concluyó razonadamente que no existió estado de indefensión ni gravamen irreparable susceptible de justificar la sanción excepcional pretendida.
Por todo lo expuesto, entendiendo que al momento de la realización de la entrevista mediante Cámara Gesell el imputado contaba con asistencia técnica regularmente constituída y notificada, que no se encuentra acreditada una afectación concreta al ejercicio del derecho de defensa, y que no se verifica perjuicio actual e irreparable alguno derivado de la actuación cuestionada, corresponde propiciar el rechazo del recurso de apelación interpuesto…”. -vr. fs. 34/39-.
En primer término debemos hacer mención a nuestra concordancia con los fundamentos expuestos por la Fiscalía de Cámara. De tal forma, podemos comenzar el análisis estableciendo que el imputado fue citado a los estrados judiciales a fin de ponerlo en conocimiento de la presente denuncia, la que lo posiciona en calidad de imputado e informarle los derechos que le asisten al revestir tal calidad; entre los que se encuentra la posibilidad de designar un abogado de su confianza, y en su defecto se le designaría el defensor oficial que por turno corresponda.
Se puede observar del presente legajo, que al ser informado el imputado de tal circunstancia, opta por la defensa pública. Seguidamente la magistrada, en fecha 05/11/2025, fundándose en la proximidad de la feria judicial, la naturaleza del hecho investigado, y considerando que median razones de urgencia conforme lo previsto por el art. 192 CPP, y fija fecha para la recepción de testimonial a la damnificada mediante la técnica de cámara gesell para el 10/11/2025, ordenando que la notificación al imputado sea realizada mediante su defensora, quien es notificada en igual fecha.
En fecha 12/11/2026, el imputado designa defensa particular.
Podemos observar que en ningún acto procesal el imputado no contó con asistencia técnica.
Que la actual defensa designada por el imputado, no concuerde con la estrategia defensiva de la defensa oficial, no permite concluir que la misma se trató de una defensa ineficaz.
Y ante la exigencia de la defensa de que se plasmara una efectiva comunicación entre el imputado y defensa técnica, señalamos que la misma no tiene sostén legal; encontrándose dentro de un ámbito de reserva y estrictamente confidencial, siendo ésta de competencia exclusiva de quien ejerce la defensa técnica de una persona presuntamente responsable por un hecho delictivo.
La adecuada comunicación, el asesoramiento jurídico y la estrategia defensiva se inscriben dentro de la esfera de actuación propia de la defensa técnica, integrando las obligaciones inherentes al ejercicio de su ministerio profesional. En consecuencia, corresponde presumir que el defensor ha cumplido con los deberes funcionales que le son propios, sin que resulte exigible la acreditación del contenido, modalidad o alcance de las entrevistas mantenidas con su asistido, precisamente por hallarse dichas comunicaciones resguardadas por el deber de confidencialidad y el secreto profesional.
Una oportuna comunicación, el asesoramiento jurídico y la estrategia defensiva se inscriben dentro de la esfera de actuación propia de la defensa técnica, integrando las obligaciones inherentes al ejercicio de la defensa, ajenas a la investigación que llevan a cabo las judicaturas.
Por otro lado, no encontramos indicio alguno que permita inferir que el imputado no haya sido asesorado con anticipación por parte de su defensora, no existiendo disposición que imponga la acreditación de la mentada comunicación, constituyendo cuestiones que hacen al desenvolvimiento de la defensa técnica.
Por su parte, ante la referencia de la defensa sobre la pérdida de oportunidad ante una prueba irreproducible, la ausencia de una defensa real antes y durante la producción de dicha prueba, debemos señalar en coincidencia con jurisprudencia, que “el respeto de las formalidades de una testimonial en Cámara Gesell no significa repartir nulidades con mano generosa, porque aun cuando se detectaren vicios que configuren nulidades, siempre deberá respetarse el "principio de trascendencia". Y por ello, para constatar si existió un genuino perjuicio, la parte interesada deberá explicitar en detalle qué preguntas, objeciones o aclaraciones se vio impedido de proponer si hubiera estado presente durante la declaración en Cámara Gesell.” (TR LALEY AR/JUR/52826/2014).
No se observa que la recurrente haya hecho manifestación alguna sobre algún perjuicio concreto, que pudieran hacer operativa la nulidad solicitada; no hay alegación por parte de la recurrente, de cuáles serían las cuestiones que hubieran planteado de haber estado presente en la cámara gesell.
En este mismo sentido, la CSJN tiene dicho: “… la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, y no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (conf. Fallos: 295:961; 298:312; 311:1413; 311:2337; 324:1564 y 328:58, entre otros), a lo que cabe agregar que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma.” (conf. Fallos: 303:554 y 322:507). Cabe recordar que con relación a las nulidades procesales en general, la CSJN, sostiene: “… en materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretación restrictivo y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho (conf. Fallos: 330:4549 y 334:1081, entre otros) ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés del orden público.” (conf. Fallos: 325:1404).
Reiteramos, que la parte recurrente no logra individualizar cuál habría sido el perjuicio concreto de la situación manifestada; limitándose a formular argumentaciones en forma genérica. En tal sentido, no consideramos que una hipotética falta de control previo a la medida, configure per se un perjuicio objetivo, concreto e irreparable pasible de medida tan extrema, como la declaración de nulidad del acto procesal cuestionado.
Resulta oportuno tener presente, como ya lo que expusieran las partes, que el sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional. Sobre este punto, tienen dicho otros Juzgados del orden nacional que: "...El planteo de nulidad de la declaración en Cámara Gesell de la presunta víctima menor de edad debe rechazarse si la defensa oficial fue notificada y el acto cuestionado fue grabado, por lo que podrá ser evaluado por aquélla a partir de su registro, pues, en tales condiciones, no se afectó el derecho de defensa del imputado...". (Cita online: LALEY AR/JUR/23978/2017) y "...El pedido de nulidad de la declaración testimonial de la menor víctima de abuso (...) recibida por medio de la Cámara Gesell con fundamento en que no se dio intervención al imputado ni a sus defensores, debe rechazarse, pues aquél acto se realizó en la etapa de investigación penal preparatoria (...), todo lo cual excluye la posibilidad de existencia de un vicio que afecte garantías constitucionales...". (Cita online: LALEY AR/JUR/48698/2013).
Más puntualmente podemos traer a colación lo expuesto que: “(…) en relación con el supuesto estado de indefensión que le generó la actuación deficiente -según la visión de los recurrentes de su anterior defensor particular, se entiende que tal conjetura –de suyo carece de entidad para sustentar la nulidad pretendida, a lo que se añade que aquél había sido seleccionado como letrado de su confianza por el propio encausado y que en cualquier caso el hecho de haber consentido el auto de procesamiento bien pudo obedecer a una estrategia que el órgano judicial, naturalmente, no puede desentrañar.” (44.867/2020 - “P., M. E. s/nulidad, abuso sexual agravado” – CNCRIM Y CORREC – SALA VII - 23/12/2020 - elDial.com - AAC25A).
Es por todo lo expresado, que sin perjuicio de los denodados esfuerzos de la parte recurrente por intentar mejorar la situación procesal de su asistido, no ha logrado contrarrestar el criterio sostenido por la instrucción, ni demostrar que el auto recurrido vulnera las garantías constitucionales con que cuenta su asistido, motivo por el cual, no se hará lugar a la nulidad impetrada.
Este criterio ha sido sustentado por esta Alzada en las apelaciones Nº 9987/25, 7678/22 y 7403/22, por enumerar algunas.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 19/20, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. TÉNGASE PRESENTE la reserva del caso federal.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia