Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0704 15899 20
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto (arts. 422, 434 y 439, CPP);
II. Revocar la decisión de fs. 379/382, por los motivos indicados, encomendando al "a quo" proceder conforme lo indicado en el ante penúltimo párrafo de los considerandos (arts. 323 "a contrario sensu" y 447, CPP);
III. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
CN °: 0704-15899-20. -
///mas de Zamora, fecha de firma digital.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el particular damnificado junto a su letrado técnico, contra el auto dictado a fs. 379/382 por el Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y;
El señor juez doctor Rojas dijo:
El sobreseimiento dictado en esta causa a Ana María Palermo por el delito de defraudación por retención indebida (arts. 45 y 173 inciso segundo, Cód. Penal), abre la competencia revisora de este Tribunal.
Señala el recurrente que su asistido actúa en este proceso como representante de una sociedad comercial, sin perjuicio de ser hijo de la denunciada, situación que a su juicio lo legitíma para recurrir. Luego expone que puede tenerse por típica la conducta atribuida dado que se halló en la finca donde reside la imputada - Lagos n° 947 de Lanús- “una pila de radiadores viejos … [y otra] de caños de plomo compactado” -sic- que podrían tener relación con el material ferroso que presuntamente se retuvo ilegítimamente -unas treinta toneladas-, máxime que tres testigos -Rodolfo Milito, Juan Godoy y Marcela Martínez- afirmaron que allí se acopiaban elementos de características similares que pertenecían a la sociedad que integra el damnificado, dato que a su vez abonan Milito y Godoy ya que tomaron intervención en su traslado y se enmascara con las facturas que demostrarían la compra de material de "chatarra" -tal lo señalado en las mismas-. Con tal base probatoria, según entiende, se desacredita la posición exculpante de la imputada de que ello era propiedad de su fallecido cónyuge, más allá de la falta de negocio formal, máxime que nada de ello se dijo en el juicio sucesorio de aquel.
Agrega que se denunció a Lorena Fusaro y Luis Tejeda como autores del hurto de los metales depositados en el domicilio en litis, conducta que según entiende se realizó en complicidad con la aquí prevenida. Por último, pone de relieve que no se efectivizó la entrega del material hallado más allá que la imputada expresó deseos para que así suceda, señalando que previamente se había mostrado en desacuerdo, solicitando que se haga constar "calidad, kilos, cantidad, valor, estado" al tener vinculación con el cuerpo del delito. Hace reserva del caso de federal (fs. 386/393 y vta.).
En la resolución en crisis se indicó que "en el domicilio de la aquí imputada no fue habido ni el material ferroso indicado por el denunciante -cuya preexistencia aún no ha sido acreditada en autos, mucho menos que resulten ser aquellos denunciados por Fusaro- ni la cantidad alegada, a saber 30.000 kilos de metales como ser cobre, bronce, etc.; sino simplemente una pila de caños de plomo compactado, una pila de radiadores viejos, una bicicleta, maderas e instalaciones correspondientes a una parrilla, por lo que el delito enrostrado a la madre de los denunciantes resulta ser atípico, ello así por cuanto su conducta no encuadra dentro del tipo penal bajo análisis, dado que el delito de defraudación por retención indebida exige dolo directo, que se traduce en el conocimiento de que la cosa es ajena y se ha recibido con la obligación de restituirla, sabiendo que se perjudica el patrimonio ajeno", sin que tampoco se haya acreditado un negocio jurídico entre las partes.
Añadió el "a quo" que el dolo requerido "se llena con la conciencia de que existe la obligación de devolver y la voluntad de no hacerlo o no hacerlo a su debido tiempo. La intimación es un requisito necesario para tipificar la figura cuando la restitución no se realiza a su debido tiempo". Expuso lo dicho por esta Sede anteriormente, donde señalamos que el allanamiento solicitado resultaba prematuro en mérito a las probanzas hasta allí recolectadas, para concluir, de conformidad a lo postulado en tal sentido por el señor agente fiscal, que correspondía dictar el sobreseimiento de la nocente en los términos del art. 323 inciso segundo del rito (fs. 379/382).
Ahora bien, leída que fuera la causa, corresponde señalar en primer lugar la existencia de un conflicto que excedería la intervención penal, en vista a las múltiples denuncias vertidas entre los involucrados tanto ante este fuero como el de familia; empero a ello, adelantaré que de lo recolectado no es posible arribar al grado de certeza negativo necesario para deslindar de responsabilidad a la imputada (arts. 323 "a contrario sensu" y 210, CPP).
Veamos. El señor agente fiscal en su requerimiento que obra a fs. 354/365 repasó lo acontecido procesalmente tanto en esta causa como en los expedientes que se encuentran en trámite, donde en lo que aquí interesa destacar, Gastón Francisco Fusaro -a la postre socio gerente de la persona jurídica que aparece como particular damnificada en esta causa- se presentó ante el juzgado civil donde tramita la sucesión de su padre y señaló, según reseñó el persecutor, que "los metales (chatarra) que se encuentran depositados por la empresa GOSDIE S.R.L. en el inmueble de la calle Fray Julián Lagos n° 947 de Lanús ... no fueron declarados por las coherederas ni ningún otro coheredero en el acervo sucesorio, ni tampoco fueron declarados al momento de contestar la demanda de partición de herencia porque los mismos son propiedad de la empresa que tiene junto a su hermano".
Sobre el punto, vale señalar que este Tribunal al momento de confirmar el rechazo del pedido de allanamiento del domicilio en litis, consideró que la inspección ocular efectuada -y en la que se detallaron los elementos señalados- resultaba suficiente como elemento probatorio sin lograr ser controvertido por el recurso del particular damnificado para correr el velo de inviolabilidad del que goza un domicilio, surgiendo dicho agravio, a esas luces, prematuro. Nada hemos valorado acerca de la propiedad del material ferroso que se encontró, sino que sólo hemos transcripto lo que el "a quo" expresó al respecto, máxime que pese a lo germinal de la pesquisa advertíamos que había nueva prueba en torno a la hipótesis que sostenía el recurrente que podría ser examinada a fin de no malograr la investigación.
Dicho aquello, la imputada se expresó al momento de la inspección que "si el problema se trata de los elementos que se encuentran en el quincho y fueron fotografiados, no tiene reparo en hacer entrega de [los] mismo[s]" (fs. 146 y vta.), pese a que en su declaración informativa señaló que "en la actualidad no hay nada", en referencia al almacenaje de materiales en su propiedad y que era "mentira que su hijo haya puesto a resguardo mercadería allí" -sic- (fs. 144/145). Repárese que su hija -Karina Fusaro- si bien soslayó el depósito de materiales en cabeza del denunciante, señaló que lo encontrado "siempre lo tomó como la basura y las cosas acumuladas por su padre, y que tal como dijo su madre en la ocasión no existe impedimento alguno para que [su hermano] los retire si así lo considera". A ello se añade lo declarado por las distintas personas que informaron que allí se trasladó material que pertenecería al particular damnificado, es decir Milito (fs. 65 y vta.), Godoy (fs. 66 y vta.) y Martínez (fs. 67 y vta.) como así también lo recreado por el restante socio -Diego Fusaro- (fs. 94/95) y a los fotogramas en los que se vislumbra a distintas personas manipulando bolsas cuyo contenido no se aprecia pero que tampoco permiten descreer que en dicho sitio se acopió lo que se reclama.
Prestigiosa doctrina nos ilustra sobre el delito en cuestión, al indicarse que "el autor 'ha recibido la cosa por un título del que se desprende siempre el reconocimiento del dominio de otro'.... por [lo] cual una de las partes recibe una cosa, que no debe ser fungible, y se obliga a devolver esa misma cosa, es decir, tiene el deber de devolver la misma cosa, en el mismo estado (art. 746, CCyC)" (Donna, Edgardo Alberto; "Derecho Penal Parte Especial T° II-B"; Ed. Rubinzal Culzoni; 2016; p. 424), de modo que con este cúmulo probatorio no puedo aventurar que la conducta deviene atípica, pues no es posible desalentar la existencia de un negocio jurídico -aunque sea informal- entre las partes de consuno, valorando en tal sentido la carta documento con la que se intimó -previo a la formación de esta causa- a la imputada para que haga entrega de los elementos, atento además que para el momento de los hechos el denunciante no residía en la propiedad, infiriéndose como probable el conocimiento de la acusada para permitir el franqueo y la supuesta guarda de materiales ferrosos.
Respecto de estos últimos, corresponde señalar que tampoco se avanzó acerca de la calidad como cantidad de lo que se sindicó como "una pila de radiadores y otra de plomo compactado", siendo eso motivo de agravio por quien me convoca a expedirme, dado que podría tener relación con el objeto procesal de la pesquisa y la acreditación del consiguiente perjuicio patrimonial que delimita la defraudación, máxime que la falta de efectivización en su entrega -pese a los augurios en sentido contrario- no permite presumir la ausencia de una retención injustificada (en tal sentido, SCBA in re P. 60.745, sent. 31-5-2000).
Así, el examen de la prueba rendida no me permite alcanzar el grado cognitivo requerido para desvincular a Palermo de esta causa, "es decir, que concurra una certeza absoluta sobre la existencia de la taxativa causal que no sólo conduce al sobreseimiento del encartado, sino también que impide que el Ministerio Público pueda incorporar prueba que la revierta" (Schiavo, Nicolás; "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Análisis doctrinal y jurisprudencial"; T° 2; Ed. Hammurabi; 2020; p.195).
Repárese que la SCBA tiene dicho que "no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio 'favor rei', si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva (doct. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019: e.o)" -P. 134.197, sent. de 21-2-2022-, de modo que la continuación del proceso podría traer luz sobre el tema.
Es por lo antes dicho, que postulo revocar el sobreseimiento dispuesto (arts. 323 "a contrario sensu" y 447, CPP).
El señor juez doctor Little adhirió al voto que antecede, por ser ello su razonada y sincera convicción (art. 210, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora, RESUELVE:
I-HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto (arts. 422, 434 y 439, CPP);
II-REVOCAR la decisión de fs. 379/382, por los motivos indicados, encomendando al "a quo" proceder conforme lo indicado en el ante penúltimo párrafo de los considerandos (arts. 323 "a contrario sensu" y 447, CPP);
III-TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
Fin de la sentencia