Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa oficial, revocar el pronunciamiento recurrido y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.- P.P.N.). Tener presente la reserva de caso federal efectuada por la querella.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de ́ agosto de 2023, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky como vocales, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FSM 36447/2016/TO2/101/9/CFC15, caratulada: “DELGADO, José María y otros s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, con fecha 1° de junio de 2023, no hizo lugar a la excepción de falta de acción para apartar a la Comisión Provincial por la Memoria de su rol de parte querellante y que fuera planteada por la asistencia técnica de José María Delgado, Santiago Ignacio Cabré, Alexis Jesús Tabares, Cristian Esteban Seu, José Ángel Molina, Amilcar Esteban Pino Adrián Osvaldo Dos Santos, Héctor Hugo Alberto Correa, Claudio Javier Burgos, Javier Alejandro Giancarelli, Carlos Daniel Maidana, Marcelo Carlos Blanco, Luis Víctor Tourn, Ramón Carlos Ramírez y Agustín Rodrigo Machuca Lannoo.
II. Contra dicha resolución, la defensa oficial actuante interpuso recurso de casación y el a quo concedió dicha vía recursiva.
III. La parte recurrente invocó los dos motivos de impugnación previstos en el art. 456 del C.P.P.N.
En primer término, negó que existiera identidad entre su presentación y aquella realizada por la defensa del 1 REGISTRO N° 1177/23.4 coimputado Claudio Scapolan durante la etapa de instrucción en la medida que su planteo incluye argumentos no formulados ni discutidos en aquella ocasión y que tampoco merecieron consideración por parte del tribunal previo.
En esta dirección, recordó que el poder legislativo, al incorporar el art. 82 bis del digesto de forma, circunscribió la actuación de organismos de derechos humanos a dos supuestos taxativos y específicos (procesos en que se investigan crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos) y que, para determinar su alcance, remitió a los desarrollos provenientes del sistema internacional de los derechos humanos.
Sobre esta base, afirmó que en autos no se investigan crímenes de lesa humanidad ni graves violaciones a los derechos humanos.
Sostuvo que dicho extremo no fue controvertido por la Comisión Provincial de la Memoria (en adelante CPM), la jueza de primera instancia que le reconoció personería para actuar y la cámara del fuero que confirmó dicho temperamento. Explicó que sólo el tribunal a quo asumió esa premisa, esto es, que “graves violaciones a los derechos humanos” constituyen materia de juzgamiento en la especie, pero sin dar cuenta de los fundamentos de tal afirmación, en particular, de ningún aporte del sistema de protección de derechos humanos que la sustente. Por ello, consideró que el pronunciamiento puesto en crisis resulta arbitrario.
Además, relevó otros argumentos que, reiteró, no integraron el primer planteo de excepción de falta de acción ni fueron examinados en la resolución atacada pese a su invocación.
Concretamente, dijo que dicha decisión no abordó la afectación al principio de legalidad denunciada, ni se refirió a la ley de víctimas y a sus principios básicos que, a entender de la recurrente, resultan incompatibles con la asunción conjunta de una representación legal.
Del mismo modo, alegó que no fue ponderado que la CPM asumió una representación que nadie le otorgó a partir de trascendidos periodísticos y no en virtud de su trabajo de monitoreo; y que aquel organismo tampoco aportó al proceso ninguna experticia propia de su desempeño ni determinó si sus representados se encuentran conformes con tal representación o si existen intereses contrapuestos entre ellos.
Para más, dijo que tampoco se reflexionó sobre los requisitos de intervención provenientes del sistema de protección regional de los derechos humanos, consustancial con los principios de la ley de víctimas.
Sin perjuicio de lo anterior, cuestionó la idea, según la cual, el tratamiento de un planteo en la etapa de instrucción puede inhibir su reintroducción a la luz del principio del doble conforme. Esto así, ya que dicha tesitura, para la parte, carece de basamento legal.
A ello agregó que esta Alzada no se expidió sobre el tema debatido en el sub lite, ya que la vía recursiva que otrora motivó su intervención quedó trunca por motivos formales (legajo FSM 36447/2016/175/1).
A su vez, estimó que la presente incidencia debió ser resuelta con fundamentos concretos y sin efectuar remisiones a argumentaciones que no tuvieron en cuenta las alegaciones contenidas en la presentación que motiva la actual incidencia.
En esta inteligencia, la impugnante efectuó diversas consideraciones que, según su mirada, corroboran que la cámara de apelaciones no brindó respuesta a su reclamo y que la decisión aquí recurrida, apoyada en tales fundamentos, resulta consecuentemente arbitraria.
Al respecto, la defensa examinó los argumentos de la resolución dictada por la cámara de apelaciones para concluir que, en dicha ocasión, no se dio cuenta de la existencia de “graves violaciones a los derechos humanos” en el caso de autos.
Por último, dijo que esta noción (“graves violaciones a los derechos humanos”) refiere a eventos irreductibles y que el derrotero procesal de la causa demuestra que las imputaciones originarias quedaron circunscriptas a eventos jurídicos mucho más acotados y diferenciables referidos a infracciones penales cometidas en tres ámbitos territoriales, materiales y temporales distintos.
Desde este punto de vista, descartó que “graves violaciones a los derechos humanos” sean juzgadas en autos, ya que éstas se tratan de eventos irreductibles que no pierden gravedad con el avance de las instancias jurisdiccionales.
Por último, invocó diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encuadraron dentro de esta figura hechos ilícitos tales como desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, entre otros.
Para finalizar, solicitó a este Tribunal que haga lugar al recurso de casación, que anule o que case el pronunciamiento puesto en crisis y que disponga, por donde corresponda, el apartamiento de la CPM de su rol de parte querellante en este proceso.
Hizo reserva de caso federal.
IV. En la oportunidad prevista en los arts. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N.- la defensa oficial presentó breves notas y, en sustancia, se remitió a la exposición de agravios efectuada en el recurso de casación que relevó sucintamente. En base a ello, solicitó a esta Alzada que haga lugar al recurso interpuesto, que case la resolución puesta en crisis y que aparte a la CPM de su rol de parte querellante. Subsidiariamente, pidió la anulación de la decisión atacada y que se ordene el dictado de una nueva conforme a derecho. Hizo reserva de caso federal.
La querella constituida por la CPM presentó memorial en el que expuso las razones que la llevaron a requerir el rechazo de la impugnación articulada por la defensa. Hizo reserva de caso federal.
Finalmente, el fiscal general que interviene ante la instancia hizo lo propio y dictaminó que correspondía rechazar la vía recursiva intentada.
Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo resultó el siguiente orden de votación: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Previo a cualquier consideración, corresponde recordar que el presente incidente tiene origen en el planteo formulado por la defensa oficial a cargo de la asistencia de José María Delgado, Santiago Ignacio Cabré, Alexis Jesús Tabares, Cristian Esteban Seu, José Ángel Molina, Amilcar Esteban Pino Adrián Osvaldo Dos Santos, Héctor Hugo Alberto Correa, Claudio Javier Burgos, Javier Alejandro Giancarelli, Carlos Daniel Maidana, Marcelo Carlos Blanco, Luis Víctor Tourn, Ramón Carlos Ramírez y Agustín Rodrigo Machuca Lannoo, mediante el cual dedujo una excepción de falta de acción para apartar a la CPM de su rol de parte querellante en autos, por considerar que no puede proseguir la acción en la causa por falta de legitimación activa.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, con fecha 1° de junio de 2023, resolvió no hacer lugar a esta excepción.
En sustento de su decisión, el voto liderante del a quo -que contó con la adhesión de los otros dos vocales- sostuvo en primer lugar que “…la cuestión aquí debatida ya tuvo debido tratamiento y respuesta jurisdiccional en su momento (en todas las instancias judiciales habilitadas al efecto) mientras la causa se encontraba en la etapa de instrucción. En efecto, se tiene que primero fue el juzgado instructor, luego su alzada y por último la Cámara Federal de Casación quienes rechazaron un planteo similar al aquí debatido de otro defensor para apartar de la causa a la Comisión Provincial por la Memoria (bastando para ello remitirse a todo cuanto surge de esta propia incidencia)”.
En segundo lugar, estimó que “…confrontados los argumentos expuestos entonces por otra defensa con aquellos esgrimidos ahora por la Defensora Oficial, se tiene que no hay prácticamente diferencias, siendo que en la presentación que origina este pronunciamiento no hay fundamentos novedosos que permitan apartarse de los argumentos que fueran expuestos en primera y segunda instancia para rechazar el apartamiento de la CPM –los cuales comparto en su totalidad-. Ocurre que (…) el objeto procesal de la causa informa que la naturaleza, multiplicidad y extrema gravedad de los hechos y delitos atribuidos permiten catalogarlos como violatorios de los derechos humanos, extremos que, confrontado con la misión, labor y los postulados que guían la actuación de la Comisión Provincial por la Memoria, autorizan su intervención para querellar por vía del art. 82 bis del CPPN.”.
El voto liderante trajo a cuenta lo sostenido por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín al tratar el tema en su decisión del 15/06/22 y transcribió parcialmente sus fundamentos, para luego insistir en que “… la gravedad de los hechos ventilados en la causa, conjugado con la multiplicidad de víctimas y personas afectadas por la entente criminal que se investiga, permite considerar que los sucesos pesquisados pueden importar graves violaciones a los derechos humanos, y es allí, donde la intervención de la CPM aparece justificada en hecho y en derecho”.
De otro lado, ante el pedido de la defensa para que se declare la nulidad de la decisión que reconoció personería al organismo para querellar por ausencia de fundamentos, opuso que “…de su simple lectura se tiene que se encuentra debidamente fundada y con basamento en las constancias legajales y documentación arrimada para su tratamiento, razón por la cual el planteo no habrá de prosperar (…)
Así, sobre el particular y en orden a la alegada arbitrariedad de la decisión de la magistrada de grado, cabe reiterar lo reiteradamente sostenido por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en cuanto a que tal doctrina reviste un carácter excepcional y, por ende, sólo atiende a supuestos de desaciertos u omisiones cuya gravedad acarrea la descalificación de las sentencias como actos jurisdiccionales válidos (…) por lo que para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional, se debe demostrar que el error es tan grosero que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (…) Ello así, considero que no es admisible su invocación desde que (…) el asunto fue resuelto con fundamentos suficientes –que pueden compartirse o no- pero que en modo alguno pueden ser catalogados como aparentes o inexistentes, y bastan para sustentar el pronunciamiento como acto judicial válido, en los términos que exige la CSJN”.
A título conclusivo, afirmó que “…teniendo en consideración que los fundamentos que habilitaron la intervención del organismo se mantienen incólumes y que la defensa no ha introducido un argumento novedoso que permita mutar ese escenario, es que corresponde no hacer lugar a la excepción de falta de acción planteada…”.
Contra este pronunciamiento, la defensa oficial articuló el recurso de casación que, concesión mediante, motiva ahora la intervención de este Cuerpo.
II. De modo liminar, cabe señalar que la querella sostuvo en su presentación de breves notas ante esta sede que la pretensión de la impugnante ya fue formulada anteriormente por la asistencia técnica de otro consorte, la cual resultó rechazada en primera instancia, en segunda instancia y, finalmente, “confirmada” –según sus palabras- por esta Sala IV, cuando allí la parte recurrente no se presentó a la audiencia fijada.
En su razón, consideró que el principio de preclusión se volvía operativo porque la adversaria intentaba utilizar en autos el mismo carril procesal y, además, porque los argumentos esgrimidos por ella no resultaban novedosos ni diferían sustancialmente de los expuestos en la etapa de instrucción.
Sobre el particular, cabe consignar que esta Sala IV no se ha pronunciado previamente sobre la cuestión que aquí es traída a estudio.
En el legajo FSM 36447/2016/175 –al que la querella alude- la asistencia técnica del coimputado Claudio Scapolan planteó ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro excepción de falta de acción y de falta de legitimación activa contra la incorporación a este proceso de la CPM en calidad de parte querellante.
Esa magistratura rechazó el planteo intentado y la defensa del interesado apeló esta decisión. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín intervino y confirmó la resolución de primer grado.
Frente a ello, la asistencia técnica actuante interpuso recurso de casación contra dicho temperamento que, concesión mediante, quedó radicado ante esta Sala IV. A su turno, este Tribunal, con fecha 18 de agosto de 2022, tuvo por desistido el recurso de casación interpuesto por la defensa letrada de Claudio Scapolan (C.F.C.P., Sala IV, causa FSM 36447/2016/175/1/CFC6, “Cabral, Gabriel y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1061/22).
De tales antecedentes se desprende que esta Alzada no formuló opinión sobre el objeto del recurso de casación promovido en el incidente FSM 36447/2016/175, sino que se limitó a “tener por desistida” esa impugnación, en virtud de lo normado en el art. 454 del C.P.P.N., toda vez que la defensa de Claudio Scapolan –única parte recurrente en esos obradosno había presentado breves notas ni había comparecido a la audiencia fijada a tenor del art. 465 bis en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. -según ley 26.374- que le había sido notificada de modo previo.
En tales actuados, esta Sala no emitió algún pronunciamiento sobre la materia de impugnación porque justamente su jurisdicción revisora quedó inhibida en razón del desistimiento recursivo provocado por el comportamiento procesal de la única parte impugnante. Correlativamente, no puede ser sostenido que este Tribunal haya “confirmado” la decisión allí puesta en crisis.
Aclarado cuanto precede, la cuestión a resolver consiste en determinar si la resolución impugnada, luce, o no, ajustada a derecho.
De la reseña efectuada surge que el a quo consideró que la presentación efectuada por la defensa oficial no contenía argumentos novedosos que justificaron un apartamiento de los fundamentos expuestos por el juzgado de instrucción y la cámara de apelaciones al rechazar el anterior planteo realizado por la defensa de otro coimputado (fundamentos que el tribunal de juicio compartió); y, además, reiteró que el objeto procesal de la presente causa involucra “graves violaciones a los derechos humanos” que autorizan la intervención de la CPM como parte querellante.
Sobre la cuestión, cabe señalar que la doctrina, al analizar el art. 82 bis del CPPN, ha explicado que “El concepto ‘graves violaciones’ no aparece definido en la norma, ni establecidos por ende cuáles son los límites a partir de los cuales puede estimarse verificado, lo que genera inconvenientes de interpretación y de operatividad. No obstante, es evidente que no cualquier defensa que se pretenda de un derecho humano habilitará la legitimación, ni deberá perderse de vista, al examinársela, que constituye, la aquí prevista, una concesión legislativa de excepción, pues la regla es la lesión directa. Será necesario, entonces, no sólo que se traten, los afectados, de intereses colectivos (que el precepto los da por supuestos), sino que, además, será indispensable que esa afectación revista una entidad fuera de lo común en función del daño o peligro provocados, vistos éstos desde la óptica de su extensión o de su intensidad, pues la gravedad juega aquí como una medición o valoración de las consecuencias de la violación. Ello salvaguarda la idea básica: no toda pretensión sustentada en la conculcación de un derecho humano habilitará la legitimación activa…” (NAVARRO, Guillermo Rafael y DARAY, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 1, 5ta. Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pag. 435).
En esta inteligencia, se ha señalado que “No cualquier violación a los derechos humanos generará la facultad de constituirse en parte querellante, sino solo aquella que sea entendida como grave. La dificultad se presentará sin dudas para determinar cómo se mide esa intensidad de la violación para deslindar los casos en los que habrá legitimación de los que no” (D’ALBORA, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado.”, 9na. Edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, p. 177). A tenor de lo expuesto, se advierte que el tribunal previo no ha brindado argumentos suficientes que permitan considerar que en el caso se verifique el requisito previsto legalmente en el art. 82 bis del CPPN sobre el cual se concluyó que la CPM se encontraba habilitada para constituirse como parte querellante en el presente caso.
El déficit de fundamentación sobre el punto radicó en una arbitraria extensión de la expresa regulación normativa aplicable al caso, pues conforme lo establece el art. 82 bis del CPPN, la constitución en parte querellante de las asociaciones o fundaciones ha quedado circunscripta a aquellos casos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos; extremos sobre los cuales el pronunciamiento recurrido no ha brindado una argumentación suficiente, concreta y razonada.
En efecto, no luce suficientemente fundado de qué manera puede entenderse que los delitos aquí investigados podrían caber bajo la calificación de “grave violación a los derechos humanos” en los términos exigidos por la ley. Así, se observa que la solución cuestionada se encuentra francamente en tensión -aún bajo una interpretación amplia- con las disposiciones legales que determinan los límites de la legitimación procesal para querellar.
Lo expuesto no se contrapone con la importancia indiscutible que reviste el control ciudadano y -en particular el de los funcionarios públicos de los diversos poderes del Estado- sobre los actos de gobierno, el funcionamiento de las instituciones, y el comportamiento de quienes las integran. Para que ese control sea efectivo debe realizarse dentro de los límites legales establecidos y en el rol que a cada uno le está habilitado desempeñarse según la legislación vigente. En este sentido, el art. 30, inc. 9, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.097 –B.O. 9/6/06—) establece que: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho”.
Resta destacar que en la decisión impugnada tampoco se ha expresado alguna falencia respecto de la actividad encomendada legalmente y llevaba a cabo en el caso por el Ministerio Público Fiscal; órgano natural de persecución penal y del ejercicio de la acción pública, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad (art. 120, C.N.).
La Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación, nº 27.148 (sancionada el 10/6/15, promulgada el 17/6/15) prescribe que dentro de sus funciones se encuentra la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, “procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes” (art. 1), “actúa en defensa de la CN y los intereses generales de la sociedad” (art. 2).
Específicamente en el art. 2, inc. c), se establece que deberá intervenir en “conflictos en los que se encuentran afectados los intereses colectivos o difusos”, “conflictos en los que se encuentre afectado el interés general de la sociedad o una política pública trascendente” (inc. d) –.
Como se dijo, en el caso, no se ha invocado que los intereses de la sociedad se encuentren indebidamente representados por los fiscales intervinientes en las distintas instancias del proceso.
En definitiva, con base en el marco teórico expuesto, y aun bajo una interpretación amplia del precepto normativo en juego, el pronunciamiento en cuestión no ha fundado suficientemente que la CPM pueda actuar en el caso como parte querellante, conforme lo expresamente previsto por el art. 82 bis del C.P.P.N.
Lo afirmado me lleva a concluir que el pronunciamiento recurrido no se presenta suficientemente motivado a la luz de la legislación procesal vigente, al no presentarse las circunstancias previstas en el art. 82 bis del C.P.P.N. para reconocer a la CPM legitimación como parte querellante en el presente proceso.
III. Por los fundamentos que anteceden, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa oficial, revocar el pronunciamiento recurrido y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.-
P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones vertidas por el doctor Mariano Hernán Borinsky, adhiero a su voto y a la solución que allí propone.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Respecto de la cuestión sometida a estudio de esta instancia, discrepo con las consideraciones efectuadas y con la solución propuesta por mis colegas, toda vez que la resolución impugnada que no hace lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa para apartar de su rol de parte querellante a la Comisión Provincial por la Memoria, ha sido correctamente fundada en derecho.
De inicio cabe recordar que el sentido de la norma contenida en el artículo 82 bis del CPPN -a cuyo texto corresponde efectuar remisión a fin de evitar consideraciones innecesarias-, faculta a querellar a otros sujetos “además de las víctimas”.
El objetivo del legislador es el de permitir la intervención como parte querellante y para estos supuestos especiales, de sujetos que no reúnen la calidad de víctima pero que representan esos intereses colectivos cuya afectación, en términos de medición de la extensión del peligro o daño causado, signifiquen, en relación al caso, una grave violación a derechos humanos, y cuando su objeto, en definitiva, esté enderezado a la defensa de los derechos humanos y se encuentren registrados conforme a la ley. La Comisión Provincial por la Memoria, configura un organismo público autónomo y autárquico que, en definitiva, integra el Estado de la Provincia de Buenos Aires, y promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos, cuyos objetivos se vinculan con la promoción y defensa de los derechos humanos -tal como se lo considera en resolución 1/2019 del Consejo Federal de Mecanismos Locales de fecha 13/11/2019- (cfr. asimismo la Ley provincial 12.483/2000, modificatoria 12.611/2000 y la Ley 26.827). Asimismo, la Ley Nro. 26.827 le otorga expresamente a estos “mecanismos locales” la facultad de presentarse como querellante -art. 36, inciso d)-. Y es en tal sentido que le concierne la intervención en la investigación sobre la existencia de organizaciones delictivas, en ese ámbito territorial y de funcionamiento, que impliquen una afectación de la señalada entidad.
Corresponde entonces considerar si el objeto procesal de esta causa comprende hechos que signifiquen una grave afectación a los derechos humanos.
Al efecto, es pertinente comenzar memorando que he sostenido con insistencia que en materia de enjuiciamiento penal debe enterderse por ley vigente a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y las normas procesales aplicables -en este caso el Código Procesal Penal de la Nación- (cfr. mis votos en: C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 335, caratulada “SANTILLÁN, Francisco s/recurso de casación”, Reg. Nro. 585, rta. el 15/5/96; causa Nro. 1619, “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031, rta. el 31/8/99; causa Nro. 2509 caratulada “MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. Nro. 3456, rta. el 20/6/01; mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara “ZICHY THYSSEN”, rta. el 23/6/06; causa Nro. CCC 191/2012/CFC1 “A., J. s/recurso de casación, Reg. Nro. 316/16.4, rta. el 22/3/16; causa Nro. FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15, “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; entre muchas otras).
En efecto, el Derecho Penal, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y a la preservación de la paz pública, debe actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice (cfr.: HORNOS, Gustavo M., “El nuevo nombre de la paz”, en Violencia y Sociedad Política, editado por el Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, pág. 33).
Dentro de ese límite, la resolución de conflictos de creciente complejidad, como las relaciones humanas - sociales, económicas y políticas- cada vez más entrelazadas y complicadas, requiere que el orden legal tome en cuenta los valores y las nuevas necesidades del individuo y de la sociedad integrándose a esta evolución armónica y creativa. Esa perspectiva constitucional es la que mejor se adecua a la defensa de los derechos individuales, sociales e institucionales, y es la que mejor conjuga y protege los intereses y garantías en juego con el fin de otorgar su plena vigencia a la ley vigente.
Partiendo del marco expuesto, es pertinente atender a que el sistema interamericano de protección de derechos humanos -al que nuestro país adhiere- caracterizó a la corrupción, entre otros supuestos, como el abuso o desviación del poder encomendado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2018, afirmó que la corrupción se presenta como un “complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-”; y que: "La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos” (Conf. Resolución 1/17). He considerado de manera constante que los graves hechos de corrupción tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. en este sentido mi voto en causas “Daneri, Gustavo Víctor” –Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17- “Salvatore, Carla Yanina” –ya citada-, de esta Sala IV; entre muchos otros). Que son atentados contra el orden constitucional aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia; y que, entonces, los graves casos de corrupción constituyen un delito de carácter constitucional (en relación al análisis del artículo 36, quinto párrafo, de la C.N., me remito a mi voto en la causa “Cossio”, reg. 1075/18.4, rta. el 29 de agosto de 2018; entre otras).
En esta línea también he resuelto que no puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que versan directamente sobre la presunta comisión de las maniobras delictivas que forman parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto y socavan los cimientos mismos del Estado de Derecho (cfr. causa “Daneri” y “Cossio”, ya citadas, entre varias otras).
Es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad de su tratamiento judicial, consolidando los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho (cfr. mi voto en “Salvatore” ya citada); la paz social en un contexto que permita el desarrollo humano en condiciones de igualdad.
En este sentido, desde una perspectiva trialista del Derecho, resulta fundamental la ponderación adecuada de la dimensión axiológica, que observa como valores esenciales del sistema jurídico argentino la justicia y la paz en libertad de acuerdo al Preámbulo de la Constitución Nacional. Debe destacarse que esta posición es la que otorga mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley (Cfr. también mi voto en la causa esta Sala IV, “DE VIDO”, Reg. 1122.15/4, Rta. el 12/6/15; entre varios otros). Ahora bien, no puede soslayarse que, como fue evaluado por los jueces intervinientes a lo largo de este proceso, se investiga “la existencia de una organización delictiva inserta en el propio seno del Estado provincial con posible alcance nacional e internacional, vinculada a las redes de narcotráfico que operan en nuestro país, corrupción de funcionarios públicos y violencia institucional, que habrían sido ejecutados por funcionarios de altísima jerarquía encargados, precisamente, de ejercer la persecución penal estatal.”.
En la decisión que se cuestiona se ha insistido en que “Las variadas hipótesis delictuales ventiladas en el marco del presente legajo representan, sin lugar a dudas, un esquema de corrupción diagramado y organizado con múltiples actores, con implicancias directas en diversos hechos delictivos producto de sus designios criminales, erigiéndose, a la luz de lo explicitado, como una clara violación de los derechos humanos.”.
En sintonía con ello, también sostuvo en su oportunidad la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que las formulaciones delictivas que integran el objeto del proceso, de consuno con lo sostenido por la instancia de grado, logran ser catalogadas como una explícita vulneración de los derechos humanos como consecuencia del despliegue de una clara violencia institucional, siendo el propio Estado quien ejerce la agresión (en los términos dispuestos por los fundamentos de la Ley 26.811).
Al efecto, se citó pertinentemente la Resolución PGN 455/13, en cuanto se distinguió la importancia de advertir que “los autores de esos delitos, funcionarios públicos, no suelen encuadrar en los estereotipos sociales de ‘delincuentes’, justamente por ser aquellos encargados de la prevención del delito y de velar por la seguridad de los habitantes. Incluso en ocasiones los autores de los hechos son los mismos funcionarios que determinan la orientación de las investigaciones por resolución de operadores judiciales que permiten tal accionar en desmedro de toda posibilidad de tramitación regular del proceso penal”; y que “Así, son prácticas relacionadas con estos hechos las conductas contra la administración de justicia, tales como la afectación de elementos de prueba, alteración de registros, el direccionamiento de pericias, el fraguado de causas, la capacidad de intimidación e incluso de realizar atentados contra testigos de hechos que se encuentren en instancia de investigación o juzgamiento”.
La señora jueza de primera instancia precisó en su momento que el objeto de imputación refiere a la configuración de “maniobras extorsivas a personas allanadas en sus domicilios mediante el empleo de la fuerza pública, armado de causas penales, adulteración de pruebas en expedientes judiciales, comercialización de estupefacientes, ideados y efectuados por personal policial con connivencia judicial, entre otros; y que muchos de esos delitos habrían sido perpetrados por los funcionarios públicos encargados de perseguirlos, circunstancia que a las claras afectan intereses y derechos colectivos.
Se ha señalado “la existencia de un esquema diagramado de corrupción conformado por múltiples actores; un grupo organizado de personas en las que se deposita la fe pública para prevenir, perseguir y criminalizar conductas delictivas en el ámbito de determinada jurisdicción, dedicado a hacer justamente lo contrario, valiéndose de las herramientas y prerrogativas que la función pública estatal les otorga para cometer delitos, extenderlos, masificarlos y/ o encubrirlos, todo lo que reviste hechos de suma trascendencia para la sociedad, afecta indudablemente intereses colectivos y acarrea una situación de gravedad institucional”.
De manera entonces que, en este proceso, a su vez, ha sido pertinente la relación del concepto de violencia institucional con el de corrupción, su ligazón con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y su vinculación con el caso.
También se ha exhibido una mirada orientada a la relevancia de consolidar los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos, contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, al repararse en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “[...] las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra ese fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia, transparencia y participación”. Subrayándose, además, con cita en la Resolución 1/17 de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos el “[...] importante papel de control ciudadano que desempeñan los defensores de derechos humanos [...]”.
Es que los Derechos Humanos son el signo trascendente de nuestro tiempo y concurren al diseño del futuro.
El punto trascendente se dirige a regular la convivencia social en libertad en un contexto que permita el Desarrollo Humano en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones.
En el mismo sentido al expuesto, he de permitirme citar mi disidencia en la causa FSM 36447/2016/187/RH23 (Reg. Nro. 1564/22.4), cuando señalé que en autos se encuentran sujetos a investigación y juzgamiento graves conductas de corrupción que importarían casos que comprometerían el orden institucional por la magnitud de esos hechos que se juzgan, y por la eventual responsabilidad del Estado Argentino ante instancias internacionales. Y que, entonces, el objeto del litigio excede el mero interés individual de las partes y afecta a toda la comunidad y a las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que se encuentra comprometido el sistema democrático y el orden institucional, y la responsabilidad del país ante la comunidad jurídica internacional (cfr. en lo pertinente mi voto en causas FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “LAMAS, Marina del Valle y TERAGUI, Héctor Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta. 21/5/15; CFP 2471/2012/TO1/CFC1, caratulada: "CRUZ NINA, Julio César; HUARINA CHAMBI, Silva s/ Trata de Personas", del registro de la Sala I, Registro nº 2662/16.1, rta. 30/12/2016 y Causa nº CFP 7614/2008/TO1/CFC1 "SALAZAR NINA, Juan Carlos y otros s/recurso de casación", registro 2020/16.1, rta. 28/10/2016, de la Sala I de la CFCP; FARES, Sergio s/recurso de casación”, reg. 2504/19.4, rta. el 5/12/2019).
En virtud de todo lo expuesto, entiendo que ha resultado razonablemente motivada la conclusión de los magistrados intervinientes, y que comparto, en tanto la interpretación integral del orden jurídico argentino determina a concebir en el caso a la violencia institucional y a los graves hechos de corrupción como formas de violación a los derechos humanos.
Así, el caso concreto presenta la suficiente relevancia colectiva para reconocerle a la Comisión Provincial por la Memoria un amplio acceso al sistema de justicia para velar por los intereses que representa y que derivan de los compromisos internacionales asumidos sobre las temáticas abordadas; con legitimidad para actuar como parte querellante en el presente proceso.
Por ello propicio que se rechace el recurso de casación interpuesto, sin costas en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 2, inciso h), de la C.A.D.H. Y que se tenga presente la reserva del caso federal.
Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría
Hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa oficial, revocar el pronunciamiento recurrido y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.- P.P.N.). Tener presente la reserva de caso federal efectuada por la querella.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y cúmplase con la remisión dispuesta mediante pase digital, sirviendo ésta de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: María Clara Mitjans Losardo, Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia