Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2023-52555527-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-30225263-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Marzo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El EX-2023-52555527-APN-SGAI#TFN, caratulado “DELIA, Martin s/ Apelación”, a resolución de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), Laura Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación)
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Que mediante RE-2023-52552266-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 27/2023 de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP-DGI de fecha 24/4/2023 en la que se determina de oficio la obligación del recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, período fiscal 2020, con más intereses resarcitorios y se le aplica una multa equivalente al 100% del tributo determinado, con sustento en el artículo 45 de la ley ritual.
La actora opone excepción de litispendencia con respecto a la acción declarativa de certeza constitucional que se encuentra actualmente en trámite por ante Juzgado Federal de Bahía Blanca. Detalla que la demanda está caratulada como «MARTIN DELIA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS S/ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD», Expediente 1576/2021, y actualmente se encuentra en pleno trámite por ante dicho Juzgado. Expresa que ha solicitado allí la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 27.605. Manifiesta que los efectos jurídicos de la sentencia que se dictará en el mentado proceso de inconstitucionalidad proyectará necesariamente sus consecuencias al presente litigio en razón de que se podría llegar a dos sentencias de igual grado y valor jurídico, pero contradictorias en su sentido, con el consiguiente escándalo jurídico [sic].
Indica que corresponde admitir la litispendencia denunciada y, en consecuencia, se deberían suspender las presentes actuaciones hasta tanto recaiga sentencia firme en los autos ya citados.
Subsidiariamente, expresa sus agravios respecto del fondo del asunto traído a decisión de este Tribunal, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2023-88114384-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto.
Señala que la presunta coincidencia de las cuestiones sometidas a debate, alegada por la recurrente y la argumentada similitud con el otro expediente, claramente nada tiene que ver con el debate aquí planteado.
Por ello, el Fisco Nacional entiende que la pretensión es indudablemente improcedente, cita doctrina y jurisprudencia en la que funda su postura.
Manifiesta que la actora, al desdoblar el reclamo, reconoce la naturaleza jurídica disímil de ambos planteos y deja sentada la postura que aquí refuerza el rechazo del planteo.
Remarca que, el planteo de inconstitucionalidad que conforma el aparente objeto de debate en autos, no tiene coyuntura en este ámbito, en la medida que este Tribunal, no puede pronunciarse en esos términos a partir de la limitación que establece el artículo 185 de la Ley 11.683.
Seguidamente, contesta los agravios de fondo, se opone a la producción de la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal.
III. Que mediante la PV-2024-24946978-APN-VOCI#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”, la que bajo el IF-2024-27430356-APN-VOCI#TFN procedió a ponerlos para el dictado de sentencia.
IV. Que corresponde pronunciarse con relación a la excepción de litispendencia opuesta por la parte actora.
Que debe señalarse que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.
Que como afirma Alsina "dos acciones, son iguales cuando intervienen las mismas personas, tienen la misma causa y se dirigen al mismo objeto" (Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial T° 1, pág. 376).
Que tal como lo señalara Lino Enrique Palacio ("Manual De Derecho Procesal Civil" -Tomo 1) y Osvaldo Alfredo Gozaíni (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 271 y ste.), para la procedencia de la excepción que nos ocupa, se requiere también que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites.
Que en definitiva, la excepción de litispendencia tiene como fundamento la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo cual posibilitaría que sobre la misma recaigan sentencias contradictorias.
Que cabe aclarar que la Ley N° 22.434 modificó el artículo 190 del C.P.C.C.N. y eliminó la posibilidad de obtener la acumulación de procesos mediante la excepción de litispendencia, por entender que ésta sólo pretende evitar la posibilidad de que una única situación de hecho o de derecho se juzgue en dos procesos distintos, de manera tal que la defensa se reduce actualmente a los supuestos en que exista la triple identidad (partes, objeto y causa).
Que entrando al análisis del caso concreto traído a decisión de este Tribunal, cabe adelantar que corresponde rechazar la excepción de litispendencia planteada por la parte actora.
Que en efecto, en autos el recurrente funda la excepción intentada en la conexidad que existiría entre la acción judicial declarativa de inconstitucionalidad (art. 322 C.P.C.C.N.) que tramita ante la Justicia Federal caratulada como « MARTIN DELIA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS S/ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD », Expediente 1576/2021 y el recurso de apelación incoado ante este Tribunal.
Que cabe reiterar que es una de las condiciones para la procedencia de la excepción planteada, que debe tratarse de "pleitos análogos" (CSJN, 18/4/1928, JA T. XXVII, pág. 429), y que de acuerdo al artículo 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los procesos deben ser "idénticos".
Que en este sentido, es evidente la diferente naturaleza de la acción declarativa que ha intentado la actora en sede judicial con el remedio que se ha planteado ante este Tribunal, puesto que en los presentes autos los juzgadores deben abocarse al conocimiento de la materia tributaria y de los hechos que le dan sustento, así como de las pruebas que se produzcan y el aspecto sancionatorio, por lo que no se da el supuesto de que una misma pretensión sea juzgada dos veces, a lo que cabe agregar que ambos procesos no se sustancian por los mismos trámites, ni que las partes actúen en la misma calidad en los dos casos. (CNCiv., B, La Ley 110-945, 9029-S y otra jurisprudencia citada por Palacio, Lino E.: "Manual de Derecho Procesal Civil", T. I, pág. 393).
Que a modo de síntesis, en la acción declarativa de inconstitucionalidad el objeto es la pretensión de que una norma sea declarada inconstitucional. Si bien dicha acción no se encuentra contemplada de forma expresa en el Código Procesal de la Nación, el Alto Tribunal la delineó a través de sus precedentes (Fallos 256:386, 307:1379, 310:142, entre otros).
Es decir, -en la medida que no tenga un carácter simplemente consultivo- constituye un medio apto para intentar evitar los eventuales perjuicios que se denuncian y que se generarían como resultado de la aplicación de una norma tachada de inconstitucional.
En cambio, este Tribunal está llamado a tratar la faz tributaria como único objeto del pleito, salvo, claro está, que se trate de un planteo de inconstitucionalidad que cumpla el requisito previsto por el artículo 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificaciones).
Que a mayor abundamiento, cabe consignar que la acción meramente declarativa tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (CNCiv Sala C "Almagro Construcciones S.A. c/ Howosad Silvia E" - La Ley 1996-A, 800), pero aún en casos en que se admite la procedencia de esta acción en relación al cobro de impuestos, la sustanciación del juicio no debe impedir la percepción de éstos, pues el procedimiento declarativo no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada puede intentar por las vías procesales pertinentes (CSJN 10/10/1996 "Empresa Distribuidora Sur S.A. —Edesur S.A. c/Pcia. de Buenos Aires"), como así tampoco impide, durante su sustanciación, la recaudación de impuesto (CSJN 19/3/1987 "Newland, Leonardo L. A. e/Santiago del Estero, Provincia de s/eximición de inversiones y recargos"), y mucho menos, en consecuencia, la sustanciación de la presente causa.
Que en igual sentido se ha pronunciado ésta Sala A en "INSUMOS BIOMEDICOS S.A.", sentencia del 26/04/2017 (en especial voto del Dr. Pérez como Vocal subrogante de la Vocalía 2da.) y en el mismo sentido, la Sala B (que integro como Vocal titular) en el precedente "Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. s/Apelación" y su acumulado N° 48.303-1, del 14 de Marzo de 2022 y en “MAIONCHI, Estela Adriana”, sentencia del 10/03/2023.
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que no se dan en el caso de autos circunstancias que justifiquen la declaración de litispendencia y, en consecuencia, corresponde rechazar dicha excepción, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que vienen las presentes actuaciones a fin de resolver la procedencia de la excepción de litispendencia articulada y la consecuente suspensión del presente proceso hasta tanto recaiga sentencia en la causa caratulada: “Martín, Delia c/ESTADO NACIONAL –Ministerio de Economía y otro s/acción mere declarativa de inconstitucionalidad” en trámite ante el Juzgado Federal de Bahia Blanca Nº 2. Preliminarmente, considero oportuno señalar que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. El fundamento de su procedencia reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, o aun en el supuesto de no concurrir las tres identidades (objeto, sujeto y causa), cuando por razones de conexidad, exista la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente podría originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia necesaria comporta.
Ahora bien, de acuerdo con conocida doctrina, la defensa también procede cuando existen “…dos o más juicios conexos, aunque no concurran los requisitos de las tres identidades…la conexidad supone dos procesos distintos sin haberse tratado necesariamente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundamentos en la misma causa, presentan tales vinculaciones que si los jueces que conocen de ellas dictasen sentencias separadamente, podrían resultar contrarias y en consecuencia de ejecución imposible” (Alsina, Hugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T° III, pág. 106).
En esa dirección, aclara dicho autor, la regla de la triple identidad no sienta una norma o guía para el razonamiento lógico que remite lo esencial de la cuestión a la apreciación del juzgador a efectos de valorar este impedimento procesal que tiende a evitar que una misma acción sea deducida dos veces, puesto que se extingue por su ejercicio.
Posición ésta recepcionada por nuestra más Alto Tribunal cuando expresó que “Corresponde admitir la excepción de litispendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, en cuyo caso la solución se logra por razones de conexidad…” (Vid. Fallos 314:811). (vid. entre muchos otros, TFN, Sala A, Asociación Civil La Isla S.A., 30/8/2010; Sala C; “Invierno, Gustavo Pablo”).
II. Que, en ese contexto, corresponde analizar si la defensa opuesta debe ser acogida favorablemente. Conforme se desprende de autos y del relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor, el recurrente impugna la resolución de fecha 24 de abril de 2023, mediante la cual se determinó de oficio su obligación frente al Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la Pandemia, creado por ley 27.605, por el período fiscal 2020, con más los intereses correspondientes y se aplica multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Asimismo, y como sustento de su defensa previa, informa que inició acción declarativa de certeza con el objeto que se declare la inaplicabilidad del mencionado Aporte por considerar que resulta violatorio de derechos y garantías de raigambre constitucional.
Del escrito acompañado como prueba documental, la cuestión en debate en aquella acción se centra en las disposiciones de la ley 27.605, junto con sus normas reglamentarias, en cuanto establecen un Aporte Extraordinario Obligatorio, con carácter de emergencia y por única vez, a cargo de las personas humanas residentes en el país que recae sobre la totalidad de los bienes de su propiedad al 18/12/2020, comprendidos y valuados en los términos del Título VI de la ley 23.966, independientemente del tratamiento que revistan frente a dicho gravamen, cuando su valor exceda los $ 200.000.000. En su escrito, enumera diversos agravios -que a su criterio- vulneran principios consagrados en nuestro texto constitucional, tales como: el principio de capacidad contributiva y el veto de establecer impuestos confiscatorios; violación al derecho de propiedad, afectación a la garantía de razonabilidad que debe imperar en toda norma que impacte sobre el patrimonio de los argentinos, el derecho de igualdad y la doble imposición.
Efectúa una extensa explicación sobre el carácter de impuesto patrimonial del aporte solidario cuestionado y como, en definitiva, absorbe su renta. La relación entre la renta e impuestos patrimoniales a los que hace frente, dice, es del 529,77%. Tal situación, a su criterio, se traduce en un impuesto inconstitucional. Así es ello, los argumentos expuestos en aquella acción resultan idénticos a los que sustentan el recurso interpuesto ante este Tribunal.
III. Que, en ese contexto fáctico y jurídico, la defensa del recurrente debe ser acogida favorablemente, en tanto se trata de causas sustancialmente vinculadas, debiendo puntualizarse que lo que se resuelva en estos autos podría –eventualmente- contradecirse con lo que se decida en el Juzgado Federal de Bahía Blanca Nº 2 e instancias posteriores, generando un escándalo jurídico, habida cuenta que en ambos trámites se cuestiona, en definitiva, la constitucionalidad y legitimidad de la aplicación de la ley 27.605, que creó el Aporte Solidario Extraordinario, cuestiones éstas cuya dilucidación es esencial para la solución definitiva de la controversia que se suscita. (Vid. sobre una cuestión análoga C.NCONT.ADM. FED. Sala IV, “Yacimientos Mineros Agua de Dionisio”, 30/9/2010).
IV. Que finalmente, entiendo oportuno señalar que si el fundamento de la impugnación es de orden constitucional, la imposibilidad de este Tribunal de ejercer el control negativo de constitucionalidad impide considerar esta vía como la idónea para su discusión. De allí que, a mi modo de ver, frente a un acto de alcance individual (determinación de oficio) en el que se pretenda el ejercicio de control de constitucionalidad, podrá el contribuyente ocurrir a esta instancia jurisdiccional y –concomitantementededucir acción declarativa de certeza ante la justicia con el objeto de obtener una declaración sobre aquél planteo. En este caso, pues, se deberá suspender el trámite hasta tanto se resuelva la acción declarativa de certeza operando como una especie de excepción de litispendencia por conexidad.
En efecto. Como con justeza los explica el Profesor Calamandrei “En los casos en que el desplazamiento de competencia no es posible ni en un sentido ni en otro (porque por ejemplo, tanto la competencia para la causa originaria como la competencia para la prejudicial están determinadas por razones de materia), la ley, en lugar a de la reunión de las causas, se contenta con prescribir la suspensión de la primera hasta tanto que haya sido decidida la segunda...” (vid. Calamandrei, Piero, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Volumen II, 224).
De tal forma, entiendo que ambas vías –la acción declarativa de certeza y el régimen recursivo de la ley 11.683- resultan complementarias en casos como el de autos, consolidando la noción de tutela judicial efectiva, por lo que voto en el sentido de hacer lugar a la excepción de litispendencia articulada por la actora, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Magallón.
Por ello, SE RESUELVE:
Rechazar la excepción de litispendencia, con costas.
Regístrese, notifíquese y vuelvan los presentes actuados a la Vocalía instructora para la prosecución de su trámite.-
Date: 2024.03.21 15:03:26 ART Date: 2024.03.21 16:09:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.22 09:20:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.22 09:21:05 -03:00
Fin de la sentencia