Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71876
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 897/919 y se revoca la sentencia dictada por la Cámara interviniente a fs. 866/879, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por la jueza de primera instancia a fs. 816/827 (conf. art. 289, CPCC).
Las costas ante esta Corte se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, CPCC), mientras que las de las instancias previas se distribuyen por el orden causado (conf. arts. 51 y 77.1, CCA -texto según ley 13.101-; arg. art. 274, CPCC; y doctr. de la mayoría, causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
El depósito previo efectuado a fs. 895 deberá restituirse al interesado (conf. art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.876, "Western Union Financial Services Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Merlo s/ Demanda contencioso administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Natiello, Mancini, Kohan.
Esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, que -en lo que interesa destacar- consideró configurado el hecho imponible de la tasa por inspección de seguridad e higiene discutida (v. fs. 866/879, 897/919 y 949/961).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 965/973) y, denegado éste (v. fs. 994/995), articuló la correspondiente queja (v. fs. 1.079/1.084).
Llegado el caso a su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja deducida, declaró procedente el recurso interpuesto y dejó sin efecto la sentencia atacada, ordenando la devolución de las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien correspondiera, se dictase un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido (v. fs. 1.090).
Vueltos los autos, integrado el tribunal (v. fs. 1.093/1.098, 1.101, 1.105 y proveído de fecha 3 de septiembre de 2020), dictada la providencia correspondiente (v. fs. 1.107) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
Visto lo resuelto por la Corte Suprema, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Mediante el pronunciamiento de fs. 949/961, esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora.
Para así decidir, consideró que en primer término debía dirimirse si la actividad económica de Western Union Financial Services Argentina S.R.L. tenía "...sustento territorial suficiente en la Municipalidad de Merlo, a los efectos del hecho imponible..." de la tasa por inspección de seguridad e higiene debatida (v. fs. 952).
Destacó que la Cámara interviniente tuvo por acreditado que la sociedad actora, pese a no contar con un local habilitado a su nombre, desarrolló actividad dentro de locales pertenecientes a otras firmas (Correo Argentino, Credilogros Compañía Financiera S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A.), que se ubicaban dentro del referido municipio. Señaló que, luego de valorar las constancias del expediente administrativo, las cláusulas de los contratos que vinculaban a la actora con sus agentes comerciales y la normativa tributaria implicada, dicho tribunal desechó el argumento según el cual el hecho imponible de la tasa por inspección de seguridad e higiene no podía reputarse configurado con respecto a la empresa en cuestión por no resultar titular de un local habilitado. Agregó que, para el a quo , la ordenanza aplicable grava la estructura comercial donde se desarrolla la actividad mercantil, sin que la circunstancia de no contar con una específica habilitación municipal a nombre propio opere como fundamento válido para eximirse del pago del tributo.
A continuación, esta Corte rechazó los agravios basados en la doctrina de la causa "Laboratorios Raffo" (Fallos: 332:1503), por entender que las circunstancias verificadas en dicho precedente, en torno a la generalidad del gravamen allí debatido y en lo relativo al nexo territorial que justificaba la potestad tributaria del municipio involucrado, diferían de las de autos.
Pregonó asimismo que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas constituye una labor privativa de los jueces de la causa que no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violan las reglas que gobiernan la prueba o se incurre en decisiones absurdas.
Añadió que la mera cita de fallos de la Corte nacional no cumple con la exigencia prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, puesto que tales pronunciamientos no constituyen la doctrina legal a que alude el citado precepto.
Rechazó los planteos según los cuales la carga de acreditar la prestación del servicio municipal involucrado debía recaer en la municipalidad demandada, recordando jurisprudencia propia sobre las cuestiones debatidas.
Desestimó también, por deficiencias técnicas, los agravios vinculados con la supuesta violación del derecho de propiedad, del principio de razonabilidad, de los arts. 25 y 57 de la Constitución provincial y de los arts. 4, 16, 19 y 31 de la Constitución nacional.
En lo que atañe a la incidencia que en el sub lite tendría el acuerdo tendiente a derogar ciertas tasas municipales alcanzado por medio del denominado "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", reprodujo los lineamientos sentados en la causa I. 1.992, "Aguas Argentinas", sentencia de 7-III-2005.
II. Contra el fallo reseñado, la actora interpuso recurso extraordinario federal.
Sostuvo allí que resultaban plenamente aplicables al caso debatido las conclusiones alcanzadas por la Procuración General de la Nación en su dictamen de fecha 21 de febrero de 2007, emitido en el marco de la causa "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.", ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la sentencia dictada el 26 de marzo de 2009. Consideró que, trasladado al presente, el razonamiento practicado en dicha oportunidad demostraba con claridad que la pretensión municipal objeto de controversia era improcedente.
Resaltó que, de acuerdo con el pronunciamiento atacado, la sociedad de autos desarrollaba su actividad dentro de dos locales del Correo Argentino, uno de Credilogros Compañía Financiera S.A. y otro de Compañía Financiera Argentina S.A., situados en el partido de Merlo. Manifestó que éstos eran explotados por personal propio de cada una de esas firmas, quienes resultaban contribuyentes de la tasa por inspección de seguridad e higiene y que -a su entender- la pretensión municipal aquí discutida representaba una clara duplicación en el cobro de un mismo servicio, ya que recaía sobre un mismo espacio físico.
Adujo que tal apreciación no se veía afectada por el hecho de que las firmas mencionadas actuasen como agentes comerciales de Western Union Financial Services Argentina S.R.L. y recibiesen como retribución una comisión. Razonó que este ingreso, en todo caso, debía incrementar la base imponible de la tasa adeudada por quienes resultaban contribuyentes.
Planteó que los criterios emanados de los precedentes "Laboratorios Raffo" y "Municipalidad de Concordia" debieron ser analizados por esta Suprema Corte en forma conjunta, intentando armonizar las pautas que se desprenden de ambas decisiones. Concluyó que dicho análisis hubiera permitido entender que, a pesar de desarrollar su actividad comercial en distintos locales ubicados en el ejido municipal, no podía considerarse que el municipio prestase servicios a la firma actora, sino únicamente a los titulares de aquellos establecimientos.
III. Llegado el caso a su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja articulada contra la denegación del recurso extraordinario federal interpuesto, declaró procedente este remedio y dejó sin efecto la sentencia atacada.
Para así decidir, consideró que las cuestiones debatidas en la especie encontraban adecuada respuesta en la doctrina de la causa "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. s/ ejecución fiscal", sentencia de 26-III-2009.
En dicha oportunidad, el máximo tribunal federal revocó la sentencia que había mandado llevar adelante la ejecución fiscal iniciada por la actora para el cobro de la tasa municipal por inspección de higiene, sanitaria, profilaxis y seguridad. Sostuvo entonces -mediante remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal- que el fallo atacado no se había hecho cargo de los planteos según los cuales la demandada no tenía un establecimiento en la ciudad en cuestión, sino únicamente un contrato de comodato celebrado con el Banco Nación por el cual éste le cedía a aquella un espacio de su inmueble para que colocara un escritorio en el que se desempeñaba un promotor -contratado por la nombrada entidad financiera- que brindaba asistencia sobre afiliaciones, traspasos, tramitaciones, otorgamiento y pago de prestaciones y demás trámites. Con base en lo expuesto, la firma del caso había denunciado que ningún servicio concreto e individualizado podía haberle sido prestado, ya que carecía en el ámbito del municipio involucrado de local o personal propio.
IV. A la luz de lo decidido en autos por la Corte nacional, corresponde concluir que le asiste razón a la sociedad actora en cuanto a que respecto de ella no puede aquí tenerse por configurado el hecho imponible de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene.
En efecto, la actividad verificada en locales correspondientes a otras firmas que actuaban como agentes comerciales de Western Union Financial Services Argentina S.R.L., explotados por aquellas con personal propio, no abastece con relación a la actora los elementos exigidos para tasas como la discutida por la jurisprudencia que el máximo tribunal federal sentara en el caso "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. s/ ejecución fiscal", a la que expresamente se remitiera en el presente.
No altera la conclusión expuesta lo decidido por esta Suprema Corte en la causa A. 74.526, "Carfer", sentencia de 21-XI-2018, pues tal como en dicha oportunidad lo destaqué (v. últimos tres párrafos del punto IV.2 de mi voto, que recibiera la adhesión de los colegas intervinientes), la plataforma fáctica allí ventilada (se trataba entonces de salas de nosocomios explotadas en forma exclusiva por la sociedad actora, con su propio personal y mediante el abono de un canon mensual por dicho uso a las clínicas titulares de los inmuebles respectivos) difiere de la debatida en supuestos como el que ahora nos ocupa.
V. Por los fundamentos expuestos, que considero suficientes para decidir, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 897/919 y dejar sin efecto la sentencia dictada por la Cámara interviniente a fs. 866/879, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por la jueza de primera instancia a fs. 816/827 (conf. art. 289, CPCC).
Las costas ante esta Corte se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, CPCC), mientras que las de las instancias previas se distribuyen por el orden causado (conf. arts. 51 y 77.1, CCA -texto según ley 13.101-; arg. art. 274, CPCC; y doctr. de la mayoría, causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Natiello , Mancini y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 897/919 y se revoca la sentencia dictada por la Cámara interviniente a fs. 866/879, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por la jueza de primera instancia a fs. 816/827 (conf. art. 289, CPCC).
Las costas ante esta Corte se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, CPCC), mientras que las de las instancias previas se distribuyen por el orden causado (conf. arts. 51 y 77.1, CCA -texto según ley 13.101-; arg. art. 274, CPCC; y doctr. de la mayoría, causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
El depósito previo efectuado a fs. 895 deberá restituirse al interesado (conf. art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 16:21:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 19:30:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 12:26:56 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 21:09:47 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 13:15:01 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 13:21:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia