Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 38479-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional;
2Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (arts. 1163, CA; y 68, 1º parte, CPCCN);
3Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar los honorarios fijados en la anterior instancia.
4Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por las actuaciones cumplidas en esta instancia, con arreglo a lo dispuesto en el considerando VIII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 1136/2024 DELGADO SEBASTIAN ALEJANDRO Y OTRO (TF 38479-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, de febrero de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que mediante resolución del 6 de junio de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución n° 1886/2017 (AD MEND) de fecha 05/09/2017 dictada por la Aduana de Mendoza, que había condenado a Ramón Raúl Delgado y Sebastián Alejandro Delgado al pago de una multa y comiso por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con costas a la Dirección General de Aduanas.
En cambio, reencuadró la conducta reprochada y condenó por ella solamente al Sr. Ramón R. Delgado al pago de la multa de $4.585,29, de conformidad con lo prescripto en el art. 972 ap. 1 inc. a), del Código Aduanero. Sin embargo, declaró condonada la sanción de pleno derecho, en los términos de la RG nº 4007/2017 (en el marco del régimen de la Ley nº 27.260).
Impuso las costas por la revocación al Fisco Nacional; y por el reencuadre, en el orden causado (v. fs. 64/6 del expediente en soporte papel).
Para decidir del modo en el que lo hizo, el a quo comenzó por señalar que con fecha 08/08/2016, el Sr. Ramón Raúl Delgado –Argentino, residente de la República de Chile– registró la Admisión Temporal de Vehículos n° 116048733 por la cual ingresó al territorio aduanero argentino un rodado de su propiedad con fines turísticos, venciendo el plazo para su reingreso el 06/11/2016. El día 21/09/2016, el vehículo fue detenido en un control de prevención en la RN 40, Provincia de Mendoza. Conducía la camioneta el Sr. Sebastián Alejandro Delgado –hijo del titular del rodadoque tenía en su poder el Certificado de Admisión Temporal mencionado, pero no contaba con autorización de la autoridad aduanera argentina para que el vehículo fuera conducido por persona distinta a su propietario. La Gendarmería incautó el vehículo e imputó al conductor y al propietario por la infracción del artículo 970 CA.
El a quo destacó que, a juicio del servicio aduanero, la finalidad del régimen fue afectada, pues el Sr. Ramón Raúl Delgado regresó a su país de residencia (Chile) con fecha 18/08/2016 por vía área, delegando el cumplimiento del régimen en su hijo, sin la correspondiente autorización aduanera.
Sin embargo el tribunal puso de resalto que al momento del control preventivo (21/09/2016) el vehículo se encontraba dentro del plazo de permanencia ya que la admisión vencía el 06/11/2016. Y valoró que al momento del control de Gendarmería Nacional, el vehículo —objeto del régimen— era conducido por Sebastián Delgado, hijo del titular, cuyo vínculo fue acreditado con la partida de nacimiento y no cuestionado por el servicio aduanero, en compañía de su esposa —ambos residentes de la República de Chile—, que habrían ingresado al territorio argentino en carácter de turistas y al momento del secuestro del automóvil se encontraban en Tupungato, Mendoza, lugar reconocido por ser una zona turística.
Explicó que la finalidad turística no puede considerarse desvirtuada por el solo hecho de que el titular hubiera regresado a la República de Chile, ya quo la misma pesa sobre el objeto del régimen y no sobre quien lo solicitó. Las circunstancias particulares del caso–concluyó- indican que no existen elementos para dudar de lo expresado por los imputados en relación con la finalidad turística, por lo cual estimó que correspondía aplicar el principio consagrado en el art. 898 C.A. y concluir que no se encuentran reunidos los elementos de la infracción del art. 970 del Código Aduanero.
Pese a ello, subrayó que el Sr. Ramón R. Delgado incumplió con el reglamento del régimen de Admisión Temporal de Vehículos Particulares con fines de turismo procedentes de la República de Chile —Resolución General AFIP 2623/09— en cuanto establece que para autorizar a un tercero a conducir al retorno, debe requerirse la autorización de la autoridad aduanera argentina (Anexo I punto 10). Ponderó que si bien no cumplió con las formalidades requeridas por la mencionada Resolución, el Sr. Ramón R. Delgado autorizó a su hijo, Sebastián A. Delgado, a conducir el vehículo (por escritura pasada ante escribano) y retornarlo a su país de origen antes del vencimiento del plazo de permanencia de la Admisión Temporal, con clara intención de cumplir con la finalidad pero omitiendo el aspecto formal de la misma. En consecuencia, consideró adecuado reencuadrar la conducta imputada y condenar al Sr. Ramón R. Delgado en los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V términos del art. 972 C.A. al pago de $4.585,29 (pero eximir de cargo al Sr. Sebastián Delgado, al entender que la previsión aplicada conlleva la punibilidad del tenedor de la mercadería en infracción).
A su vez, entendió que correspondía tener por condonada la multa en virtud de lo dispuesto en la RG AFIP nº 4007/17 –sobre la condonación de sanciones dispuesta por Ley nº 27.260- en tanto el deber formal transgredido no era susceptible de cumplimiento posterior.
II. Que a fs. 79 (del expediente en soporte papel) el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la parte actora, fijándolos en la suma de $58.000.
III. Que contra el pronunciamiento reseñado en el primer considerando, el Fisco Nacional dedujo apelación (fs. 78). Expresó sus agravios a fs. 84/8, los cuales fueron replicados a fs. 96/8. En su escrito recursivo -que contiene un relato desordenado y confuso de los hechos- la demandada se centra en reiterar que al momento de efectuarse el control, el conductor del vehículo no era el titular de éste, ni beneficiario del régimen de admisión temporal y tampoco tenía autorización aprobada por la autoridad aduanera argentina para conducir el vehículo y cancelar el régimen pertinente.
Insiste en que la autorización hecha ante escribano -no visada por la aduana argentina- no era suficiente para que el hijo del titular condujera válidamente el automóvil de regreso a Chile, según lo previsto en la RG 2623/09. Y aunque reconoce que no se excedió la condición temporal a la que estaba sujeta la importación, remarca que la contravención antes apuntada se comprueba ya solamente por el hecho de que el Sr. Ramón Delgado, titular del vehículo y declarante en el régimen de admisión, salió del país en vuelo de Aerolíneas Argentinas desde aeroparque Jorge Newbery el 18/08/2016, según surge de las actuaciones administrativas. A su juicio, esto último es suficiente para considerar que los imputados (titular del vehículo y conductor no habilitado) incurrieron en la infracción penada por el artículo 970 del Código Aduanero.
En un pasaje al final de su recurso cuestiona, además, que quien conducía el vehículo al momento del control (hijo del declarante) fuese turista; y recuerda que el régimen en cuestión fue implementado con la exclusiva finalidad de hacer turismo.
IV. Que a fs. 94 el Fisco apeló también la regulación de honorarios de fs. 79, por considerarla elevada.
V. Que es preciso recordar, en primer lugar, el recurso articulado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a que aquel tribunal hubiese arribado al valorarla, salvo que se verifique la existencia de error manifiesto o arbitrariedad en la valoración de la prueba (esta Sala, in re “Agencia Marítima Alpemar S.R.L (TF 26.550-A) c/ DGA”, del 12/6/2012, y sus citas).
En ese marco, se advierte que las conclusiones de la decisión cuestionada sobre las cuales se centra la apelación refieren a la valoración de extremos de hecho y prueba, aspectos que –de conformidad con el art. 1080, inc. b) del Código Aduanero– se encuentran reservados al Tribunal Fiscal de la Nación, siempre que, del ejercicio por parte del a quo de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, no surja que hubiera mediado arbitrariedad o error de magnitud suficiente para apartarse la aplicación del mentado principio (Fallos: 300:985; esta Sala, causa nº 44046/2022 “Ar Zinc SA (TF 34705-A) y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/04/2024; "Ducilo S.A", del 14/8/95, e "Incobe SRL c/ ANA", del 23/8/95; Sala I, in re "Scioli S.A.", del 14/12/93; Sala III, in re "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; entre muchos otros).
Y no se advierte en el caso que la apreciación efectuada por Tribunal Fiscal –en particular, a la luz de las normas reseñadas en el considerando precedente- haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. Es que en el escrito recursivo la apelante no ha controvertido el hecho de que la única transgresión de la accionante al régimen empleado consistió en permitir el manejo del vehículo ingresado sin antes haber obtenido la venia de la autoridad aduanera argentina (pese a haber instrumentado una autorización por escritura).
VI. Que, sin perjuicio del defecto procedimental señalado, las críticas del Fisco al pronunciamiento apelado no demuestran el desacierto de la decisión apelada y deben ser desestimadas.
VI.1. Como puso de relieve el a quo, mediante la Resolución General nº 2623/2009, la AFIP dispuso que la admisión y salida temporal de vehículos utilizados en viajes de turismo desde y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V hacia la República de Chile se efectuarían con arreglo a las pautas establecidas en los anexos I y II de esa resolución (art. 1). En el artículo 3º de ese reglamento se especificó que “[c]uando se constate el incumplimiento de las obligaciones establecidas en [esa] resolución general, el sujeto responsable será pasible de las sanciones y medidas cautelares previstas en el Código Aduanero”. El régimen de “admisión temporal de vehículos particulares con fines de turismo procedentes de la República de Chile”, que figura como anexo I a esa resolución, contempla, en su título I, que “[a] efectos de la admisión temporal de los vehículos particulares, utilizados en viajes de turismo desde la República de Chile, se deberá observar lo siguiente: 1. Los vehículos particulares comprendidos son los indicados en el Artículo 2º de [la resolución] y deberán estar registrados —con placa identificatoria del dominio (patente)— en la República de Chile. 2. El conductor del vehículo particular deberá: 2.1. Ser su propietario o estar autorizado a utilizarlo por su titular y no tener residencia en la República Argentina. 2.2. Presentar en el paso fronterizo habilitado de ingreso al país los siguientes elementos: a) El formulario único "Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino -Chileno", por duplicado, extendido por la aduana de salida de la República de Chile” […] b) La documentación que acredite su identidad —cédula de identidad o pasaporte— y, respecto del vehículo particular, la titularidad de dominio o, en su caso, la autorización de uso otorgada por su titular”.
En el artículo 10 de dicho título se previó que “Si al momento del retorno, el titular del vehículo particular se encuentra impedido de conducirlo, podrá optar por una de las siguientes alternativas: 10.1. Permitir su manejo a una tercera persona, siempre que su titular esté a bordo del vehículo particular, en cuyo caso no será necesario autorización escrita, o 10.2. Autorizar a un tercero a conducir su vehículo particular, previa presentación de solicitud fundada ante la aduana más próxima y con constancias de la dificultad o impedimento que alega, al sólo efecto de su reexportación. El servicio aduanero evaluará el caso y otorgará o denegará la autorización solicitada” (el destacado es propio).
VI.2. A su vez, el artículo 970 del Código Aduanero estipula que “[e]l que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción […]” (inc. 1). Sin embargo, el artículo 972 prevé que “[c]uando el incumplimiento de la obligación no afectare la finalidad que motivara el otorgamiento de la importación temporaria o de la exportación temporaria, según el caso: a) el responsable de las transgresiones previstas en el artículo 970, será sancionado con una multa del UNO (1%) por ciento del valor en aduana de la mercadería en infracción; b) el que tuviere en su poder la mercadería, en las condiciones previstas en el artículo 971, no será sancionado” (ap. 1) [el destacado es propio]. Y establece que a los fines del código, “[…] se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo, no aplicándose lo previsto en el apartado 1.” (ap. 2) [el destacado es propio].
VI.3. A la luz de esas previsiones, la conclusión alcanzada por el a quo no se revela desacertada, en la medida en que no se ha controvertido que el control que llevó al comiso del vehículo y, luego, al dictado del acto sancionatorio original tuvo lugar el 21/09/2016, mucho antes del vencimiento del plazo acordado para la reexportación del vehículo (06/11/2016).
Si bien la conducta desplegada por el Sr. Ramón Raúl Delgado, como titular del rodado, configuró una infracción formal –en la medida en que la autorización para que su hijo condujera el vehículo, aunque otorgada ante escribano, no había sido presentada al servicio aduanero- no se ha acreditado en autos que la transgresión detectada hubiera involucrado una afectación de la finalidad del régimen de admisión temporal. El Fisco no ha demostrado el desvío en la finalidad turística del ingreso del vehículo que, al momento del control (realizado en Tupungato, Mendoza), era conducido por el hijo del titular (quien dijo haber regresado anticipadamente a Chile en avión), en compañía de su esposa, ambos residentes chilenos, que habían ingresado al territorio nacional en carácter de turistas (v. en igual sentido, Sala I, causa nº 54.537/2014, “Bertiola Riquelme, Leonardo y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 8/10/2015).
Esto justifica la revocación del acto original y el encuadre realizado por el a quo en la previsión del artículo 972, así como la eximición de responsabilidad del Sr. Sebastián Delgado, en su calidad de tenedor del vehículo al momento de la constatación de la infracción.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
En consecuencia, corresponde desestimar la apelación deducida y confirmar la sentencia apelada.
VII. Que, con arreglo al principio de la derrota, la apelante deberá cargar con las costas de esta instancia (arts. 1163, CA; y 68, 1º parte, CPCCN).
VIII. Que en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la regulación de honorarios practicada (conf. arts. 6, 7, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).
Asimismo, por el trabajo cumplido ante esta Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Javier L. Angeletti, por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora en la cantidad de 1 UMA –equivalente al momento del dictado de este pronunciamiento a la suma de $ 57.016- (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 1772/2024).
Cabe dejar aclarado que, en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a ese tributo, juntamente con el monto del pago.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso del Fisco Nacional; 2) Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (arts. 1163, CA; y 68, 1º parte, CPCCN); 3) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar los honorarios fijados en la anterior instancia. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por las actuaciones cumplidas en esta instancia, con arreglo a lo dispuesto en el considerando VIII.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY
Fin de la sentencia