Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61651
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.651, "Cocha, Nicolás Alberto s/ Demanda contencioso administrativa. Impugnación de sanción en materia de empleo público (proceso sumario)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres , Genoud.
I. El señor Nicolás Alberto Cocha, por apoderado, interpuso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el recurso judicial previsto en el art. 40 de la ley 22.140, planteando la nulidad del decreto provincial 228/97 que le aplicó la sanción de cesantía en el marco del sumario administrativo disciplinario tramitado en el expediente 1073/86 del registro de la Lotería Nacional Sociedad del Estado. Solicitó, también, la reincorporación al cargo desempeñado hasta la aplicación de la aludida medida segregativa y el pago de los salarios devengados desde que se lo suspendió preventivamente y hasta la fecha de la efectiva reincorporación, con más intereses y costas.
II. A fs. 37/39 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró la incompetencia de la justicia federal para entender en la sustanciación del mencionado recurso, decisión que fue confirmada por sentencia de la Corte Suprema de la Nación a fs. 57.
III. Seguidamente la causa fue remitida a este Tribunal, que se notificó de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devolvió las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (v. fs. 80/81). Recurrida esta última decisión, fue dejada sin efecto por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación al resolver el recurso extraordinario federal interpuesto contra ella por el interesado (v. fs. 85/88 y 113).
IV. Así, vueltos los autos a este Tribunal y aceptadas las excusaciones de los señores jueces que suscribieran la resolución dejada sin efecto, se integró esta Suprema Corte (v. fs. 136), se radicó la causa y se confirió a la actora la posibilidad de optar entre las distintas vías procesales consagradas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y, en su caso, adecuar la demanda a las reglas del proceso sumario de impugnación de sanciones en materia de empleo público normado en el capítulo II del Título II del referido Código (v. fs. 138).
V. En consecuencia, el actor, por apoderado, readecua su presentación e interpone demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, impugnando el decreto 228/97 en el cual el señor Vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo le aplicó la sanción de cesantía, y solicita su anulación. Reclama que se lo reincorpore al cargo que desempeñaba hasta la aplicación de la sanción cuestionada, se le computen para el cálculo de antigüedad los años en que estuvo separado del cargo y se condene a la demandada a abonarle los salarios devengados desde la suspensión preventiva hasta el momento de la efectiva reincorporación, con más intereses y costas.
Formula reserva de caso federal y ofrece prueba.
VI. A fs. 315 el actor manifestó expresamente optar por el proceso sumario previsto en el art. 71 y siguientes de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
VII. Corrido el traslado de ley, se presenta la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, en atención a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, sostiene que la demanda es infundada, que el acto impugnado es regular y no merece reproche de ilegitimidad alguno. En consecuencia, pide el rechazo de la acción.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
VIII. Producida la prueba (v. providencia de 3-II-2023), agregados los alegatos presentados por las partes (v. presentaciones de 22-II-2023 -actora- y 23-II-2023 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata el actor que se desempeñó en la Lotería Nacional Sociedad del Estado, en los casinos nacionales, hasta el día 19 de julio de 1986, fecha a partir de la cual fue suspendido preventivamente en el cargo de ayudante de ruleta, en el marco de lo actuado en el sumario disciplinario tramitado por expediente 1073/86.
Indica que el aludido procedimiento sumarial se inició con el objeto de investigar si su conducta, en paralelo, como empleado en la Empresa Patagonia Argentina S.R.L., que estuvo implicada en una causa penal, había sido "adecuada a la normativa del art. 27 inc. b) del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública".
Destaca que la suspensión preventiva se determinó hasta la finalización de la causa penal seguida por incendio intencional y estafa y que el instructor sumariante, al concluir el sumario, expuso que el proceder del aquí actor, investigado en la sede penal, encuadraba en la causal de "cesantía" al no haber observado una "...conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función", conforme lo dispuesto en el art. 27 inc. "b" de la ley 22.140, ante el dictado de la prisión preventiva dispuesta en el año 1986 en los mencionados autos y que, supuestamente, habría adoptado una actitud evasiva para "...no permitir que la justicia investigue sin presentarse para solicitar medidas y aclarar su situación".
Pone de resalto que, en consonancia con las conclusiones sumariales, el señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el decreto 228/97 a través del cual le aplicó la sanción de cesantía de conformidad con lo establecido en los arts. 27 inc. "b" y 32 inc. "f" del Régimen Jurídico de la Función Pública. Apunta que el único argumento para aplicarle la cesantía es que "...su conducta 'fuera del trabajo' no sería una conducta correcta, digna y decorosa, de conformidad con la terminología del art. 27 inc. b) de la ley 22.140". Se agravia de que el aludido decreto no expusiera los motivos por los cuales su conducta -fuera del ámbito del servicio a las órdenes de la Lotería Nacional- asumiría tales características.
Señala que el acto sancionador contiene vicios en sus elementos esenciales, por lo que solicita que se declare su nulidad. Especifica que en la motivación no cumple el deber de coherencia al no seguir el criterio plasmado en el precedente administrativo dictado en el expediente R-1083/88 de Lotería Nacional, que no se justifica la discordancia dado que, según aduce, los casos son jurídicamente idénticos.
Cita el precedente "Nazar Anchorena" de este Tribunal y manifiesta que la contradicción del presente caso con el citado anteriormente configura una típica situación de "arbitrariedad por contradicción" que vicia el acto por vulnerar el principio de razonabilidad, principio ineludible en el ejercicio de las funciones públicas.
Sostiene que han interpretado falsamente los hechos efectivamente acaecidos, con el agravante de que ello contradice los precedentes administrativos.
Niega que en la causa penal -en la que estuvo involucrado y fuera finalmente sobreseído-, él haya adoptado una actitud evasiva para "...no permitir que la justicia investigue sin presentarse para solicitar medidas y aclarar su situación". Afirma que, por el contrario, no existen constancias en la referida causa penal de que él hubiera adoptado tal proceder entre los años 1986 y 1994, ni de que se hubiera ausentado de su domicilio ni de que no se hubiera presentado ante la Justicia a fin de "solicitar medidas y aclarar su situación". Observa que en dicho expediente consta que se lo tuvo por presentado, que constituyó domicilio legal y que luego de haberlo solicitado, se dictó su sobreseimiento total y definitivo. Destaca que tuvo domicilio real en la ciudad de Comodoro Rivadavia y que en el año 1996 se mudó a la ciudad de Caleta Olivia.
Manifiesta que, sin perjuicio de que estuvo presente en el juicio, el juez penal tiene suficientes facultades instructorias para impulsar el proceso de oficio, ordenando y sustanciando todas las medidas probatorias que estimara idóneas para la investigación y resolución del caso.
Asimismo, cuestiona que en el acto impugnado no se hubieran expresado las razones concretas por las que su conducta, fuera del ámbito de sus tareas como agente público, y por la cual fue sobreseído definitivamente en el fuero penal, haya sido considerada falta de decoro e incorrección en el ejercicio de sus funciones.
Plantea, además, el vicio de exceso de punición. Destaca que pese a que obtuvo sobreseimiento definitivo en sede penal, la Lotería Nacional Sociedad del Estado no lo apeló. Agrega que en un caso semejante el sumario concluyó con la reincorporación y el pago de salarios caídos. Por ello sostiene que la sanción de cesantía que le fuera impuesta resulta arbitraria.
Pone de resalto que en su legajo no consta ningún tipo de antecedentes por mal desempeño ni sanciones.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado destaca la potestad disciplinaria que posee la Administración en el marco del régimen estatutario de empleo público, y cita doctrina de este Tribunal en la que ha señalado que la falta de servicio no solo puede resultar del ejercicio del cargo o función por parte del agente sino también de su comportamiento en la vida privada, es decir, al margen de la función.
Detalla que el sumario administrativo disciplinario fue iniciado a fin de investigar la conducta del actor al habérsele dictado la prisión preventiva en la causa 4.028/86 caratulada "Ibañez, Froilán y otros s/ p.s.s.a.a., incendio intencional y estafa", de trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 Secretaría Penal n° 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Que el actor fue acusado como autor penalmente responsable del delito de estafas (varios hechos), en la modalidad de delito continuado previsto y penado por los arts. 172 y 54 del Código Penal y de un incendio intencional producido en un sector que se encontraba a su cargo, supuestamente para ocultar estafas. Por tales delitos se requirió que le aplicara la pena de seis meses de prisión y se le impusieran las costas del proceso.
Apunta que si bien se le corrió traslado de la acusación, no se pudo localizar ni al señor Cocha ni a su abogado defensor. Agrega que recién el día 5 de septiembre de 1994 el actor se presentó designando nuevo defensor quien solicitó la prescripción de la causa. Señala que finalmente el nuevo juez de la causa, el día 10 de diciembre de 1994, decretó extinguida la acción penal por transcurso del tiempo y resolvió sobreseer total y definitivamente al agente Cocha.
Relata que, en forma paralela al proceso penal, en el expediente administrativo 1073/86 se investigó la conducta del actor que, como agente público laboraba como ayudante de ruleta en el Casino de la ciudad de Comodoro Rivadavia y se vio involucrado en una causa penal con motivo de su trabajo particular como planillero en la Empresa Patagonia Argentina S.R.L.
Destaca que el día 13 de mayo de 1993 se procedió a la reconstrucción de las actuaciones sumariales en razón de su desaparición en el incendio -intencional- acaecido con antelación en el Departamento Legales.
Pone de resalto que la instrucción concluyó que la conducta del agente Cocha durante su desempeño en la Empresa Patagonia Argentina S.R.L. no se correspondió con la establecida en el art. 27 inc. "b" del Régimen Básico de la Función Pública. Agrega que consideró que estuvo detenido entre los días 19 y 24 de julio de 1986 por imputársele los delitos de incendio intencional y estafa, y tuvo auto de prisión preventiva entre los días 25 de julio de 1986 y 30 de diciembre de 1994.
Aclara que la situación investigada en las actuaciones que alega como precedente no era semejante a la del agente Cocha en razón de que los agentes Acuña y Delgado fueron absueltos en la causa penal. En cambio, dice, en el caso de Cocha, la acción penal se extinguió por prescripción, lo que llevó al dictado del sobreseimiento total y definitivo.
Concluye que en el decreto 228/97 se declaró la responsabilidad administrativa disciplinaria del agente Nicolás Cocha y se aplicó la sanción de cesantía en el marco de lo dispuesto en los arts. 27 inc. "b" y 32 inc. "f" del Régimen Jurídico Básico de la Administración Pública. Postula que en el caso, la Administración ejerció su potestad disciplinaria en forma razonable pues se acreditó que el actor, en virtud de los hechos por los cuales fue procesado y detenido en una causa penal, como por la conducta asumida durante el proceso, incumplió con la obligación de todo agente público de observar en el servicio y fuera de él una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función.
Asevera que el decreto provincial 228/97 se sustenta adecuadamente en los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas, con una correcta interpretación de los antecedentes de la causa.
Por otra parte cita doctrina de este Tribunal con relación a la independencia entre la responsabilidad penal y la administrativa, y pone de resalto que en el sumario administrativo en el que fue imputado el aquí actor no se investigó una conducta delictiva ni se sancionó al agente por haber cometido un delito, sino que se sustanció para verificar si había incurrido en una falta a los deberes propios de la función pública y que los hechos acreditados en esas actuaciones, conforme el ámbito propio de la responsabilidad administrativa disciplinaria, resultan suficientes para tener por configurada la infracción del agente.
Niega habérsele imputado al actor una conducta innominada. Afirma que en el caso se particularizaron concretamente los comportamientos que dieron cuenta del incumplimiento de los deberes del agente público, toda vez que constituyeron una falta de decoro e incorrección en el ejercicio de sus funciones.
Detalla que, tanto en sede administrativa como en la instancia judicial, el agente imputado fue notificado de las conductas objeto de investigación. Acota que el inculpado no ofreció más prueba que las constancias de las actuaciones administrativas y de la causa judicial y destaca que no indicó las defensas o pruebas de las que se habría visto privado.
Rechaza que haya mediado violación del debido proceso o se haya incurrido en exceso de punción, pues afirma que la sanción impuesta fue debidamente motivada, surgiendo de una valoración razonable de la prueba producida, que permite inferir la legitimidad del acto cuestionado.
Eventualmente, para el supuesto de que se hiciera lugar a la pretensión anulatoria articulada, niega que corresponda el pago de los salarios reclamados ni tampoco el cien por ciento de las remuneraciones dejadas de percibir.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes a fin de decidir el caso sometido a decisión:
III.1. Decreto provincial 228/97 del día 22 de enero de 1997 (v. fs. 2/3 y 143/145).
III.2. Certificado expedido el día 27 de marzo de 1995 por el Juzgado de Instrucción n° 1 de Comodoro Rivadavia en el que se deja constancia que en la causa 4.082/86 caratulada "Ibañez, Froilan y otros p.s.s.a.a., incendio intencional y estafa", con fecha 30 de diciembre de 1994, se dictó resolución decretando extinguida la acción penal y "...se sobreseyó total y definitivamente en la misma a Nicolás Alberto Cocha, por prescripción y en orden al delito de estafas reiteradas (varios hechos) en la modalidad de delito continuado (arts. 172 y 54, C. P.)" (fs. 150).
III.3. Mediante disposición 11/86 el Presidente de la Lotería Nacional decidió suspender al agente Cocha en sus funciones desde el día 19 y hasta el día 24 de julio de 1986 por encuadrar su conducta en lo establecido en el art. 36 del decreto 1.798/80 -Reglamento de Investigaciones-. Seguidamente, dispuso su suspensión preventiva desde el día 25 de julio de 1986 y hasta la finalización de la causa penal por encuadrar esta situación en lo normado en el art. 37 del decreto antes citado. Ello, con fundamento en que en la causa caratulada "Ibañez, Froilán y otros s/ p.s.s.a.a., incendio intencional y estafa" de trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 de Comodoro Rivadavia, el referido agente había sido detenido desde el día 19 hasta el día 25 de julio de 1986, fecha en la que recuperó la libertad bajo caución juratoria y, posteriormente, se le dictó la prisión preventiva por los delitos de defraudación reiterada -varios hechos en concurso ideal con la modalidad de delito continuado- que devino firme (v. fs. 361/363 y su notificación a fs. 364/366).
III.4. Notificación al agente Cocha de las conclusiones del sumario disciplinario tramitado por expediente administrativo 1073/86 (v. fs. 146/149) y su ampliación (v. fs. 158/159).
III.5. Descargo presentado por el imputado Cocha (v. fs. 154/157).
III.6. A fs. 373 se agregó comunicación realizada por el Instructor designado en el sumario disciplinario en trámite por expediente administrativo 1073/86, que da cuenta de que con motivo del incendio ocurrido el día 2 de junio de 1991 en el inmueble de la Lotería Nacional ubicado en Avenida Independencia 3.152/3.154 de la ciudad de Mar del Plata, donde funcionaba el Departamento Legales, se constató la pérdida del referido cuerpo administrativo, por lo que solicita su reconstrucción bajo el número 1083/88 (v. fs. 161, 373 y 412).
III.7. A fs. 367/369 obra agregada presentación efectuada por el señor Cocha solicitando que se lo reincorpore al cargo que desempeñaba hasta el dictado de la suspensión preventiva y que se le abonen los haberes dejados de percibir desde el día 25 de julio de 1986 y hasta el momento de la reincorporación, con más actualización e intereses. Ello, con fundamento en que la causa penal en la que se había dictado su prisión preventiva, concluyó con su sobreseimiento total y definitivo, por haberse declarado extinguida la acción penal por prescripción (v. certificado expedido por el Juzgado por el que tramitó la causa -fs. 370-).
III.8. Previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 399), el señor Vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo dictó el decreto 228/96 por el cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria del agente Cocha y decidió aplicarle la sanción de cesantía al entender que su conducta vulneraba lo establecido en el art. 27 inc. "b" del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y encuadraba en el art. 32 inc. "f" del citado régimen (v. fs. 400/405). Notificándose al interesado el día 12 de febrero de 1997 (v. fs. 408).
III.9. A fs. 212 obra agregada copia del certificado expedido el día 9 de agosto de 1994 por el Juzgado en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el que se deja constancia de que en la causa 18.037 que se siguiera a los señores José Luis Delgado y Pablo Eduardo Acuña, con fecha 21 de junio de 1994 la Cámara Segunda de Apelación absolvió a los nombrados imputados en los delitos de administración fraudulenta, decisión que -indicó- estaba firme y consentida (v. sentencia de fs. 213/219).
III.10. A fs. 226 se agregó copia de las conclusiones del sumario tramitado por expediente 1083/88.
III.11. Por disposición 1.294/94 dictada el día 12 de septiembre de 1994 en el expediente 1083/88, se ordenó levantar la suspensión preventiva de los agentes Delgado y Acuña y se ordenó reintegrarlos a sus tareas (v. fs. 254/255). A su vez, a través de la disposición 1.713/94 de la Lotería Nacional se ordenó el pago a los agentes Acuña y Delgado de los salarios caídos devengados durante todo el período que "duró la suspensión de sus labores" (fs. 294/295).
IV. De acuerdo a los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes antes detalladas, la cuestión a decidir se centra en determinar si la sanción de cesantía aplicada al agente Cocha, se ajusta a derecho.
IV.1. En lo concerniente a la fiscalización de actos discrecionales como los involucrados en la esp
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.