Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI.) Confirmar la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 2024 por el Sr. Juez Pedro F. Hooft, en su carácter de titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4 de este Departamento Judicial, en cuanto condenó a Adriana Elizabeth Carrera y a Juan Martín De Santolo a cumplir la pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional, con mas las costas del proceso, y como regla de conducta por el mismo plazo, el de fijar domicilio y someterse al controlador del Patronato de Liberados, ello por resultar co-autores penalmente responsables del delito de Estafa perpetrado entre los días 16 y 20 de febrero del año 2021 en perjuicio de Daniel Carlos Larghi. II) Confirmar parcialmente para asegurar el pago de las costas, las medidas cautelares de embargo trabada sobre las yeguas de polo Jake Niñera -microchip 032050000742488- y Firpa -microchip 985113000814046-, propiedad de la encausada Adriana Elizabeth Carrera, por la suma de cuarenta mil dolares estadounidenses (U$D 40.000) y de inhibición general de bienes sobre ambos encausados. III) Confirmar el resolutorio en cuanto no hace lugar a la medida cautelar con fines de aseguramiento de fines indemnizatorios a la solicitud de bloquear la emisión de Documentos de Transito Electrónico de autogestión ganadera del servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (DTE/Senasa) en relación a ambos encausados. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el particular damnificado y la defensa particular (CN, 18 y 75 inc. 22; …
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
36427 "CARRERA ADRIANA ELIZABETH, DE SANTOLO JUAN MARTIN S/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA (HECHO I) Y ESTAFA (HECHO II) S/ APELACION".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 36427 caratulados "CARRERA ADRIANA ELIZABETH, DE SANTOLO JUAN MARTIN S/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA (HECHO I) Y ESTAFA (HECHO II) S/ APELACION", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martin Poggetto y Alfredo José Deleonardis (art.440 CPPBA).
Con fecha 3 de junio del año 2024 el Sr. Juez Pedro F. Hooft, en su carácter de titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4 de este Departamento Judicial, procedió mediante trámite de juicio abreviado pactado y ratificado por las partes, a dictar sentencia, condenando a Adriana Elizabeth Carrera y a Juan Martín De Santolo a cumplir la pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional, con mas las costas del proceso, y como regla de conducta por el mismo plazo, el de fijar domicilio y someterse al controlador del Patronato de Liberados, ello por resultar co-autores penalmente responsables del delito de Estafa, perpetrado entre los días 16 y 20 de febrero del año 2021 en perjuicio de Daniel Carlos Larghi.
En la misma fecha, por resolutorio independiente pero integrativo de aquella, el Sr. Juez Pedro F. Hooft, dispuso en primer término, mantener vigente la medida cautelar de embargo trabada sobre las yeguas de polo "Jake Niñera" -microchip 032050000742488- y "Firpa" -microchip 985113000814046-, propiedad de la encausada Adriana Elizabeth Carrera, por la suma de cuarenta mil dolares estadounidenses (U$D 40.000); en segundo término, no hacer lugar a la solicitud de bloquear la emisión de Documentos de Transito Electrónico de autogestión ganadera del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (DTE/Senasa) por parte de Carrera y de De Santolo; y por último decretar la inhibición general de bienes de ambos imputados.
En primer lugar, contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el Defensor particular de los encausados, Dr. Juan Francisco Caraccio. En este sentido, argumentó que no se han acreditado los elementos del tipo penal de estafa con el grado de certeza requerido para una condena. Expresó que el hecho se refiere a la retención de ganado, que sus defendidos lo habrían logrado simulando interés en un contrato de capitalización. Sin embargo, el letrado sostiene que no hubo engaño o ardid, y que el supuesto acuerdo fue una negociación mal ejecutada por la presunta víctima. Indicó que las pruebas presentadas por la fiscalía son insuficientes para demostrar una conducta intencional engañosa por parte de los acusados. Por todo ello, solicitó se revoque la sentencia dictada y se absuelva a sus defendidos y formuló reserva del caso federal (art 14 Ley 48)
En segundo lugar, interpuso recurso de apelación contra la sentencia el particular damnificado Sr. Daniel Carlos Larghi con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo E. Velasco. En su escrito recursivo sostuvo como agravio que en el fallo no se valoró la magnitud del daño sufrido por su cliente como tampoco que no se ofreció una reparación adecuada del mismo, que no se ponderó la relación previa de los imputados con la víctima, y por último que no se meritaron las causas penales previas y el historial de cheques rechazados de la imputada Carrera, lo que, según el agraviado, representa una omisión grave que podría indicar un patrón delictivo ignorado, comprometiendo la justicia y la seguridad de la sociedad. Finalmente, solicitó la revocación de la sentencia, el rechazo del acuerdo de juicio abreviado, y formuló reserva del caso federal.
La misma parte, en pieza recursiva independiente apeló el auto de rechazo de la medida cautelar solicitada en la instancia señalando que el embargo decretado sobre dos equinos no es suficiente para cubrir el daño causado por la sustracción de más de 100 cabezas de ganado, lo que perjudica gravemente los intereses de la víctima, pues a la fecha aún no han sido hallados. En segundo término apeló la resoluición en cuanto no se hizo lugar a la medida ampliatoria de bloqueo de DTE (documento de tránsito electrónico) en la futura actividad comercial de los imputados, no valorando el historial defraudatorio de la imputada Carrera, lo cual debería haber influido en la decisión de aplicar medidas cautelares más estrictas. Por lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia y se ordene el bloqueo de la emisión de DTE para proteger los derechos de la víctima y asegurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
I. Como surgen de los antecedentes el Sr. Juez Pedro F. Hooft a cargo del Juzgado en lo Correccional Nro. 4 Deptal, dictó sentencia en esta causa, luego que las partes presentaran un acuerdo de juicio abreviado. Había sido expresado por las mismas en la audiencia dispuesta ante la solicitud de abreviación, que la calificación legal atribuida al hecho imputado era la de Defraudación por retención indebida (CP, 173, 2) o subsidiariamente Estafa (CP, 172), y que en caso de resultar condenados los encausados, prestaban conformidad con la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, con costas, y como reglas de conducta por el mismo período, fijar domicilio y someterse al contralor del Patronato de Liberados para cada cada uno de ellos (CP, 26 y 27 bis).
El magistrado aceptó el procedimiento peticionado y dictó sentencia condenatoria para ambos encausados respetando los parámetros limitadores en cuanto a la calificación legal acordada como al tope de pena de prisión, su modalidad de ejecución, las costas del proceso y en cuanto al plazo y reglas de conducta acordados (CPP, 396, 398, 399, 400).
II. En primer término daré respuesta al recurso interpuesto por el abogado Juan Francisco Caraccio, defensor particular de Adriana Carrera y de Juan Martín De Santolo.
Inicio este acápite expresando que la doctrina emanada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la sentencia recaída in re "Herrera Ulloa v. Costa Rica" del 2 de julio de 2004 receptada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "C., M.E. y otro", sentencia del 20 de septiembre de 2005, inhibe limitar "ab initio" el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado en los arts. 395 y sgtes. de la ley de forma. Por ello considero que resulta recurrible la sentencia dictada en el marco del procedimiento, dado que las partes deben tener una herramienta práctica para que la instancia tuteladora del imperio de la ley se halle en condiciones de verificar la conformidad de lo actuado con los dispositivos que rigen esta clase de juicios.
Sin embargo el procedimiento especial abreviado repercute en la facultad impugnativa de las partes, cercenando los motivos de agravios en que puede fundarse un recurso de apelación o casación.
En el caso en tratamiento el recurso de apelación asienta su agravio, concretamente, en la adecuación típica asignada al suceso fáctico acusado, descartando que en el caso se encuentren reunidos los aspectos objetivos y subjetivos del delito de Estafa, pero no realiza una crítica al proceso de razonamiento del magistrado en relación a la motivación del decisorio sino que planteó una mera discrepancia con la conclusión a la que arribó el Sr. Juez a quo.
No huelga mencionar que la parte quejosa suscribió un acuerdo de procedimiento abreviado prestando conformidad en que el hecho materia de juzgamiento imputado a sus defendidos se calificara como indicó el MPF, en su acepción principal, esto es Defraudación por retención indebida, o subsidiariamente como Estafa. El juez dictó sentencia y lo calificó como Estafa (CP, 172).
Como ya me he expresado en numerosos precedentes (desde causa n° 24.492, "Martínez, Luis Alberto (menor). Robo calificado y uso de arma", sentencia del 31/03/14, reg. S-16 bis Sala 3, en adelante), la adopción del excepcional trámite de procedimiento abreviado, impide luego, la invocación de un ilimitado abanico de agravios como fundamento impugnativo. En el caso se da un supuesto de inadmisibilidad de tratamiento de revisión.
En efecto, al recurso de apelación ataca particularmente la adecuación típica del suceso imputado, cuando efectivamente la defensa prestó conformidad con la calificación legal atribuida al objeto procesal sometido a la jurisdicción.
Deviene necesario indicar, como lo he ya plasmado en trámites similares al presente que el remedio procesal que ataca un fallo que recepta lo acordado por las partes, además de resultar contrario a la doctrina de los propios actos, emerge como incoherente dese la perspectiva de la selección del procedimiento procesal acordado (causa 36.131 "Varela, Agustín. Tenencia simple de estupefacientes", 8/11/23, reg. S-57).
Es que si la Defensa pretendía hacer hincapié en el alcance y sentido convictivo de los actos y diligencias cumplimentadas en las actuaciones para discutir la acreditación de la materialidad delictiva, debió mediante debate oral, producir la prueba que ofreciera a ese fin, argumentar y alegar en tal sentido, invitando al Magistrado a compartir su posición, pero claro, para ello, el procedimiento seleccionado impidió el objetivo que ahora por recurso intenta suplir indebidamente (c. 23.995 "Acuña, Diego Hernán. Robo agravado, etc." 20/12/2013, reg. S-86).
Así, voto por el rechazo del recurso interpuesto.
III. Trataré ahora el recurso del particular damnificada contra la misma sentencia.
El recurrente planteó como agravio que en la sentencia no se advierte plasmado, entiendo en la pena impuesta, circunstancias tales como la extensión del perjuicio, la falta de reparación económica, y la conducta de la encausada que la lleva a tener procesos judiciales en trámite. Tales argumentos lo llevaron a oponerse al acuerdo de juicio abreviado y ahora a interponer recurso de apelación.
Es dable señalar que la víctima/particular damnificado debe ser notificada de la solicitud de juicio abreviado, más no resulta vinculante su parecer (CPP, 396, 402), lo que no obsta a su derecho a recurrir el decisorio tomado en consecuencia (CPP, 401).
Se advierte del recurso interpuesto que éste se asienta en enumerar circunstancias que considera valorables conforme las pautas de los arts. 40/1 del Código Penal, y que parece deducirse que debieron tener mayor impacto en el monto de pena a imponer. Alguna de ellas -extensión del perjuicio por ejemplo- se merituaron en el acuerdo y fue considera por el juzgador. Otras fueron manifestadas por la parte damnificada al momento de la audiencia celebrada en la instancia, aunque luego no fueron consideradas ni en el acuerdo de las partes ni en el fallo.
En verdad, la jurisdicción, conforme el procedimiento seleccionado, posee el límite sancionatorio establecido por las partes, y habiendo las mismas acordado un tope de dos años de prisión de ejecución condicional como pena a cada imputado, como así también el mismo plazo de reglas de conducta, el magistrado no puede imponer una pena ni plazo mayor.
La discrepancia planteada debió tener como destinatario al MPF quien suscribió el acuerdo antes referido en tales términos, mas no mediante recurso contra la labor jurisdiccional conforme lo antes expresado.
En prieta síntesis propongo que el agravio debe ser desestimado.
IV. Por ultimo, daré respuesta al recurso del particular damnificado contra lo decido en relación a las medidas cautelares contra el resolutorio integrativo de la sentencia.
El ordenamiento procesal faculta al particular damnificado solicitar medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas del proceso (CPP, 79 inc 2)
El primer objetivo de las medidas cautelares señalado precedentemente, tiene su adecuación en el proceso penal cuando el damnificado además de coayuvar al Fiscal con la promoción y ejercicio de la acción penal, se presenta en el expediente como actor civil, y ejerce en éste la acción civil. Sólo en este sentido tiene correlato que la jurisdicción penal conceda medidas cautelares para asegurar una posible condena resarcitoria a sus intereses en la misma sede.
Superada la etapa procesal donde el damnificado no se presenta como actor civil (CPP, 336), los magistrados penales carecen de jurisdicción para resolver la cuestión indemnizatoria civil, por lo que las medidas cautelares dictadas oportunamente durante la encuesta preliminar en salvaguarda de tales derechos deben cesar (causa 36341-1, "Sliba, Hugo s/ Incidente medidas cautelares", 10/06/2024, reg. R304 Sala primera).
Véase que en tal sentido el particular damnificado ha denunciado que existen actuaciones civiles iniciadas con fecha 3/6/24 de trámite ante el Juzgado en lo Civil Nro. 11, a cargo de la Juez Patricia Juárez, caratuladas "Larghi, Daniel Carlos c/ Carrera, Adriana Elizabeth y otro s/ Medidas cautelaes", donde con fecha 12/7/24, se dispuso decretar embargo preventivo sobre los mismos bienes de Adriana Elizabeth Carrera y por el mismo monto que la medida cautelar dispuesta en esta sede (v. MP 15239-2024).
Por idéntico fundamento debe confirmarse la denegatoria de la medida cautelar consistente en la solicitud de bloquear la emisión de Documentos de Transito Electrónico de autogestión ganadera del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (DTE/Senasa) por parte de Carrera y de De Santolo.
Ahora bien, en relación al segundo objetivo de una medida cautelar solicitada por el particular damnificado en el fuego penal, esto es asegurar el pago de las costas, las medidas cautelares de embargo e inhibición general decretadas deben mantenerse, las que podrán ser readecuadas en la instancia de origen a petición de parte interesada.
Así lo voto
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Alfredo José Deleonardis dijo:
Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: I.) Confirmar la sentencia dictada con fecha 3 de junio de 2024 por el Sr. Juez Pedro F. Hooft, en su carácter de titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4 de este Departamento Judicial, en cuanto condenó a Adriana Elizabeth Carrera y a Juan Martín De Santolo a cumplir la pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional, con mas las costas del proceso, y como regla de conducta por el mismo plazo, el de fijar domicilio y someterse al controlador del Patronato de Liberados, ello por resultar co-autores penalmente responsables del delito de Estafa perpetrado entre los días 16 y 20 de febrero del año 2021 en perjuicio de Daniel Carlos Larghi. II) Confirmar parcialmente para asegurar el pago de las costas, las medidas cautelares de embargo trabada sobre las yeguas de polo Jake Niñera -microchip 032050000742488- y Firpa -microchip 985113000814046-, propiedad de la encausada Adriana Elizabeth Carrera, por la suma de cuarenta mil dolares estadounidenses (U$D 40.000) y de inhibición general de bienes sobre ambos encausados. III) Confirmar el resolutorio en cuanto no hace lugar a la medida cautelar con fines de aseguramiento de fines indemnizatorios a la solicitud de bloquear la emisión de Documentos de Transito Electrónico de autogestión ganadera del servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (DTE/Senasa) en relación a ambos encausados. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el particular damnificado y la defensa particular (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP, 172; CPP, 21, 79 inc 2, 106, 210, 395, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2024 13:46:14 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2024 19:32:53 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 08:59:21 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 10/09/2024 09:00:02 hs. bajo el número RS-28-2024 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia