Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2551/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE787941-2023, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE871670-2023.-
2Hacer saber a Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial lo dispuesto en el considerando II.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría CivilInstancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2551/23-TSJ Interlocutorio N°: 3773 Actora: DELGADO IRMA DEL VALLE Demandada: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 06-11-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3773 FOLIO Nº 6815/6818 PROT. ELECT. TSS1 044 I.231
Río Gallegos, 6 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “DELGADO IRMA DEL VALLE c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº D-4649/2021 (D-2551/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Matías E. Solano (cfr. PE787941-2023), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial en cuanto rechazó el recurso de apelación deducido por la nombrada y confirmó el fallo dictado en Primera Instancia (cfr. PE755234- 2022).-
Este último hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Sra. Delgado disponiendo que -hasta tanto se resuelva en sede administrativa y judicial- la parte actora deberá cumplir funciones en un colegio dependiente del Consejo Provincial de Educación situado en la localidad de Las Heras, dejando sin efecto todo tipo de sanciones impuestas. Asimismo, dispuso el reintegro de los haberes dejados de abonar por la demandada con motivo de no haberse presentado a trabajar en la Escuela Primaria Provincial Rural Nº 34 de Fuentes de Coyle, con costas a la vencida (cfr. PE521802-2022).-
La parte demandada dedujo recurso de casación aduciendo violación de las normas legales y de la doctrina legal (cfr. PE787941-2023, págs. 3/4).-
Bajo el título de: “Sentencia contradictoria y abusiva. Vicios in procedendo” indica que el fallo impugnado adolece de serias falencias formales en tanto decide crear una excepción legal lo cual lo torna abusivo y contradictorio. Funda su embate indicando que el mismo: “…viola la igualdad ante la ley y el debido proceso…avanzando sin razón legal alguna sobre el marco de decisiones y regulaciones en las que solamente resulta competente este Consejo Provincial de Educación, siendo por lejos, una cuestión que excede el marco de facultades de la Excma. Cámara de Apelaciones y de cualquier magistrado.” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Sostiene que estamos en el marco de una acción de amparo, por lo que no resulta ser una vía legal para el reclamo que la docente intenta, así mal podría el resolutorio impugnado probar de efectos actos administrativos o crear/tomar decisiones administrativas en violación de la norma aplicable (cfr. PE y pág. cit.).-
En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva afirma que el fallo impugnado: “…asienta su razonamiento sobre la base de considerar como sanción al inicio de un sumario administrativo o cargar de connotación negativa la decisión de la administración de instruir un sumario…asienta su razonamiento en la condición de supuesta víctima de la amparista sin ponderar las facultades de la administración ni las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos, pasando por alto la normativa y abstrayéndose de la plataforma fáctica sobre la que se asientan las decisiones […] Tanto la Excma. Cámara como en su oportunidad el Juzgado de Primera Instancia confunden el inicio del sumario con una sanción, y ordenan dejar sin efecto todo tipo de sanciones, las que aún no se han determinado…” (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Aduce que en esa línea se ha dispuesto el traslado a cumplir funciones de una docente a otra localidad aparentemente en forma definitiva irrespetando toda normativa al respecto y sin ponderar la actual realidad de la Escuela donde la amparista debe prestar funciones. Agrega que “…la posibilidad de traslado jurisdiccional o interjurisdiccional está reglamentada en el Estatuto Docente y normas administrativas complementarias y responde a facultades exclusivas del Consejo Provincial de Educación, siendo imposible proceder conforme lo ordenan los magistrados previamente intervinientes. Lo que están ordenando, lisa y llanamente, consiste en abonarle salario a Delgado (aparentemente en forma definitiva) sin que la misma preste funciones, lo que además…vulnera también al erario público.” (cfr. . PE cit., pág. 4).-
Afirma que se ha violado del Estatuto Docente (arts. 29 a 33) y su reglamentación en cuanto regulan los traslados, permutas y demás situaciones relacionadas al cambio de lugar de prestación de servicios; el Acuerdo 219/96 toda vez que se ordena dejar sin efecto cualquier sanción sin tachar de nulidad el acto que da inicio al sumario y sin referirse a ninguna sanción en particular, y finalmente el inciso c) del artículo 192 de la Ley Nº 3305 que establece entre las atribuciones de la presidencia del Consejo la de nombrar y remover docentes con sujeción a la normativa vigente (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Por último sostiene que se ha violado la doctrina legal sentada en los autos:
“M. N. E c/ Ministerio Hijos del Altísimo s/ Laboral”, en donde se confirma que es el Consejo Provincial de Educación el único con la potestad de aplicar una sanción administrativa, así como de llevar adelante la sustanciación de un sumario administrativo previo. Entiende en tal sentido que: “…el resolutorio en crisis se aparta de este antecedente, en tanto ordena no imponer sanciones a una docente y abonar el salario aunque no hubiere asistido a trabajar, sin permitir que la investigación administrativa arroje luz sobre tales extremos.” (cfr. PE cit., pág. 5).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. PE871670-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE609076-2023.-
II. Previo a efectuar el examen preliminar que establece nuestro código de procedimientos se advierte que en la resolución impugnada dictada por la Cámara, obrante en PE755234-2022, se ha identificado de manera incorrecta la parte que interpuso el recurso de casación.-
Ello es así toda vez que en la parte dispositiva de dicho pronunciamiento se indica que se rechaza el recurso deducido por la “…parte actora en PE522590-2022…”, cuando dicha facultad fue ejercida por la accionada por intermedio de su letrada apoderada mediante la presentación obrante en PE526541-2022.-
Sin embargo, declarar la nulidad de la resolución referida y remitir el expediente a la anterior instancia a fin de subsanar los errores advertidos provocaría una mayor e innecesaria prolongación del trámite del expediente sobre todo teniendo en cuenta que no hay nulidad por la sola circunstancia de la violación de las formas y solemnidades para el procedimiento, si al propio tiempo no deriva de ella un gravamen (cfr. Molina Sandoval Carlos A.: “Recurso de Casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1º edición, Ed. Advocatus, 2016, pág. 261).-
En la presente causa no se vislumbra perjuicio alguno derivado del vicio indicado toda vez que, de los considerandos de la resolución aludida surge de manera inequívoca el tratamiento del recurso deducido por la parte demandada entendiendo este Alto Cuerpo que la contradicción que surge de la parte dispositiva se trata de un mero error de tipeo, sumado a que la apelante pudo interponer en tiempo y forma el recurso de casación que nos ocupa sin que se aprecie la vulneración de sus derechos ni de las garantías que la misma posee.-
En virtud de lo expuesto y a fin de no incurrir en un excesivo rigorismo formal, de optar por la solución más favorable al derecho de defensa de los litigantes y de evitar un mayor aplazamiento del proceso de amparo se procederá al tratamiento de la admisibilidad del recurso de casación impetrado.-
No obstante ello, corresponde hacer saber a Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial que en lo sucesivo deberá prestar la debida atención y acatamiento a las formas procesales, a efectos de evitar esta clase de errores que generan un innecesario dispendio jurisdiccional.-
III. Que, ingresando al examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670 y XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360, entre otros).-
También este Tribunal ha señalado que para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. Interlocutorio, Tomos XXXIII, Reg. 3669, Folio 6440/6442).-
En el caso que nos ocupa, el recurso deducido no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- De la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Alzada ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de la violación de la ley y de la doctrina legal alegada por la casacionista.-
IV. Como primer agravio la impugnante pretende postular que el fallo recurrido viola la igualdad ante la ley y el debido proceso avanzando sin razón legal sobre el marco de decisiones y regulaciones en las que solamente resulta competente el Consejo Provincial de Educación, sin embargo, la recurrente sólo se ha limitado a enumerar los derechos constitucionales mencionados sin explicar, mínimamente, de qué manera el fallo de cámara produjo la infracción que aduce.-
Nótese al respecto que este Alto Cuerpo ha sostenido reiteradamente que no debe prosperar la denuncia respecto de la violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).-
V. Seguidamente considera que la acción de amparo no resulta ser una vía legal para el reclamo que la docente intenta. Este argumento -en los términos planteadostampoco resulta apto para la apertura de la presente instancia extraordinaria toda vez que no pasa de ser una exposición personal y discordante con respecto al criterio esgrimido por los sentenciantes lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
Reiteradamente se ha sostenido que: “…los cuestionamientos introducidos por la recurrente con respecto a la vía intentada no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, ‘Mutual de Trabajadores de Avellaneda’, sent. de 17-X-2018).” (cfr. SCBA, “Perazzo Emir Vicente c/ IPS s/ Amparo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, Causa LP A 76758 RSD-111-2022 S, del 21/12/2022, entre otros).-
VI. En cuanto al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, también se observa que la casacionista no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce. Conforme surge del escrito recursivo, la impugnante se limita a mencionar las normas que considera vulneradas sin indicar -aunque sea someramente- de qué manera las mismas deberían ser aplicadas e interpretadas de conformidad con las constancias que surgen de la causa.-
Ante este panorama es preciso recordar que: “…‘Existe ‘violación’ de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La ‘errónea aplicación’ de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso’ (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).-
Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, pues como se dijo ésta se limita mencionar las normas que, a su entender, fueron infringidas sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido también obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
VII. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por la recurrente según la cual se ha violado la doctrina legal de este Alto Cuerpo.- Si bien la casacionista alega violación de la doctrina legal, al esgrimir los argumentos sobre los que edifica la estructura del agravio que invoca omite toda relación de la doctrina citada con las constancias de autos. Es decir, a lo largo de su recurso, no desarrolla de qué manera ha sido transgredida por la anterior instancia esa doctrina y cómo la misma se relaciona con la supuesta decisión errónea de la sentencia en crisis, limitándose a mencionar la carátula del fallo cuya aplicación pretende y a efectuar un resumen del antecedente que cita desvinculado de todo dato objetivo de la causa; razón por la cual el planteo, en dichos términos, resulta insuficiente para la apertura de esta instancia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXV, Reg. 2998, Folio Nº 4835/4840, XXVIII, Reg. Nº 3302, Folio Nº 5498/5501 y XXX, Reg. Nº 3465, Folio Nº 5903/5907, entre otros).-
Es sabido que resulta ineficaz la cita de la doctrina legal, si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los del caso en juzgamiento, como asimismo cuando ésta no sea acompañada de la explicación concreta sobre el modo en que se produjo la infracción (cfr. SCBA, “Brunet Rocío Solange Rita c/ Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, causa LP A 76570 RSD-94-2022 S, del 08/11/2022).- En definitiva, no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (cfr. SCBA, “Valdez Blanca Edith c/ I.P.S. s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, causa LP A 73133 S, del 08/11/2017).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que el impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre antecedentes y el caso cuando los fallos citados constituyen mayormente referencias de apoyo en punto a criterios generales sobre la materia debatida y también que el planteo luce insuficiente cuando el recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente (cfr. fallo cit.).-
Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
VIII. En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por la demandada en PE787941-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE871670-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE787941-2023, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE871670-2023.-
2. Hacer saber a Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial lo dispuesto en el considerando II.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau - Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1044I.231 Tomo: XXXV Interlocutorio Nº: 3773 Folio N°: 6815/6818 Secretaría: 1
Fin de la sentencia