Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 275.888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue el Defensor del Pueblo carece de legitimación para promover la presente causa (arts. 55, Const. prov., 12 y 14, ley 13.834; 26, ley 13.133; 1, 5, 121 a 123, CN; 34 inc. 4, 68 su doct., 336 su doct., CPCC).
POR ELLO: se declara que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires carece de legitimación para promover la presente causa y, en consecuencia, se rechaza in limine por inadmisible la pretensión que intentara. Sin costas (arts. cit.).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (JIM) C. 275.888 “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL”
(JUZ. 6)
En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Tercera, Dres. Alejandro Luis Maggi y Juan Manuel Hitters, para dictar sentencia en la causa caratulada:
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL” y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el que arrojó el siguiente orden de votación: Dres. MAGGI - HITTERS, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Se encuentra legitimado el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para promover la presente causa? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez, Doctor Alejandro Luis Maggi dijo:
I.1. En lo que interesa destacar de esta causa, el Sr. Juez a quo: i) ordenó a las codemandadas Ford Argentina S.C.A. y Plan Ovalo S.A. de Ahorro reducir, a partir de la cuota del mes de julio de 2021, la liquidación de todas las cuotas de todos los planes de ahorro en un 20%; y ii) disponer el pase de los presentes obrados a la instancia prejudicial de mediación previa obligatoria (v. resol. del 3-VI-2021).
I.2. Contra este pronunciamiento se alza el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través de la apelación deducida y fundada en las respectivas presentaciones electrónicas del 14 y 29-VI-2021.
II.1. Al momento de entrar en el tratamiento del presente recurso, no puedo pasar por alto un hecho relevante.
En concreto, me refiero a la reciente sentencia dictada el 2-XI-2021 por la sala II de este mismo Tribunal en la causa 275.417 “Defensor del Pueblo c/ Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados y otro/a s/ materia a categorizar”.
Como lo he puesto de resalto en otra oportunidad (causa 275.860 “Finvert” sent. del 4-XI-2021), estoy lejos de pregonar un seguimiento irreflexivo de las sentencias de un órgano judicial diverso al que integro, pero lo cierto es que el sentido del pronunciamiento de la sala II de esta Alzada me inclina a pensar que alinearse detrás de la decisión en cuestión se presenta como un medio eficaz para alcanzar cierta uniformidad en la jurisprudencia, evitar que el punto se litigue una y otra vez, y lograr un mayor rendimiento del principio de economía procesal, máxime si -como ya dije- ambas salas conformamos parte de una misma Cámara.
Desde la perspectiva antes indicada, anticipo que aunque omita su cita constante, subrayo que en lo sucesivo haré mías las reflexiones vertidas por la Sra. Jueza -Dra. Irene Hooft- que abriera la votación en la causa de mención, en tanto ellas también brindan la solución al presente caso.
II.2. Los presupuestos procesales son los requisitos mínimos para que se produzca la constitución válida de la relación jurídica procesal, cuya teoría fuera creada en 1868 por el alemán Oskar Von Bülow (Von Bülow, Oskar, La Teoría de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Procesales, año 1868).
La relación procesal no puede dejarse librada a la mera voluntad de las partes, porque se trata de actos realizados con la activa participación de los tribunales y bajo la autoridad del Estado, quien conserva la soberanía en el poder de la jurisdicción.
En tal caso, resultando el ejercicio de la jurisdicción, una función esencial cumplida por órganos públicos, también será pública la naturaleza de la actividad procesal, aunque fueren privadas las relaciones jurídicas materiales (Clariá Olmedo, Jorge A., Jurisdicción, Jurisprudencia Argentina -Sección Doctrina-, T. 1975, pág. 314).
La publicización del derecho procesal se manifiesta sobre la línea de la gradual prevalencia de los poderes de iniciativa correspondientes al órgano jurisdiccional, respecto de los análogos poderes correspondientes a las partes. Tal prerrogativa se verifica tanto en el campo de las potestades decisorias (fundamentalmente el iuria novit curia) como en la esfera de las ordenatorios, atinentes al impulso procesal (ALLORIO, Enrico, Problemas de Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Tomo I año 1963, pág. 217).
La relevancia de los presupuestos procesales deriva de la necesidad de utilizarlos para poder poner en movimiento el aparato judicial. Entre ellos pueden mencionarse como los más importantes, los relativos a la competencia del juzgador, al igual que a la capacidad procesal, representación o personería, legitimación e interés jurídico de las partes. Pero, sin la presencia de los mentados presupuestos no hay condiciones para el andamiento a una acción y darle nacimiento a un proceso (Couture, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, año 1958 págs. 104 y 105).
De modo tal que, el control oficioso de ciertos presupuestos procesales deviene imprescindible, especialmente en la etapa inicial del pleito.
La legitimación se trata de quién está jurídicamente habilitado para plantear un asunto a los tribunales; de quién puede requerir una sentencia favorable sobre un tema litigioso; de quién puede ser parte en un proceso; de quién puede hacerle un reclamo a otro sujeto por una pretensión en un proceso judicial.
Si la causa es una controversia concreta y actual entre partes, estas solo alcanzan ese rango cuando se encuentran legitimadas en orden a la pretensión que enarbolan. De ahí que la causa no pueda analizarse sin escrutar la legitimación y esta, sin atender al gravamen, perjuicio o interés manifestados como pretensión.
II.3. Dicho esto, debo recordar que la legitimación ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión (cf. SCBA, C. 122.039, sent. de 25-II-2021; B. 63.995, sent. de 11-IV-2012, e.o.).
Su existencia, al decir de la Corte provincial, remite a un examen intrínseco propio del órgano jurisdiccional, que no puede sustituirse por la mera voluntad o aquiescencia de las partes. Se es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión o no se lo es, o bien quien acciona reviste la condición de persona idónea o habilitada por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio o no lo reviste. Esta determinación hace a un requisito esencial de la pretensión que es observable o verificable aun de oficio (SCBA, A. 74.360, sent. de 29-XII-2020) sin que ello, por regla, vulnere el principio de congruencia (cf. SCBA, Ac. 55.945, sent. de 27-VI-1995; Ac. 59.662, sent. de 21-IV-1998; Ac. 82.123, sent. de 14-IV-2004; C. 99.207, sent. de 10-II-2010; C. 111.679, sent. de 20-XI-2014; C. 103.955, sent. de 28-VI-2017; C. 118.891, sent. de 6-XII-2017, e.o.).
Sin dejar de advertir el uso prudencial que cabe hacer del abordaje oficioso de esta cuestión (cf. SCBA, C. 116,627, sent. 11-X-2017), el Alto tribunal provincial ha sostenido que es un resorte que per se no cabe reputar vedado, en tanto el órgano jurisdiccional puede verificar semejante requisito y comprobar, v.gr., si el asunto llevado a su conocimiento evidencia o no un caso o controversia [(doctr. CSJN, Fallos 326:2777; 326:2998, 341;1727)].
Las facultades del órgano jurisdiccional para analizar las cuestiones atinentes a la legitimación de las partes para intervenir en un determinado proceso se vinculan con la necesidad de que exista un "caso" o "controversia" que pueda ser resuelto por los tribunales, lo que requiere que se persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas (CSJN, Fallos 275:282; 308:1489; 313:863, 323:1339).
De ahí que, si la configuración de un caso, causa o controversia (doctr. arts. 116, Const. nac.; 161 inc. 2, 171 y concs. Constitución provincial) es condición necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional (conf. doctr, causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004), entonces el examen de la legitimación de la parte actora para estar en juicio y demandar la intervención de los tribunales se convierte en un componente esencial del proceso, que no puede ser soslayado so riesgo de violentar la estructuración gubernativa sostenida a partir del denominado principio de división de poderes. En ese entendimiento, se estimó pertinente que el órgano jurisdiccional aborde cuestiones vinculadas con la legitimación, y la consecuente configuración de la controversia, aun sin que ello haya sido invocado por las partes (SCBA, A. 71.799, sent. de 30-V-2018; v. asimismo CSJN, Fallos 342:853, 341:1727, e.o.).
De modo coincidente, la Corte Nacional precisó que de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para demandar, sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. Así, la pauta a la cual es menester atenerse, como principio, a fin de determinar en cada caso la existencia de legitimación procesal -entendida como la aptitud para ser parte en un determinado proceso- está dada por la titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídica sustancial controvertida en el pleito. El ordenamiento jurídico, sin embargo, contempla casos de legitimación anómala o extraordinaria que se caracterizan por la circunstancia de que resultan habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial en el que aquel se controvierte. En estos casos se produce una disociación entre los sujetos legitimados para demandar y los sujetos titulares de la respectiva relación sustancial, tal como acontece con el Defensor del Pueblo quien es un legitimado anómalo o extraordinario, cuya habilitación resulta diferente de la general, siendo su legitimación un presupuesto que debe ser examinado de oficio (CSJN Fallos 330:2800, 341:1727, 329:4542, 340:745).
II.4. En esa inteligencia, a un lado la decisión adoptada por el Sr. Juez a quo -de la que se deriva que implícitamente le reconoció legitimación- se impone, examinar si el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires la ostenta para promover la puntual acción deducida en este proceso. Tarea que exige revisar, por un lado, el cuadro de competencias materiales del Defensor del Pueblo local y, por otro, establecer su relación con la índole del conflicto que se plantea en este expediente. Es el vínculo existente entre el asunto debatido y aquellas competencias lo que permitirá resolver esta cuestión preliminar. A saber.
II.4.1. La presentación inicial tiene por objeto dilucidar la responsabilidad endilgada a Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Ford Argentina S.C.A por el armado y organización de una ficción jurídica en fraude de los intereses económicos de los consumidores adherentes a planes de ahorro, en particular en lo que atañe a la determinación del precio de los automóviles comercializados bajo ese sistema y lo relativo a la cobertura de seguro impuesta a los suscriptores, a lo que se adiciona el resarcimiento del daño material y moral que hubieren sufrido cada uno de los adherentes (v. escrito de demanda del 31-III.2021). A fin de justificar su aptitud para accionar el Defensor del Pueblo bonaerense invoca los arts. 55 de la Constitución local y 12 y 14 inc. “f” de la ley 13.834 (texto según ley 14.883). Según interpreta, dichos preceptos lo habilitan activamente habida cuenta que, en el caso, se trata de una acción que versa sobre …una afectación de derechos individuales homogéneos con el objeto de preservar los intereses económicos de los consumidores adherentes que habitan en la Provincia y en este sentido, concluye que …el Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los bonaerenses (ídem).
II.4.2. Sin embargo, de las normas citadas no se desprende que a dicho órgano se le hubiese adjudicado la facultad de incoar procesos judiciales en circunstancias como las ventiladas en el sub lite. Va de suyo que la mera denominación del órgano -Defensor del Pueblo- no basta para conferirle la potestad de iniciar una demanda cualquiera sea la infracción jurídica producida, el sujeto que la cause o los hechos cuya dilucidación se pretenda, si estos factores no guardan adecuada relación de pertenencia con las competencias que constitucional y legalmente le han sido asignadas. i] El art. 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé que “El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la provincia o sus empresas concesionarias. Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento”.
Aun cuando en su primer párrafo la norma se refiere a la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, el siguiente delimita frente a qué o quiénes procede semejante desempeño, a saber: hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. De tal modo, el texto constitucional le atribuye competencia siempre en relación con hechos u omisiones de la administración pública provincial.
En este mismo sentido se ha expedido Hugo Cueli, partiendo de la base que siempre la intervención del Defensor debe estar vinculada con la actividad de organismos públicos o de empresas o sectores que producen o explotan bienes o servicios públicos esenciales (Cueli, Hugo Oscar, “Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Anotada y Comentada”, Editorial la Ley, año 1995, comentario al art. 55).
ii] La ley provincial 13.834 (t.o. ley 14.883), a su turno, regula la organización y funcionamiento del mencionado órgano, acorde surge del mandato constitucional. En lo pertinente, su art. 12 dispone que “El Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional, política y autarquía financiera, encontrándose legitimado activamente para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido. No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Pudiendo supervisar la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias…”.
El texto legal es claro y reitera, en lo sustancial, lo dispuesto por el art. 55 de la constitución local. En tal sentido, le otorga legitimación para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido, que no es otro que el circunscripto a hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. En sentido coincidente, la atribución conferida por el art. 14 inc. "f" de la ley 13.834 al Defensor del Pueblo, los Adjuntos Generales y los Adjuntos para promover acciones administrativas y judiciales lo es -acorde prevé la primera parte de la norma- para el cumplimiento de sus funciones.
iii] Se advierte entonces que si bien el ombudsman bonaerense puede incoar procesos judiciales, siempre debe hacerlo en relación con aquellas materias que forman parte de su competencia material.
Como correlato, el art. 20 de la ley 13.834 establece con claridad que podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona física o jurídica que se considere afectada por los hechos, actos u omisiones previstos en el artículo 55 de la Constitución Provincial.
Es decir, las quejas que puedan efectuarse ante esta institución deben referirse, como es lógico, al catálogo de competencias establecidas por la constitución. Por lo demás, cuando aquellas tienen por objeto situaciones ajenas a la competencia del Defensor del Pueblo, a éste, a tenor de lo normado por el art. 22 de la ley 13.834, le incumbe derivar tales presentaciones a la autoridad que sea competente, informando de tal circunstancia al interesado.
iv] La ley provincial 13.133, en particular su art. 26, fija las bases de la legitimación para interponer acciones colectivas en tutela de los derechos de consumidores y usuarios. El precepto menciona a: 1) Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva; 2) Las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la Provincia de Buenos Aires y 3) Los Municipios a través de las Oficinas locales de Información al Consumidor (OMIC). Ello, al margen de la intervención del Ministerio Público a la que se refiere el art. 27, precepto que impone su actuación obligatoria como fiscal de la ley, quedando habilitado para asumir la titularidad activa cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas por Asociaciones legitimadas.
La norma bajo examen no contempla entre sus legitimados al Defensor del Pueblo.
v] A modo de síntesis, vale reiterar los datos salientes de esta litis; a saber:
a) que los derechos invocados por el demandante atañen a la comercialización de automotores por vía de planes de ahorro;
b) en el conflicto se ventilan aspectos propios de las relaciones jurídicas de derecho privado que involucran a las adquirentes de automotores con las sociedades demandadas:
c) de manera refleja, la problemática objeto de esta controversia tiene que ver con el desempeño de la Inspección General de Justicia, órgano perteneciente al Poder Ejecutivo Nacional, dado el control de legalidad que ejerce sobre esta operatoria -que se extiende, entre tantos otros aspectos al control permanentemente del funcionamiento y fiscalización de la actividad de las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo u otra determinación similar o equivalente; a la aprobación de los planes y bases técnicas, a la autorización y supervisión de la colocación de los fondos de ahorro; a la conformación y reglamentación de la publicidad inherente; al requerimiento de presentación de informes o estados contables especiales o suplementarios; a la reglamentación del funcionamiento de la actividad; a la aplicación de sanciones, etc.- (cf. Dec. 142.277/43, ley 22.315, art. 9, Resolución General 26/2004 de la IGJ) (cf. doctrina CSJN Fallos 337:1024 cons. 5 y 6), y;
d) en modo alguno el caso da cuenta de hechos u omisiones lesivas provenientes de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado -todos ellos de la provinciaque impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones (cf. art. 55, Const. prov.; ley 13.834, texto según ley 14.883).
Queda evidenciada así la ineptitud para accionar, como legitimado anómalo, del aquí reclamante.
II.4.3. Este corolario es el que mejor armoniza con el respeto que en el sistema federal de estado debe resguardarse a las autonomías provinciales y de la amplia potestad que cada estado local tiene para el diseño de sus propias instituciones políticas y administrativas (arts. 1, 5, 121 a 123 de la CN).
Las provincias, sin intervención del gobierno de la Nación, pueden dictar las leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, organizan privativamente sus poderes, dictan sus leyes de procedimiento y designan a sus jueces (CSJN Fallos 112:32, 197:292, 199:287), sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 126 de la Constitución Nacional, y la razonabilidad, que es requisito de todo acto legítimo (Fallos: 7:373; 320:89, 619; 322:2331; 329:5814, 338:1110; 344:1557), conservando sus facultades de autogobierno en todo lo no delegado al estado federal (Fallos 329:4542, 329:5827, 340:1614, 343:343, 340:1614, e.o.).
Desde luego, en este amplio círculo competencial cae la potestad de establecer órganos de control, como el Tribunal de cuentas (art. 153, Const. prov.) -figura no contemplada actualmente en el ordenamiento nacional-, el Fiscal de Estado (art. 155 de la citada constitución) -autoridad que tampoco forma parte de las instituciones del estado federal- y la posibilidad de no adoptar necesariamente aquellos creados por la Nación en su texto constitucional (como la Auditoría General, art. 85, CN). A esta lógica se adscribe lo atinente a la configuración del Defensor del Pueblo en el ordenamiento positivo de la provincia. Así como lo ha constituido, podría no haberlo hecho, o bien definir un diseño igual o disímil al de su par nacional, dado que las provincias gozan de un vasto arbitrio para perfilar los contornos y el contenido de esta autoridad de control. Bien pudo haberle asignado competencias sobre el obrar de la administración extensas o acotadas, proveerle de legitimación activa o no conferírsela, como también crear ombudsmans especializados o sectorizados por materias (v.gr. en materia penitenciaria, de servicios públicos, de salud, etc.). Ello, insisto, en correspondencia con el clásico postulado constitucional según el cual los poderes de las provincias son genéricos e indefinidos, además de preexistentes, y en ejercicio de ellos solo está obligada a ajustar su cuadro gubernativo a la forma republicana y representativa, garantizar el régimen municipal autonómico, la administración de justicia y la educación primaria (art. 5, CN). Todo lo demás forma parte de su extenso arbitrio regulatorio.
Ha sostenido la doctrina que, con una inadecuada técnica constitucional, el art. 43 de la CN, ha establecido normas procesales que únicamente deben regir para la ley nacional y para el funcionario que debe actuar en esa órbita, es decir frente a los órganos públicos nacionales, ya que el mismo puede o no existir en el orden local de cada provincia y en su caso se regirá por las normas que se establezcan en el seno de la respectiva provincia para ejercer el control de la actividad pública de la misma (Cueli, Hugo Oscar, Constitución... cit).
II.4.4. Pero, en cualquier caso, el presupuesto sobre el cual descansa el ejercicio de la facultad de promover procesos judiciales de esta clase de órganos consiste en la correspondencia entre éstas y las competencias que el ordenamiento le ha asignado a la institución. Según ha puntualizado la Suprema Corte provincial, la esfera de actuación de un órgano estatal en causas jurisdiccionales no puede desvincularse de las competencias materiales con que haya sido investido por su norma de creación, esto es, del círculo de atribuciones que la constitución y la ley le ha otorgado expresamente, sumado a las que cabe considerar como razonablemente implícitas (en el caso, cf. arts. 55, Const. prov.; 12, ley 13.834), por cuanto ello es lo que define el marco o el límite de toda posibilidad de actuación válida del órgano. De tal modo, su condición para incoar un proceso ha de ser el reflejo de las funciones que les ha asignado la legalidad. Por ello no cabe admitirla a falta de norma adecuada para el objeto pretendido, pues excedería el ámbito de actuación que la autoridad respectiva posee (arg. CSJN, Fallos 326:663; 329:4542); ni, evidentemente, le es dable a los jueces atribuírsela (v. causas B. 60.898, sent. de 18-II-2004; I. 2335, sent. de 21-X-2009) (cf. SCBA, I. 73.296, resol. de 13-VIII-2014).
Aun frente a conflictos sobre derechos de incidencia colectiva en general -como el medio ambiente- o plurisubjetivos homogéneos individuales, la Corte Nacional no equiparó la situación de los entes u órganos estatales a la de los particulares a los fines de su legitimación. Antes bien, requirió de aquellos la correspondencia con la competencia material. Tal fue lo acontecido ante el amparo ambiental promovido por la Universidad (Fallos 337:1447) o incluso cuando no ya la competencia material, sino la territorial o la jurisdicción del órgano u ente estaba excedida. Así, por ejemplo, ha negado legitimación al Defensor del Pueblo local para controvertir cuadros tarifarios de autoridades federales (Fallos 342:1041; 342:969: 341:1727) o pretensiones de recomposición ambiental contra otra provincia y el estado nacional por sobrepasar el ámbito de actuación conferido por la constitución y la norma regulatoria (Fallos 326:663). Es que, como ha indicado la propia Corte Nacional, todo órgano estatal constituye una de las tantas esferas abstractas de funciones en que, por razones de especialidad, se descompone el poder del gobierno; para cuyo ejercicio concreto es nombrado un individuo (o varios) que expresa 'su voluntad en el mismo valor que la del gobierno, en tanto dicho sujeto está autorizado para "querer" en nombre del todo, dentro del ámbito de su competencia (CSJN, Fallos: 327:5571; 331:2257).
II.5. Todo lo dicho pone de relieve la ostensible falta de legitimación activa de quien ha promovido la presente causa judicial, déficit que determina la inadmisibilidad de la pretensión.
En consecuencia, VOTO POR LA NEGATIVA.
El Señor Juez, Juan Manuel Hitters, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez, Doctor Alejandro Luis Maggi, dijo:
En atención a los fundamentos brindados corresponde declarar que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires carece de legitimación para promover la presente causa y, en consecuencia, rechazar in limine por inadmisible la pretensión que intentara; sin costas (arts. 55, Const. prov., 12 y 14, ley 13.834; 26, ley 13.133; 1, 5, 121 a 123, CN; 34 inc. 4, 68 su doct., 336 su doct., CPCC).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez, Juan Manuel Hitters, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que el Defensor del Pueblo carece de legitimación para promover la presente causa (arts. 55, Const. prov., 12 y 14, ley 13.834; 26, ley 13.133; 1, 5, 121 a 123, CN; 34 inc. 4, 68 su doct., 336 su doct., CPCC).
POR ELLO: se declara que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires carece de legitimación para promover la presente causa y, en consecuencia, se rechaza in limine por inadmisible la pretensión que intentara. Sin costas (arts. cit.).
Regístrese, notifíquese electrónicamente y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia