Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 51/54vta.
Del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.316 FOLIO Nº 166/168 PROT. ELECT. JR101 464I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.
La presente causa caratulada: "DEFENSORA DE CH.M.M. S/SOLICITA PRISION DOMICILIARIA", Expte. Nº 84.578/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.371/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 51/54vta. del presente incidente obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) denegó la prisión domiciliaria solicitada a favor de M.M.CH..
Que a fs. 63/65 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 77 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa.
1. De la supuesta incongruencia, extemporaneidad en el tratamiento del lugar de detención y malas condiciones de habitabilidad: En primer lugar, la defensa plantea una falta de congruencia y una demora injustificada de más de dos meses por parte de la judicatura en resolver la presentación formulada en junio sobre el lugar de detención. Sostiene que esta demora alteró las condiciones iniciales afectando el derecho de defensa. Asimismo, mantiene la crítica sobre las “pésimas condiciones de habitabilidad” de la Alcaidía Provincial de Mujeres, mencionando falta de calefacción, humedad, hacinamiento y sanitarios rotos, para fundar la necesidad de excarcelación o prisión domiciliaria de su asistida. Que analizando este primer agravio adelantamos que no prosperará.
Advertimos que la Sra. Jueza de grado explicó en la resolución que, si bien la imputada estuvo alojada inicialmente en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, fue trasladada oportunamente a la Alcaidía Provincial de Mujeres, donde sus condiciones de detención se encuentran resguardadas en un establecimiento acorde a sus necesidades conforme constancias de autos. Por otra parte, entendemos que la tramitación de la prisión domiciliaria exigía de manera indispensable la sustanciación de informes técnicos de viabilidad edilicia (fs. 19/22), evaluación socioambiental del Cuerpo Pericial del Tribunal Superior de Justicia (fs. 09/12vta. y 15/18vta.), intervención de la SENAF (fs. 35/40), pericias psicológicas (fs. 44/45vta.) y los dictámenes del Ministerio Público Fiscal (fs. 46/47) y la Defensoría de la Niñez (fs. 49/50) y, en función de ello la Instrucción hubo de resolver la petición de prisión domiciliaria, rechazándola de manera fundada. 2.- De la presunta arbitrariedad, prejuzgamiento, falta de perspectiva de género e infancias, y uso discriminatorio de un consumo problemático no probado: En segundo lugar, se agravia alegando arbitrariedad y falta de perspectiva de género e infancias. Invoca la justicia hermenéutica y tratados como CEDAW, Convención de Belém do Pará y Ley 26.485. Sostiene que el consumo problemático es una apreciación subjetiva sin constatación clínica en la causa, utilizada de forma contradictoria para calificarla como inhábil para maternar, cuando no fue evaluada para una hipótesis de inimputabilidad al procesarla. Cuestiona que se descalifique abruptamente su rol materno respecto de sus hijos de 3, 7 y 10 años a quienes crio exclusivamente.
Pues bien este segundo agravio no prosperará, toda vez que concordamos con la Magistrada que la facultad conferida por el art. 10 inc. f del Código Penal y el art. 32 inc. f de la Ley 24.660 (modificada por Ley 26.472) para conceder la prisión domiciliaria a madres de niños menores de cinco años no constituye una regla de aplicación automática ni irrestricta. En el caso de marras prevalece el criterio rector del Interés Superior del Niño (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 1 y 3 de la Ley 26.061). Por ello, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de ponderar casuísticamente si la permanencia de los menores con la progenitora no configura una situación de riesgo o peligro para su integridad. Y el interés superior de los niños no es equivalente de forma matemática o incondicionada a la cohabitación o convivencia materno-filial. No podemos soslayar que el informe técnico de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que daría cuenta de antecedentes de conflictividad familiar, episodios de violencia, consumo problemático de sustancias y alcohol por parte de la encartada y una histórica falta de adherencia a las citaciones e intervenciones institucionales previas. Por otra parte, el consumo problemático de sustancias y alcohol no es una mera presunción ni un estereotipo, sino un dato que se encontraría constatado por organismos técnicos e interdisciplinarios. Ello surge del informe socioambiental del Cuerpo Pericial, ya que fue la propia madre de la imputada, Sra. O., quien confirmó ante la perito trabajadora social la existencia de dicho consumo, sugiriéndose tratamiento especializado.
Asimismo el informe de la SENAF se refiere al consumo problemático y falta de adherencia previa de Chávez a las citaciones e intervenciones institucionales.
Del mismo modo, la Instrucción cuenta con la evaluación pericial de personalidad en la causa principal por homicidio (art. 79 del CP), surgiendo de la pericia psicológica/psiquiátrica que la imputada posee un perfil con rasgos impulsivos, escasamente autocríticos, baja tolerancia a la frustración, tendencia a la actuación inmediata, limitada empatía afectiva y propensión a minimizar su responsabilidad.
Por todo lo valorado entendemos que la situación judicial de la madre y la proteccional de los hijos menores de edad corren por vías diferenciadas, requiriendo previamente una evaluación de sus capacidades protectoras, tratamiento psicológico, abordaje de adicciones y pautas de resolución no violenta de conflictos.
3. De la supuesta extralimitación de funciones al fundarse en la SENAF y objeción al requisito de probar riesgo o abandono de los menores: En tercer lugar la defensa asevera que la jueza se excedió en sus funciones mezclando decisiones jurisdiccionales con administrativas – legislativas, al basarse en las medidas de la SENAF. Sostiene que la separación familiar fue brusca producto de la detención. Cita doctrina para argumentar que el art. 10 del Código Penal y el art. 32 de la Ley 24.660 no exigen probar que los menores estén en situación de abandono o riesgo para conceder la prisión domiciliaria.
Que este tercer agravio será rechazado, toda vez que la morigeración prevista en el art. 10 del CP no es automática. Su aplicación exige una interpretación armónica con el art. 3 de la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo el Interés Superior del Niño el principio rector que impide conceder el beneficio si la convivencia representa un riesgo o peligro para los menores. El art. 9 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé de forma expresa la separación cuando la cohabitación resulte contraria a su interés superior. Tanto el Agente Fiscal como la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes dictaminaron en contra del beneficio solicitado por la imputada, destacando que no están dadas las condiciones para garantizar la integridad y estabilidad psicofísica y emocional de los niños. De las constancias del legajo surge que los menores continúan en su centro de vida bajo la contención inmediata de su red familiar (la abuela materna O., su tío D.M.B. y el Sr. B.), teniendo garantizada su escolarización, atención médica y necesidades diarias. 4.- De la supuesta falta de acreditación de vínculo, omisión de domicilio y desatención del esfuerzo edilicio de la Sra. O.: En cuarto lugar, la defensa sostiene que es falso que no se haya probado el vínculo con la Sra. O., afirmando que el parentesco no es requisito legal. Igualmente rechaza que se haya omitido el domicilio, dado que el inmueble de la calle B. N° X7 fue denunciado formalmente. Remarca que la Sra. O. invirtió dinero, tiempo y espacio para adecuar la vivienda a las exigencias de la vigilancia electrónica. Con relación a este último agravio, entendemos que no prosperará puesto que advertimos que al momento de la formulación inicial de la solicitud, la defensa no adjuntó la documentación acreditante del vínculo ni precisó inicialmente el domicilio donde podría cumplir la prisión domiciliaria.
Si bien el informe del Programa de Vigilancia Electrónica dio cuenta de la adecuación física del inmueble, la ra. Jueza a quo valoró -en concordancia con lo expuesto por la SENAF en su informe-, que la idoneidad material de una casa no equivale a la capacidad protectora, ni autoriza automáticamente la restitución o convivencia con los niños. Es por ello que compartimos con la Instrucción que la denegatoria de la prisión domiciliaria no responde a posibles deficiencias del inmueble, sino al incumplimiento actual de las condiciones subjetivas, psicológicas y terapéuticas exigidas a la imputada para garantizar un entorno seguro y libre de violencia para sus hijos. III)
Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. IV) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 51/54vta.
del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia