Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, por los motivos aquí expuestos la resolución dictada por el Juez de Garantías, Juan F. Tapia, que declara a primera vista la prescripción de la acción penal emergente del delito de defraudación por administración infiel, que le fuera imputada a María Rossana Politis. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el apoderado del particular damnificado, Sergio A. Palomo (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP, 67 y 173; CPP, 21, 106, 210, 323, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Sala III
c. 34648 "POLITIS MARIA ROSSANA S/DEFRAUDACION". IPP 08-00-14493-14.
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 34648 caratulados "POLITIS MARIA ROSSANA S/DEFRAUDACION", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces: Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (CPP, 440).
1. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del particular damnificado, Sergio A. Palomo, contra la resolución dictada por el Juez de Garantías, Juan F. Tapia, que declara a primera vista la prescripción de la acción penal emergente del delito de defraudación por administración infiel, que le fuera imputada a María Rossana Politis.
Cuestiona que el Juez realiza una serie de disquisiciones valorativas como cuestiones previas que resultan confusas, contradictorias y poco convincentes, pues sustancia la nulidad planteada, refiriendo que el presentante tiene razón en lo atinente a la incapacidad procesal del Fiscal para resolver de manera definitiva la encuesta pero luego explica que el particular damnificado debió recurrir previamente ante el Fiscal General la desestimación dispuesta.
Advierte que el único que puede cerrar el proceso de manera definitiva es el Juez de la causa y, de haber transitado el camino sugerido por mismo, se estarían aceptando los vicios atacados.
Critica que tampoco son convincentes las valoraciones del Juez en relación a la dimensión temporal. El Magistrado refiere que se demoraron seis meses para efectuar el planteo de nulidad, pero no repara en la demora del Fiscal, siendo que la denuncia fue interpuesta en el año 2014 y la pericia contable se llevó a cabo en febrero del año 2020.
Alega que la resolución omite establecer el momento consumativo del delito, cuestión previa para ejercer un control sobre la expiración del plazo, así como el criterio utilizado, lo que constituye un vicio que amerita el dictado de nulidad.
Señala que tanto de la denuncia como del escrito que la amplía, se podrá establecer las fechas de concretos actos de fraude, pero en realidad no debemos detenernos en ellas, cuando es toda la gestión la sostenida como fraudulenta. Consecuentamente, entiende que debe ceñirse al cese en el mandato como acto constitutivo, lo que ocurrió el 15/1/2016, y por ello el delito no estaría prescripto.
2. Conferida la vista al Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General, Fabian U. Fernández Garello, entiende que el planteo carece de sustento fáctico y jurídico, debiendo ser desestimado.
Recuerda con cita jurisprudencial que el ejercicio de la acción es potestad del Fiscal, y que las decisiones de archivo y desestimación solamente están sometidas a la revisión de sus superiores en el orden jerárquico, por lo cual, fuera de un control de legalidad del órgano jurisdiccional, el particular damnificado no ha canalizado su pretensión de revisión del decisorio conforme las formalidades procesales pertinentes, no siendo impugnable por vía de la nulidad.
Con respecto al planteo nulificante, no advierte vicios que sustenten el pedido. Destaca que la conducta desplegada por la Dra. Politis, en su carácter de asesora legal del consorcio no encuadraría dentro de la figura legal por cuanto la única persona que en el estudio podría haber cometido el ilícito penal en calidad de autos es el Administrador designado el Dr. Pablo Politis, fallecido el 28/8/2018, por lo cual el plazo de prescripción a su respecto empieza a correr desde la medianoche del día en que se habría cometido el delito.
Sostiene que el hecho delictivo denunciado se habría cometido con anterioridad a la fecha de la denuncia realizada en junio del 2014, por lo cual a tenor del art. 62 y 63 del CP, ha transcurrido el plazo máximo de la pena contemplada para el delito imputado de defraudación por administración infiel sin que exista acto interruptivo del curso de prescripción.
Hace mención a los principios rectores en materia de nulidades y solicita se rechace el planteo.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Luego de un estudio de las constancias de la causa, entiendo que la resolución debe ser confirmada, aunque con otros fundamentos.
1.1. En primer término debo señalar que no coincido con la postura del Ministerio Público. Si bien el delito cuya comisión se denunció es de aquellos delitos especiales, ello no impide la participación criminal del que no reviste la calidad exigida para su autoría, por lo que la muerte de Pablo Politis no sellaba la suerte de la investigación en relación a María Rossana Politis como se afirmó.
El delito especial es aquel que requiere determinadas cualidades o estatus jurídico en el sujeto activo, es decir, en el autor responsable principal que los realiza. Éstos se dividen en propios, que son aquellos que no tienen correspondencia con uno común y en lo que, por tanto, la no presencia del sujeto cualificado (intraneus) determina su inexistencia, e impropios, en los que la ausencia de la cualidad exigida en el tipo delictivo para ser su autor en sentido estricto determina la existencia de otro delito común, o que el no cualificado (extraneus) todo lo más puede ser partícipe -en cualquiera de sus formas- del delito cometido por el sujeto cualificado (Muñoz Conde, Francisco. García Arán, Mercedes. Derecho penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 515 y ss.)
Además, reconocida doctrina ha ido ensayando diferentes soluciones incluso para tratar estos supuestos con el alcance de la coautoría, considerándolos co realizadores del suceso, mediante la aplicación de distintas teorías como la autoría mediata sobre la base de un dominio social del hecho por el intraneus (Welzel, H.; Das Deutsche Strafrect, 11 ed., 1969, p. 104, ciatado por Ferré Olivé, Juan C. en Autoría y delitos especiales. Libro homenaje al Dr. Marino Berbero Santos, Salamanca-Cuencia, 2001), o dominio normativo psicológico del hecho (Jescheck, Hans. Tratado. 4 ed., trrad. de José Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 927), o como infracción de un deber extrapenal por el intraneus y dominio del hecho por el extraneus (Roxin, Claus, Autoría y dominio del hecho, pp., 282, 383 y 700).
2. Estas actuaciones se originaron por denuncia penal de fecha 11 de junio de 2014. Dicha notitia criminis hace referencia a la posible comisión del delito de defraudación por administración infiel (art. 173 inc. 7° del CP).
De la lectura de la ralentizada encuesta, las interpretaciones del o de los hechos punibles son diversas. Podría tratarse de un hecho concreto y determinado, o de varios hechos independientes que concurrieron materialmente. Por último, también podría interpretar el MPF al suceso como constitutivo de un delito continuado, cuya ejecución se habría extendido hasta la finalización del mandato de Politis como administrador del consorcio con fecha 15 de enero de 2016. Claro está que de acuerdo a cada supuesto el término de vigencia de la acción penal comienza a correr desde distintos momentos, y en caso del último supuesto no habría aún vencido el plazo respectivo.
A la fecha si bien no se ha fijado o determinado un objeto procesal (y por ende tampoco surge acto interruptivo del curso prescriptivo de la o las acciones penales que podrían emerger), no puede afirmarse que las acciones penales se encontrarían extinguidas por el transcurso del tiempo.
3. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede perderse de vista que la investigación se inició en el mes de junio del año 2014, sin que haya existido en el plazo de siete años y medio un impulso constante de la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, y tampoco por el Particular Damnificado coadyuvando a aquél.
Nótese que en febrero de 2015 se dispuso un allanamiento a fin de proceder al secuestro de la documental atinente a la administración del Consorcio de Copropietarios, tras lo cual con fecha 11 de mayo de 2015 se libraron oficios solicitando información y en el mismo año se produjo una declaración testimonial. Con posterioridad a ello, no se observa actividad útil hasta la realización del informe pericial en el mes de febrero de 2020, disponiendo el Fiscal desestimar la denuncia el 9 de febrero de 2021, es decir, un año después.
4.1. A la luz de lo expuesto, resulta irrazonable seguir sosteniendo la investigación.
Al respecto, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que "El instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7 y sus citas; e.o.), y el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1, CADH y 14.3, PIDCP)".
También ha expresado que: "Ante la ausencia de una regulación expresa de la duración máxima del proceso penal, el instituto de la prescripción ha sido utilizado en ocasiones, para hacer efectivo el derecho a un proceso penal rápido. De tal forma, en ciertos casos, ha resultado ser el remedio para hacer efectivo el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable -arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 y 33 de la Constitución Nacional. Si bien sólo en ciertos casos el plazo de prescripción coincide con el plazo razonable de duración del proceso -pues en muchos casos, este último es menor- puede afirmarse, de todos modos, que el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable debe provocar una considerable abreviación de los plazos de prescripción para quien es formalmente perseguido en un procedimiento judicial..." (P. 114572, sent. del 15/06/2013). Continuó la Dra. Kogan en su voto haciendo referencia a la criticada "teoría de la ponderación", solución seguida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de nuestra Corte Suprema. Finalmente, citando el voto del Juez Soria en P. 76.537, señaló que: "Según esta postura, no es dable fijar el plazo razonable en abstracto ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años, sino que los jueces deben evaluar, caso a caso, si la prolongación de un proceso ha sido o no razonable, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios a ponderar".
Concretamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, dispone en su art. 7°.5 –vinculado a la libertad personal- que “…Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…”; en tanto que en el art. 8.1 –relacionado con las garantías judiciales- se establece que: "…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otra índole…".
Por su parte, el artículo 14.3.c. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “…Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”.
En el caso, la falta de razonabilidad esta dada en virtud del tiempo transcurrido y la inactividad pesquisitiva del Ministerio Público Fiscal.
Y, aún cuando se estuviera al plazo señalado por el Particular Damnificado para contar a partir de allí el tiempo de prescripción, que es el cese del mandato del difunto imputado, sin que exista acto interruptivo alguno, se advierte que la misma ocurriría en dos meses, no surgiendo motivos que impliquen suponer que en ese lapso se pueda producir un avance relevante y que se produzca una interrupción del curso de la prescripción, para alongar aún más la investigación.
En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo la confirmación del decisorio recurrido por los fundamentos expuestos.
5. Finalmente debo advertir que atento el carácter de formalmente imputados en estas actuaciones tanto de Pablo Politis como de María Rossana Politis -pues han sido notificados del art. 60 del CPP-, corresponde que el Juez también resuelva en relación al primero, conforme los arts. 323 inc. 1 del CPP y 59 inc. 1 del CP.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR, por los motivos aquí expuestos la resolución dictada por el Juez de Garantías, Juan F. Tapia, que declara a primera vista la prescripción de la acción penal emergente del delito de defraudación por administración infiel, que le fuera imputada a María Rossana Politis. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el apoderado del particular damnificado, Sergio A. Palomo (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP, 67 y 173; CPP, 21, 106, 210, 323, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:18:38 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:18:50 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:19:00 - LAYA Facundo - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/11/2021 11:19:16 hs. bajo el número RS-13-2021 por LAYA FACUNDO.
Fin de la sentencia