Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial, revocar la resolución recurrida y ESTAR A LO DISPUESTO en el incidente FSM 36447/2016/TO2/101/9/CFC15, Reg. Nro. 1177/2023, rta. el 31/08/2023. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
//la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2023, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky como vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FSM 36447/2016/TO2/101/9/CFC21, caratulada: “DELGADO, José María y otros s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, con fecha 13 de septiembre de 2023, no hizo lugar a la excepción de falta de acción para apartar a la Comisión Provincial por la Memoria de su rol de parte querellante y que fue planteada por la Defensa Pública Oficial de José María Delgado, Santiago Ignacio Cabré, Alexis Jesús Tabares, Cristian Esteban Seu, Amilcar Esteban Pino, Adrián Osvaldo Dos Santos, Héctor Hugo Alberto Correa, Claudio Javier Burgos, Javier Alejandro Giancarelli, Carlos Daniel Maidana, Marcelo Carlos Blanco, Luis Víctor Tourn, Ramón Carlos Ramírez y Agustín Rodrigo Machuca Lannoo.
II. Contra dicha resolución, la defensa oficial actuante interpuso un recurso de casación, el que fue concedido por el tribunal a quo.
III. En lo medular, la parte recurrente planteó una violación al principio de legalidad y del principio de igualdad de armas en tanto el tribunal admitió 1 Registro Nº 1918/2023 multiplicidad de acusadores sin que concurran los supuestos legales que habiliten a los querellantes a intervenir en el juicio, conforme el art. 82 bis del CPPN.
La defensa precisó que la decisión es arbitraria toda vez que el tribunal se apartó de lo decidido por la Alzada. Señaló que en la resolución se reeditaron motivos que habían sido expuestos al momento de resolverse en junio de 2023 y que fueron desechados por el tribunal revisor. Expresó que el a quo se apartó de lo decidido por el tribunal superior de la causa, pero sin controvertir fundamentos. Precisó que “la decisión criticada, además, subvierte el orden constitucional y legal de la administración de la justicia, toda vez que se aparta de los lineamientos establecidos por el Tribunal superior (arts. 116 de la CN y leyes reglamentarias)”.
La recurrente solicitó que se case la sentencia atacada y se disponga el apartamiento de la Comisión provincial por la Memoria de su rol de parte querellante en la presente causa. Hizo reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad prevista en los arts. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N.- expusieron oralmente los doctores Roberto Cipriano García y Jerónimo Batiz en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el doctor Damián Héctor Odetti por las partes querellantes Sergio Leandro Santellan y Federico Gastón Bravo, quienes solicitaron que se rechace el recurso interpuesto por la defensa.
El representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Javier Augusto De Luca peticionó que se rechace la pretensión de la defensa. En lo medular, sostuvo que “los actos de corrupción y violencia institucional que se investigan en la presente socavan los cimientos del Estado democrático, afectan los Derechos Humanos de las personas damnificadas y una serie de garantías constitucionales que configuran un freno o un conjunto de limitaciones a la injerencia estatal y al ejercicio de la fuerza pública por parte de los funcionarios encargados a tal efecto, previstas en nuestra Constitución Nacional en sus arts. 18, 19 y 75, inc. 22 – Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros”.
Por su parte, la Defensa Pública Oficial solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y se case la decisión recurrida, disponiendo el apartamiento de la C.P.M. de su rol de parte querellante. Entendió que “…la decisión criticada subvierte el orden constitucional y legal de la administración de la justicia, toda vez que se aparta de los lineamientos establecidos por el Tribunal superior (arts. 116 de la C.N. y leyes reglamentarias). Es que si esa esa Sala IV, en su anterior intervención, había dicho que lo resuelto por el a quo no se encontraba motivado, adoptar una nueva decisión sobre la base de los mismos fundamentos de la anterior implica un desconocimiento deliberado de su autoridad”.
Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo resultó el siguiente orden de votación: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En primer lugar, cabe recordar que la presente vía recursiva se originó en una previa intervención de esta Alzada.
Así, esta Sala IV de la C.F.C.P. -con fecha 31 de agosto de 2023 y por mayoría-, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial aquí recurrente, revocó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín de fecha 1° de junio de 2023 y remitió a sus efectos (cfr. Reg. Nro. 1177/2023). Ese fallo fue impugnado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia mediante la interposición de un recurso extraordinario federal, el que fue declarado inadmisible con fecha 11/10/2023 (cfr. Reg. Nro. 1387/2023).
Recuérdese que en la decisión de fecha 1° de junio de 2023 que fue revocada, el tribunal previo había rechazado la excepción de falta de acción para apartar a la Comisión Provincial por la Memoria en su rol de parte querellante en la causa.
Cabe memorar brevemente que, a fin de dejar sin efecto dicha resolución, señalé la postura de la doctrina al analizar el art. 82 bis del CPPN en cuanto “…no toda pretensión sustentada en la conculcación de un derecho humano habilitará la legitimación activa…” y que, en consecuencia, “será necesario, entonces, no sólo que se traten, los afectados, de intereses colectivos (…), sino que, además, será indispensable que esa afectación revista una entidad fuera de lo común en función del saño o peligro provocados, vistos éstos desde la óptica de su extensión o de su intensidad, pues la gravedad juega aquí como una medición o valoración de las consecuencias de la violación” (NAVARRO, Guillermo Rafael y DARAY, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 1, 5ta. Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pag. 435). A su vez, observé que, en aquella oportunidad, el tribunal previo no brindó argumentos suficientes para considerar acreditados en el caso los requisitos previstos en el art. 82 bis del CPPN respecto del CPM para constituirse como parte querellante en la causa.
Enfaticé en que “el déficit de fundamentación sobre el punto radicó en una arbitraria extensión de la expresa regulación normativa aplicable al caso, pues conforme lo establece el art. 82 bis del CPPN, la constitución en parte querellante de las asociaciones o fundaciones ha quedado circunscripta a aquellos casos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos; extremos sobre los cuales el pronunciamiento recurrido no ha brindado una argumentación suficiente, concreta y razonada.
En efecto, no luce suficientemente fundado de qué manera puede entenderse que los delitos aquí investigados podrían caber bajo la calificación de ‘grave violación a los derechos humanos’ en los términos exigidos por la ley. Así, se observa que la solución cuestionada se encuentra francamente en tensión -aún bajo una interpretación ampliacon las disposiciones legales que determinan los límites de la legitimación procesal para querellar”.
También destaqué la importancia del control ciudadano en casos como los que se investiga en autos y que, de conformidad con lo normado en el art. 30, inc. 9 de la Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción (ley 26.097, B.O. 9/06/06), “para que ese control sea efectivo debe realizarse dentro de los límites legales establecidos y en el rol que a cada uno le está habilitado desempeñarse según la legislación vigente”.
Con cita de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación nro. 27148, remarqué que en la decisión no se expresó ninguna “alguna falencia respecto de la actividad encomendada legalmente y llevaba a cabo en el caso por el Ministerio Público Fiscal; órgano natural de persecución penal y del ejercicio de la acción pública, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad (art. 120, C.N.)”.
Por último, advertí que “…en el caso, no se ha invocado que los intereses de la sociedad se encuentren indebidamente representados por los fiscales intervinientes en las distintas instancias del proceso”.
En consecuencia, por mayoría, se revocó el pronunciamiento impugnado el 1° de junio de 2023.
Sentado ello, el tribunal en esta ocasión reiteró su postura y no hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la Defensa Pública Oficial para apartar de su rol de parte querellante a la CPM.
Ahora bien, en lo que aquí interesa, el tribunal a fin de sustentar su nueva intervención del 13 de septiembre de 2023, indicó que “…dados los argumentos expuestos por la Alzada al decidir por mayoría revocar el rechazo de la falta de acción introducida por la defensa, aquella resolución no constituyó ‘per se’ la quita de la legitimidad procesal de la Comisión Provincial de la Memoria sino que, en mi interpretación, con la remisión del legajo a estos estrados ‘a sus efectos’ lo que corresponde es emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos allí trazados, es decir que cuente con una fundamentación necesaria que carecía, en opinión de los Dres. Borinsky y Carbajo”.
Más allá de la interpretación realizada por el a quo, lo cierto es que este tribunal revocó la resolución que venía impugnada, sin que se haya ordenado el dictado de un nuevo pronunciamiento.
Por lo tanto, el tribunal previo no estaba habilitado para emitir nuevamente juicio respecto de aquello que esta Alzada ya había zanjado.
Mas aún, cuando el tribunal no ha señalado circunstancias novedosas que permitan conmover el temperamento adoptado en la previa intervención.
Incluso, se observa que el a quo resolvió nuevamente (13/09/2023) sin que la decisión de esta Sala IV del 31/08/2023 (Reg. Nro. 1177/23) haya adquirido firmeza. Ello, toda vez que al momento del dictado de la resolución aquí impugnada (11/09/2023) se encontraba en trámite el recurso extraordinario federal del representante del Ministerio Público Fiscal, el que luego fue desestimado, por mayoría, el 11/10/2023 (Reg. Nro. de 1387/23). En ese escenario, si el tribunal interpretó que existía una decisión pendiente, debió considerar las circunstancias actualizadas, tal como que la impugnación del señor Fiscal General se hallaba pendiente de resolución.
En consecuencia, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial, REVOCAR la resolución recurrida y ESTAR A LO DISPUESTO en la previa intervención (incidente FSM 36447/2016/TO2/101/9/CFC15, Reg. Nro. 1177/2023, rta. El 31/08/2023). Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por cuanto en la decisión ahora impugnada no se han brindado fundamentos novedosos a los ya expuestos en el pronunciamiento antes revocado (cfr. Reg. 1177/23 de esta Sala), adhiero a la solución propuesta por el colega que me precede en el Acuerdo (art. 123 del C.P.P.N.), sin costas. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Que tal como se ha recordado en la resolución impugnada, notificadas las partes de lo resuelto –por la mayoría de votos de mis colegas- en esta Sala IV de la CFCP, la Defensa Oficial realizó una presentación en la cual solicitó, a la luz de lo decidido por esta alzada y por las razones que expuso en su escrito, que -sin perjuicio de los recursos que eventualmente pudiera interponer la Comisión Provincial por la Memoria- se retire la legitimidad del organismo para intervenir en estos actuados y el ofrecimiento de prueba que ha presentado. Los jueces del tribunal de a quo consideraron que la decisión de esta Sala no constituyó “per se” la quita de la legitimidad procesal de la Comisión Provincial por la Memoria, y dado que sobre el punto nada se había resuelto respecto de la concreta excepción de falta de acción planteada por la defensa, sino la remisión al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta los lineamientos allí trazados, es decir, para que contara con una fundamentación necesaria de la que carecía según se consideró en esta alzada. En orden a lo expuesto, la resolución recurrida se presenta como una lógica consecuencia jurídico procesal de lo actuado, por lo que no resulta improcedente que esta Cámara se pronuncie sobre la cuestión nuevamente planteada.
II. Ahora bien, la decisión de los jueces de la instancia anterior ha sido extensamente motivada y con apoyatura en un cúmulo de argumentos que han reforzado y profundizado la conclusión de que las maniobras delictivas investigadas en autos significan una grave afectación a los derechos humanos, por lo que la Comisión Provincial por la Memoria se encuentra habilitada a continuar actuando en el proceso como parte querellante.
En efecto, el sustento del decisorio cuestionado ha sido contundente al respecto. Y parece necesario recordarlo aquí.
Ponderaron los jueces que “siempre según los requerimientos de elevación a juicio de los acusadores públicos y privados, los sucesos que habrán de ser juzgados en el juicio informan de una multiplicidad de hechos de corrupción con pluralidad de víctimas -directas e indirectas-, en los que se verificaría la utilización del aparato estatal en perjuicio de particulares, a partir - conforme los REJ- de una actuación sostenida en el tiempo de una presunta organización criminal que habría estado integrada por funcionarios públicos de fuerzas policiales federales -llamadas a cuidar a la ciudadanía y a no ponerla en peligro con su propio accionar- que habrían perpetrado diversos delitos graves que afectarían múltiples bienes jurídicos -por caso, la salud pública, la fe pública, la correcta administración de justicia, entre muchos otros-, todo lo cual permite catalogarlos como graves violaciones a los derechos humanos en los términos que recepta el art. 82 bis del CPPN, normativa cuyo espíritu radica en permitir la intervención como parte querellante en supuestos especiales de sujetos que no reúnen la calidad de víctimas pero que representan intereses colectivos cuya afectación signifiquen con relación al caso -como ocurre en autos- una grave violación a los derechos humanos.
Ello así, y siempre según la hipótesis acusatoria, los hechos de corrupción descriptos encuentran ligazón con el uso abusivo del poder coercitivo estatal en la perpetración de múltiples y graves delitos cometidos en perjuicio de la ciudadanía -con víctimas individualizadas y otras tantas que no-, extremos que, confrontados con la misión, labor y los postulados que guían la actuación de la Comisión Provincial por la Memoria, autorizan su intervención para querellar por vía del art. 82 bis del CPPN. Sobre el particular se ha dicho que: “…el uso abusivo del poder coercitivo estatal, entre otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional, resultan actuaciones violatorias de los derechos humanos que, por su gravedad, afectan la vigencia plena del estado democrático. Así, no puede dejar de mencionarse que las violaciones a los derechos humanos que consuman agentes estatales en ejercicio de sus funciones pueden comprometer al Estado argentino frente al orden jurídico supranacional, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de esos hechos”.
En línea con ello, cabe traer a colación lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín al tratar el tema decidendum, en cuanto dijo que “(…) [l]as variadas hipótesis ventiladas en el marco del presente legajo representan, sin lugar a dudas, un esquema de corrupción diagramado y organizado con múltiples actores, con implicancias directas en diversos hechos delictivos producto de sus designios criminales, erigiéndose, a la luz de lo explicitado, como una clara violación de los derechos humanos…Ante lo expuesto, a juicio de la Sala, la naturaleza de los eventos pesquisados brinda, al organismo cuestionado, legitimidad para querellar…” (cfr. Sala I, Secretaría Penal I, decisión de fecha 15/06/22).
En este orden de ideas, el Dr. Gustavo M. Hornos al emitir su voto en disidencia en el precedente que da origen a esta nueva intervención de este estrado dijo que: “(…) el sistema interamericano de protección de derechos - al que nuestro país adhiere- caracterizó a la corrupción, entre otros supuestos, como el abuso o desviación del poder encomendado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2018, afirmó que la corrupción se presenta como un “complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-“; y que: “La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos (Conf. Resolución 1/17)”. Incluso el magistrado, con cita en su voto en las causas “Daneri, Gustavo Víctor” y “Salvatore, Carla Yanina” de esa Sala IV; entre muchos otros, hizo referencia al alto impacto en el sistema democrático y orden institucional de hechos graves de corrupción, agregando que “(...) son atentados contra el orden constitucional aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia; y que, entonces, los graves casos de corrupción constituyen un delito de carácter constitucional…En esta línea (...) no puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que versan directamente sobre la presunta comisión de las maniobras delictivas que forman parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto y socavan los cimientos mismos del Estado de Derecho…)”.
En resumen, el voto de la disidencia sostuvo que:
a) resultaba pertinente la relación del concepto de violencia institucional con el de corrupción, su conexión con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y las circunstancias del caso; b) están sometidos a investigación y juzgamientos sucesos de corrupción que, por su magnitud y trascendencia, comprometían el orden institucional, ello sumado a la eventual responsabilidad de nuestra nación ante instancias internacionales; c) el objeto del proceso afecta a la sociedad argentina y nuestras instituciones, encontrándose comprometido el sistema democrático y el orden institucional; d) en razón de lo expuesto, el presente caso resultaba de suficiente relevancia colectiva para reconocerle a la CPM un amplio acceso al sistema de justicia en pos de salvaguardar los intereses que representa y que derivan de compromisos internacionales asumidos sobre las temáticas abordadas, con capacidad procesal para actuar como parte querellante en autos”. A la luz de lo expuesto se ponderó que “la gravedad de los hechos ventilados en la causa, conjugado con la multiplicidad de víctimas y personas afectadas por el entramado criminal que se investiga, permite considerar que los sucesos pesquisados podrían importar graves violaciones a los derechos humanos, y es allí, donde la intervención de la CPM aparece justificada en hecho y en derecho. Sobre el particular y para dimensionar aquello que se afirma en orden a la gravedad de los sucesos investigados, cabe citar (sin pretender adentrarme en cuestiones de hecho y prueba propias del desarrollo del debate oral), y al solo fin de mensurar los efectos nocivos del narcotráfico en torno a su capacidad para lesionar o, cuanto menos, poner en peligro la salud pública, el caso “ANACONA”, que conforma el objeto procesal de la presente pesquisa. Allí, siempre según la pieza acusadora, “funcionarios policiales (…), junto con el Fiscal Scapolan y el Auxiliar letrado Maximiliano Jarisch, aprovechando el infortunio particular de los allí imputados y en un marco de particular fricción y/o violencia (que impone cualquier detención en flagrancia), sustrajeron una parte de la cocaína (casi media tonelada), que debieron secuestrar y/o se apoderaron ilegítimamente de la misma, evitando incorporarla como efecto incautado”, -el resaltado me pertenece-, cuyo destino habría sido su transporte, y distribución con fines de comercialización.
Basta reparar, entonces, en el potencial daño a la salud pública colectiva, que abarca una multiplicidad de sujetos pasivos, con su consecuente grado de afectación social, en la que impacta la corrupción denunciada y por la que llegan acusados los imputados.
Al respecto, el Tribunal Superior, sostuvo in re “FREDES” que “el tráfico ilícito de drogas y las modalidades de crimen organizado a él asociado, son una fuente constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la sociedad”4 . Por ello, con buen tino, y en lo que aquí estrictamente interesa, los integrantes de esa Sala IV de la CFCP, destacaron, en el caso CFP 18051/2016/TO1/CFC555 , “la importancia de que la administración de justicia, como integrante del Estado argentino, maximice sus esfuerzos en cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de persecución y sanción a las personas que intervienen en la cadena de narcotráfico, por los notorios perjuicios a la salud pública que éstos generan.”.
Incluso, y siempre de conformidad con la requisitoria fiscal, no puede pasarse por alto que, contextos como el aquí investigado, generan inquietud e intranquilidad pública en tanto se vincularía con el desempeño irregular de funcionarios prevencionales y del sistema de justicia, todo lo cual, de cara a la sociedad, daña y resiente la imagen del Poder Judicial, en tanto encargado de impartir justicia y garantizar una correcta administración del sistema. Y máxime cuando, como entretejido, se vislumbraría una trama de corrupción que estaría enquistada en el seno íntimo del aparato estatal, lo cual “(...) socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”6 , y por ende, a tenor de las afectaciones en juego, justifica la participación de entidades como la aquí impugnada.”.
A los fundamentos referidos se sumó la ponderación de que el hecho de que se haya habilitado y se sostenga la legitimación de la CPM como parte en el presente caso para el ejercicio y promoción de la acción penal (art. 82 bis del CPPN), no se vincula ni tiene relación con el desempeño que a su respecto pudiera tener el MPF en su labor, en tanto titular natural de la vindicta pública y custodio de la legalidad del proceso. Y que, por el contrario, tal legitimación responde a garantir el acceso a la justicia otorgando voz protagónica a quien, en el marco de sus facultades discrecionales, el legislador le ha reconocido personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, amparada por la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la CN).
Fue con apoyo en ese basto desarrollo argumental con adecuado encuadre en la normativa que rige la cuestión y las circunstancias del caso que concluyeron los jueces de la anterior instancia que “la categorización de los hechos a juzgar como violatorios de los derechos humanos no resulta antojadiza ni casual sino que es producto de un análisis razonado de los hechos investigados y de las hipótesis acusatorias, siendo que los fundamentos que habilitan la intervención de la CMP resultan concretos, suficientes y resultan una derivación razonada del derecho vigente. Ello así, los argumentos invocados por la defensa no resultan suficientes para apartarla de la representación colectiva que ejerce en el expediente, por lo que corresponde no hacer lugar a la excepción de falta de acción planteada por la Dra. Mariana Grasso conforme lo normado en los artículos 339 y 358. “contrario sensu” del C.P.P.N).”.
III. Entonces, habré de reiterar las consideraciones que tuve oportunidad de efectuar en este legajo, toda vez que la resolución impugnada que no hace lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa para apartar de su rol de parte querellante a la Comisión Provincial por la Memoria, ha sido correctamente fundada en derecho y de conformidad con los hechos del proceso.
La norma contenida en el artículo 82 bis del CPPN faculta a querellar a otros sujetos “además de las víctimas”; siendo el objetivo del legislador el de permitir la intervención como parte querellante, y para estos supuestos especiales, de sujetos que no reúnen la calidad de víctima pero que representan esos intereses colectivos cuya afectación, en términos de medición de la extensión del peligro o daño causado, signifiquen, en relación al caso, una grave violación a derechos humanos, y cuando su objeto, en definitiva, esté enderezado a la defensa de los derechos humanos y se encuentren registrados conforme a la ley. La Comisión Provincial por la Memoria configura un organismo público autónomo y autárquico que, en definitiva, integra el Estado de la Provincia de Buenos Aires, y promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos, cuyos objetivos se vinculan con la promoción y defensa de los derechos humanos -tal como se lo considera en resolución 1/2019 del Consejo Federal de Mecanismos Locales de fecha 13/11/2019- (cfr. la Ley provincial 12.483/2000, modificatoria 12.611/2000 y la Ley 26.827).
Asimismo, la Ley Nro. 26.827 le otorga expresamente a estos “mecanismos locales” la facultad de presentarse como querellante -art. 36, inciso d)-. Y es en tal sentido que le concierne la intervención en la investigación sobre la existencia de organizaciones delictivas, en ese ámbito territorial y de funcionamiento, que impliquen una afectación de la señalada entidad. El objeto procesal de esta causa comprende hechos que significan una grave afectación a los derechos humanos. Al efecto es oportuno comenzar memorando que en materia de enjuiciamiento penal debe entenderse por ley vigente a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y las normas procesales aplicables -en este caso el Código Procesal Penal de la Nación- (cfr. mis votos en esta C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 335, caratulada “SANTILLÁN, Francisco s/recurso de casación”, Reg.
Nro. 585, rta. el 15/5/96; causa Nro. 1619, “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031, rta. el 31/8/99; causa Nro. 2509 caratulada “MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. Nro. 3456, rta. el 20/6/01; mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara “ZICHY THYSSEN”, rta. el 23/6/06; causa Nro. CCC 191/2012/CFC1 “A., J. s/recurso de casación, Reg. Nro. 316/16.4, rta. el 22/3/16; y causa Nro. FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15, “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; entre muchas otras).
El Derecho Penal, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y a la preservación de la paz pública, debe actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice (cfr.: HORNOS, Gustavo M.: “El nuevo nombre de la paz”, en Violencia y Sociedad Política, editado por el Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, pág. 33).
Dentro de ese límite, la resolución de conflictos de creciente complejidad, como las relaciones humanas - sociales, económicas y políticas- cada vez más entrelazadas y complicadas, requiere que el orden legal tome en cuenta los valores y las nuevas necesidades del individuo y de la sociedad integrándose a esta evolución armónica y creativa. Esa perspectiva constitucional es la que mejor se adecua a la defensa de los derechos individuales, sociales e institucionales, y es la que mejor conjuga y protege los intereses y garantías en juego con el fin de otorgar su plena vigencia a la ley. Partiendo del marco expuesto, se debe atender también a que el sistema interamericano de protección de derechos humanos -al que nuestro país adhiere- caracterizó a la corrupción, entre otros supuestos, como el abuso o desviación del poder encomendado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2018, afirmó que la corrupción se presenta como un “complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-”; y que: "La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos” (Conf. Resolución 1/17).
He considerado de manera constante que los graves hechos de corrupción tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. en este sentido mis votos en las causas “DANERI, Gustavo Víctor” – Reg. Nro. 611/17.4, rta. el 1/6/17-; “SALVATORE, Carla Yanina” – Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18-, de esta Sala IV; entre muchos otros).
Ya en mi voto en el fallo de esta Sala IV en la causa “Alsogaray”, del año 2005, expresamente hice cita de los valores trascendentes que la reforma del año 1994 incorporó normativamente a nuestra Constitución Nacional y resalté que la interpretación sostenida guarda coherencia con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que evidencia como meta fundamental del Estado de Derecho la lucha contra la corrupción de y contra la administración pública (cfr: Reg. 6674.4, rta. el 9 de mayo de 2005). Y que son atentados contra el orden constitucional aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia; y que, entonces, los graves casos de corrupción constituyen un delito de carácter constitucional (en relación al análisis del artículo 36, quinto párrafo, de la C.N., me remito a mi voto en la causa “COSSIO”, reg. 1075/18.4, rta. el 29/8/18; entre otras).
En esta línea también he resuelto que no puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que versan directamente sobre la presunta comisión de las maniobras delictivas que forman parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto y socavan los cimientos mismos del Estado de Derecho (cfr. causa “Daneri” y “Cossio”, ya citadas, entre varias otras). En este punto me permito señalar que “la corrupción mata” (cfr. mi voto en la causa “DE VIDO, Julio Miguel y otro s/recurso de casación”, reg. 2632/20, rta. el 22/12/2020).
Es por ello que se presenta como sustancial garantizar la efectividad de su tratamiento judicial, consolidando los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho (cfr. mi voto en “Salvatore” ya citada); la paz social en un contexto que permita el desarrollo humano en condiciones de igualdad.
Desde una perspectiva trialista del Derecho, es fundamental la ponderación adecuada de la dimensión axiológica que observa como valores esenciales del sistema jurídico argentino la justicia y la paz en libertad de acuerdo al Preámbulo de la Constitución Nacional. Esta posición es la que otorga mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley (cfr. también, mi voto en la causa esta Sala IV, “DE VIDO”, Reg. 1122.15/4, rta. el 12/6/15; entre varias otras).
No puede soslayarse que el objeto procesal del caso está constituido por la hipótesis de la existencia de una organización delictiva inserta en el propio seno del Estado provincial con posible alcance nacional e internacional, vinculada a las redes de narcotráfico que operan en nuestro país, corrupción de funcionarios públicos y violencia institucional, que habrían sido ejecutados por funcionarios de altísima jerarquía encargados, precisamente, de ejercer la persecución penal estatal. En el decisorio objetado se ha insistido en que “Las variadas hipótesis delictuales ventiladas en el marco del presente legajo representan, sin lugar a dudas, un esquema de corrupción diagramado y organizado con múltiples actores, con implicancias directas en diversos hechos delictivos producto de sus designios criminales, erigiéndose, a la luz de lo explicitado, como una clara violación de los derechos humanos.”.
En sintonía con ello, también sostuvo en su oportunidad la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que las formulaciones delictivas investigadas, de consuno con lo sostenido por la instancia de grado, logran ser catalogadas como una explícita vulneración de los derechos humanos como consecuencia del despliegue de una clara violencia institucional, siendo el propio Estado quien ejerce la agresión (en los términos dispuestos por los fundamentos de la Ley 26.811).
Al efecto, se citó la Resolución PGN 455/13, en cuanto se distinguió la importancia de advertir que “los autores de esos delitos, funcionarios públicos, no suelen encuadrar en los estereotipos sociales de ‘delincuentes’, justamente por ser aquellos encargados de la prevención del delito y de velar por la seguridad de los habitantes. Incluso en ocasiones los autores de los hechos son los mismos funcionarios que determinan la orientación de las investigaciones por resolución de operadores judiciales que permiten tal accionar en desmedro de toda posibilidad de tramitación regular del proceso penal”; y que “Así, son prácticas relacionadas con estos hechos las conductas contra la administración de justicia, tales como la afectación de elementos de prueba, alteración de registros, el direccionamiento de pericias, el fraguado de causas, la capacidad de intimidación e incluso de realizar atentados contra testigos de hechos que se encuentren en instancia de investigación o juzgamiento”.
La señora jueza de primera instancia precisó en su momento que el objeto de imputación refiere a la configuración de maniobras extorsivas a personas allanadas en sus domicilios mediante el empleo de la fuerza pública, armado de causas penales, adulteración de pruebas en expedientes judiciales, comercialización de estupefacientes, ideados y efectuados por personal policial con connivencia judicial, entre otros; y que muchos de esos delitos habrían sido perpetrados por los funcionarios públicos encargados de perseguirlos, circunstancias que a las claras afectan intereses y derechos colectivos. Se ha señalado “la existencia de un esquema diagramado de corrupción conformado por múltiples actores; un grupo organizado de personas en las que se deposita la fe pública para prevenir, perseguir y criminalizar conductas delictivas en el ámbito de determinada jurisdicción, dedicado a hacer justamente lo contrario, valiéndose de las herramientas y prerrogativas que la función pública estatal les otorga para cometer delitos, extenderlos, masificarlos y/ o encubrirlos, todo lo que reviste hechos de suma trascendencia para la sociedad, afecta indudablemente intereses colectivos y acarrea una situación de gravedad institucional”.
De manera entonces que, en este proceso, a su vez, ha sido apropiada la relación del concepto de violencia institucional con el de corrupción, su ligazón con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y su vinculación con el caso.
Asimismo, se ha exhibido una mirada orientada a la relevancia de consolidar los mecanismos para investigar y reprimir con eficacia este tipo de delitos, contribuyendo a afianzar el orden público interno imprescindible para fortalecimiento del Estado de Derecho, al repararse en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “[...] las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra ese fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia, transparencia y participación”. Subrayándose, además, con cita en la Resolución 1/17 de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos el “[...] importante papel de control ciudadano que desempeñan los defensores de derechos humanos [...]”. Los Derechos Humanos son el signo trascendente de nuestro tiempo y concurren al diseño del futuro.
El punto crucial, entonces, se dirige a regular la convivencia social en libertad en un contexto que permita el Desarrollo Humano en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones.
En el mismo sentido cité mi disidencia en la causa FSM 36447/2016/187/RH23 (Reg. Nro. 1564/22.4), cuando señalé que en autos se encuentran sujetos a investigación y juzgamiento graves conductas de corrupción que importarían casos que comprometerían el orden institucional, por la magnitud de esos hechos y la eventual responsabilidad del Estado Argentino ante instancias internacionales. Y que, entonces, el objeto del litigio excede el mero interés individual de las partes y afecta a toda la comunidad y a las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que se encuentra comprometido el sistema democrático y el orden institucional, y la responsabilidad del país ante la comunidad jurídica internacional (cfr. en lo pertinente mi voto en causas FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “LAMAS, Marina del Valle y TERAGUI, Héctor Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta. 21/5/15; CFP 2471/2012/TO1/CFC1, caratulada: "CRUZ NINA, Julio César; HUARINA CHAMBI, Silva s/ Trata de Personas", del registro de la Sala I, Registro no 2662/16.1, rta. 30/12/2016 y Causa no CFP 7614/2008/TO1/CFC1 "SALAZAR NINA, Juan Carlos y otros s/recurso de casación", registro 2020/16.1, rta. 28/10/2016, de la Sala I de la CFCP; FARES, Sergio s/recurso de casación”, reg. 2504/19.4, rta. el 5/12/2019). En virtud de todo lo expuesto, entiendo que ha resultado correcta y razonablemente motivada la conclusión de los magistrados intervinientes, que comparto, en tanto la interpretación integral, coherente y armónica del orden jurídico argentino determina a concebir en el caso a la violencia institucional y a los graves hechos de corrupción perpetrados, por su extensión e intensidad, como formas graves de violación a los derechos humanos.
El caso presenta la suficiente relevancia colectiva para reconocerle a la Comisión Provincial por la Memoria un amplio acceso al sistema de justicia para velar por los intereses que representa y que derivan de los compromisos internacionales asumidos sobre las temáticas abordadas; con legitimidad para actuar como parte querellante en el presente proceso.
IV. Por ello, propicio que se rechace el recurso de casación interpuesto, sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h) de la C.A.D.H. Y que se tenga presente la reserva del caso federal.
En función del Acuerdo que antecede el Tribunal, por mayoría,
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial, REVOCAR la resolución recurrida y ESTAR A LO DISPUESTO en el incidente FSM 36447/2016/TO2/101/9/CFC15, Reg. Nro. 1177/2023, rta. el 31/08/2023. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia