Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de La Matanza · Causa LM-5487-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn mérito al resultado de la votación en el ACUERDO que precede, citas legales y fundamentos expuestos
1Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 en cuanto a la competencia se refieren y del DNU 669/19. Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del DNU 54/17 y del art. 4 de la ley 26.773 por las consideraciones vertidas en la cuestión que antecede. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, del art. 3 de la ley 26.773 y del Decreto 472/2014 y el reclamo por costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física. APLICAR las leyes 24.432 y 24307 y Dec.1813/92 -art. 730 del CCCN-, por los argumentos expuestos en la cuestión que precedente, sin costas por la naturaleza de la cuestión planteada.
2Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por DEICHL MARCOS LEONEL contra PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL y condenar a esta última a pagar la parte actora la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 10.978.868,82) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por accidente in itinere sufrido el 06/11/2022 (art. 6 inc. 1 de la ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar a la parte actora dentro de los sesenta días de notificado este pronunciamiento (art. 70 ley 15.394) y …
AUTOS: DEICHL MARCOS LEONEL C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE IN-ITINERE ·Expte.Nº LM-5487-2024
En San Justo, a los días del mes de noviembre de 2026, reunidas las Señoras Jueces del Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Matanza integrado por las Dras. CYNTHIA VANESA THOMPSON, SOLEDAD EMMA GASPARINI y DIANA ALICIA CUCCARO, en la Sala de Acuerdos, para dictar SENTENCIA en los autos caratulados " DEICHL MARCOS LEONEL C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE IN-ITINERE ·Expte.Nº LM-5487-2024 , conforme lo dispone el art. 57 de la ley 15.057, resuelven plantear y votar por separado, previo sorteo que resulto en este orden: Dras. SOLEDAD EMMA GASPARINI, DIANA ALICIA CUCCARO y CYNTHIA VANESA THOMPSON. las siguientes
PRIMERA : ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : la Dra. SOLEDAD EMMA GASPARINI. dijo:
Con fecha 23/02/2024 se presenta el Sr. Deichl Marcos Leonel por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Guido Karp, promoviendo demanda por accidente de trabajo, contra GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, reclamando como objeto de los presentes actuados la totalidad de las prestaciones en especie que le corresponden conforme el artículo 20 de la ley 24.557 en virtud del siniestro sufrido, incluyéndose costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física y psicológica.
Acredita cumplimiento de instancia administrativa acompañando disposición de clausura emitida por la Comisión Médica Nº 382 de Ramos Mejía, en el expediente administrativo número 238925/23, número de disposición de clausura DIAPA- 2023-29011-APN-SHC38#SRT y funda competencia.
En relación a las condiciones de trabajo denuncia que ingresó a trabajar en relación de dependencia para el "MINISTERIO DE SEGURIDAD - SEGURIDAD PROVINCIAL" (CUIT: 30-64883908-8), realizando tareas como oficial de seguridad con una jornada laboral con horarios rotativos de 12 hrs. por 36 hrs. en horario nocturno de 20 hrs. a 08 hrs., percibiendo al momento del accidente una remuneración mensual de $ 140.209,30.
En relación al accidente relata que el 06 de noviembre del año 2022 aproximadamente a las 09 hrs. se dirigía hacia su domicilio en moto cuando imprevistamente colisiono con otro vehículo, lo que le generó dolor y numerosas lesiones en todo el cuerpo. Puesto en conocimiento de su empleador, éste dio intervención a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, siendo derivado por intermedio y a cargo de ésta al centro asistencial "SERVICIOS HOSPITALARIOS SAN JUSTO S.A. " sito en Paraguay 2167, San Justo, donde le diagnosticaron luxación acromioclavicular hombro derecho, desgarro ligamentos acromioclavicular superior e inferior y de los ligamentos conoide y trapezoide hombro derecho.
Expresa que el profesional interviniente le indicó sesiones de kinesiología a cargo de la demandada en el centro asistencial mencionado, previo ordenó se realice cirugía sobre el hombro derecho (artroplastia acromioclavicular) y otorgó el alta médica, lo que motivó que concurra a la Comisión Medica donde lo reingresaron, ordenaron 15 sesiones de kinesiología por la lesión del hombro derecho y le otorgaron nuevamente el alta medica en fecha 13/04/2023. Manifiesta que en virtud de las secuelas padece de una reacción vivencial, anormal, neurótica, como consecuencia del accidente sufrido, determinado como R.V.A.N. Depresiva Grado II.
Inició un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a fin de que se le determine la incapacidad sobreviniente del siniestro y dicho organismo determinó un 5,83% de incapacidad de la T.O. y de dicho dictamen médico, la SRT determinó que el monto indemnizatorio asciende a la suma de $ 2.215.101,96, el cual fue rechazado en fecha 03/10/2023. Por todo lo expuesto y el daño sufrido es que interpone la presente demanda a fin de reclamar las indemnizaciones correspondientes.
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557, del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto rige el modo en el cual debe calcularse el Ingreso Base Mensual, del art. 4°, apartado 1° de la ley 26.773 y DNU 54/2017, del art. 17 del decreto 472/2014 y concordantes, del DNU 669/19 y de la ley 24.432, por los argumentos que expone.
Asimismo plantea la inconstitucionalidad de la exclusión del pago único adicional para a los accidentes in itinere (art. 3 ley 26.773), por los argumentos que expone.
Estima una incapacidad del 30% de la T.O. con más una incapacidad psicológica del orden del 10% de la TO . Practica liquidación. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Funda en derecho. Solicita se haga lugar a la demanda interpuesta con costas.
Con fecha 19/04/2024 se agrega el expediente administrativo remitido por la SRT Nro 238925/23 por el tramite "DIVERGENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD" iniciado el 29/05/2023.-
Corrido el traslado de ley, con fecha 12/09/2024, se presenta el Dr. Nocetti Martin Ezequiel , en carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado a mérito de la copia simple del testimonio de poder general judicial. Contesta los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora. Contesta demanda. Por imperativo procesal niega todos y cada uno de los hechos que no sean de su reconocimiento. Plantea la inconstitucionalidad del Dec. 669/19 por los argumentos que expone. Solicita la aplicación del baremo de la LRT Decreto 659/96. Impugna liquidación. Ofrece prueba. Reserva caso federal. Peticiona el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas.
Con fecha 05/11/2024 la parte actora contesta el traslado conferido en los términos del artículo 34 párrafo 4° de la ley 15.057.
Con fecha 10/12/2024 se abre a prueba las presentes actuaciones y se producen las que el expediente exhibe.
Con fecha 17/11/2026 se celebra la audiencia de vista de la causa donde participan mediante la plataforma de Microsoft-Teams el actor Sr. Deichl Marcos Leonel con su letrada patrocinante Dra. Sellaro Carla Edith y el letrado apoderado de la parte demandada Dr. Nocetti Martin Ezequiel. Abierto el acto el actor Sr. Deichl Marcos Leonel aclara la discordancia existe en su número de DNI denunciado en el escrito de inicio siendo el número correcto el que se ha denunciado en la audiencia. La parte actora desiste de la informativa pendiente de producción, de toda prueba pendiente y del derecho de alegar. La demandada desiste de la prueba informativa pendiente y de toda otra prueba pendiente y del derecho de alegar y ambas partes solicitan que pasen las actuaciones al dictado de Sentencia. Oído lo cual el Tribunal resuelve hacer lugar a lo peticionado y pasan los autos a fin de dictar Sentencia.
CONSIDERACIONES :
Atento como ha quedado trabada la litis corresponde analizar las pruebas rendidas a los fines de expedirse sobre la cuestión planteada.
HECHOS NO CONTROVERTIDOS
No se encuentra controvertido en autos que la Provincia de Buenos Aires adoptó el régimen de autoseguro, que se encuentra previsto en el art. 3 inc. 4to de la LRT. Por otra parte, surge expresamente del decreto 3858/07 que establece que la Provincia de Buenos Aires reasume a partir de enero de 2.007 la responsabilidad en forma retroactiva por la cobertura en forma íntegra respecto de sus dependientes por los infortunios contemplados por la ley 24.557.-
Con los escritos postulatorios, documental adjunta, expediente administrativo SRT Nro 238925/23 acompañado en autos, tengo por acreditado que el actor trabajaba al momento del accidente para el MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL CUIT 30648839088 como oficial con una antigüedad de 1 año .-
No es materia de controversia el accidente in itinere sufrido por el actor en fecha 06/11/2022 del trabajo a la casa y demás circunstancias, el que se registró bajo el Nro de siniestro 05526478/001/00 y que Provincia ART S.A. como gerenciadora de la demandada autoasegurada brindó las prestaciones. Estos hechos fueron corroborados por la pericia contable de fecha 12/08/2025.-
Tampoco se encuentra controvertido que la parte actora inicio con fecha 29/05/2023 el expediente SRT Nro 238925/23 por divergencia en la determinación de la incapacidad en el cual el Titular del Servicio de Homologación dispuso con fecha 05/10/2023: "ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento llevado a cabo en el Expediente S.R.T. N° 238925/23, por encontrarse de conformidad con la normativa vigente y dense por concluidas
las actuaciones ante este Servicio de Homologación atento la falta de acuerdo entre el/la Sr/a. DEICHL MARCOS LEONEL y el empleador autoasegurado GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien actúa a través de PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA como administradora del autoaseguro. ARTICULO 2°.- Apruébese el CINCO CON 83/ 100 POR CIENTO (5.83 %) de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva dictaminado por la Comisión Medica N° 382 de la localidad de RAMOS MEJÍA, Provincia de Buenos Aires, el día 18 de Septiembre del 2023, respecto de la contingencia sufrida por el/la trabajador/a Sr./a DEICHL MARCOS LEONEL (C.U.I.L. N° 20429323518), de fecha 6 de Noviembre del 2022, siendo su empleador MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL (C.U.I.T. N° 30648839088), empleador autoasegurado GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al momento de la contingencia." Archivado el 02/11/2023.-
Asimismo, no se controvierte la fecha de nacimiento del actor ocurrida el 30/09/2000 teniendo al momento del accidente (06/11/2022) la edad de 22 años.-
HECHOS CONTROVERTIDOS
En lo que es materia de litis se encuentra controvertido el tipo y grado de incapacidad derivado del accidente denunciado en estas actuaciones y el nexo de causalidad entre las dolencias y el hecho denunciado y el IB del actor.
INCAPACIDAD:
Atendiendo a la controversia existente en torno a las patologías incapacitantes denunciadas en el inicio, pesaba en mi opinión sobre el accionante la carga procesal de acreditar sus dolencias (cfr. art. 375 del CPCC).-
A fin de esclarecer este hecho controvertido es de suma importancia la prueba pericial médica.
Del expediente administrativo SRT Nro 238925/23 que fue iniciado el 29/05/2023 por divergencia en la determinación de la incapacidad surge el Dictamen Médico de fecha 18/09/2023 que concluye: " Diagnóstico: S431 - Luxación de la articulación acromioclavicular - Limitación funcional de hombro derecho secuela de luxación acromioclavicular con requerimiento quirúrgico
Contingencia definida al momento de dictaminar: In Itinere
CONCLUSIÓN: ...Se inician las presentes actuaciones a solicitud de 20429323518 - DEICHL MARCOS LEONEL DOCUMENTO UNICO: 42932351 por DIVERGENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD Visto y considerando que el carácter laboral de la contingencia no se encuentra controvertido por las partes, se procedió a valorar exclusivamente la prueba médica incorporada en las actuaciones, ello en los términos de la Resolución SRT N° 899/17. Del análisis de la documentación obrante en el expediente, esta Comisión Médica concluye y dictamina que corresponde determinar el grado de Incapacidad Laboral resultante, de acuerdo a lo normado por el Decreto 659/96 modificado por el Decreto 49/14, en base a las secuelas detectadas como consecuencia del siniestro denunciado. Que de acuerdo a los informes de los estudios de diagnóstico por imágenes obrantes en el expediente, se desprende que el trabajador presenta: "... TENDINITIS DE EXTENSORES MEDIOS A NIVEL DE MUNECA Y DE DEDO MEDIO Y ANULAR DERECHO..."; "... Bursitis del gemelo interno..."; "... Los discos C4-C5 y C5-C6 presenta fisura del anillo fibroso sobre el sector posteromedial y abombamiento posteromedial, contactando sutilmente con la cara anterior del cordón medular Abombamiento posteromedial del disco C6-C7, que ocupa el espacio graso epidural anterior..." y "... Bursitis subcoracoidea , estas manifestaciones no guardan correlato etiopatogénico, ni cronológico, con el siniestro denunciado y deben ser consideradas de carácter inculpable en el contexto de la Ley 24.557, por lo que se sugiere canalizar atención médica a través de la obra social y/u hospital público y/o profesional de su elección por la patología inculpable ut supra mencionada
Dictamina En Mano: NO
Patologías Crónicas (Que ameritan Prestaciones de mantenimiento de por vida): NO
Incumplimiento del trabajador en estudios: NO
Incumplimiento del trabajador en documentación: NO".-
Con fecha 05/10/2023 el Titular del Servicio de Homologación dispuso aprobar el procedimiento llevado a cabo en el Expediente S.R.T. N° 238925/23, por encontrarse de conformidad con la normativa vigente y dar por concluidas las actuaciones ante este Servicio de Homologación atento la falta de acuerdo entre el trabajador y el empleador autoasegurado MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL (C.U.I.T. N° 30648839088), empleador autoasegurado GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al momento de la contingencia; aprobando asimismo el 5,83% de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva por " Limitación funcional de HOMBRO DERECHO" que fuera dictaminado por la Comisión Medica el día 18 de Septiembre del 2023, respecto de la contingencia sufrida el día 6 de Noviembre del 2022.- Archivado el 02/11/2023.-
Con fecha 10/09/2025 la parte actora adjunta psicodiagnóstico a cargo de la Licenciado Tiechanowski Jael el que concluye: VI. Conclusiones
Para un correcto entendimiento de las conclusiones, las mismas deben ser leídas dentro del contexto de lo expuesto en los apartados anteriores. De acuerdo con los resultados obtenidos durante la presente evaluación, el Sr. Deichl Marcos Leonel presenta una estructura de base neurótica, sin indicadores de psicopatología previa, y con un cuadro emocional que se inicia a partir del suceso traumático vivido. Se concluye que el evaluado presenta un Trastorno adaptativo de carácter crónico, con síntomas emocionales y conductuales directamente vinculados al hecho referido, que afectan de manera significativa su calidad de vida y desempeño general. Este cuadro se considera compatible con una Reacción Vivencial Anormal Neurótica (R.V.A.N) grado II, según lo establecido en el Baremo Decreto 659/96, siendo la incapacidad resultante estimada en un 10%. "
La pericia medica a cargo del Dr. Cozzi Emiliano Javier de fecha 27/01/2026 determina: VIII. CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES: Si bien la determinación de la relación de causalidad corresponde en forma exclusiva y excluyente a V.S., conforme al análisis integral de la mecánica del hecho, la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios, la documental aportada y las historias clínicas obrantes en autos, estimo técnicamente verosímil la existencia de nexo causal entre el evento referido y las secuelas físicas constatadas en la presente evaluación.
Desde el punto de vista psicológico, de acuerdo con la evaluación realizada y el psicodiagnóstico adjunto, se concluye que el evaluado atravesó una serie de experiencias de carácter psicotraumático, incluyendo el siniestro sufrido, las derivaciones médicas consecuentes y las secuelas permanentes resultantes. Estos eventos actuaron como factores desencadenantes de una desorganización psíquica de tipo neurótico.
La imposibilidad del evaluado de elaborar adecuadamente las consecuencias del evento y de sus secuelas físicas ha conducido al desarrollo de una Reacción Vivencial Anormal Neurótica (RVAN), encuadre psicopatológico que implica una respuesta desproporcionada y persistente frente a la situación vivida, con afectación significativa de la esfera emocional, laboral y social.
De lo anteriormente expuesto resulta que el Sr. Deichl, según la anamnesis y el examen físico por mí realizado y los estudios complementarios solicitados, presenta:
5.25% Limitación funcional de hombro derecho (dominante).
10% RVAN II.
Factores de ponderación:
10% Intermedia dificultad para la realización de las tareas habituales.
0% No amerita reubicación laboral.
1.5% por la edad del damnificado.
LA INCAPACIDAD PSICOFISICA BAJO LA FORMULA DE LA CAPACIDAD RESTANTE CON MAS FACTORES DE PONDERACION ES DE 17.7% SEGÚN BAREMO LEY 24557. DECRETO 659/16."
La pericia médica fue impugnada por la parte actora en fecha 10/02/2026 en relación a la valoración del hombro, solicitando al experto reevalúe la entidad secuelar del hombro derecho, considerando que la existencia de una plástica ligamentaria previa, la evidencia ecográfica de subluxación acromioclavicular y los signos dinámicos de distensión capsular que constituyen parámetros que permiten encuadrar la afección dentro del ítem de "inestabilidad articular del hombro" del Decreto 659/96, lo cual habilita la asignación de un porcentaje de incapacidad acorde a la magnitud de la alteración funcional objetivada.
El perito contesta el 04/05/2026 exponiendo que en la evaluación de la incapacidad sobreviniente y de las secuelas constatadas, se ha aplicado rigurosamente el Baremo correspondiente, instrumento normativo de orden público que rige la cuantificación de la incapacidad en este tipo de procesos.
La demandada impugna el aspecto psicológico de la pericia en cuanto sostiene que no se encuentra debidamente fundamentada la existencia de un estado psicopatológico. El galeno contesta manifestando que, se efectuó la evaluación psicológica mediante la intervención del profesional especialista interconsultado, cuyo psicodiagnóstico, contiene los datos positivos, argumentos técnicos y fundamentos clínicos en los cuales se sustentó la asignación de incapacidad psicológica informada.
La demandada impugna nuevamente el 27/05/2026 y el perito contesta el 12/06/2026 ratificando en todos sus términos el contenido del informe pericial oportunamente presentado.-
Debo analizar la prueba pericial médica producida en la causa, por lo que resulta adecuado señalar que la pericia médica es un elemento de prueba más que debe ser apreciado y valorado, al igual que los restantes de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 54 inc. d de la ley 15.057) y en virtud de ello, el judicante tiene a su respecto, la misma facultad de ponderación que le asiste para el análisis de los demás medios probatorios.
Teniendo en cuenta que la presente acción ha sido deducida en el marco de la ley especial 24.557, dentro de la cual únicamente encuentran cobertura resarcitoria aquellas consecuencias nocivas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que estén reconocidas en el decreto 659/1996, y que la ley 26.773 en su art. 9 ha dispuesto que: " Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a la (.) Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorias (.)"obligatoriedad que ha sido ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/accidente" del 12/11/2019 y en la causa "Szlapocznik, Sebastián David c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - Ley Especial" del 3/9/2020.
El legislador ha querido establecer con rango de ley la aplicación del mencionado baremo y del listado, unificando así los criterios para la determinación de incapacidad laboral. Bajo tales premisas, la uniformidad de criterios garantiza la igualdad de trato de los trabajadores que sufran algunas de las contingencias contempladas por la ley 24.557.-
El Baremo para la determinación de las incapacidades -Decreto 659/96- constituye un dato normativo y médico de rigor científico. Por lo que la utilización de un baremo distinto al previsto por el Decreto 659/96 como así también apartarse del porcentaje allí determinado implicaría una violación al método uniforme y obligatorio impuesto para determinar la incapacidad, teniendo en consideración que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ledesma", dejó sin efecto un pronunciamiento que fijó una indemnización por accidente de trabajo, determinando una incapacidad laboral sin tomar en consideración la tabla establecida por la legislación vigente, que debe ser aplicada obligatoriamente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Riesgos del Trabajo "dado que la conclusión esgrimida por el a quo de que el baremo del decreto 659/96 tendría un carácter meramente indicativo, no se compadece con las disposiciones del régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
El juicio de causalidad es siempre jurídico. Aún en los casos en que los especialistas lo formulen en forma concreta o asertiva, lo cierto es que es tarea específica de los peritos como auxiliares de la justicia el de establecer la existencia de la enfermedad y su posible etiología, pero incumbe a los jueces evaluar las circunstancias de cada caso concreto y en su caso la determinación y alcance de dicho nexo.
En función de lo hasta aquí expuesto y habiendo analizado el dictamen pericial médico dentro de las pautas que indica el art. 474 del CPCC, encuentro motivos suficientes para apartarme del porcentaje de incapacidad otorgado con relación al daño psicológico.-
Y es que "siendo los jueces quienes ejercen la potestad jurisdiccional, están facultados para adecuar las conclusiones periciales a las circunstancias particulares de la causa" (SCBA, causa L. 55.808).
Por ello, con relación al daño psicológico, el Decreto 659/96 en su segmento destinado a establecer las incapacidades psicológicas prevén que "Solamente serán reconocidas las reacciones o desorden por estrés post traumático, las reacciones vivenciales anormales neuróticas, los estados paranoides y la depresión psicótica que tengan un nexo causal específico relacionado con un accidente laboral. Debiéndose descartar primeramente todas las causas ajenas a esta etiología, como la personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, familiares, etc.".
Las consideraciones expuestas, me llevan a concluir que el daño psicológico guarda nexo concausal con el hecho de autos, por lo que lo estimo en un 5 % de la TO (art. 375 CPCC).
Pues, en definitiva, pese a lo determinado por el perito médico, no parece razonable concluir que los sucesos de autos hubiesen impactado en la esfera psíquica de la actora de modo de ocasionar la secuela psíquica informada, al que pueden contribuir un sinnúmero de causas que pueden predisponerla (situaciones personales, familiares, laborales distintas al suceso de Litis como las enumeradas precedentemente, de vida, etc.).
De las constancias medicas acompañadas en autos no surgen solicitud de atención en el área de psiquiatría durante ni con posterioridad al evento. El accidente se produjo 06/11/2022 y la pericia medica con fecha 27/01/2026, más de tres años posterior al hecho denunciado.
Teniendo presente el transcurso de más de tres años desde que acaeció el accidente sin que se aportaran datos objetivos susceptibles de verificar aquellos episodios descriptos, sean contemporáneos, inmediatos o posteriores, que no existieron requerimientos asistenciales a la obra social o a la demandada que permitan conectarlos causalmente destacándose que de la historia clínica agregada al expediente administrativo que le brindo las prestaciones ni de forma posterior al siniestro no surge padecimiento ni solicitud alguna de la especialidad en psicología o psiquiatría.
De modo que para determinar el carácter indemnizable de una secuela no basta con que ésta haya sido comprobada por el perito médico, sino que es necesario que en el caso se presenten elementos de juicio suficientes que demostraran el nexo causal de la patología con el evento dañoso (art. 375 del CPCC).
Atento a ello, procedo a efectuar el cálculo de la incapacidad con el método de la capacidad residual, ello, en sintonía con la doctrina legal "Cuando un accidente provoca múltiples lesiones pueden resultar varios defectos coexistentes. En ese supuesto el índice global de reducción de capacidad no corresponde a la suma de incapacidades parciales consideradas aisladamente, de procederse de esta forma la suma obtenida podría ser superior al 100 %, lo que sería absurdo puesto que no se puede perder más de lo que se tiene (art. 1068 CC.) L 12810 RSD -5-11 S 17/2/2011 Pernía Jorge Sergio y otro c/Sawady Gabriel y otro s/Daños y Perjuicios" .-
INCAPACIDAD:
- 5.25% Limitación funcional de hombro derecho (dominante), CR 94,75%
- 5 % RVAN II. - CR 94.75 % x 5 % = 4.73%
Sumatoria parcial = 5,25 % + 4,73%= 9,98%
Factores de ponderación según pericia:
10% Intermedia dificultad para la realización de las tareas habituales.
0% No amerita reubicación laboral.
1.5% por la edad del damnificado.
Total F.P.: 11,5 % (de 9,98% = 1,14%)
Total = 9,98% + 1,14% = 11,12 %.-
Con ello tengo por acreditado que e l actor que presenta "Limitación funcional de hombro derecho (dominante) y Reacción Vivencial Anormal Neurótica, grado II" , que lo incapacitan de manera parcial y permanente en un 11,12 % de la TO con los factores de ponderación, de origen causal y concausal al hecho denunciado (arts. 57 inc. 5 Ley 15.057; 375 CPCC , 726 CCyCN ).-
No surgiendo de autos el reclamo por costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física la petición debe ser desestimada ( arts. 375 CPCC y 726 CCyCN).-
No se ha probado que el actor ingresó a trabajar para su empleadora con alguna incapacidad o patología de las que denuncia en el escrito de inicio (artículos 31, 34, 44 y 89 de la ley 15.057 y arts 354, 375, 474 y ccdtes del C.P.C.C.).-
INGRESO BASE:
En relación al IB, la pericia contable de fecha 12/08/2025, lo determino en la suma de $ 179.326,87, no ajustándose a la normativa legal.-
En la respuesta al punto g el perito expone que "PROVINCIA ART S.A. Cia. Aseguradora en el periodo señalado de la empleador del actor no suministro ningún detalle de salarios percibidos por el actor, manifestando que su empleador MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIADE BUENOS AIRES, no se lo había transmitido.
Por su parte la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ex AFIP) informa en la respuesta dada con fecha que la información contenida es del periodo 01-2022 a 11-2022 siendo el ultimo año anterior a la fecha del evento denunciado NOVIEMBRE/2021 A OCTUBRE/2022. Vale decir que DE los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 , no hay datos vinculados al actor sobre su salario . En ese entendimiento considero que el periodo considerado se reduce a 10 meses . De tal forma el càlculo del INGRESO BASE MENSUAL conforme a los lineamientos vigentes al momento del hecho Ley 27.348 ARTICULO 11 INCISO 1º incorporado a la ley 24.557 ARTICULO 12 INCISO 1º es el siguiente que se detallan en el Anexo "A" que forma parte integrante de este INFORME PERICIAL CONTABLE:$ 1.799.167,56 / (365 dias - 60 dias ) 305 dias x 30,4 = $ 179.326,87.-
Analizado el dictamen dentro del art. 474 del CPCC y normativa citada, me aparto del mismo habida cuenta que del expediente administrativo SRT Nro 238925/23 surge a fs. 139/141 la LIQUIDACION DE LA PRESTACION DINERARIA POR INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE donde la CMJ determina un IB de $ 140.209,30 ajustándose con lo dispuesto en el primer párrafo del art. 11 de la Ley 27.348 (actualización mes a mes del RIPTE de los últimos 12 salarios ).
El art. 12 de la ley 24.557 (según art. 11 de la ley 27.348) en su parte pertinente dispone: "Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación de índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)."
Por lo que tendré por acreditado el IB al momento del accidente en $ $ 140.209,30.-
La actualización total será objeto de la sentencia a dictarse (Ley 27.348).
No ha probado la demandada -Fiscalía de Estado- que hubiera abonado a la reclamante alguna suma de dinero, cuyo cobro ésta persigue en las presentes actuaciones, sin perjuicio de la procedencia o no de los mismos (art. 726 CCyCN).-
LA DECISION :
El principio de la carga de la prueba establece la obligación de las partes de arrimar a la causa los elementos probatorios de sus afirmaciones o en caso contrario soportar las consecuencias de su omisión, correspondiendo a la actora probar los hechos constitutivos y del derecho que invoca y al demandado los extintivos, impeditivos y modificativos que opone (art. 375 CPCC).
La parte actora plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557, del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto rige el modo en el cual debe calcularse el Ingreso Base Mensual, del art. 4°, apartado 1° de la ley 26.773 y DNU 54/2017, del art. 17 del decreto 472/2014 y concordantes, del DNU 669/19 y de la ley 24.432, por los argumentos que expone.
PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 8, 21, 22 y 46 DE LA LEY 24.557,
Plantea la parte actora la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46 de la ley 24.557 en cuanto a la competencia se refieren. La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia, debiendo limitarse a actos de suma gravedad institucional, y considerarse la última ratio del orden jurídico, tal como lo sostiene la SCJBA, es un remedio excepcional, es la sanción más severa contra una norma que debe resolverse luego de un pormenorizado análisis en el que se ha de verificar la existencia de una lesión evidente que afecte los principios o derechos garantizados en la Carta Magna.
Se analizarán conjuntamente estas normas pues hacen a un tema análogo, esto es, la facultad otorgada a las Comisiones Médicas (locales y central) y la competencia judicial para su tratamiento.- En relación a esta temática, la SCBA se ha expedido en el fallo "QUIROGA", pronunciamiento confirmado por la CSJN en el entendimiento de que estaría obstaculizando, a la justicia provincial el cumplimiento de su facultad jurisdiccional (no delegada), conforme las disposiciones del art. 75 inciso 12 y 116 de Nuestra Constitución Nacional, desnaturalizando la competencia propia del fuero federal.
En lo referente a la actuación de las Comisiones Médicas locales y la posterior revisión por parte de la Comisión Médica Central, que culminaría el recorrido con control judicial en sede federal, estaríamos contrariando las expresas disposiciones de la Carta Magna.
Conforme su actual doctrina, el más Alto Tribunal Provincial estableció la competencia de la Justicia Provincial para llevar adelante el procedimiento establecido en la LRT, conforme los contenidos de la Ley 11.653, confirmando en consecuencia la competencia de los tribunales de trabajo locales para el conocimiento de las pretensiones derivadas de la LRT, postura que ratifica en su fallo posterior "CASTRO C/ DYCASA". En efecto la SCJB en autos "QUIROGA" (sent. 75.708 del 23/4/03), declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 24.557 al considerar que la referida norma altera la estructura jurisdiccional de la Nación en relación con las provincias puesto que federalizó temas que no son de esa índole y en consecuencia priva a la Provincia de Buenos Aires del ejercicio de poderes expresamente reservados.-
En tal sentido cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de estas normas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A." (C. 2605. XXXVIII) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 46, inc. 1) en cuanto dispone la competencia federal y determinó que la justicia provincial debe entender en las apelaciones presentadas contra dictámenes de las comisiones médicas: El citado Art. 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y jurisprudencia de esta Corte, dispone: "Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador [...] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social".
".. la Corte ha sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el Art. 100 -actual Art. 116- (Fallos: 1: 170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (Art. 15)". "La Ley de Riesgos del Trabajo, en primer lugar, no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, considerando 3°). "a citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (ídem paréntesis anterior).
En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son "entidades de derecho privado" (ley 24.557, Art. 26, inc. 1)"."Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). "La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos: 113:263, 269)."
En lo que respecta al artículo 46 de la ley 24.557, debe descalificarse su validez constitucional por entender que -tal como lo resolvió este Tribunal en la causa L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Castillo" (sent. de 7-IX-2004)- federaliza cuestiones de derecho común, afectando el reparto constitucional de facultades entre la Nación y las provincias, invadiendo atribuciones no delegadas por los estados federales autónomos.
La Suprema Corte se ha expedido respecto de la invalidez constitucional de estos artículos en las causas L. 81.339 "Sparnochia" (sent. del 14-X-2003); L. 82.871 "Chavez" (sent. del 1-IV2004); L. 82.688 "Fedczuk" (sent. del 14-IV-2004) y en L. 75.708 "Quiroga" (sent. del 23-IV-2003) donde estableció la competencia de la justicia laboral provincial; confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presentar sustancial analogía con el pronunciamiento que dictara el 7 de septiembre de 2004 in re "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A".
La competencia de un tribunal se determina por la naturaleza de la índole de la acción ejercida y la del tribunal del trabajo, además, por la existencia de un vínculo laboral. Las acciones ejercidas en las cuales los reclamos resarcitorios están vinculados a una relación laboral imponer la competencia de la justicia federal, afecta el principio del juez natural y de acceso a la justicia (artículos 18 de la Constitución Nacional y 9 y 13 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello, conforme su actual doctrina, el más Alto Tribunal Provincial estableció la competencia de la Justicia Provincial para llevar a acabo el procedimiento establecido en la LRT, conforme ley 11.653, confirmando la competencia de los tribunales de trabajo locales para el conocimiento de las pretensiones derivadas de la LRT. En la causa Quiroga (L 75.708 del 23/04/03) declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 24.557 al considerar que la referida norma altera la estructura jurisdiccional de la Nación en relación a las provincias puesto que federalizó temas que no son de esa índole y en consecuencia priva a la Provincia de Buenos Aires del ejercicio de poderes expresamente reservados.
Resolvió que el artículo 46 de la ley 24.557 atenta contra la autonomía provincial y desvirtúa el sistema federal establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional, y avasalla lo preceptuado por los artículos 5, 75, inciso 12°, 121, 122, 123 y concordantes de la Constitución Nacional, pretendiendo suplir o modificar con una Ley Nacional el procedimiento laboral establecido para la Provincia por la ley 11.653.
Es decir, la ley especial, federaliza cuestiones de derecho común, afectando el reparto constitucional de facultades entre la Nación y las Provincias, invadiendo atribuciones no delegadas por los estados federales autónomos.
Por lo expuesto, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 24.557 según los fundamentos que conforman la doctrina de las causas L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003); L. 82.871, "Chavez" (sent. de 1-IV-2004) y el precedente "Castillo", (sent. de 7-IX-2004) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que respecta a la pretensión fundada en la ley especial, propicio entonces se declare la inconstitucionalidad de las citadas normas.
La declaración de inconstitucionalidad decretada en cuanto a la parte adjetiva, no altera en modo alguno las disposiciones de carácter sustantivo que contiene la Ley 24.557. El modo en que el damnificado procure el cobro de las sumas debidas no está enteramente ligado a un trámite determinado. Lo que importa es que la responsabilidad por las presentaciones que establece la ley y en la medida de éstas, sean cumplidas por quién se encuentra obligado a hacerlo. Estos elementos hacen a la responsabilidad en tanto lo adjetivo o instrumental constituye una forma de acceder a los beneficios de la ley especial, que pueden ser reemplazados, como en caso de autos, por otros sistemas que respeten el orden constitucional".
Derivado de la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557, lo dispuesto por los arts. 21 y 22 del mismo ordenamiento -preceptos que se refieren a la intervención de las Comisiones Médicas- resulta inaplicable. (SCBA, L 82783 S 12-10-2005, "Emmerich, Amalia c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por incapacidad"), "no corresponde admitir la actuación de las Comisiones Médicas locales ni de la Comisión Médica Central si el posterior control judicial debe hacerse en el ámbito federal, resultando inconstitucionales los arts. 21 y 22 de la ley 24.557. (SCBA, L 83786 S 20-4-2005, "Della Penna, Pablo Atilio c/ Frigorífico Anselmo y otra s/ Indemnización por accidente de trabajo"). -
Conforme lo peticionado por la accionante y los antecedentes jurisprudenciales y habiéndose llevado a cabo la totalidad del proceso de conocimiento, en concordancia con las disposiciones de la Ley 11.653 y 15.057, la inconstitucionalidad planteada en los términos de los artículos atacados en el epígrafe, corresponde decretar la inconstitucionalidad de los arts. atacados de la ley 24.557 y decretos reglamentarios y así lo propicio.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 12 DE LA LEY 24.557
La parte actora plantea asimismo la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 24.557, que se refiere al "ingreso base", módulo sobre el cual se estructura la reparación indemnizatoria.
Se ha tenido por acreditado en las consideraciones que preceden el IB del actor utilizando metodológicamente las pautas de la Ley 24.557 en su artículo 12.-
Teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia, debiendo limitarse a actos de suma gravedad institucional, y considerarse la última ratio del orden jurídico, tal como lo sostiene la SCJBA, es un remedio excepcional, es la sanción más severa contra una norma que debe resolverse luego de un pormenorizado análisis en el que se ha de verificar la existencia de una lesión evidente que afecte los principios o derechos garantizados en la Carta Magna, y la validez de la pericia contable (art 474 del CPCC) no merece la calificación invalidante pretendida, por lo tanto, en lo que hace al artículo que nos ocupa, considero que, en las presentes actuaciones, no corresponde tachar de inconstitucional el precepto de la norma atacada y así lo propicio.
INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 LEY 26.773
La garantía de igualdad ante la ley que consagran los artículos 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Constitución Nacional, no supone una igualdad aritmética o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situacion es o circunstancias.
El art. 3 de la ley 26.773 establece "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma"
Distingue dos situaciones diversas: los accidentes acaecidos en el lugar de prestación de tareas y el ocurrido en el lapso del trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.
En el primero, el trabajador se encuentra en la órbita del empleador en el cual éste tiene a su cargo los deberes de seguridad e higiene en el trabajo, en el segundo supuesto el trabajador no se encuentra a disposición del empleador, sino que la causa de la imputación de responsabilidad objetiva al empleador es que el trabajo ha dado ocasión al traslado del operario. De allí que el accidente in itinere no se encuentre comprendido en los supuestos previstos en el art. 3 de la ley 26.773.
El principio de igualdad que consagran las Constituciones Nacional y de la Provincia de Buenos Aires en sus artículos 16 y 11 -respectivamente- importa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias.(doctora Kogan, sin disidencia B 63.986, 26/10/2016, "S.C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Energía - M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa 26 de octubre de 2016).
En cuanto a la inconstitucionalidad que plantea la parte actora no se configura un trato discriminatorio hacia el trabajador que ha sufrido un accidente in itinere, sino que, se trata de supuestos diferentes, toda vez que la responsabilidad del dador de trabajo ante el accidente in itinere se vincula más con una cuestión de equidad y de seguridad social, que con una derivación del riesgo empresario pues no puede imputarse la culpa del empleador en el accidente sufrido por el obrar de un tercero, ni el empleador es dueño o guardián de la eventual cosa riesgosa que ha causado el accidente
Por ello, entiendo que no encuentro que la exclusión del accidente in itinere del adicional del art. 3 de la Ley 26.773 pueda ser tachado de inconstitucional. Nada impide que se brinde una cobertura mayor a aquellos accidentes producidos directamente por la actividad laboral, o en oportunidad de cumplirse con la prestación de los servicios comprometidos, que a los sucedidos en el trayecto entre la casa del trabajador y el lugar de trabajo. Ello en virtud que la fuente de la obligación de reparar es diferente.
El incremento del 20% previsto en el art. 3 de la Ley 26.773 no rige para los casos de accidente in itinere, en consecuencia, el actor no tiene derecho al cobro de la indemnización allí prevista, por ende, propicio sea desestimado el pedido de inconstitucionalidad articulad. (art. 726 CCyCN)
PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 4 LEY 26.773:
La parte actora cuestiona la reinstalación por intermedio de este artículo de la opción excluyente, al colocar al trabajador en la disyuntiva de renunciar a las prestaciones que ofrece la Ley de Riesgos del Trabajo, para poder reclamar judicialmente una reparación plena al daño. La naturaleza de la acción entablada y las constancias obrantes en autos tornan abstracto el tratamiento de dicho cuestionamiento y así lo propicio ( art. 726 CCyCN).-
INCONSTITUCIONALIDAD DECRETO 472/2014:
La parte actora articula su inconstitucionadad.
La doctrina legal emanada del Superior, la estableció en relación a las prescripciones de los arts. 8 y 17 ap. 6 de la ley 26.773 "como razonable lectura de los preceptos en juego que el parámetro de ajuste debe operar sobre: (i) los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 ap. 2 y 15 ap. 2; (ii) las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 ap. 4". Para agregar que "la referencia contenida en el art. 8 con relación a los importes por incapacidad laboral permanente conduce a la hermenéutica de que esa expresión lingüística hace alusión a los montos mínimos garantizados por el decreto 1694/09 y a las sumas que en concepto de adicionales de pago único contempla el sistema especial" Estos ítems son los que constituyen los importes establecidos en el marco de la legislación de riesgos del trabajo, quedando excluidas de esa definición las reparaciones obtenidas a partir del uso de las ecuaciones o fórmulas polinómicas previstas en la ley 24.557"Esta directriz interpretativa también se ve robustecida ni bien se repara en la disposición general que contiene el decreto reglamentario 472/14 (B.O. de 11-IV-2014)..". Para finalizar sosteniendo: "en otras palabras, la normativa reglamentaria pone fin a toda discusión sobre el punto, descartando la posibilidad de aplicación de la indicada pauta de corrección sobre las fórmulas tarifadas de los arts. 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo" (SCBA., causa L.118.532, en autos "Godón, Pablo David c/ Provincia A.R.T. S.A. Diferencia indemnización", sent. del 05/04/2017).
En consecuencia las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, sujetas a la actualización mediante el Decreto 1694/2009 y el índice RIPTE, se refieren a los importes de las prestaciones adicionales de suma fija (incorporadas por el decreto 1278/00) y los pisos mínimos establecidos por el citado decreto 1694/2009 y el artículo 3 de la ley 26773; por lo que la pretensión deducida por la parte actora debe ser desestimada al igual que el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14 (art. 17) oportunamente formulado.
DECRETO 54/2017
La parte actora plantea su inconstitucionalidad en el escrito de demanda y habida cuenta que el accidente de autos se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada normativa la que fue sustituida por la ley 27.348, su tratamiento deviene abstracto (art. 163 inc. 6º, 2º parte, CPCC) y así lo propicio.-
INCONSTITUCIONALIDAD DNU 669/19
La parte actora solicita su inconstitucionalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa L. 129.800, "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo -acción especial- " declaro la inconstitucionalidad del decreto 669/19.
Siguiendo la doctrina emanada de dicho precedente, corresponde decretar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y así lo propicio.-
PATOLOGÍA POR ACCIDENTE IN ITINERE :
En los considerandos que anteceden quedó acreditado con el informe pericial médico que el actor presenta "Limitación funcional de hombro derecho (dominante) y Reacción Vivencial Anormal Neurótica grado II" , que lo incapacitan de manera parcial y permanente en un 11,12 % de la TO con los factores de ponderación, de origen causal y concausal al hecho denunciado (arts. 57 inc. 5 Ley 15.057; 375 CPCC , 726 CCyCN ).-
MONTO INDEMNIZATORIO
Reclama a través de esta acción, la indemnización correspondiente a la incapacidad sobreviniente al infortunio, de acuerdo a las disposiciones del art. 14 Inc. 2 ap a. de la Ley 24.557.
Conforme los fundamentos que se han desarrollados en la presente causa, habiéndose reconocido el accidente in itinere, la minusvalía, el autoseguro de la demandada, y el nexo causal y concausal, la Provincia de Buenos Aires en calidad de autoasegurada resulta responsable de la prestación dineraria, y, consecuentemente, estimo que la demanda resulta procedente respecto a esta petición.
Sin perjuicio de ello y no surgiendo de autos el reclamo por costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física, la petición debe ser desestimada ( arts. 375 CPCC y 726 CCyCN).-
CALCULO INDEMNIZATORIO
En consecuencia, corresponde entonces, realizar el cálculo indemnizatorio.
Tal como quedó acreditado en los considerandos el ingreso base de la actora es de $ 140.209,30 conforme lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557 (según ley 27.348).-
Se realiza el cálculo conforme surge: Ingreso base $ 140.209,30 por 53 veces el ingreso base, por coeficiente de edad (65/22) 2.95, por porcentaje de incapacidad 11,12 %, igual a $ 2.437.695,71.-
Teniendo a la vista el valor del piso prestacional (RESOL-2022-51-APN-SRT#MT) correspondiente al período que abarca el accidente padecido por la actora (1° de septiembre de 2022 y el día 28 de febrero de 2023 inclusive), en virtud de la aplicación de la variación del índice RIPTE, el cálculo de la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, apartado 2, inciso b) de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO ($ 8.433.218) por el porcentaje de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.), esto, es $ 8.433.218 x 11,12% = $ 937.773,84.-
En consecuencia, el monto que ha de corresponder percibir al actor en este concepto es el fijado en la fórmula por ser superior al piso fijado.-
De modo que el monto final al que se arriba por aplicación de la normativa especial en la materia (leyes 24.557, 26.773 y 27.348), asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ( $ 2.437.695,71).-
ACTUALIZACION
El art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557) establece una tasa legal en materia de intereses moratorios en los términos del 7 y 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación aplicable a la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, en cuanto prevé que la tasa de interés moratorio se determina "por lo que dispongan las leyes especiales".
Creo necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha delimitado la incidencia que corresponde asignar a la doctrina sentada en la causa C. 124.096, "Barrios", entre otros frente al régimen especial de reparación de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Así, en la causa L. 132.531, "Díaz Leuzzi, María Camila c/ OMINT ART S.A. s/ accidente de trabajo - acción especial", sentencia del 12-V-2025, señaló que la doctrina de "Barrios" no resulta trasladable automáticamente a supuestos regidos por la legislación especial cuando los presupuestos fácticos y jurídicos difieren de aquellos considerados en dicho precedente.
Posteriormente, en la causa L. 132.729, "Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención ART S.A.", sentencia del 30-III-2026, reafirmó que, cuando el crédito derivado de la LRT ha sido determinado mediante los mecanismos de recomposición previstos por el art. 12 de la ley 24.557, conforme la modificación introducida por la ley 27.348, no corresponde trasladar sin más la solución adoptada en "Barrios".
Finalmente, en la causa L. 139.012, "Vera, Carlos Isaac c/ Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de revisión resolución Comisión Médica Jurisdiccional Ley 15.057", sentencia del 24-IX-2026, la Suprema Corte provincial volvió a sostener dicho criterio, destacando que la metodología establecida por el art. 11 de la ley 27.348 constituye un mecanismo legal destinado a recomponer el crédito mediante la actualización de la base salarial y que, por ello, queda desplazada la eventual aplicación de la doctrina de "Barrios" cuando aquella normativa ha sido efectivamente aplicada.
De conformidad con la doctrina legal reseñada, corresponde, entonces, aplicar al crédito reconocido en autos el régimen específico previsto por el art. 11 de la ley 27.348.
Por todo lo expuesto, el resultado, devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde el 06/11/2022 hasta la fecha de la presente sentencia (art. 11 de la ley 27.348).
Atento que el portal electrónico de la SCBA no cuenta con la tasa de interés señalada, a los fines requeridos utilizaré el siguiente sitio web: https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes.
Total Intereses (desde el 06/11/2022 a la fecha de la presente sentencia): $ 6.399.828,81.-
Total de la deuda (Capital + Intereses) = $ 2.437.695,71 + $ 6.399.828,81 = $ 8.837.524,52.-
Propicio, con el fin de mantener una la justa reparación (art. 14 bis de la Constitución Nacional; art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) adicionar un intereses conforme criterio que adoptó la Suprema Corte en las causas C. 120.563 "Vera" del 18/04/2018 y C. 121.134 "Nidera" del 03/05/2018, fijando un interés puro del 6% puro anual, (art. 768 inc. b) CCCN, 12 apartado 2° Ley 24.557 -t.o. art. 11 Ley 27.348-; Fallos C. 120.563 "Vera" y C. 121.134 "Nidera"), lo que asciende a un 24.23% equivalente a $ 2.141.344,30, totalizando la suma de $ 10.978.868,82.-
De manera que el importe de esta indemnización asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ( $ 10.978.868,82).-
INTERESES
Para el supuesto de incumplimiento del pago de la presente los intereses se computaran conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 622 Código Civil Ley 340-, 7 y 768 inc. b) Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994-, 12 inciso 2° Ley 24.557 t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, Zócaro, Sentencia del 11-III-2015; B62.488, Ubertalli, Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, Trofe, Sentencia del 15 de junio de 2016) y así lo propicio.
APLICACIÓN DE LA LEY 24.432 Y 24307 Y DEC.1813/92
La demandada peticiona se aplique la ley 24.432 (hoy art. 730 del CCCN) por la responsabilidad en el pago de las costas incluido los honorarios profesionales de todo tipo, que no excedan el 25% del monto de la sentencia.
Al respecto debo manifestar que nuestro Máximo Tribunal Provincial ya se ha expedido sobre el tema estableciendo que dicho régimen no sólo resulta aplicable (L. 77.914. "Zuccoli, Marcela A. c/ Sum SA s/ daños y perjuicios" del 2/10/2.000 y Ac. 78.984 "Gentile, Javier c/ Grotewold, Silvia s/ daños y perjuicios" del 30/06/04), sino que también es constitucional (L. 77.859, "A., V.A. c/ Expreso Nueve de Julio SA s/ daños y perjuicios" del 27/07/05), manifestando respecto de tales preceptos legales que:"...solo dispone la inoponibilidad al condenado en costas de lo que exceda del 25 % del producto de la sentencia...lo que implica una determinación compatible con la atribución del legislador nacional de abordar excepcionalmente aspectos procesales ....contiene una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas y no respecto de los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, mas no el único".
Es por ello que, de conformidad con el artículo 279 del C.P.C.C. -existencia de doctrina legal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- entiendo debo seguir sus lineamientos y por ello propongo hacer lugar sin más la petición formulada por la accionada.
Con relación a la ley 24.307 y decreto 1813/92 en cuanto a los honorarios de los peritos. El Decreto 1813/92 estipula que en aquellas situaciones en las que a la fecha del presente no exista regulación firme de honorarios y respecto de las cuales la aplicación estricta de las pautas establecidas en las leyes arancelarias que rigen la actividad de los peritos auxiliares de la Justicia designados en juicio, resulte desproporcionada en función de la tarea profesional cumplida, su utilidad, el tiempo que haya insumido y la naturaleza o materia del asunto de que se trate, los magistrados podrán excepcionar de aquellas pautas y regular los honorarios conforme a estos últimos criterios, por aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1071 del Código Civil.
Respecto a los honorarios de los peritos contadores, La Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires se ha expedido sobre la materia y señaló: "1- El ordenamiento general establecido por la Ley 10620 no debe aplicarse en cuanto concierne a la actuación de los contadores como auxiliares de la justicia. Dicho régimen legal no obstante su veto parcial a la sanción legislativa por parte del Poder Ejecutivo (Dto.135/87) contiene en su articulado diversas disposiciones que contrarían el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y elementales garantías de raigambre constitucional tales como el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la jerarquía normativa, etc.-que entre otros- consagran los Arts. 14, 14 bis, 16,17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y Arts. 9,10 y 27 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.- Más aún el mencionado sistema legal establece un régimen por demás gravoso para los justiciables, determinando una desigualdad irritante entre el profesional de ciencias económicas que actúa como perito contador respecto de las partes litigantes y los demás profesionales que intervienen en el juicio, llegando incluso a convalidar demoras y/o denegatorias en la administración de justicia con la incorporación de normas cuya operatividad se traducirían en la eventual paralización de los pleitos, cercenando de esa manera las facultades que las leyes procesales le confieren a la judicatura y a las partes en el trámite de las actuaciones judiciales.- 2- Los honorarios de los contadores en materia judicial deben adecuarse, además al mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los demás profesionales que intervinieron en la causa no configurándose por tal motivo la transgresión de las garantías constitucionales de propiedad e igualdad ante la Ley art.17 y 16 de la Constitución Nacional"( SCBA febrero 19 de 1991 "Cooperativa Agropecuaria de Tres Arroyos Ltda. y otro s/ Inconstitucionalidad Ley 10620" Carpetas DT 3276).
Por ende, los honorarios de los peritos deben guardar relación y estar en concordancia con los regulados a los letrados actuantes que han llevado todo el proceso, sin que el juzgador deba atenerse a lo que dispongan las leyes arancelarias propias de la profesión de quien realizó el dictamen.
Atento la Doctrina legal establecida por el Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, propongo en cuanto al marco arancelario pautado respecto a la actuación de los peritos como auxiliares de justicia, se establezca según el alcance de los precedentes citados y se rechace el planteo de inconstitucionalidad del art 730 CCCN.
COSTAS
Propicio que las costas se apliquen a la parte demandada que ha resultado sustancialmente vencida en la presente Litis con los alcances de la ley 24.432, 24.307, Decreto 1813/92, (artículo 68 CPCC, art. 24 de la ley 15.057, art 730 CCCN).
ASI LO VOTO.
LA SRA. JUEZA DRA. DIANA ALICIA CUCCARO dijo: Adhiero al voto de la Dra. Soledad Emma Gasparini, por compartir los fundamentos y consideraciones. -
LA SRA. JUEZA DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON dijo: Adhiero al voto de la Dra. Soledad Emma Gasparini, por compartir los fundamentos y consideraciones. -
A LA SEGUNDA CUESTION: La Dra. SOLEDAD EMMA GASPARINI dijo:
Conforme el resultado de la votación que antecede, corresponde:
I. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 en cuanto a la competencia se refieren y del DNU 669/19. Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del DNU 54/17 y del art. 4 de la ley 26.773 por las consideraciones vertidas en la cuestión que antecede. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, del art. 3 de la ley 26.773 y del Decreto 472/2014 y el reclamo por costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física. Aplicar las leyes 24.432 y 24307 y Dec.1813/92 -art. 730 del CCCN-, por los argumentos expuestos en la cuestión que precedente, sin costas por la naturaleza de la cuestión planteada.
II. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por DEICHL MARCOS LEONEL contra PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL y condenar a esta última a pagar la parte actora la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 10.978.868,82) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por accidente in itinere sufrido el 06/11/2022 (art. 6 inc. 1 de la ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar a la parte actora dentro de los sesenta días de notificado este pronunciamiento (art. 70 ley 15.394) y mediante depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal San Justo, a la orden del Tribunal y como perteneciente a la cuenta de autos.-
Vencido dicho plazo conforme lo dispone el art 11 de la ley 27.348 al importe de condena se le acumulará el interés conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 622 Código Civil Ley 340-, 7 y 768 inc. b) Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994-, 12 inciso 2° Ley 24.557 t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, Zócaro, Sentencia del 11-III-2015; B62.488, Ubertalli, Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, Trofe, Sentencia del 15 de junio de 2016.-
III. Imponer las costas a la parte demandada que resultó sustancialmente vencida en la presente litis con los alcances de la ley 24.432 y artículo 730 del CCCN (artículo 68 CPCC, artículo 24 de la ley 15.057).
IV. Regular los honorarios , por la parte actora, los del Dr. Guido Karp en el equivalente a 17 jus arancelarios más los aportes e IVA si correspondiere y los de la Dra. Sellaro Carla Edith en el equivalente a 7 Jus arancelarios con más los aportes e IVA si correspondiere; y por la demandada los del Dr. Nocetti Martin Ezequiel en 12 jus arancelarios, más los aportes e IVA si correspondiere y los del Dr. Gustavo Boveda en 7 jus arancelarios, más los aportes e IVA si correspondiere. (Ley 14967).
Asimismo, por la labor desarrollada en autos, al perito medico Emiliano Javier Cozzi en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000), al perito contador Leon Sergio Fuks, en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000), con más los aportes correspondientes e Iva si correspondiere (arts. 12 inc. a) y 22 de la ley 6716; 106 inc. c, 193, 207 y concs. Ley 10620 mod. Por la ley 13.750, art.730 CCC). -
V. Asimismo propicio librar oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de homologación de la CMJ Nro 38-2 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expediente sobre Divergencia en la determinación de incapacidad Nro 238925/23 a los fines correspondientes.-
ASI LO VOTO.
LA SRA. JUEZA DRA. DIANA ALICIA CUCCARO dijo: voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Soledad Emma Gasparini.-
LA SRA. JUEZA DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON dijo: voto en idéntico sentido por compartir los fundamentos y consideraciones de la Dra. Soledad Emma Gasparini.-
POR ELLO Y LO EXPUESTO EN EL ACUERDO QUE ANTECEDE:
EL TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 4 DE LA MATANZA
En mérito al resultado de la votación en el ACUERDO que precede, citas legales y fundamentos expuestos
1. DECLARAR la inconstitucionalidad de los artículos 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 en cuanto a la competencia se refieren y del DNU 669/19. DECLARAR ABSTRACTO el planteo de inconstitucionalidad del DNU 54/17 y del art. 4 de la ley 26.773 por las consideraciones vertidas en la cuestión que antecede. RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, del art. 3 de la ley 26.773 y del Decreto 472/2014 y el reclamo por costos y gastos de asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación física. APLICAR las leyes 24.432 y 24307 y Dec.1813/92 -art. 730 del CCCN-, por los argumentos expuestos en la cuestión que precedente, sin costas por la naturaleza de la cuestión planteada.
2. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda incoada por DEICHL MARCOS LEONEL contra PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL y condenar a esta última a pagar la parte actora la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 10.978.868,82) en concepto de indemnización por reparación dineraria de la ley de Riesgo de Trabajo por accidente in itinere sufrido el 06/11/2022 (art. 6 inc. 1 de la ley 24.557) a cuyo pago corresponde condenar a la encartada a abonar a la parte actora dentro de los sesenta días de notificado este pronunciamiento (art. 70 ley 15.394) y mediante depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal San Justo, a la orden del Tribunal y como perteneciente a la cuenta de autos.-
3. VENCIDO dicho plazo conforme lo dispone el art 11 de la ley 27.348 al importe de condena se le acumulará el interés conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (arts. 622 Código Civil Ley 340-, 7 y 768 inc. b) Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994-, 12 inciso 2° Ley 24.557 t.o Ley 27.348-; SCBA L118.615, Zócaro, Sentencia del 11-III-2015; B62.488, Ubertalli, Sentencia del 18-V-2016; Causa L118.587, Trofe, Sentencia del 15 de junio de 2016).-
4. EL CAPITAL Y COSTAS, deberán ser abonadas a la parte actora en la forma estipulada en el punto 2) bajo apercibimiento de ejecución (artículo 60 de la ley 15.057).-
5. COSTAS a la parte demandada que resultó sustancialmente vencida en la presente Litis con los alcances de la ley 24.432 y Decreto 1813/92 (artículo 68 CPCC, artículo 24 de la ley 15.057). -
6. REGULAR los honorarios , por la parte actora, los del Dr. Guido Karp en el equivalente a 17 jus arancelarios más los aportes e IVA si correspondiere y los de la Dra. Sellaro Carla Edith en el equivalente a 7 Jus arancelarios con más los aportes e IVA si correspondiere; y por la demandada los del Dr. Nocetti Martin Ezequiel en 12 jus arancelarios, más los aportes e IVA si correspondiere y los del Dr. Gustavo Boveda en 7 jus arancelarios, más los aportes e IVA si correspondiere. (Ley 14967). Asimismo, por la labor desarrollada en autos, al perito medico Emiliano Javier Cozzi en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000), al perito contador Leon Sergio Fuks, en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000), con más los aportes correspondientes e Iva si correspondiere (arts. 12 inc. a) y 22 de la ley 6716; 106 inc. c, 193, 207 y concs. Ley 10620 mod. Por la ley 13.750, art.730 CCC). -
7. LÍBRESE oficio con copia de sentencia a la SRT y al Servicio de homologación de la CMJ Nro 38-2 a los fines de que tomen razón de la sentencia recaída en relación al expediente sobre Divergencia en la determinación de incapacidad Nro 238925/23 a los fines correspondientes.-
DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI
JUEZA
DRA. DIANA ALICIA CUCCARO
JUEZA
DRA. CYNTHIA VANESA THOMPSON
JUEZA
DRA. MARIANA CILIA
SECRETARIA
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de San Justo, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: GASPARINI Soledad Emma - JUEZ
Funcionario firmante: CUCCARO Diana Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: THOMPSON Cynthia Vanesa - JUEZ
Funcionario firmante: CILIA Mariana - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 193-2026
Fin de la sentencia