Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 44.148-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-61437856-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Junio de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 44.148-I caratulado “DELGADO, ALEJANDRO GUSTAVO s/ recurso de apelación” y su acum. 44.151-I de igual carátula, El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 152/162vta. y fs. 341/351vta. se interpusieron recursos de apelación contra las Res. 634/2015 y 635/2015, por las que se determinó de oficio el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales (en adelante IG e ISBP, respectivamente), del ejercicio 2006, e intimó su pago con más los intereses resarcitorios; e hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones (cfrme. art. 20, de la entonces vigente ley 24.769).
La recurrente manifestó que ya durante la fiscalización informó que nunca fue titular de una cuenta en Suiza y que la cuenta 11322794 del HSBC Bank (Suisse) pertenecía a la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (en adelante CABC) de la cual la actora fue presidente y representante legal durante el período 25/04/2006 a 24/04/2007. Por su parte, destacó que la CABC reconoció la titularidad de la cuenta y exhibió sus saldos al 31/12 desde el año 2006 hasta el 2011, ya que la cuenta fue cerrada en 2012. Puntualizó que desde un primer momento las planillas informadas por la Administración Francesa lo exhibían a él y a otros funcionarios de la Cámara como personas “vinculadas” al “cliente”, es decir, a la CABC, y no como cliente propiamente dicho. Planteó la nulidad de las resoluciones apeladas por entender que el procedimiento seguido por el fisco carece de toda lógica, atento que no consideró las pruebas ofrecidas al contestar los requerimientos durante la fiscalización electrónica y denegó prueba que consideró relevante al determinar de oficio los tributos. También cuestionó la aplicación de métodos presuntivos ajenos a la realidad del contribuyente. A los efectos de probar la titularidad de la cuenta, aportó planillas informadas por la Administración Francesa respecto de la CABC, certificación contable que da cuenta de la titularidad y origen de los fondos, copia certificada del Acta de Comisión Directiva del 10/09/2003 en la que se informa el origen y destino de la colocación, entre otros.
Reiteró que fue presidente de la Cámara, lo que no hace más que ratificar sus dichos a los efectos de justificar que las autoridades francesas lo hayan informado como persona vinculada a la cuenta. Agregó que si en alguna oportunidad tuvo la posibilidad de administrar y/o disponer de los fondos de dicha cuenta, lo hizo como presidente de la CABC, por cuenta y orden, y en beneficio de esta última.
En este mismo sentido, destacó que todas las personas físicas denunciadas como vinculadas fueron y/o son funcionarios y/o empleados de la CABC. Explicó que las personas físicas que fueron informadas por las autoridades francesas como “vinculadas a la cuenta” no eran sus titulares sino que, en razón de sus cargos, contaron con mandato para administrar y/o disponer de los fondos en representación de la CABC. Citó como prueba la simple comparación entre las planillas agregadas a esta causa con las obrantes en la causa seguida a la CABC por la Regional Microcentro, lo que permite corroborar que nunca fue denunciado como “cliente”, sino como “persona vinculada” al cliente.
Informó que de la documentación de la CABC surgen sus datos identificatorios e iguales saldos al 31/12/2006, calificándola como “cliente” y al Sr. Delgado como “vinculada” al cliente.
Sostuvo que la realidad económica permite concluir que resulta imposible que todos y cada uno de los empleados y funcionarios de la CABC tuviesen igual activo en el exterior, en el mismo ejercicio y, en coincidencia con el activo declarado por la CABC.
Hizo hincapié en que el procedimiento fue iniciado cuando ya la CABC había reconocido en la fiscalización electrónica 2500988 la titularidad de los fondos en Suiza.
Citó textualmente el informe de la Tesorería-Apertura de Cuentas, Nro. 46 que puntualizó que: “...cuando vencieren los plazos fijos constituidos con el dinero reprogramado de la salida del “corralito”, la Mesa Directiva tomó la determinación de abrir las cuentas en el exterior para resguardar el patrimonio institucional. En tal sentido, luego de varias consultas, se decidió abrir cuentas en el Banco HSBC de Ginebra (Suiza) y en el Banco UBS de Nueva York (EEUU), adonde se remitió parte del activo líquido de la entidad...”
Respaldó este informe con los Balances de la CABC en donde al 31/12/2002 existen “depósitos reprogramados” que no se encuentran al 31/12/2003, y a través de la Nota 6 se aclaró que la CABC aceptó la opción de la desafectación y se exhibió en el rubro Activo Corriente/Caja y Bancos/Bancos en el exterior un depósito en la cuenta HSBC Republic Bank (Suisse) S.A. por U$S997.814,13 y otro en UBS International Inc. (Inc. New York) por U$S604.043,77.
Reiteró que la cuenta en Suiza no estaba oculta sino que su titularidad pertenecía a la CABC y que la informó en todas sus DDJJ como bien situado en el exterior. Agregó que al 31/12/2006 el Anexo II exhibió las inversiones en el exterior, desagregando las efectuadas en el UBS International Inc., de las del HSBC Private Bank Suisse con fondos por U$S6.045 e inversiones a corto plazo por U$S1.065.000, importes coincidentes con los que emergen del documento dirigido a la CABC y lo informado por el Gobierno Francés.
Resumió que se desempeñó como presidente de la CABC desde el 25/04/2006 al 24/04/2007, con funciones relacionadas al movimiento de fondos. Concluyó que es clara su vinculación con los activos pertenecientes a la Cámara y existentes en Suiza, limitando su desempeño como presidente de la mencionada entidad.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba, solicitó la acumulación y peticionó que se revoquen la resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 178/189 y fs. 361/372 se presentó el fisco y contestó los traslados de los recursos. Acompañó los antecedentes administrativos (en adelante aa) y solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 379/379vta. obra la sentencia del Tribunal en Pleno por la cual se acumuló el expediente que originariamente tramitó bajo el número 44.151-I al que lleva el N° 44.148-I.
IV. Que a fs. 387/387vta. se abrió la causa a prueba. A fs. 489 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 494 se pusieron los autos para alegar, obrando el alegato del fisco a fs. 499/503, sin haber hecho uso de ese derecho la actora. Finalmente, a fs. 505 se pusieron los autos para dictar sentencia.
V. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VI. Que razones lógicas obligan a tratar en primer lugar el agravio de nulidad articulado por la actora al considerar que se violó su derecho de defensa y que los actos administrativos no responden a las pautas del art. 7 de la ley 19.549 (no consideró las pruebas ofrecidas al contestar los requerimientos durante la fiscalización electrónica y denegó prueba que consideró relevante al determinar de oficio el tributo, entre otros agravios), toda vez que de ser acogido favorablemente derivaría en la nulidad de las resoluciones recurridas.
En este sentido, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Al respecto, cabe precisar que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen su dictado. Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida en sede administrativa, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa donde la recurrente tuvo ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida la actora vio afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, en atención a que –tal como surge de los propios actos apelados- el fisco expuso las razones por las que entendió que las pruebas acompañadas no fueron fehacientes y, como ya se expuso, la actora tuvo oportunidad de ofrecer nuevamente en sede de este Tribunal las que fueron anteriormente rechazadas. Conforme lo tiene dicho reiteradamente la CSJN “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis de los actos administrativos recurridos, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas, ni que haya existido agravio alguno al derecho de defensa de la apelante, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez del acto.
Ello así, corresponde desestimar la defensa de nulidad articulada.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683 sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener la revocación de los mismos, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VII. Que conforme surge del informe final de inspección (en adelante IFI), el caso se originó a partir de información obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio (v. fs. 44/45, Cpo. IG y fs. 10/11, Cpo. ISBP, aa).
En el marco de este intercambio, la Administración recibió del organismo de la República Francesa información en soporte magnético en la cual constaría que el apelante se encuentra vinculado a la cuenta HSBC objeto del ajuste, conjuntamente con otros sujetos (v. fs. 19/29, Cpo. IG, aa).
Así, el contribuyente presentó su descargo manifestando que figura sólo como firmante de la cuenta de la CABC, no contando con cuenta bancaria en la Confederación Suiza. Acompañó documentación, tal como estatuto, Actas de Asamblea y Comisión Directiva, Estados Contables y copia del resumen de la cuenta (v. fs. 47/92, Cpo. IG, aa).
Sin embargo, la fiscalización consideró el saldo en las cuentas bancarias al 31/12/2006 como un ingreso no declarado del aquí apelante (v. fs. 96, Cpo. IG y fs. 18, Cpo. ISBP, aa).
Por su parte, el juez administrativo destacó que “… a los efectos de resguardar debidamente el crédito fiscal, se debe determinar de oficio el total de la materia imponible que emerge de la/s cuenta/s oculta a todos los partícipes, ello e virtud de que no surge de las actuaciones administrativas elementos que permitan establecer con suficiencia y certeza que alguno de los sujetos involucrados resulte ajeno a la verdadera titularidad o disponibilidad real de los bienes ocultos y por ende queden al margen de la relación jurídica tributaria…” (v. fs. 45, párrafo segundo).
VIII. Que de las Actas de Sesión de Comisión Directiva del 25/04/2006 y 24/04/2007 (fs. 22/23 y 26/27), surge que el Sr. Alejandro Gustavo Delgado fue elegido como Presidente de la Cámara por el período comprendido entre el 25/04/2006 y el 24/04/2007. Asimismo, del Acta del 10/09/2003 surge la decisión de la Cámara de abrir dos cuentas, una en el Banco UBS de Nueva York y otra en el Banco HSBC de Ginebra “para resguardar el patrimonio institucional” (fs. 154, Cpo. IG, aa).
A su vez, de la traducción y legalización de la copia del resumen “Detailed Investment Breakdown”, emitido por el HSBC Private Bank (Suisse) S.A., y copias de las planillas informadas por la administración francesa respecto de la CABC (fs. 422/435) surge como titular de la cuenta 11322794 el cliente 1388525- Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, y el Sr. Alejandro Gustavo Delgado junto a Raúl Abel Tomas y Miguel Angel Di Rosso como “otras personas vinculadas a los perfiles clientes”. Asimismo, surge como fecha de creación el año 2003 y saldos al 31/12/2005 de U$S1.019.608 y al 31/12/2006 U$S1.071.634 - fechas coincidentes con el Acta citada e iguales importes a los determinados en el anexo de la DO (v. fs. 50).
En efecto, la propia CABC reconoció a fs. 86/87 y fs. 419/421 la autenticidad de las Actas aportadas, a la vez que confirmó que la cuenta estuvo siempre expuesta en sus estados contables (en adelante EECC) y que, de acuerdo a su Estatuto y reglamentación de la IGJ, cualquier documento de movimiento de fondos o inversiones debía ser suscripto por dos miembros de la Mesa Directiva, o un miembro de la Mesa Directiva y otro de la Gerencia, por lo que ellos registraron a los Sres. Delgado, Di Rosso y Caivano por su condición de presidente y gerentes técnico y jurídico, respectivamente. A su vez, indicó que la cuenta se abrió en el 2003 para resguardar el patrimonio institucional -fecha que coincide con el Acta y con lo informado por el HSBC-.
Nótese al respecto que el Sr. Delgado aparece como apoderado/abogado (attorney) junto a las demás personas humanas en las distintas constancias acompañadas en autos (v. fs. 126/128 –reiterado a fs. 315/317 y 428/434vta.), mientras que la CABC figura como titular de la cuenta (account holder). En esta línea, de las “Notas a los Estados Contables” del ejercicio 2003 en el rubro Activo Corriente surge la cuenta en el HSBC, cuando en el ejercicio 2002 no lo estaba, dato que coincide con lo informado por la CABC y el HSBC y que fue mencionado en párrafos anteriores. Por su parte en los EECC correspondientes al ejercicio 2006 se encuentra incluida en el rubro Inversiones, aunque por un importe algo inferior por U$S589.
Confirmando lo expuesto, el perito de la parte actora concluyó en el informe pericial obrante a fs. 452/468 que los importes exhibidos en los EECC de la CABC son compatibles con los emergentes de documentación emitida por el Banco HSBC Bank (Suisse), coincidiendo los importes con el detalle que efectúa el perito del fisco. Asimismo, el perito de la actora afirmó que el total del Activo de los EECC coincide con lo declarado en la ddjj de Ganancias Sociedades.
En este sentido, en el pto. 4 del informe, para el ejercicio 2003, el perito del fisco detalló la apertura de los rubros del Activo según la ddjj del IG que arroja un importe total coincidente con el detallado por el perito de la actora, esto es, $11.022.868,28. Por su parte, para el ejercicio 2006 dicho profesional observó que de la consulta en el sistema tributario de AFIP, en la ddjj del IG surgen los rubros “Acciones”, “Otros títulos valores” y “Títulos Públicos” por un total de $8.031.214,73, importe que coincide con el detalle expuesto en el rubro Inversiones (v. Anexos II y III de los EECC).
En efecto, el Anexo II (v. fs. 133, Cpo. ISBP, aa) titulado “Inversiones” hace la apertura de cada rubro y en “Inversiones en el exterior” incluye la cuenta en el HSBC, siendo el total del rubro –incluido el de “Otras Inversiones”, obrante a fs. 134- coincidente con lo informado en la pericia por ambos peritos ($ 8.031.2014,73).
Ello permite concluir que la cuenta bajo análisis, independientemente del rubro en el que se la haya incluido en la ddjj del IG, fue declarada por la CABC. Respecto de las observaciones efectuadas por el perito contador designado a propuesta del fisco con relación a los libros de la CABC (v. fs. 456/458), resultan inocuos para modificar tal conclusión, pues se trata de períodos posteriores a los discutidos en autos, por lo que no resulta atendible la impugnación formulada por la representante fiscal a fs. 471/471vta. En suma, las constancias comprobadas de la causa me llevan a concluir que le asiste razón a la actora, y la cuenta 11322794 del HSBC no pertenecía al Sr. Alejandro Gustavo Delgado, sino a la CABC.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar las Res. 634/2015 y 635/2015, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello SE RESUELVE:
Revocar las Res. 634/15 y 635/15, con costas.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.11 12:38:09 -03:00 Date: 2024.06.11 13:41:38 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.11 13:41:39 -03:00
Fin de la sentencia