Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2100/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería obrante a fs. 33/35.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2100/16-TSJ Interlocutorio N°: 628.-
Actor: DEFENSORIA PÚBLICA Nº 2 Demandado: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Objeto: S/ ACCION DE AMPARO Fecha: 05-07-2018 Texto: TOMO XIX – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 628 FOLIO Nº 3611/3620 PROT. ELECT. TSS1 010 S.181
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “DEFENSORIA PÚBLICA Nº 2 c/ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ACCION DE AMPARO”, Expte Nº D-35.380/16 (D-2100/16-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández y 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52?; SEGUNDA CUESTIÓN: Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Peretti dijo:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 36/52, por el Dr. Walter Alfredo Martínez, en su carácter de titular de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 de la ciudad de Caleta Olivia, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/35; que desestimó la apelación interpuesta por la actora contra la providencia de Primera Instancia que había rechazado “in limine” la acción de amparo por considerar que la demandada -Servicios Públicos Sociedad del Estado- no había actuado con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas (cfr. foja 22).- Sintéticamente, mediante la presente acción procura -el amparista- se provean los servicios de agua potable y electricidad, a un grupo de personas que han ocupado viviendas en los barrios denominados: “Bicentenario 40 Viviendas”, “Barrio 62 Viviendas” y “Barrio 187 Viviendas” de la Ciudad de Caleta Olivia (cfr. foja 10 y vta.).-
Basa su pretensión en la Constitución Nacional y diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos (incorporados a la Carta Magna por el articulo 75, inciso 22) que cita a fs. 15/16 vta.. Referencia que se demanda el acceso a derechos humanos fundamentales, de incidencia colectiva, y considera que la legitimación para accionar proviene de los artìculos 43 de la Constitución Nacional y 1º y 2º de la Ley de Amparo Provincial Nº 1117.-
Importa destacar que al interponer la demanda, también se requirió una medida cautelar en los siguientes términos: “En consecuencia, es que esta parte solicita hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión que V.S. dicte una medida cautelar innovativa a fin que la demandada provea en la forma y por los medios que se determine la cantidad diaria de cien litros de agua por persona (siendo este un cálculo de necesidad mínima de agua por persona, teniendo en cuenta que tirar de la cadena insume por lo menos 20 litros de agua y una ducha 50 litros).” (cfr. foja 19 vta.).-
Como ya se indicara la demanda fue rechazada “in limine” en Primera Instancia y la Cámara, aunque con distintos fundamentos, mantuvo tal decisión.-
Para así resolver, el tribunal de Segunda Instancia señaló: “Sin entrar en consideraciones respecto de la necesidad o importancia de los servicios que reclama, no puede dejar de desconocerse que todas las personas aquí representadas se encuentran ‘ocupando’ -como ellos mismos lo manifiestan- numerosas viviendas a las que habrían accedido sin legitimación alguna, puesto que en principio ellos mismos invocan haber sido ocupantes en forma pacífica. Como correlato de ello, se tiene presente que en la causa penal mencionada supra, se ha ordenado el desalojo de las viviendas para las cuales aquí se reclaman servicios, por encontrarse en trámite la investigación de un presunto delito de ‘usurpación’.
Es decir que ab initio las personas que constituyen este grupo de afectados colectivo, carecen de derecho subjetivo para reclamar los servicios como pretenden […] No puede dejar de desconocerse que los interesados son ocupantes de numerosas viviendas correspondientes a ‘planes sociales de viviendas’ destinadas eventualmente a ser adjudicadas a numerosas familias que por su parte también tienen un derecho en expectativa al respecto. Así las cosas, no puede pretenderse que por vía de resoluciones judiciales se resuelvan problemas habitacionales -como señala el propio recurrente- que deben buscar solución por otras vías y a través de otros organismos del estado. Toda vez que los afectados de autos carecerían de un derecho subjetivo tutelable, tal como se ha descripto en forma precedente entendemos que el recurso incoado no puede prosperar, debiendo confirmarse la providencia atacada (arts. 28, 43 y ccs.
Constitución Nacional).” (cfr. foja 34 y vta.).- Debo destacar que en el pronunciamiento bajo análisis se dispuso, además, que el promotor de la presente, comunique a los distintos organismos de la administración, la situación de los menores y demás personas vulnerables, que describe en autos, a fin que se adopten las medidas necesarias, teniendo en cuenta el riesgo en que podrían encontrarse las personas referidas. Al respecto se señaló lo siguiente: “Todo ello, sin perjuicio de que el amparista comunique a la Oficina Municipal de Protección Integral de los Derechos del Niño/a y Adolescente, la situación particular de los menores mencionados en los presentes y a los organismos estatales que considere pertinentes como ya lo dispuso el Sr.
Juez de instrucción….en los que además de a la oficina mencionada dió intervención a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz y Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Caleta Olivia a los fines de que adopten las medidas que consideren convenientes y oportunas en el marco de sus competencias específicas, teniendo presente que niños, niñas y adolescentes podrían encontrarse en riesgo…” (cfr. foja 34 vta.).- Contra este pronunciamiento, el amparista interpone recurso de casación fundado en inobservancia o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) y b) del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 36 vta. in fine). Expresa: “…pese a lo escueto de la sentencia no por ello deja de ser de lo más arbitraria y absurda violando palmariamente preceptos convencionales y constitucionales, para lo cual aplica erróneamente la ley y doctrina del caso.” (cfr. foja 37 vta.).-
En primer lugar se agravia porque, la Cámara consideró que los afectados carecen de legitimación para accionar y que lo reclamado no son derechos de incidencia colectiva (cfr. foja cit.).-
Sobre el particular dice que “La legitimación radica en la protección de derechos de incidencia colectiva en su porción subjetiva, y en el presente caso los perjudicados son todos los vecinos de los barrios (donde viven ancianos, jóvenes y niños) quienes sin motivo alguno son privados de los servicios básicos y tratados como ciudadanos de segunda clase, calificándoselos erróneamente de usurpadores […] El art. 43 de la Constitución Nacional prevé que podrá interponer acción de amparo el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, contra cualquier forma de discriminación y ante la vulneración de los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como de los derechos de incidencia colectiva en general.” (cfr. fs. 38 y 40 vta.).- En el segundo agravio, la crítica radica en que la Cámara, a su entender, no comprendió el alcance del reclamo y así introdujo, en su tratamiento, temas ajenos, como el derecho de propiedad o el déficit habitacional. “No estamos aquí discutiendo el problema habitacional, que se planteará en otro ámbito. Porque si la Justicia solo se conmoverá para tratar quien es el titular de una vivienda y soslayará la dramática situación que viven los habitantes de la ciudad, realmente estamos dejando mucho que desear a quienes acuden en estado de vulnerabilidad ante estos Estrados […] en ningún momento se planteó por esta vía el problema habitacional, sino que se proveyera a los ciudadanos que habitan esos barrios de los servicios básicos de luz y agua potable.” (cfr. foja 43 y vta.).- Enumera los derechos fundamentales que, considera, se están violando mediante el accionar de la demandada, citando el derecho a la educación, a la seguridad y a la salud. A renglón seguido cita los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que protegen a los mentados derechos, los que, dice están siendo vulnerados por el proceder de Servicios Públicos (cfr. fs. 44/51).-
Como tercer y último agravio indica: “Como la sentencia basa parte de su resolución en un análisis de la calidad de mis representados y la presunta titularidad o aspiración a titularidad de las viviendas, no puede dejar de agraviarnos este tópico que excede lo planteado en el recurso de apelación […] No se pidió al Juez de grado ni a la alzada que por vía judicial resuelva el problema habitacional, sino que impidan que se vulneren los derechos humanos de los vecinos por ser privados de los servicios básicos en forma arbitraria e ilegal.” (cfr. foja 51 y vta.).-
A foja 60, el Defensor General ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, asumió “…la actuación complementaria de los menores afectados…” y adhirió al recurso de casación presentado por la actora.-
A fs. 62/63 se ordenó: “...como medida para mejor proveer, se libre oficio en forma urgente, al Juzgado de Instrucción Nº Dos de Caleta Olivia (cfr. foja 34 1er. Párrafo), a fin de que se informe el estado de tramitación de la causa penal precedentemente indicada y el estado actual de ocupación de las viviendas objeto de autos”; medida que se materializó con el informe de fs. 67/99, del cual surge que las viviendas objeto de autos continuaban ocupadas a la fecha de emitirse dicho informe.-
A foja 101 y vta., se declara bien concedido el recurso de casación por este Tribunal, poniéndose los autos a disposición de las partes conforme lo dispuesto en el actual artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; no haciendo uso de ese derecho la parte actora (cfr. certif. de foja 104).-
A fs. 105/108 emite su dictamen el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales remito en honor a la brevedad señala que “…en la Sentencia de Cámara no se ha incurrido, ni en violación de la ley, ni en arbitrariedad, por lo que considero que no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto.” (cfr. fs. 107 vta./108).-
A fs. 112/115, el Defensor General ante este Alto Cuerpo presentó su dictamen, donde defiende al amparo como la acción idónea para hacer valer los derechos de sus representados, respecto a los cuales resalta “...la imperiosa necesidad de protección de los niños afectados en sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial el derecho a su salud y entre ellos el derecho al agua como esencial para el cese de las vulneraciones que se encuentran padeciendo…” (cfr. foja 112). En otro tramo de su libelo cita a las Reglas de Brasilia que tienen como meta facilitar el acceso a la jurisdicción para las personas vulnerables y por último refiere a las disposiciones emanadas de organismos internacionales sobre Derechos Humanos que considera aplicables al caso de autos. Todo ello a fin de solicitar la procedencia del recurso.- A foja 116 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 117 pasan los presentes a estudio, suspendido el mismo se reanuda y vuelven los presentes a estudio a foja 120.-
II. Entiendo que más allá de las particularidades de la presente causa, se advierte que los sentenciantes de grado han preferido -a los fines de analizar la admisibilidad de la acción de amparo deducida en autos- el abordaje del objeto de la demanda desde un enfoque que no ha dejado apreciar un aspecto de fundamental importancia que subyace de la litis, y que merece una especialísima atención. Ese aspecto no es otro que la visualización del derecho humano de acceder al agua potable. Y si bien, los accionantes refieren también al servicio de energía eléctrica, éste último tiene aristas especiales que tornan innecesario su tratamiento -a los fines de evitar ingresar en el fondo de la cuestión planteada-, todo ello en virtud de las conclusiones a las que se arribará en este voto, con el solo análisis de la primer cuestión, y su directo impacto sobre el objeto del recurso de casación articulado, que no es otro que la admisión de la vía de amparo.- En efecto, el fallo atacado ha puesto especial énfasis en la consideración de la relación de los amparistas con los inmuebles ocupados, y a partir de allí la evaluación de los requisitos para ser considerado “usuario” de los servicios de agua potable y energía eléctrica. Sin perder de vista tal análisis, y aún aceptando la importancia de su consideración, entiendo que -para meritar la admisibilidad de la acción de amparo y el derecho que da sustento a la legitimación activa invocada-, la visualización del mismo no puede opacar ni mucho menos anteponerse de modo tal que desplace de la centralidad del análisis a la cuestión referida al derecho de acceso al agua potable por parte de las personas representadas por el reclamante y sus respectivas familias. He allí el yerro de la Cámara y del juez de Primera Instancia.- Es que, más allá del derecho subjetivo que tengan o no para poseer las unidades habitacionales ocupadas, ello no puede impedir el abordaje de la cuestión prioritaria del acceso al agua potable, pues tal derecho se entrelaza inevitablemente con el derecho a la vida y a la salud.-
En este sentido es oportuno señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyo el dictamen del Procurador General, ha dicho que “la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituyen un bien fundamental en sí mismo, que a su vez resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal (art. 19 de la CN). El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 CN, es un derecho implícito ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él. A su vez, el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el primero, y con el principio de la autonomía personal (art.19 CN)…A mayor abundamiento, el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22 CN.), entre ellos, el art. 12, inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1 de los arts. 4 y 5 Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva.
El Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.” (cfr. “Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ Amparo ley 16986”. 01/06/2000, www.infor-maciónlegal.com.ar. Cita Online 30003222 cita, Fallos 323:1339).- En otro precedente del mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirma el criterio expuesto en el fallo citado en el párrafo anterior, diciendo que “...el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos 302:1284; 310:112) También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316:479, votos concurrentes).
Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas…” (Fallos: 323: 3229).- Se ve entonces como nuestro máximo Tribunal Nacional, ha puesto atención en dar prioridad al derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida, poniendo especial énfasis en las obligaciones que en este sentido tiene el Estado, no solo con conductas omisivas sino con acciones positivas destinadas a garantizarlas efectivamente.-
No puede sorprender, dada su estrecha vinculación con esta temática, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya afirmado y reconocido el derecho humano de acceso al agua potable, en virtud de su indiscutible incidencia en relación a la salud de las personas.-
Precisamente, en el trascendente pronunciamiento en la causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo” del 02 de diciembre de 2014 (42/2013 - 49-K - recurso de hecho) (Fallo: 337:1369), la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce expresamente el derecho humano al agua potable diciendo en sus párrafos más salientes: “Que el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces. En este sentido cabe resaltar que en su reciente resolución A/HRC/REC/27/7 distribuida el 2 de octubre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta a los Estados a que ‘velen por que todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, cuasijudiciales y otros recursos apropiados’”.- El fallo también realiza una adecuada reseña de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, que han referido en forma directa o indirecta a este derecho, afirmando: “...en muchos instrumentos internacionales se menciona la tutela del derecho al agua potable.
En este sentido, la resolución A/RES/64/292, del 30/07/2010, de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La ‘Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer’ (1979), artículo 14, párr. 2 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’ del 17/11/1988, predican que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a contar con los servicios básicos; la ‘Convención sobre los derechos del Niño’, artículo 24, 2º párr. (1989), exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre.
De otro lado, es de recordar que en el mes de septiembre de 2000 los dirigentes de todos los países se comprometieron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que carecían de acceso al agua potable o que no podían costearla. Y que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo, se acordó un objetivo similar para reducir a la mitad, también para el año 2015, las cifras de personas sin saneamiento básico. Asimismo, numerosos documentos de organizaciones internacionales, incluyen declaraciones en este sentido, como la que surge de la Observación General nº 15 del ‘Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’ de Naciones Unidas, que el 15/11/2002, en virtud de la cual se dijo que: ‘El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.’” (cfr. fallo cit.).- Párrafo más adelante el fallo hace referencia a la aplicación al caso de los principios de prevención y precautorio diciendo: “En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun (sic) en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho” (cfr. fallo cit.). Y como consecuencia de ello decide mantener la medida cautelar ordenada en las instancias de grado (ordenó a la empresa demandada proveer de agua potable a los actores), afirmando que: “...deberá mantenerse la cautelar dispuesta por el tribunal de origen, con base en los principios de prevención y precautorio, hasta tanto se cumpla con lo ordenado...” (cfr. fallo cit.).- El breve análisis del Fallo “Kersich”, resulta de gran importancia para entender el objeto de la litis que nos ocupa, al menos en cuanto hace a la legitimación del reclamante, y en virtud de ello a la admisibilidad y procedencia de la vía de amparo intentada.
Téngase en cuenta, que la Corte en dicho precedente, reconoce el resultado de la evolución del derecho humano de acceso al agua potable, que mostrara ya claros avances en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. En este sentido no puede dejar de destacarse la oportuna inclusión dentro del Anteproyecto de Código Civil y Comercial elaborado por la Comisión de reformas creada por Decreto Nº 191/2011, presidida por el Dr. Ricardo Lorenzetti e integrada por las Dras. Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. En dicho Anteproyecto se había incorporado el artículo 241 que establecía en su redacción original: “Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales” Lamentablemente, este texto fue suprimido y no se incluyó en el texto del Código finalmente sancionado, pero su intento de regulación no puede dejarse de destacar como un hito importante en el marco de la evolución de este derecho, concomitante con el mencionado reconocimiento jurisprudencial en el precedente “Kersich”.- Observando las características del caso que nos ocupa con el prisma de los elementos conceptuales ut supra detallados, vemos con claridad que el derecho al acceso al agua potable se nos representa aquí con un “doble rostro”.
Por un lado, el derecho humano individual de cada una de las personas referidas en la demanda y los integrantes de sus respectivas familias, a acceder al agua potable, como modo irremplazable de protección de su salud, y con ello de su propia vida. Y por otro lado, el aspecto colectivo, tanto desde la perspectiva del deber de estado de garantizar a la población condiciones de salubridad y de vida digna, ya sea a toda la comunidad o a una parte de ella, pues no puede desconocerse los efectos negativos que la falta de provisión de agua potable pueda traer aparejado a una comunidad; como también desde la perspectiva ambiental, considerando al agua como un micro bien ambiental (que compone el macro - bien “ambiente”), es decir como perteneciente a la esfera colectiva.- Y desde ambas perspectivas el actor se encuentra plenamente legitimado para incoar la acción de amparo.-
No puede quedar ajeno a este análisis la evolución que ha tenido el derecho de acceso al agua potable en el ámbito del derecho internacional. A tal fin, se puede señalar que en diversos instrumentos internacionales aparece la mención a este derecho aunque de modo tangencial, pues no se trataba de esta temática en forma directa. Así por ejemplo, aparece mencionado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer (en su artículo 14.2, inc. h), Convención sobre los derechos del Niño (artículo 24.2 inc. “c” y “e”), Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (artículo 28.2 a).
Coincidiendo con Cánovas González, es apropiado destacar, abordando la lectura del agua en clave de derecho, que es posible afirmar que comienza con el “Plan de Acción” de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977), donde se reconoció por primera vez el agua como un derecho humano, declarando que “...‘todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas’” (cfr. autor cit. “El agua como derecho humano. Reflexiones a partir de Río + 20”, en Revista de Derecho Ambiental, Doctrina, Jurisprudencia y legislación práctica N° 32 octubre / diciembre 2012, director Néstor A. Cafferatta, edit. Abeledo Perrot, pág. 198).- Este derecho humano de acceso al agua fue ratificado en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992 donde se aprobó la denominada “Agenda 21” en cuyo capítulo 18 establece que “todos los pueblos, cualquiera sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”. En el mismo sentido se consignó este derecho en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002).-
En el mismo año 2002, el Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante la Observación N° 15 (de fecha 26/11/2002) declaró que el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud (instrumento citado por la CSJN en el fallo “Kersich”, al que me remito).-
Así llegamos a los importantes pronunciamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas, en sesión plenaria de fecha 28/07/2010, mediante Resolución A/RES/64/292, donde se Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; y del Consejo de Derecho Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas , que mediante resolución A/HRC/RES/27/7 distribuida el 2 de octubre de 2014, exhorta a los Estados a que “...’velen porque todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto al derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluidos recursos judiciales, cuasijudiciales y otros apropiados’ (11c).” (cfr. fallo cit.).- Analizada la normativa internacional sintéticamente descripta a la luz del bloque de constitucionalidad, en virtud de la expresa referencia realizada por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, ninguna duda puede caber acerca de la plena aplicabilidad de la misma al caso que nos ocupa. No solo, por la convicción de su pertinencia sino además en la convicción que es el Poder Judicial responsable de cumplir y hacer cumplir estos mandatos constitucionales y convencionales, evitando que la inobservancia de los mismos haga recaer al Estado en responsabilidad internacional por su incumplimiento, fundamentalmente en lo relativo al derecho a recurrir judicialmente en defensa de tales derechos.- Así entonces, diáfano resulta el derecho de las personas representadas por el reclamante a recurrir judicialmente por el derecho al acceso al agua potable, y por tanto debe ser ello reconocido por este tribunal. Y tanto este derecho, desde su perspectiva individual, como desde su perspectiva colectiva (como ut supra lo señalé) han sido ignorados por los sentenciantes de grado.-
En efecto, el fallo de Cámara, al sostener que los afectados “...carecen de derecho subjetivo para reclamar servicios como pretenden.” (cfr. foja 34), no observa este derecho desde la perspectiva expuesta en este voto, sino que la direcciona solo al derecho a ser o no reconocido como “usuario” en virtud del derecho que tenga o no reconocido a la vivienda en la que habita, ambos aspectos ajenos (total o parcialmente) al principal objeto de debate en la presente acción. Tal es así que aún en la hipótesis que se admita el amparo incoado, mediante el expreso reconocimiento de los derechos de acceso a los servicios esenciales, nada aportará o implicará a favor ni en contra de los derechos que los representados por el reclamante pudieran o no tener en relación a la vivienda que ocupan.-
III. Debo tener especialmente en cuenta que esta acción se interpone a favor de personas vulnerables (niños, niñas y ancianos) quienes son merecedores, por mandato constitucional y convencional de una especial protección. Sabido es que el derecho a la tutela judicial efectiva tiende a evitar que el acceso a la justicia se vea obstaculizado, cuando, como en la especie, dicho colectivo vulnerable se encuentra en una situación de desprotección tal que se ven privados de derechos elementales; y ello requiere de parte de la judicatura una respuesta que asegure la vigencia de sus derechos dentro de la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y al debido proceso, lo cual nos debe llevar a realizar la interpretación del sub examine en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción.- No debe perderse de vista que este Alto Cuerpo ha adherido a las Reglas de Brasilia (Resolución registrada al Tomo CXCVI, Reg. 141, Folio 149/150) sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Estas reglas que señalan deberes al Poder Judicial, establecen como beneficiarios a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales. En el preámbulo de dicho ordenamiento se indica la misión que, en este marco, se considera incumbe al Poder Judicial al señalar: “El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”. Sobre aquellas personas cuya protección se persigue, expresa el citado instrumento (Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas, 1. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad, art. 3) que “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”. Dicho mandato se complementa con el artículo 25) que edicta: “Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad”.- Más allá del modo en que oportunamente se resuelva la cuestión de fondo, lo cierto es que, en forma actual, podría encontrarse afectado un derecho fundamental de un colectivo vulnerable, como lo es el acceso al agua potable; aspecto que, de acuerdo a lo precedentemente señalado resulta suficiente para convocar a la intervención de este Poder judicial en el caso.
Dicha suficiencia torna inocua toda consideración en relación al servicio de electricidad, evitando, además, ingresar al tratamiento de aspectos de fondo que resultan ajenos a esta decisión. Todo ello, sin perder de vista además, que de privarse el acceso a la justicia en la presente causa, podría encontrarse comprometida la responsabilidad del Estado Argentino en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la comunidad jurídica internacional, dado los compromisos asumidos por nuestro país ante los organismos internacionales de derechos humanos.- Propongo al Tribunal dicte sentencia haciendo lugar al recurso impetrado casándose la resolución de Cámara, declarando formalmente procedente la acción de amparo (arts. 2, 6, 7, sgtes. y cctes.
Ley Nº 1117) y ordenando vuelvan las presentes actuaciones a Primera Instancia a los fines de su consecuente tramitación, debiendo resolver asimismo -en virtud de la admisibilidad de la acción principal- acerca de la medida cautelar oportunamente solicitada por la parte actora (cfr. foja 19 vta.), en cuanto peticiona se provea a los reclamantes el servicio de agua potable y el de electricidad (domiciliaria y alumbrado público).-
En relación a la recusación del Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. Fernando Horacio Isla, formulada en el recurso de casación a fs. 51 vta./52, hágase saber a dicho Magistrado que deberá proceder conforme lo previsto en el artículo 26 del CPC y C y ss..-
Es por todo lo expuesto que a esta Primera Cuestión voto por la positiva.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani, a la primera cuestión, por compartir sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
A la PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Mercau dijo:
I. Si bien adhiero a lo expresado por mi distinguido colega en relación a la recusación del Dr. Isla, planteada en el recurso de casación, me permito disentir en la decisión a la que arriban en virtud de las razones que seguidamente expondré. Considero que debe rechazarse dicho recurso interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial y confirmarse la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, toda vez que no encuentro que el pronunciamiento de esta última adolezca de los vicios que le imputa el Sr. Defensor.-
En tal sentido, considero que resulta oportuno señalar que la potestad revisora de este Tribunal Superior de Justicia debe ceñirse al contenido de la resolución y a la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso de casación. Así, conforme se desprende de la lectura del recurso de casación obrante a fs. 36/52 el objeto de este último no es otro que la procedencia de la acción de amparo, negada en las instancias ordinarias. Allí el presentante se agravia, en lo sustancial, porque entiende que contrariamente a lo que sostuvo la Cámara los ciudadanos que representa están legitimados para obrar (cfr. foja 38), porque entiende que es errado el razonamiento de la Cámara cuando equipara Derechos Humanos básicos con el derecho a la propiedad (cfr. 43), y en virtud que aquélla, en su pronunciamiento, se excedió de lo planteado en la apelación (cfr. foja 51 vta.).-
II. En efecto, el primer agravio del Sr. Defensor Público Oficial gira en torno a que la Cámara haya sostenido que los afectados en el presente proceso carecían “prima facie” de un derecho subjetivo a reclamarle a Servicios Públicos Sociedad del Estado (en adelante SPSE) un determinado comportamiento (cfr. foja 38). Afirma, en tal sentido, que: “No cabe duda que los ciudadanos representados por esta Defensoría Pública están legitimados para obrar.” (cfr. foja cit.) puesto que: “La legitimación radica en la protección de derechos de incidencia colectiva en su porción subjetiva, y en el presente caso los perjudicados son todos los vecinos del barrio...” (cfr. foja cit.).- Al respecto, estimo que resulta conveniente recordar que el Sr.
Defensor Público Oficial promovió esta acción de amparo contra SPSE con el objeto que esta última: “…resuelva el abastecimiento provisional y en condiciones óptimas de agua potable y de energía eléctrica a los habitantes del barrio Bicentenario 40 Viviendas, Barrio 62 Viviendas e infraestructura y Barrio 187 Viviendas…” (cfr. foja 10). En dicha presentación, también afirmó que los actuales habitantes de los citados barrios se habían visto obligados a ocuparlos en virtud de la crisis habitacional que aqueja a la ciudad de Caleta Olivia, y como consecuencia su estado de necesidad (cfr. foja 10 vta.). Refirió asimismo que, ante ello, tanto el municipio local como el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia realizaron denuncias ante el Juzgado de Instrucción N° 2, y que SPSE interrumpió el servicio de energía eléctrica en los referidos barrios, en virtud de que los habitantes se encontrarían usurpando las viviendas (cfr. foja cit.).
De igual modo, afirmó que actualmente se encuentra sin provisión de agua potable ya que no llega por la red comunal hasta los barrios referidos (cfr. foja 11 vta.). Fundó tanto su petición como su legitimación en derechos de incidencia colectiva (cfr. fs. 13/15 y 17 vta./18 vta., respectivamente). Afirma que los derechos que se debaten aquí no son puramente individuales ni tienen carácter patrimonial, sino que son de un evidente carácter colectivo, por lo que entiende que el artículo 43 de la Constitución Nacional resulta apto para protegerlos, y recuerda que la tutela de esos derechos puede ser reclamada por los afectados, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (cfr. foja 18 vta.).- El magistrado de Primera Instancia consideró que, tanto de los argumentos expuestos por el accionante como de la documental por él acompañada, no se advertía en modo alguno arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el accionar de SPSE, y decidió rechazar “in limine” la acción de amparo interpuesta (cfr. foja 22).-
La Cámara, a su turno, confirmó dicho pronunciamiento y sostuvo, en lo sustancial, que los sujetos afectados por la conducta de SPSE carecían de un derecho subjetivo tutelable (cfr. foja 34 y vta.).-
Contra este pronunciamiento el Sr. Defensor Oficial interpuso el recurso de casación en tratamiento.-
Si bien volveré sobre ello más adelante, observo que de lo expuesto surge que la pretensión del Sr. Defensor Público Oficial no se dirige a la tutela de un bien colectivo que pertenezca a toda la comunidad. Por el contrario, su pretensión está específicamente dirigida a la conexión de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y agua potable a los ocupantes de los Barrios Bicentenario 40 Viviendas, 62 Viviendas e infraestructura y 187 Viviendas, en el marco de una ocupación ilegal de esos predios.-
Se impone destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el señero precedente “Halabi Ernesto c/ P.E.N. -ley 25.873- dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” (Fallos: 332:111) sostuvo que en materia de legitimación procesal correspondía precisar tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos (cfr. Fallo cit. Asimismo: Ricardo Luis Lorenzetti,: “Justicia Colectiva” Rubinzal Culzoni Editores. pág. 19; y Jorge Mario Galdós: “La causa Halabi de la Corte Suprema” en Revista Jurídica del Centro N° 1. pág.1).-
Así pues, la primera categoría comprende los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales que se debaten en un proceso típicamente bilateral, aun cuando concurran pluralidad de sujetos, en el que la obligación es única y en donde se dicta una sentencia con efectos entre las partes. La segunda categoría se refiere a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, aquí lo sobresaliente es que, conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en Halabi, dichos derechos pueden ser ejercidos por el Defensor del Pueblo, por las Asociaciones que concentren el interés colectivo y por el afectado. Además, en los derechos colectivos la tutela recae sobre un bien colectivo y en la acción instaurada lo que prevalece es lo atinente a la incidencia colectiva (y no a los aspectos individuales) del derecho; un bien es colectivo cuando conceptual, fáctica o jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárselo a los individuos.
Por último, la tercera categoría corresponde a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; se trata de una pluralidad de derechos subjetivos divisibles, aunque homogéneos porque tienen una causa común, de hecho o de derecho (cfr. Jorge Mario Galdós: ob. cit. págs. 1/4). En estos supuestos hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica o jurídica homogénea (cfr. Santiago R. Carrillo: “Los procesos colectivos ante una futura regulación procesal” Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública Nº 394. pág. 7).- A la luz de lo expuesto y tal cual ya lo adelanté, observo que la pretensión articulada no tiene por objeto la tutela de un bien colectivo perteneciente a toda la comunidad como sería el ambiente y los microbienes que lo componen, entre los que se encuentra el agua (cfr.
Ricardo Luis Lorenzetti: ob. cit. pág. 113). En tal sentido, advierto que el Sr. Defensor Oficial mediante su presentación no pretende tutelar el agua potable en tanto componente del bien colectivo ambiente, sino, antes bien, lograr la provisión de los servicios públicos de energía eléctrica y agua en los Barrios Bicentenario 40 Viviendas, 62 Viviendas e infraestructura y 187 Viviendas. No estamos ante un caso ambiental en donde se pretende la protección de un derecho de incidencia colectiva que tiene objeto un bien colectivo sino, por el contrario, de la atenta lectura de las actuaciones surge con claridad que se peticiona la provisión de los referidos servicios públicos domiciliarios.- En definitiva es ése y no otro el objeto del amparo, garantizarle a los ocupantes de los barrios citados la prestación de ciertos servicios públicos.
No hay, entonces, una afectación a un bien colectivo ni mucho menos una pretensión dirigida a la tutela de ese bien (Fallos: 332:111, cons. 11), ya que en todo caso la negativa de la empresa estatal de servicios públicos estaría afectando derechos individuales enteramente divisibles -como lo son la provisión de los servicios públicos domiciliarios- y la homogeneidad está dada porque tienen una causa común que los afecta. Es el propio recurrente quien en su impugnación extraordinaria refiere que la legitimación de los vecinos: “…radica en la protección de derechos de incidencia colectiva en su porción subjetiva...” (cfr. foja 38). Queda claro, entonces, que la pretensión de aquél queda circunscripta no a la segunda, sino a la tercera categoría de derechos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Halabi, y es por ello que la Cámara le reclamó la demostración de un derecho subjetivo a la prestación del servicio público.- Si bien es cierto que la pretensión del administrado, en cuanto reclama que le sea prestado un servicio público en funcionamiento, armoniza estrictamente con la noción conceptual de derecho subjetivo (cfr.
Miguel S. Marienhoff,: “Tratado de Derecho Administrativo” Ed. Abeledo Perrot, tercera edición actualizada, 1981, Tomo II, pág. 163), no es menos cierto que, en el particular caso de autos, los ocupantes de los barrios no pueden -como consecuencia de la ausencia de derecho que tienen sobre los inmuebles ocupados- demostrar la existencia de un derecho subjetivo a la prestación de dichos servicios públicos domiciliarios, presupuesto que necesariamente debe demostrarse en los procesos concernientes a derechos individuales homogéneos (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, ob. cit. pág. 84). E insisto que ello fue advertido por la Cámara en su pronunciamiento al sostener que: “…los ‘afectados’ en el presente proceso que reclaman un determinado comportamiento por parte de Servicios Públicos, carecerían prima facie de ese derecho subjetivo que constituye la base inicial para propiciar cualquier tipo de reclamo.” (cfr. foja 34) y que: “…ab initio las personas que constituyen este grupo de afectados colectivos, carecen de derecho subjetivo para reclamar los servicios como pretenden.” (cfr. foja cit.).- Por lo demás, la ocupación precaria que ostentan los peticionantes sobre las viviendas -cuestión también advertida por la Cámara a foja 34- surge no solo de las expresiones del propio Sr.
Defensor Oficial sino también de la lectura de las copias certificadas de la causa penal originada como consecuencia de la usurpación de aquéllas, de donde también surge que el magistrado interviniente en dicha causa ordenó intimar a las personas que se encuentran usurpando las viviendas para que procedan a abandonarlas bajo apercibimiento de desalojarlos con el auxilio de la fuerza pública (cfr. fs. 85 vta./86 vta.), y que dicha decisión fue confirmada por el Juez de Recursos (cfr. foja 88).-
III. Por otra parte, tampoco resulta arbitrario -contrariamente a lo que sostiene el recurrente- lo afirmado por la Cámara en el sentido que los reclamantes se encuentran ocupando las viviendas a las cuales habrían accedido sin legitimación alguna (cfr. foja 43). Entiende el Sr. Defensor que la Cámara mediante esa afirmación pretende: “…equiparar derechos humanos básicos y de la más alta recepción en el plexo constitucional, como lo son el derecho al acceso a los servicios públicos primarios y por ende a la salud, a la seguridad, a la educación, con el derecho a la propiedad o a la disposición de viviendas por parte del Estado.” (cfr. foja cit.).-
Nótese, en tal sentido, que de modo previo a realizar esa afirmación la Cámara sostuvo que tenía a la vista el expediente penal originado como consecuencia de la ocupación ilegal de las viviendas (cfr. fs. 33 vta./34) y afirmó que de allí surgía que se había ordenado el desalojo de estas últimas, para finalizar sosteniendo que, en principio, las personas que constituían el grupo de afectados colectivos carecían de un derecho subjetivo para reclamar los servicios (cfr. foja 34). Pero de ello no se sigue que el Tribunal de la anterior instancia haya equiparado derechos humanos básicos con el derecho a la propiedad, o a la disposición de viviendas por parte del Estado, tal y como lo manifiesta el presentante a foja 43. Antes bien, la Cámara remarcó la necesidad que tenían los peticionantes de demostrar un derecho subjetivo al servicio público, cosa que, en virtud de la ocupación ilegal de las viviendas no podían acreditar. Cuestión a la que ya me referí en el considerando anterior.-
IV. Por último, en relación al agravio referido a que la Cámara al dictar su pronunciamiento se habría excedido de lo planteado en la apelación (cfr. foja 51), corresponde señalar que fue el propio Sr. Defensor quien en su escrito introductorio, afirmó que las ocupaciones de las viviendas eran consecuencia de la crisis habitacional que sufre la localidad de Caleta Olivia (cfr. foja 10 vta.). Y dicho planteo fue también esgrimido al momento de expresar agravios contra el proveído de Primera Instancia (cfr. foja 24). Por lo tanto también corresponde rechazar dicho agravio.-
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la Primera Cuestión, soy de opinión que el Tribunal debe rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/35.-
Es por todo lo expuesto que a esta Primera Cuestión, voto por la negativa.-
La Dra. Reneé Guadalupe Fernández y la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, a la primera cuestión, por compartir los fundamentos, se adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Peretti dijo:
Que en razón de mi voto positivo a la Primera Cuestión, propongo al Tribunal dicte sentencia haciendo lugar al recurso impetrado casándose la resolución de Cámara, declarando formalmente procedente la acción de amparo (arts. 2, 6, 7, sgtes. y cctes. Ley Nº 1117) y ordenando vuelvan las presentes actuaciones a Primera Instancia a los fines de su consecuente tramitación, debiendo resolver asimismo -en virtud de la admisibilidad de la acción principal- acerca de la medida cautelar oportunamente solicitada por la parte actora (cfr. foja 19 vta.), en cuanto peticiona se provea a los reclamantes el servicio de agua potable y el de electricidad (domiciliaria y alumbrado público).- En relación a la recusación del Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. Fernando Horacio Isla, formulada en el recurso de casación a fs. 51 vta./52, hágase saber a dicho Magistrado que deberá proceder conforme lo previsto en el artículo 26 del CPC y C y ss..-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani se adhiere, por los mismos fundamentos, al pronunciamiento propuesto por el Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Mercau dijo:
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la Primera Cuestión, propongo que el Tribunal rechace el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52 vta., y en consecuencia, se confirme la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/35. En relación a la recusación del Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. Fernando Horacio Isla, formulada en el recurso de casación a fs. 51 vta./52, hágase saber a dicho Magistrado que deberá proceder conforme lo previsto en el artículo 26 del CPC y C y ss..- La Dra. Reneé Guadalupe Fernández y la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por los mismos fundamentos, se adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de lo cual se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 05 de julio de 2018.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Angeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el voto en disidencia de los Sres. Vocales Dr. Enrique Osvaldo Peretti y Dr. Daniel Mauricio Mariani y oído que fueran el Sr. Agente Fiscal y el Sr. Defensor General, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería obrante a fs. 33/35.-
2. Hágase saber al Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. Fernando Horacio Isla, en relación a la recusación formulada a fs. 51 vta./52, que deberá proceder conforme lo previsto en el artículo 26 del CPC y C y ss.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vo-cal, Reneé Guadalupe Fernández –Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010S.181 Tomo: XIX Interlocutorio: 628.-
Folio N°: 3611/3620.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia