Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 37878
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar lo decidido por la Dra. Inés Haydeé Olmedo, Jueza del cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo de del Juzgado en lo Correccional N° 1 Departamental, en tanto en el marco de la causa N° 13.558 del registro del citado órgano jurisdiccional, suspendió el juicio a prueba en relación a la procesada Ana Victoria Gabrielli, ello por el término de tres (3) años y con reglas de conducta por idéntico plazo y en cuanto se pronuncia sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte del particular damnificado. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
CN° 37878 - "GABRIELLI, Ana Victoria s/defraudación" - IPP 08-00-006051-20
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 37878, y de cuyas constancias,
I. Que la Dra. Inés Haydeé Olmedo, Jueza del cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo de del Juzgado en lo Correccional N° 1 Departamental, en el marco de la causa N° 13.558 del registro del citado órgano jurisdiccional, suspendió el juicio a prueba en relación a la procesada Ana Victoria Gabrielli, a quien se le atribuye el delito de defraudación por administración fraudulenta (CP: 173 inc. 7°), ello por el término de tres (3) años y con reglas de conducta por idéntico plazo.
En concepto de reparación del daño causado la imputada ofreció abonar la suma de diez mil dolares estadounidenses, monto sobre cuya razonabilidad se expidió la sentenciante, aspecto que resulta central en el recurso que aquí se abordará.
La decisión fue apelada por el particular damnificado, representado procesalmente por las Dras. Patricia Perelló y Mariana Fardín, quienes reclaman su revocación.
La exposición de agravios se inicia con una referencia a las razones por las que la parte considera que la decisión resulta arbitraria. Afirma la recurrente que, en el caso, no se dan los requisitos de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, ello en la medida en que el Agente Fiscal no ha prestado su consentimiento, dictamen que considera vinculante en tanto a Gabrielli se le atribuye un delito (CP: 173 inc. 7°) para el cual se prevé una escala legal de pena (un mes a seis años) que admite tanto la imposición de una condena de ejecución condicional (CP: 26) como penas superiores a tres años de prisión.
A criterio de las representantes del particular damnificado "las razones de la oposición del Fiscal en este caso, no importan únicamente la disconformidad de la parte damnificada con el monto ofrecido en calidad de reparación del daño, sino justamente con los criterios y precedentes de política criminal que mantiene dicha Fiscalía".
Así, las Dras. Perelló y Fardín se explayan sobre algunas particularidades del hecho (extensión temporal de la conducta y aspectos materiales del daño), sobre la inconveniencia de otorgar la suspensión de juicio a prueba a Gabrielli y sobre distintos actos procesales que tuvieron lugar en la etapa de instrucción (como el rechazo de un pedido de levantamiento del secreto bancario), entre otras cosas, y con asiento en tales observaciones sostienen que "permiten objetivamente formarse una idea objetiva de la persona imputada y su falta de intención de solucionar el conflicto y buscar una alternativa al juicio oral que solo la beneficie personalmente" (SIC).
En la misma dirección y a modo de conjetura, aventuran la posibilidad de que, ante el eventual dictado de un pronunciamiento condenatorio, la pena que se imponga pudiese resultar de cumplimiento efectivo, lo que incidiría en la inviabilidad del instituto en análisis.
Afirman además que no correspondía que el representante del Ministerio Público, en la etapa de juicio, se expidiera sobre cuestiones de prueba que no habrían sido abordadas por el magistrado y que el plazo que contó para ofrecer prueba resultó exiguo para el Fiscal Pizzo.
Finalmente, sostienen las recurrentes que el a quo no realizó un adecuado control de legalidad, ello en la medida en que no explicitó las razones que llevaran a concluir sobre la razonabilidad de la oferta de reparación del daño.
II. Que la defensa realizó una presentación en esta Alzada en "garantía de la contradicción" según sus propias afirmaciones y el Fiscal General adjuntó otra para poner en conocimiento de esta Alzada que "la ausencia de recurso fiscal contra la decisión jurisdiccional que hace lugar a aquella salida procesal, no muta la referida oposición, no pudiendo equiparse a un implícito consentimiento", quizás a modo de respuesta de uno de los argumentos que contiene el escrito defensista.
Ambas presentaciones no resultan procedentes en el trámite del recurso previsto en esta instancia y, por tanto, sus consideraciones carecerán de incidencia en el abordaje de la cuestión a resolver.
I. Antes de ingresar al análisis directo de los agravios corresponde efectuar una breve reseña del trámite de la causa, ello en la medida en que hubo una incidencia similar que fuera resuelta por los suscriptos con fecha 30 de diciembre de 2024, en los siguientes términos: "revocar lo decidido por Juez subrogante del Juzgado en lo Correccional N° 1 Departamental, Dr. Jorge Rodríguez, en cuanto dispuso "no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba unilateral formulado por la defensa..." de Ana Victoria Gabrielli, procesada en causa N° 13558 del registro precitado órgano; ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte de la defensora particular Romina Merino".
En dicha resolución este Tribunal destacó que: "en el caso particular, el análisis del ofrecimiento de reparación del daño se centró en la expectativa económica del denunciante y no en la posibilidad real de la imputada, pese a que este último es, en definitiva, el aspecto decisivo para determinar la razonabilidad de aquél, pues deriva de su capacidad de ofrecer lo que le permite, justamente, "la medida de sus posibilidades" (tal el contenido de la formula gramatical a la que apeló el legislador en el art. 76 bis del CP)".
Por tal motivo, se dispuso que el Fiscal ampliara su dictamen "en la medida en que resulta menester evaluar la suficiencia de la información que surge de la presentación de la defensa, en la que da cuenta de los ingresos de la incusa o de la capacidad económica que la llevó a ofrecer determinada suma, de las actuaciones que puedan surgir de la IPP o las medidas producidas a título de instrucción suplementaria y de la prueba que se haya producido al respecto".
II. Que en la instancia se dio curso nuevamente al pedido y en el responde que contiene su dictamen el Fiscal Pizzo expuso que "no surgen otros datos objetivos y den cuenta de los ingresos de la incusa o de su capacidad económica actual, distintos a los mencionados en estas actuaciones (Informe socio ambiental, acta de declaración del art. 308 CPPBA, elementos producidos, y REJ a Juicio)"; a lo que añadió que la etapa de ofrecimiento de prueba había sido superada, que se había resuelto sobre aquella que se iba a producir en el curso de la audiencia de debate y, por lo tanto, "no resulta posible ampliar el dictamen oportunamente presentado en fecha 24/09/2024, debiendo remitirme al mismo".
A modo de aclaración agregó que consideraba "pertinente dejar debidamente aclarado que la postura adoptada por el Ministerio Publico en esa ocasión, no se apoyó -como erróneamente se ha afirmado en este proceso- en los fundamentos vertidos por el particular damnificado, sino que el criterio sostenido de manera reiterada en precedentes por esta Fiscalía, algunos citados específicamente en el mismo decreto de contestación de la vista"; ello sin referencia alguna a sus propios precedentes y menos a sus fundamentos, pero con el añadido de un antecedente en el que el Fiscal General dictaminó en un proceso que tramitó en el Juzgado Correccional N° 1 que "si bien la oferta de reparación debe ser acorde a las posibilidades de los imputados, también debe corresponderse con una suficiente proporcionalidad al perjuicio sufrido por las víctimas", lo que habría sido recogido por los Jueces de la Sala I Departamental.
Con lo dicho hasta aquí e incluso con aquello que no se transcribe pero que concurre en esa misma dirección, queda en claro cuál es el sentido del dictamen fiscal y los fundamentos en los que se basó. Frente a ello, el esfuerzo interpretativo del particular damnificado no autoriza a extenderlo hacia otras líneas argumentativas que el propio Fiscal no sostuvo.
Así, es dable señalar que el dictamen del MPF de improcedibilidad para la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba resultaría vinculante para el órgano jurisdiccional (plenario del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa N° 52.274 caratulada “B., L. E. y O., A. R. s/ Recurso de Queja” y su acumulada causa N° 52.462 caratulada “C., L. y B., A. M. s/ Recurso de Queja") en caso que de manera motivada expresara las razones que justificaran la necesidad de mantener el ejercicio de la acción penal con miras a obtener una pretensión punitiva, en atención a razones de política de persecución criminal -originadas en resoluciones de la Procuración General, instrucciones generales del Fiscal General o precedentes de una Unidad Fiscal temática- por las cuales entendiera que por las circunstancias particulares del o los sucesos penales (modo comisivo, cualidad del sujeto activo, número de damnificados, extensión de perjuicio ocasionado, reiteración de hechos, etc.), no se justificara la inclusión del caso en un modo de solución alternativa y optara por continuar el trámite común hacia el dictado de una sentencia (conf. exposición de motivos Ley 24.316).
Como se advierte en los presentes autos el dictamen negativo del MPF, no se fundó en el interés social que representa, dando por sentado que el caso admitía la suspensión a prueba, circunscribiendo su objeción a la razonabilidad del ofrecimiento de reparación económica.
III. Que así las cosas, la decisión de la Dra. Olmedo, ejerciendo el control de legalidad del dictamen fiscal atendiendo a los fundamentos expresados por el Dr. Pizzo, constituye el camino adecuado para resolver la incidencia y se comparte en un todo.
En primer lugar, como sostiene el a quo, el Fiscal volvió a valorar la razonabilidad de la oferta de reparación del daño atendiendo exclusivamente a la magnitud del perjuicio que habría provocado el delito.
Por supuesto que la entidad del perjuicio es la primera pauta de ponderación para valorar la razonabilidad de un ofrecimiento de reparación, máxime cuando el daño irrogado resulta ser susceptible de apreciación económica. Pero queda claro que cuando el art. 76 bis del Código Penal le impone al imputado -como condición de admisibilidad del instituto- la obligación de "ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible" no tiene en miras un fin puramente resarcitorio, por lo que no debe ser apreciada de acuerdo a un "estricto criterio civilista de reparación integral de los daños causados" (conf. De Olazábal, Julio: "Suspensión del Proceso a Prueba. Análisis de la ley 24.316"), sino que "procura brindar una respuesta a la víctima a través de alguna forma de desagravio frente al daño que pueda habérsele causado, como un intento de internalizar en el imputado la existencia de un posible afectado por el hecho que se le atribuye" (cf. Vitale, G.: "Suspensión del Proceso a Prueba", Ed. del Puerto, Bs.As., 2004, p. 166/69).
En el presente caso, como bien señala la Jueza de grado, no han sido refutados por la Fiscalía los datos oportunamente ofrecidos por la defensa para apuntalar la razonabilidad de su oferta, en la medida de las posibilidades económicas aducidas respecto de su asistida (pericia social actualizada con la información aportada en su última presentación), por lo correctamente concluyó la Dra. Olmedo que "a la luz de la información allegada al expediente por la defensa actualizada con la información aportada en la última presentación del día 18/03/2025, única existente, dado que el acusador público no aportó, con motivo de la nueva vista, elemento de valor actualizados, ni profundizó sobre los existentes con medidas probatorias pertinentes como fue sugerido por la Alzada, que la oferta de reparación de diez (U$S10) mil dólares estadounidenses, en único pago, realizada por la imputada resulta razonable y no puede constituir óbice para la procedencia del instituto, quedando expedita, en su caso, la acción civil tendiente a una reparación integral del daño".
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar lo decidido por la Dra. Inés Haydeé Olmedo, Jueza del cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo de del Juzgado en lo Correccional N° 1 Departamental, en tanto en el marco de la causa N° 13.558 del registro del citado órgano jurisdiccional, suspendió el juicio a prueba en relación a la procesada Ana Victoria Gabrielli, ello por el término de tres (3) años y con reglas de conducta por idéntico plazo y en cuanto se pronuncia sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte del particular damnificado. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2025 11:55:59 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 12:34:35 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 13:13:00 - DE LEON PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/06/2025 08:06:23 hs. bajo el número RR-284-2025 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia