Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60831
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.831, "Hernández Gómez, Ana María contra Provincia de Buenos Aires (IOMA). Demanda contencioso administrativa" y su acumulada B. 61.024, "Hernández Gómez, Ana María y otra contra Provincia de Buenos Aires (IOMA). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Soria , de Lázzari , Torres , Natiello .
I. La doctora Ana María Hernández, por apoderada, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto Obra Médico Asistencial, en adelante IOMA) e impugna por ilegítimas las resoluciones 151/99 y 994/99 del mencionado organismo dictadas en el expediente administrativo nº 2914-7952/98 con fecha 9 de marzo de 1999 y 5 de octubre de 1999, respectivamente. Por la primera, se desestimó su pretensión de desafiliación al régimen del IOMA. Por la otra se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto anterior.
Pide se declare la nulidad de tales actos.
Solicita, asimismo, se resuelva "la inaplicabilidad o ilegitimidad de la aplicación" a su respecto de los arts. 16 y 17 de la ley 6.982 (Orgánica del IOMA), entendidos como exigencia de afiliación obligatoria de la actora -en su carácter de funcionaria miembro del Ministerio Público provincial- a la mencionada obra social.
Finalmente, pide la reparación de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de la ilegitimidad de los actos aquí impugnados, estimados en base a las retenciones salariales que le fueran efectuadas por tal concepto, a partir de la fecha en que formulara el reclamo.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio el señor Fiscal de Estado quien, al contestar la demanda, solicita su rechazo con fundamento en la legalidad de los actos impugnados (v. fs. 23 a 28).
III. Con fecha 17 de diciembre de 2001 la actora denuncia como hecho nuevo que el señor Procurador General de esta Suprema Corte de Justicia dictó la resolución 1.251/01 por la que autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación al IOMA que efectúen los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061 (v. fs. 55).
IV. Mediante resolución de este Tribunal de fecha 9 de junio de 2004 dictada en la causa B. 61.024, "Hernández Gómez, Ana María y otra contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa" se decidió acumular esos autos a la presente toda vez que respecto de ellos concurría el supuesto normado en el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial.
V. En la mencionada causa, las doctoras Ana María Hernández Gómez y Adriana Lucía Nanni, por apoderada, promueven demanda contra la Provincia de Buenos Aires -IOMA- y solicitan se declare la nulidad de las resoluciones 313/99 y 1.175/99 del referido organismo, a través de las cuales se denegó la desafiliación del régimen estatuido por la ley 6.982 y se rechazó el recurso de revocatoria incoado.
Requieren, también, que se declare la inaplicabilidad o ilegitimidad de los arts. 16 y 17 de la ley 6.982 por exigir la afiliación obligatoria de las actoras en su carácter de funcionarias miembros del Ministerio Público. Seguidamente, piden se reconozca su derecho a la afiliación opcional a dicho régimen.
Por último, solicitan que se fije una indemnización por los daños que dicen haber padecido como consecuencia de los actos que impugnan. Estiman los perjuicios sufridos en el equivalente a las retenciones efectuadas a sus remuneraciones por la prestación que aquí cuestionan.
VI. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 54), glosados el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 83/98) y los alegatos de ambas partes (v. fs. 101/104 -actora- y fs. 107/108 -demandada- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Explican las actoras que reclamaron ante el IOMA la desafiliación de esa obra social provincial, con fundamento en la ley 12.061, que dispuso la equiparación de los miembros del Ministerio Público - el cual integran- con los jueces provinciales, en cuanto a los derechos e inmunidades de los que gozan estos últimos.
Indican que la demandada denegó la petición efectuada sosteniendo que el art. 17 de la ley 6.982 únicamente excluye de la obligatoriedad de afiliación a los "jueces" y tal exclusión no está referida a aquellos funcionarios que se encuentran equiparados en nivel jerárquico, remunerativo y de trato con aquellos, aun cuando gocen de sus mismos derechos e inmunidades, además de considerar que la referida norma no debe ser interpretada extensivamente.
Señalan que, a su entender, los actos administrativos cuestionados resultan ilegítimos pues han resuelto la cuestión aplicando literal y aisladamente el art. 17 de la ley 6.982, "...con absoluta prescindencia del sistema jurídico en el cual dicha norma debe interpretarse en cuanto a su esencia axiológica y a su efectiva vigencia para el caso".
Sostienen que la ley 11.571 -Presupuesto General de la Administración provincial para el Ejercicio 1994- sólo efectuaba una equiparación salarial de los integrantes del Ministerio Público con los jueces, pero que con la sanción de la Ley del Ministerio Público -12.061- la cuestión ha tenido definición normativa. Ello, porque el art. 4 de la citada ley, con particular referencia a equiparación y estabilidad, establece que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Por último, destacan que la ley mentada establece claramente en su art. 97 la derogación de todas las disposiciones legales que se le opongan.
En resumen, afirman que la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público ha implicado la derogación de la obligatoriedad de afiliación de los integrantes de aquél al IOMA; la inaplicabilidad del art. 16 de la ley 6.982 a dichos funcionarios y la necesaria interpretación, en el sentido propiciado, del art. 17 de la ley 6.982, comprensiva de los miembros del Ministerio Público.
Por otra parte, manifiestan que el fundamento del art. 17 de la ley 6.982 (del IOMA) es el principio constitucional de la intangibilidad de la remuneración, consagrado en el art. 110 de la Constitución nacional para los jueces y en el art. 120 para los miembros del Ministerio Público.
Consideran que, si bien la Constitución provincial no tiene una cláusula que consagre expresamente la intangibilidad de las remuneraciones, se ha sostenido la operatividad de este principio constitucional y la obligatoriedad de su aplicación en la provincia que, según dice, ha sido reconocida por decreto 1.053/94.
Para el caso de que se considere vigente la exigencia del art. 16 de la ley 6.982, plantean la inconstitucionalidad de la norma, por limitar irrazonablemente la equiparación de derechos e inmunidades que el ordenamiento jurídico en vigor reconoce a los miembros del Ministerio Público respecto de los jueces y considera irritados -por una interpretación de estas características- su derecho de propiedad; la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley.
II. Al contestar la demanda, el señor Fiscal de Estado solicita su rechazo, con los siguientes argumentos:
Explica que a través de la ley 6.982 se creó un sistema de obra social abierta y arancelada para el personal de la Administración Pública, para satisfacer los requerimientos de salud en el ámbito provincial. Agrega que en el art. 16 dicho régimen consagra, con carácter de principio general, la obligatoria incorporación al sistema de los agentes estatales de la provincia de Buenos Aires.
Dice que las excepciones a esta regla de afiliación obligatoria están contenidas en el art. 17, entre las cuales no se incluye a los funcionarios miembros del Ministerio Público.
Razona que más allá de la equiparación que a afectos del desenvolvimiento de sus funciones realiza la ley 12.061, median diferencias sustanciales entre el rol que desempeñan los jueces y el que cabe a los integrantes del Ministerio Público. Sostiene que pretender incluir a estos últimos por vía de equiparación funcional a los jueces en materia asistencial implica distorsionar los claros términos de la norma, que de modo especial ha regulado un beneficio excepcional dentro del sistema asistencial provincial de afiliación obligatoria para el personal del Estado.
Manifiesta que este beneficio, por su propio carácter de excepción, no puede ser interpretado extensivamente. Precisa que si la ley solo se refiere a "jueces" y no a "funcionarios equiparables" ha habido una clara intención del legislador de circunscribir la excepción solo a aquellos.
Expresa que las razones de solidaridad que inspiran el sistema requieren la permanencia y contribución de los miembros beneficiarios para su mantenimiento, a fin de no tornar ilusorios los derechos del grupo social que se pretende beneficiar.
Postula que en razón de que el derecho a la no afiliación obligatoria al IOMA emana de una norma de carácter especial, entonces no corresponde entender que pueda ser modificada por una norma posterior de carácter general como es la ley 12.061.
A su criterio, las argumentaciones sostenidas por las actoras no logran conmover la validez constitucional de las normas en crisis, de las que surge la existencia de un fin público y la adecuación de los medios utilizados, resultando un instrumento apto para el resguardo del sistema asistencial delineado por el legislador.
Afirma, con cita de doctrina de este Tribunal, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma importa siempre un acto de extrema gravedad institucional que debe ser considerada ultima ratio del ordenamiento jurídico, razón por la cual un planteo de esta índole debe contener un sólido desarrollo argumental.
Por último, destaca que la intangibilidad de la remuneración de las actoras no se encuentra afectada por aportar al IOMA, en la medida en que una mínima proporción de la retribución es la que se destina al sistema.
Para el supuesto que se considerara que las accionantes tienen derecho a no afiliarse obligatoriamente al IOMA, sostiene que la indemnización por daños y perjuicios reclamada deviene igualmente improcedente, toda vez que durante todo el tiempo que se les efectuaron las correspondientes retenciones, tuvieron a su disposición todos los beneficios de la Obra Social.
III. De la prueba producida en autos surgen acreditadas las siguientes circunstancias:
III.1. Expediente administrativo nº 2914-7952/1999 y agregado.
III.1.a. Con fecha 18 de diciembre de 1998 la doctora Ana María Hernández Gómez solicitó, ante el Presidente del IOMA, su desafiliación en el marco de lo dispuesto en los arts. 4 de la ley 12.061 y 17 de ley 6.982 (v. fs. 14).
III.1.b. Mediante resolución del IOMA 151/99 se rechazó la solicitud de desafiliación presentada por la actora (v. fs. 14 y vta.) que fue notificada el 12 de marzo de 1999 (v. fs. 15/16).
III.1.c. Con fecha 25 de marzo de 1999 la interesada impugnó la aludida resolución denegatoria de su pedido (v. fs. 18).
III.1.d. Conforme el dictamen de la Asesoría General de Gobierno, el Directorio del IOMA dictó la resolución 994/99 que rechazó el recurso de revocatoria incoado por la interesada (v. fs. 23 y 36/37). La respectiva notificación obra agregada a fs. 41.
III.2. Resolución del IOMA 1.175/99 a través de la cual el Directorio decidió rechazar el recurso de revocatoria incoado por las doctoras Ana María Hernández Gómez y Adriana Lucía Nanni contra la resolución 313/99 que había rechazado su pedido de desafiliación en su carácter de funcionarias miembros del Ministerio Público (v. fs. 1/3, causa B. 61.024).
III.3. Resolución 1.251/01 dictada por el señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, con fecha 23 de agosto de 2001, por la que autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación al IOMA que efectúen los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061 (v. fs. 55, causa B. 60.831).
IV. Expuestos de tal modo los antecedentes del caso , recuerdo que las actoras no solamente peticionan que se ordene al IOMA que proceda a desafiliarlas, sino que también pretenden que les sean indemnizados los daños y perjuicios que aducen haber sufrido como consecuencia de los actos impugnados, cuantificados en todas las sumas que obligatoriamente les fueron descontadas en concepto de aportes a la obra social de la que pretenden desvincularse.
En síntesis: las accionantes han esgrimido una pretensión de anulación y otra indemnizatoria, por cuya vía pretenden la reparación de determinados perjuicios que -según afirman- les han irrogado los actos que impugnan.
IV.1. Destaco que este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la cuestión planteada en autos, en las causas B. 61.025, "Baistrocchi", sentencia de 21-V-2014 y B. 60.788, "Marra", sentencia de 10-IX-2014, por lo que me permito reproducir en el presente los fundamentos del voto que formulé en aquellas.
IV.2. Primeramente, advierto que ha perdido actualidad el tratamiento de la primera pretensión articulada en la demanda. Ello así, en base a las siguientes circunstancias:
IV.2.a. Las doctoras Ana María Hernández Gómez y Adriana Lucía Nanni, integrantes del Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, peticionaron su desafiliación al IOMA con fundamento en su equiparación a los jueces efectuada por la Ley Orgánica del Ministerio Público, en los expedientes administrativos 2914-7952/98 y 2914-7842/98 alcance 11/99, su agregado alcance 15/99 y su agregado sin acumular alcance 17/99.
La Ley Orgánica del Ministerio Público fue promulgada por decreto 4.515/97 el 19 de diciembre de 1997 y publicada en el Boletín Oficial 23.513, el 8 de enero de 1998.
IV.2.b. Agotada la instancia administrativa con resultado desfavorable, las demandas en análisis se interpusieron el 8 de noviembre de 1999 y el 29 de diciembre de 1999 (v. fs. 19 vta. y 18 vta., causas B. 60.831 y 61.024, respectivamente).
IV.2.c. Con fecha 23 de agosto de 2001 el entonces Procurador de esta Suprema Corte de Justicia dictó la resolución 1.251/01, a través de la cual en vista de la equiparación de derechos e inmunidades de los miembros del Ministerio Público con los conferidos a los jueces del Poder Judicial dispuesta por el art. 4 de la ley 12.061 y con fundamento en el principio de igualdad consagrado por el art. 11 de la Constitución provincial, resolvió que correspondía hacer extensiva a los miembros del Ministerio Público enumerados por el art. 9 de su Ley Orgánica la mentada prerrogativa existente en el art. 17 de la ley 6.982, Orgánica del Instituto de Obra Médico Asistencial.
De tal modo, se autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación al IOMA que efectuaran los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061.
IV.2.d. En el mismo sentido, esta Corte provincial, por resolución 1.119 -Secretaría General- de 12 de abril de 2000, citando precedentes en los que el IOMA había hecho lugar a solicitudes de desafiliación, autorizó a la Subsecretaría de Administración a hacer lugar a las peticiones de desafiliación que efectuaran los Secretarios del Tribunal.
IV.2.e. Con posterioridad, la resolución 165 de esta Suprema Corte de 13 de marzo de 2002, confirió idéntica autorización a favor de los Subsecretarios del Tribunal.
IV.2.f. Lo anteriormente reseñado pone de manifiesto que, tanto los miembros del Ministerio Público comprendidos en el art. 9 de la ley 12.061, cuanto los Secretarios y Subsecretarios de la Suprema Corte de Justicia provincial, dada la equiparación con los jueces establecida legalmente y con sustento en la garantía de igualdadínsita en la Constitución de la Provincia (art. 11) han sido autorizados, desde las fechas indicadas más arriba, a peticionar y obtener su desafiliación del IOMA.
Ello implica que, si bien es cierto que lo dispuesto lo ha sido por vía de resoluciones administrativas, no lo es menos que algunos de tales actos administrativos han sido suscriptos por los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia provincial; otros involucran directamente a funcionarios de jerarquía similar a las de las actoras y el resultado es precisamente el pretendido por ellas: no ser obligado a afiliarse al Instituto de Obra Médico Asistencial.
Sobre el punto, creo necesario aclarar que ninguna influencia sobre la cuestión puede tener la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la ley 13.965 al régimen de afiliación al IOMA (arts. 16 y 17, ley 6.982), en tanto, sin perjuicio de que ahora se enumera en forma taxativa a los funcionarios y magistrados que pueden afiliarse facultativamente, está claro que quienes accionan consolidaron su situación bajo el amparo de normas anteriores y la naturaleza de la cuestión no admite la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones (arts. 3, Cód. Civ. y 39 inc. 3, Const. prov.).
IV.2.g. De tal modo, las demandantes han visto satisfecha su petición por fuera del proceso y, por tanto, la pretensión originaria de desafiliarse de la obra social se ha tornado insustancial.
Es doctrina invariable de esta Corte que solo puede entenderse que el asunto a resolver se ha tornado abstracto si la pretensión formulada por el accionante en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso al tiempo que impropio de la función judicial (conf. doctr. causas B. 65.437, "López", sent. de 9-XII-2009; B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-VI-2011; B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014; B. 61.873, "Ramírez", sent. de 9-IX-2015; B. 66.638, "Usina Popular y Municipal de Tandil SEM", sent. de 4-V-2016; B. 63.382, "Depaoli", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
IV.3. Sentado ello, es menester analizar la pretensión de indemnización por los daños y perjuicios que las accionantes dicen haber sufrido como consecuencia del mantenimiento de la situación de afiliación obligatoria, los que han cuantificado en el total de las sumas que le fueran descontadas en su momento en concepto de obra social obligatoria.
IV.3.a. Considero que esta pretensión también debe ser desestimada, toda vez que las demandantes no han explicado, ni siquiera someramente, cuáles han sido los perjuicios que la afiliación al IOMA les ha producido, ni cuáles los daños que le fueran infligidos como consecuencia del mantenimiento de la obligación de afiliación.
Es que la prueba del daño corre por cuenta de quien lo reclama, no siendo suficiente la mera posibilidad de su existencia (doctr. causa B. 48.918, "Elemec S.A.", sent. de 17-IV-1984).
Antes bien, entiendo que el haber permanecido bajo la cobertura de la obra social del IOMA en ningún modo pudo haber ocasionado a las actoras consecuencias dañosas que ameriten su reparación.
Muy por el contrario, la cobertura puesta a su disposición por el IOMA ha coadyuvado a hacer efectiva la garantía del acceso a la salud establecida por el art. 36 apartado 8 de la Constitución provincial.
Ello, puesto que una cosa es decir que alguien tiene derecho a optar por la obra social a la que desea estar incorporado y otra muy distinta es imputar perjuicios -no especificados, ni menos aún demostrados- al hecho de permanecer en calidad de afiliado obligatorio a la obra social provincial.
Por lo demás, la existencia de una relación de causa-efecto entre el hecho que se le i
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