Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2130/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte actora a fs. 52/59 y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Ape-laciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/477 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 462/469 de dichos autos, todo ello con costas al recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2130/16-TSJ Interlocutorio N°: 3309.-
Actor: DELGADO EDUARDO ALFREDO Demandada: HORACIO ARENA S.A.C.A.I. S/ LABORAL Objeto S/ RECURSO DE QUEJA- PARTE ACTORA Fecha: 19-09-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3309 FOLIO Nº 5509/5512 PROT. ELECT. TSS1 047 I.171
Río Gallegos, 19 de septiembre de 2017.-
Los presentes autos caratulados “DELGADO EDUARDO ALFREDO C/ HORACIO ARENA S.A.C.A.I. S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-” Expte. Nº D-2130/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado a fs. 52/59 por los Dres. Juan Lucio R. de la Vega y Roberto Marcelo Saldivia, en su carácter de letrados apoderados de la parte actora, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en copia a fs. 46/50, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 38/45. Este último, se interpuso contra la sentencia de Cámara, que confirmó la sentencia de la anterior instancia -agregadas en copia a fs. 27/36 y 2/9 vta., que rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Eduardo Alfredo Delgado contra Horacio Arena S.A.C.A.I..-
II. En su presentación expresa: “Motivan la Queja que aquí se articula, la errónea aplicación de la ley, la arbitrariedad de la sentencia y el absurdo en la valoración de la prueba. Por ello, solicitamos a V.E. se haga lugar al presente Recurso de Hecho y habilite la Instancia Casatoria, procediéndose al tratamiento de los agravios expresados por esta parte y haciendo lugar a la demanda [...] Las afirmaciones de la Cámara...no se ajustan a las constancias del expediente. En particular, la grave infracción a los principios lógicos ha sido cabalmente demostrada en el escrito de interposición del Recurso de Casación, sin que la Cámara haya siquiera indagado en dichos fundamentos, lo cual le hubiese permitido advertir la existencia, si no de razón en el planteo de esta parte, sí al menos de una crítica lo suficientemente razonada del procedimiento utilizado para resolver el caso, que ameritaba la apertura de la instancia casatoria...” (cfr. foja 52 y vta.).- Asimismo, expresa: “La sentencia de la Alzada incurre en la causal de errónea aplicación de la ley...al modificar arbitrariamente y contra la expresa letra del art. 243 LCT, la causal alegada por el empleador al despedir a nuestro mandante.
Tal modificación se produce al introducirse sutiles cambios a la redacción utilizada por el empleador en la notificación del distracto.” (cfr. foja 53). Continúa diciendo: “…la Cámara justamente se ha apartado del marco fáctico propuesto por el empleador (básicamente, haber incumplido normas de la empresa e ‘impedido’ el libre ejercicio de sus derechos sindicales a las cajeras Farías, Mansilla, Contreras y Martínez los días 23 y 24 de mayo de 2008), y lo ha reemplazado arbitrariamente por uno diferente (haber ‘limitado’ el ejercicio de tales derechos, con miras a la elección del 05/06/2008). Este apartamiento es patente en varios pasajes de la sentencia.” (cfr. foja 53 vta.). Al respecto, insiste el recurrente, en que “...se acreditó que no existió ningún impedimento al ejercicio de la libertad sindical.
En efecto, según las testigos, la supuesta presión de Delgado ocurrió después de los comicios del 23/05/08, en los que se declaró un empate, es decir, cuando ellas ya habían votado. En la segunda elección, el actor ya había sido despedido. Esto significa que las cajeras votaron libremente el 23/05/2008 y también el 05/06/2008. Del mismo modo, acreditamos la inexistencia de ‘normas de la empresa’ que Delgado hubiese desobedecido, cuestión también alegada en el telegrama.” (cfr. foja 54 y vta.).- Asimismo, se agravia al considerar que el fallo de Cámara resulta arbitrario “...al desestimar el agravio de esta parte referente a que las empleadas pudieron votar a quienes ellas quisieron en ambas elecciones.
En la primera de ellas, porque los hechos atribuidos a Delgado fueron posteriores a conocerse el resultado (empate). En la segunda...porque el actor ya había sido despedido y, además, porque las propias cajeras reconocen que votaron con libertad... Aquí la sentencia finalmente se libera de las ataduras que significaba para ella el imperativo del art. 243 LCT y directamente se desentiende de los límites fácticos en torno a los cuales quedó trabada la litis…” (cfr. foja 56 vta.).- Finalmente, se agravia al considerar que ha existido en los presentes “Absurdo en la valoración de los antecedentes del actor y aplicación del principio del art. 9° LCT.” (cfr. foja 57). Al respecto, considera que la Alzada omite toda valoración de las pruebas producidas por su parte.
En particular la errónea valoración de la prueba en el análisis de los antecedentes del trabajador. Finalmente, expresa: “La absurda valoración de las pruebas y la omisión de consideración de las producidas por esta parte se relacionan además con la omisión de aplicar, en el caso, el principio in dubio pro operario, consagrado en el art. 9° LCT, situación que configura además un supuesto de errónea aplicación de la ley, igualmente hábil para habilitar la instancia casatoria.” (cfr. foja 58). Mantiene la reserva del caso federal (conf. foja 59).- A foja 67 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que, corresponde en primer término verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad mínimos que deben sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial. Al respecto este Tribunal ha dicho que “...la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc.; apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (conf. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación’, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., pág. 243/244).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3225, Folio 5328/5331).- De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso propuesto a los fines de decidir si ha sido mal denegado el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria por lo que adelantamos que el recurso fue bien denegado.-
En el recurso de queja no se desarrollan argumentos que pongan en evidencia los defectos, que según el recurrente, adolecería la resolución impugnada. El principal agravio del recurrente, tanto en su recurso de casación como en el de queja, se centra exclusivamente en la valoración de las pruebas que realiza la Cámara en la resolución en crisis.-
Todo ello, refiere exclusivamente a cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación.-
Tanto las cuestiones de hecho, como así también la valoración de la prueba, compete a los jueces de grado y solo pueden convertirse en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad. Esto último “…‘…exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa…’ (conf. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ‘N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.’, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011. Cita online: AR/JUR/6602/2013)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- Al respecto ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: ‘“...Sabido es que las conclusiones vinculadas a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, así como las relativas a la determinación de la autenticidad, remisión y recepción de las piezas telegráficas y, en definitiva, a la valoración del material probatorio para determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen fruto del ejercicio de facultades reservadas a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 91.018 ‘Rojas’, sent. de 21-V-2008; L. 103.003 ‘Tristani Cárdenas’, sent. de 3-XI-2010; L. 116.498 ‘Mendoza’, sent. de 12-XI-2014).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199 ‘Baltar’, sent. de 14-VIII-2013; L. 113.610 ‘Agustinelli’, sent. de 5-III- 2014). En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues en su crítica se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando tan sólo la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis, como así también la de determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 96.889 ‘Arismendi’, sent. de 9-IX-2009; L. 101.679 ‘Fioritti’, sent. de 4-VIII-2011).” (cfr.
“Pietronave, Karina Elizabeth c/ R.G.R. S.A. y otros. s/ Despido”, LP. Rl. 119844 -I-, de fecha 24/08/2016).”’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3266, Folio 5413/5417).- Este Tribunal Superior ha decidido respecto de las cuestiones de hecho y prueba: “…ésta es una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- No se advierte que la recurrente funde adecuadamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se argumentan idóneamente. Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (conf.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- En el interlocutorio atacado por el recurso interpuesto, se fundamenta: “De la sentencia dictada por esta Cámara a fs. 450/459 se desprende que se procedió al análisis minucioso de cada uno de los agravios y en lo que corresponde a las pruebas aportadas en autos, las mismas fueron valoradas en forma detallada... Así, las cuestiones planteadas en el recurso han merecido oportuno pronunciamiento por esta Cámara en la sentencia recurrida, no aportando el impugnante elementos que desvirtúen la decisión recaída, sino que, en cierto sentido, se refieren a su disconformidad con el análisis y valoración de la prueba, realizados por esta Cámara.” (cfr. foja. 48).- Efectivamente, el fallo de Cámara dio debido tratamiento a los agravios expresados por el recurrente en su recurso, entre ellos, el agravio esgrimido respecto de la incoherencia en la que habría incurrido la sentencia de Primera Instancia al considerar probado que el Sr.
Delgado había sugerido o coaccionado a sus compañeras de trabajo (conf. foja 31). Recordemos que la omisión al tratamiento de este agravio generó la declaración de nulidad de la sentencia de Cámara dictada el 30 de agosto de 2013.-
En la jurisprudencia se ha expresado en cuestiones relativas a las resueltas en estos actuados: ‘“…la apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la categoría laboral del trabajador y su salario, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en tal caso, si existió -o no- injuria que justifique aquella disolución, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo…’ (cfr. SCBA, ‘Trojelli, Oscar Raúl v. Lemarchand, Sergio Benjamín s/ Despido’, LP L 90784 S 28/05/2008), supuesto este último que no logra cometer el recurrente.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324).- En el sub lite, las decisiones tomadas en las instancias de grado se basaron en el análisis de la prueba respecto de las conductas de ambas partes previas a la finalización del vínculo que las unía. En razón de dicho análisis tanto la Cámara como el juez de Primera Instancia, concluyeron que el despido del trabajador fue justificado. Estas circunstancias, sin duda, se vinculan con aspectos fácticos cuyo juzgamiento como se dijo ut supra, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no consideramos debidamente demostrado. Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, los magistrados de las anteriores instancias consideraron justificado el despido, ello constituye una cuestión fáctica, materia reservada a las instancias ordinarias.- Dicho en otras palabras, ‘“…la valoración de la entidad de la injuria en principio escapa al control excepcional de esta instancia por comprometer materia de resorte exclusivo de los Tribunales de Mérito (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, autos: Berrios, Alejandro Gabriel c. Amuchastegui, Jorge Omar s/ ordinario -despido- recurso de casación, 26/07/2012, Publicado en: LLC 2012 (noviembre), 1076, DJ 13/02/2013, 39, Cita online: AR/JUR/39374/2012)…’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Reg. 3.083, Folio 5.020/5.023).” (cfr. fallo cit.).-
De su lado, este Tribunal tiene expresado que: “…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación”’ (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3225, Folio 5328/5331, entre otros).-
Es que, para este Alto Cuerpo, “…asumir facultades de los tribunales de mérito, es crear una tercera instancia ordinaria lo cual le está vedado (confr. TSJ Santa Cruz Tomo XIII, Sentencia, Reg. 461, Folio 2508/2511, entre otros). No puede pretenderse que por el recurso de casación se llegue a este punto con el fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado, pues ello contraviene la previsión de la ley 1687 (art. 1º)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539).-
Así. el recurrente no ha logrado fundar y argumentar suficientemente la errónea aplicación de la ley y arbitrariedad de la sentencia que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba.-
Es por lo expuesto, que la queja interpuesta debe ser rechazada.
IV. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por el actor a fs. 52/59 de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/477, de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 462/469, de dichos autos; todo ello con costas al recurrente, de acuerdo a lo normado en el 3º párrafo del artículo ya citado.-
V. Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por la parte actora a fs. 52/59 y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Ape-laciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 473/477 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 462/469 de dichos autos, todo ello con costas al recurrente.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente, devuélvanse. Cumplido, archívese la queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1047I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.309.-
Folio N°:5509/5512.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia