Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2026-14373468-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduana para percibir tributos, como así también para reclamar multa, respecto de la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L." en el trámite del procedimiento infraccional iniciado en la actuaciones SIGEA 17124- 7138-2019. Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58894702-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, a efectos de resolver el EX-2026-14373468- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “DELTA COMPRESIÓN SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L.”, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2025-6865-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 23/12/2025, dictada en el marco de la actuaciones SIGEA N° 17124-7138-2019, por la cual se condena a la firma mencionada al pago de una multa que asciende a $ 9.774,07.- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero y por la que, asimismo, se le exige la suma de u$s 1.241,24.- en concepto de tributos, todo ello en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 13 073 IT14 001204 C.
Plantea la inaplicabilidad del artículo 17 de la ley 27.562, señalando que la causal de suspensión prevista en dicho artículo sólo es aplicable para quienes se acogieron a la moratoria prevista en la norma citada, conforme los términos de su artículo 4, destacando que la firma no se adhirió al régimen en cuestión, motivo por el cual la acción del Fisco Nacional no se encontraba suspendida. Solicita la aplicación de la doctrina del “plazo razonable”, conforme lo resuelto en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulados “Losicer” y “Bossi y García”, atento que han transcurrido 13 años desde la oficialización de la destinación de importación temporal, siendo un plazo irrazonable que atenta contra su derecho de defensa. Plantea la nulidad del procedimiento, habida cuenta que la mitad de las fojas no cuentan con fecha cierta, como la denuncia y las liquidaciones, así como tampoco se encuentra agregada la destinación de importación temporal (DIT), que inhibe la posibilidad de haber dictado los actos administrativos que abastecen la resolución efectuada. Plantea la nulidad del auto de apertura del sumario, por no reunir los requisitos del artículo 1094 del Código Aduanero, destacando que el mismo fue dictado a 4 días de operar la prescripción, sin haber agregado la carpeta contenedora de la DIT, con una denuncia y una liquidación sin fecha cierta. Solicita se declare la nulidad del auto de apertura del sumario y la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos. Afirma que ha dado total cumplimiento con la destinación denunciada. Solicita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de rito. Impugna la liquidación practicada en dólares estadounidenses, como su intimación al pago al tipo de cambio de la fecha anterior del pago en cuestión, planteando la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Resolución 3271/2012. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la representación del Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de reconocimiento. Respecto a los planteos de nulidad acerca de la falta de la carpeta DIT, manifiesta que la operación en trato no fue desconocida por la empresa importadora. Afirma que la apelante reconoció la autoría de la DIT como el incumplimiento de la misma por falta de reexportación o importación a consumo, de la mercadería ingresada temporalmente, con anterioridad al plazo de permanencia otorgado. Por tanto, la falta de la carpeta original no le ha causado ningún perjuicio, ya que a lo largo del trámite de todo el sumario supo de qué se estaba hablando y se acompañaron constancias relacionadas con la DIT en trato.
Que a la fecha de oficialización de la DIT, era la importadora quien ostentaba el carácter de “Depositario Fiel” de toda la documentación relacionada con la operación en trato. Señala que al momento de oficializarse la DIT ya se encontraba en plena vigencia la Resolución General (AFIP) N° 2573/2009 que regula la ratificación de la autoría de la declaración y resguardo documental en las destinaciones de importación y exportación, que establece la obligación de la importadora de resguardar la documentación de la destinación temporal. Respecto al incumplimiento del artículo 1094 del Código Aduanero, rechaza que la instrucción deba cumplir con todos los requisitos allí previstos, siendo ello un excesivo rigorismo formal.
Cita jurisprudencia. Resalta que el Código de rito deja en claro que el sólo dictado del auto de apertura del sumario es suficiente para la suspensión e interrupción del plazo de prescripción, como mencionan los artículo 805, inc. a), y 927, inc. a), del citado cuerpo legal, sin necesidad de que sea puesto en conocimiento del sumariado. Destaca que ala DGA ostenta plena acción para percibir tributos, y para imponer penas. Plantea la inaplicabilidad del principio de “plazo razonable”, ya que dicha garantía sólo es aplicable a las personas fisicas, no así a las personas jurídicas. Menciona que la carga de la prueba respecto del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, y que en autos el mismo ha sido incumplido, por lo que corresponde la sanción impuesta ante la configuración de la infracción.
Respecto a la liquidación de los tributos, manifiesta que conforme lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los derechos de importación y exportación deben ser calculados en dólares hasta el momento de su efectivo pago, conforme también lo establece el artículo 20 de la ley 23.905, y la Resolución General (AFIP) nro. 3271/2012. Por último, rechaza los planteos en relación al artículo 17 de la ley 27.562. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva de caso federal. Solicita que se rechace la apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la contraria.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-7138-2019 se inician a fs. 1 y 2 con la impresión de consulta al Sistema Informático María (SIM) correspondiente a la destinación de importación temporal 13 073 IT14 001204 C, con fecha de vencimiento 24/04/2014. A fs. 3 se encuentra impresión de la garantía Nro. 210138000. A fs. 9 con fecha 19/11/2019 se determina los tributos.
A fs. 11 obra el Acta de Denuncia N° 19R81OM11003007W, de fecha 20/11/2019, en la que se deja constancia que la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L.” se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación citada. A fs. 15/16 se practica la liquidación de tributos y se determina la multa. A fs. 17 y vta, con fecha 26/12/2019 se dispone la instrucción de sumario, y se corre vista de todo lo actuado a la importadora, citando como garante a Zurich Argentina Compañia de Seguros S.A. La firma “Delta Compresión S.R.L.” es notificada en fecha 30/06/2025, conforme constancia de fs. 20, y la compañía de seguros en fecha 24/06/2025, conforme notificación SICNEA obrante a fs. 21, quien efectúa su descargo a fs. 22/26, y acompaña la póliza Nro. 210138000 donde surge que la suma máxima asegurada asciende a $23.850. Por su parte, la importadora contesta el traslado conferido a fs. 32/39 y acompaña documental glosada a fs. 42/110. Finalmente a fs. 116/119 se encuentra la RESOL-2025-6865-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, de fecha 23/12/2025, apelada en la especie.
IV. Que se le imputa a la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L.” la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería amparada por la D.I.T. N° 13 073 IT14 001204 C, cuyo vencimiento habría operado el 24 de abril de 2014.
Que, como consideración preliminar, encuentro -luego de compulsar las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-7138-2019- que la instrucción del sumario de fs. 17 y vta. que se realiza el 26 de diceimbre de 2019 no da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, atento que, al momento de su apertura, el servicio aduanero no contaba con la carpeta original de la DIT N° 13 073 IT14 001204 C, que constituye la causa y antecedente del presente procedimiento infraccional.
En tal sentido, se advierte que, a lo largo de la sustanciación del sumario administrativo, el Fisco Nacional jamás dispuso agregar la carpeta completa de la destinación de marras.
En efecto, en la resolución apelada, la demandada sostuvo “(...) respecto de la exigencia de existencia de la carpeta original de la destinación de importación involucrada en formato papel, es de destacar que (…) a partir del dictado de la ley 27.446 arts. 7 y ccdtes., así como sus antecedentes las leyes 25.506, 26.685 sus respectivas reglamentaciones, etc., las constancias informáticas emitidas por la Administración Pública Nacional hacen plena fe por sí mismas, máxime cuando nos estamos refiriendo como en este caso a una extraída del Sistema Informático Malvina por el que se rige toda la operatoria aduanera del comercio internacional...”
V. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que el artículo 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.” Por ende, la resolución de apertura de sumario no puede considerarse un simple acto administrativo de mero trámite, ya que el mismo es de suma importancia porque es el acto por el cual el Administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que, por primera vez, presenten sus defensas. Que, como se dijo, de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que no se encuentra agregada la carpeta original de la DIT N° 13073IT14001204C por la que se le exige, a la firma recurrente, el pago de los tributos y se formula cargo por multa, situación que pone de manifiesto la recurrente al momento de describir los agravios que fundan su recurso. La falta de agregación de la misma por parte del servicio aduanero impide verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del regimen y, lo más importante, si la recurrente importó temporariamente la mercadería al amparo del Decreto N° 1439/96.
Cabe destacar que el deber de guarda de la documentación le compete al servicio aduanero (independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación de la documentación relativamente cortos, pues admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados, enunciado en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 1, inciso 9, de la ley Nº 19.549; y más aún si -como acaece en la especie-, la documentación se encuentra involucrada en discusión administrativa o judicial.
Que el administrado es un colaborador en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o, en su defecto, su despachante de aduana. Pero ello no desobliga al servicio aduanero de acompañar la documentación original del despacho de importación temporaria por el que imputa a la firma importadora la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415.
VI. Que, en este sentido, es reconocido el carácter penal de las infracciones aduaneras pues así fue señalado por la Corte Suprema de Justicia (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”, entre otros). Por ello, no parece razonable admitir una apertura de sumario con los datos insertos en las impresiones de pantalla de la destinación que obran a fs. 2/8 de las actuaciones administrativas, sino que deviene imprescindible agregar la carpeta del DIT en original, documento que resulta ser requisito indispensable para formular la denuncia y sobre el que se dan las condiciones para el inicio de la normal tramitación de las instrucciones sumariales, la imputación de la infracción y, por último, la condena. Huelga reiterar que la falta del original de la DIT no permite determinar si se trata de mercadería de importación prohibida o no y, si al momento de su ingreso, el verificador observó la posición arancelaria. Estos datos no surgen de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos tal como un posible pedido de prórroga, si se importó al amparo del Decreto N° 1439/96. etc.
Por lo tanto, cabe colegir que los antecedentes con los que contaba la aduana en el expediente N° 17124-7138- 2019 nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario, en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero. Por elloo, al no contarse con la carpeta de la destinación original al momento del la apertura de sumario, no existe para el servicio aduanero causa alguna que justifique razonablemente su decisión de aperturar el sumario. Pues “cuando el acto desconoce arbitrariamente la situación de hecho existente, o pretende fundarse en una situación de hecho que no existe, será nulo; esto, que conceptualmente podría denominarse teoría de la causa o de los motivos determinantes queda comprendido dentro del requisito de la razonabilidad...” (cfme. Gordillo, Agustín, “Tratado de derecho administrativo”, 1ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2012, Libro II (Elementos y vicios del acto administrativo), Tomo V, Capítulo IX,).
VII. Que, en consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.) y, al estar viciada por tanto la causa, los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y convencional; y concordante con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales - ora infraccionales- (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros; y mi voto in re “ENOD S.A.” Sala “E”, sentencia del 4/7/12).
VIII. Que, por lo demás, en este mismo sentido se han expedido las Salas I y II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en la causas “Henkel Argentina SA.” y “Ferrero Argentina S.A.”, sentencias del 12/12/17 y 28/12/17, respectivamente, entre muchas otras, donde se declaró la nulidad del acto de apertura de sumario por no contar con la carpeta original de la destinación de importación temporal.
IX. Que, sentado ello, corresponde analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción. Respecto a los tributos como así también de la multa intimada por la resolución apelada, el plazo de prescripción es el de 5 años, conforme lo dispuesto en los artículos 803 y 934, respectivamente, del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1° de enero de 2015 (el hecho gravado tuvo lugar el 24/04/2014, al vencerse el plazo de la importación temporaria), en los términos de los artículos 804 y 935 del citado ordenamiento legal; y, de no mediar causales suspensivas e interruptivas, operaba el 1° de enero de 2020. Y no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debe evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo agregar la destinación de marras a los efectos de subsanar las irregularidades de los que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello -sin embargo-, no ocurrió. Así las cosas, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 26 de diciembre de 2019 (vide fs. 17 y vta de las actuaciones administrativas), el mismo no pudo suspender la prescripción, en los términos del artículo 805, inc. a), ni del artículo 935, inc a), del Código Aduanero.
X. Que el modo en que se vota el presente torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por la apelante.
Conforme lo expuesto en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
Declarar nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduana para percibir tributos, como así también para reclamar multa, respecto de la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L." en el trámite del procedimiento infraccional iniciado en la actuaciones SIGEA 17124- 7138-2019. Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al Voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Declarar nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduana para percibir tributos, como así también para reclamar multa, respecto de la firma “DELTA COMPRESIÓN S.R.L." en el trámite del procedimiento infraccional iniciado en la actuaciones SIGEA 17124- 7138-2019. Costas a cargo del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.06.12 17:32:58 ART Date: 2026.06.12 18:27:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 18:27:51 -03:00
Fin de la sentencia