Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59712
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 59.712, "Balleto, Jorge Alberto contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa" y su acumulada B. 59.678, "Naranjo, Anselmo Julio contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Maidana.
I. El doctor Jorge Alberto Balleto, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires e impugna por ilegítimas las resoluciones 135/97 y 1.097/98, ambas dictadas por el Ministerio de Salud en el expediente administrativo n° 2940-11273/86.
Por la primera, se aplicó al actor la sanción de cesantía. Por la otra, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra su antecedente.
Pide que se declare la nulidad de tales actos y, por consecuencia de ello, se ordene su reincorporación al cargo que ocupaba al momento de hacerse efectiva la sanción.
Solicita, asimismo, se fije una indemnización por los daños material y moral que, según afirma, los actos que cuestiona le irrogaron, con más intereses.
Finalmente, requiere que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio el señor Fiscal de Estado, quien contesta la demanda y solicita su rechazo con fundamento en la legalidad de los actos impugnados (v. fs. 41/51).
III. En atención a la conexidad existente entre estos autos y la causa B. 59.678, caratulada "Naranjo, Anselmo Julio contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud). Demanda contencioso administrativa", considerando que en ambas las pretensiones articuladas tienen por objeto la impugnación de las aludidas resoluciones 135/97 y 1.097/98 dictadas por el Ministerio de Salud provincial, que se han propuesto idénticas medidas de prueba y se persigue el dictado de una sentencia del Tribunal con igual pronunciamiento respecto a los actores involucrados, y dado que se encontraban en la misma etapa procesal, esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 12 de octubre de 2005, dispuso la acumulación de ambos procesos (v. fs. 74/75).
IV. Agregadas sin acumular las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 43, causa B. 59.678, "Naranjo"), glosados el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 87/131) y el alegato presentado por el actor Balleto (v. presentación de fecha 9-IX-2022, 9:06:45 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la pretensión anulatoria?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde fijar una indemnización por daño material equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la decisión ilegítima?
En caso negativo:
3ª) ¿Qué porcentaje corresponde fijar en concepto de indemnización por daño material?
4ª) ¿Corresponde el reconocimiento del daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los actores, cirujanos pediátricos, postulan la ilegitimidad de la sanción de cesantía que se les aplicó como consecuencia de una serie de eventos que tuvieron lugar mientras estuvieron de guardia la noche del 17 de agosto de 1986, en el Hospital de Niños de La Plata.
Aducen que la Administración omitió considerar prueba relevante y analizó la valorada con manifiesta absurdidad. Afirman que el grado de error llegó al extremo de desconocer los propios términos de la denuncia que originó el sumario administrativo disciplinario.
I.1. Impugnan la resolución sancionatoria por ausencia de fundamentación razonable. Al respecto, destacan que el dictamen agregado a fs. 609 de las actuaciones administrativas admite que "[...]en el presente existe una profusa prueba testimonial y pericial que no resulta totalmente unívoca en su alcance". Dicen que tal consideración debió operar en su beneficio. Se agravian de que no obstante ello, el informe concluyó que "[...] los cirujanos de guardia demoraron en concurrir a verificar el estado del menor" para el que se les requiriera su asistencia.
Refutan tal conclusión explicando las circunstancias que rodearon el deceso. Apuntan que el niño fallecido era recién nacido, prematuro, con 24 horas de vida, anticipadamente por desprendimiento placentario, de apenas 1,200 kg y, entre otras complicaciones, con un cuadro severo de insuficiencia respiratoria. Señalan que ingresó al Hospital "Sor María Ludovica" a las cinco de la mañana del 17 de agosto de 1986, derivado de urgencia desde otro hospital y quedó internado en una unidad de terapia intensiva neonatal. Manifiestan que, desde el punto de vista teórico, el paciente no podía encontrarse en un lugar más adecuado. Agregan que se hallaba bajo la responsabilidad directa de terapistas neonatales, una de cuyas incumbencias era la atención de este tipo de emergencias. Encuentran llamativo que, siendo un paciente de altísimo riesgo, la historia clínica no registra actividad hasta las 23 horas.
Aseguran que el caso desbordó a los neonatólogos encargados de conjurarlo y subrayan que ellos son quienes, con sus denuncias primero, y testimonios luego, constituyen la única prueba valorada para arribar a la decisión de cesantía.
Ponen de resalto que, en la denuncia, los médicos del servicio de neonatología admiten haber agotado sus posibilidades y destacan que, pese a ello, reconocen que demoraron al menos una hora en requerir auxilio a los cirujanos.
Cuestionan que ante un cuadro clínico que los mismos neonatólogos calificaron como crítico y de urgencia, se hayan limitado a realizar llamadas telefónicas internas requiriendo ayuda y, sólo ante innumerables fracasos, uno de los médicos, luego de dos horas, decidió concurrir personalmente a la guardia donde encontró a uno de los cirujanos.
Refieren que, previo a los hechos investigados, existía una situación de hostilidad y antipatía hacia el doctor Naranjo. Por ello razonan que los responsables a cargo del recién nacido fallecido (terapistas neonatales) intentaron una transferencia de responsabilidad "a un cirujano de guardia a quien [detestaban], al punto que uno de los denunciantes [...] lo agrede a golpes casi de inmediato".
I.2. Se agravian de que las distintas etapas del procedimiento administrativo disciplinario se basaron exclusivamente en los dichos y acusaciones del equipo de neonatólogos y auxiliares a cargo del paciente fallecido. Y resaltan que no han sido consideradas ninguna de las circunstancias o defensas que desarrollaron en su descargo.
Niegan haber recibido comunicación alguna requiriendo su presencia para la atención del recién nacido finalmente fallecido. Desmienten que tales llamados hayan existido, pues aducen que ningún testimonio externo al grupo denunciante corrobora su realización. Refieren a la ineficacia del sistema interno de comunicación del hospital que, según dicen, "[...] era una situación conocida por todos, menos al parecer -y muy sugestivamente- por los denunciantes, que intentan hacer creer que acudieron a ese desacreditado medio de búsqueda dándolo por infalible". Destacan que "cuando finalmente alguien acude al método confiable, sencillo y seguro de concurrir a la guardia", fueron ubicados al instante.
Recalcan que la comunicación personal que el doctor Pucci -uno de los denunciantes- realizó alrededor de las 24 horas de ese día respecto del cuadro clínico del paciente, no revestía el carácter de urgente pues, según expresó en esa oportunidad, debían esperar el resultado del drenaje con Abbocath y su comprobación mediante rayos.
Diferencian lo que sería un "desenlace previsible" para un paciente de altísimo riesgo (un prematuro de apenas 1,200 kg, internado con graves dificultades respiratorias), de la conducta debida en la emergencia. Apuntan que los responsables primarios de su cuidado -los denunciantes- estaban haciendo los gestos médicos necesarios y era menester esperar su evolución. De otro lado, señalan que el cuadro diagnóstico que les transmitieron no fue claro, al menos para deducir un estado de urgencia evidente. Subrayan que en la sala donde ingresó el recién nacido demoraron casi 24 horas en efectuar un diagnóstico. Ponen de resalto que los cirujanos de guardia deben distribuir su atención entre varios pacientes graves en un hospital que tiene centenares de internados.
Aseveran que sobreabundan las pruebas que demuestran que durante todo el día de guardia y sin interrupciones de ningún tipo, estuvieron en el hospital en plenitud de funciones. Dicen que en el sumario disciplinario no existe ninguna prueba que acredite que hayan incurrido en negligencia o abandono de servicio. Ante eso, se quejan de no haber sido favorecidos con el beneficio de la duda.
I.3. Plantean la indebida aplicación retroactiva de la ley y la violación del régimen legal vigente al momento de los hechos. Afirman que las disposiciones de la ley 10.430 son aplicables al caso. Señalan que mientras el actual art. 83 contempla la cesantía para las faltas que describe, el art. 71 de la ley 10.430, vigente al momento de los hechos, contemplaba "hasta la sanción de cesantía", por lo que sostienen que no excluía las sanciones correctivas a las que refiere el art. 69 inc. I. De ahí que al aplicárseles la cesantía debería haberse justificado debidamente la elección de la sanción más gravosa. Por ello, concluyen que la resolución sancionatoria es arbitraria, ilegítima e inconstitucional.
I.4. Postulan la extinción de la potestad disciplinaria sobre la base de dos circunstancias.
De una parte, plantean su prescripción, por haberse demorado casi doce años hasta el momento de la notificación de la sanción. Además, cuestionan que se haya omitido el tratamiento de esta defensa durante el procedimiento administrativo.
A todo evento, solicitan que se declare la inconstitucionalidad del art. 91 inc. I del decreto 4.161/96.
Desde otro mirador, plantean el agotamiento de la potestad disciplinaria por decisión positiva de la Administración. Aducen que ella pudo disponer su suspensión preventiva en cualquier estado del procedimiento, pero nunca lo hizo. Por ello, entienden que al mantenerlos once años en las mismas funciones abdicó de su potestad disciplinaria y, al haberlos sancionado, fue entonces en contra de sus propios actos.
Ponen de resalto que antes de los hechos investigados no tuvieron ningún tipo de sanción, siquiera leve, y gozaban de un excelente concepto en el ámbito hospitalario.
I.5. Con relación a las supuestas agresiones hacia el doctor Pucci, que fueran imputadas al doctor Naranjo, este último basa su defensa en los términos de la denuncia que dio origen al sumario disciplinario. Subraya que el propio denunciante reconoce haberlo agredido físicamente primero y que ello fue declarado también por la otra médica denunciante.
Frente a ello, aducen que, al analizar la prueba, la autoridad administrativa incurrió en absurdo y arbitrariedad.
I.6. Por último, reclaman una indemnización por el daño material y moral que dicen haber sufrido como consecuencia de la cesantía que por esta acción impugnan.
II. Al contestar la demanda, el señor Fiscal de Estado primero responde a la supuesta extinción de la potestad disciplinaria.
II.1. Afirma que el planteo de prescripción es extemporáneo. Dice que los argumentos postulados en esta sede judicial no coinciden con lo expuesto por los actores en la instancia administrativa. Por ello, sostiene que en atención a la competencia eminentemente revisora que posee este Tribunal, este tópico debe desestimarse.
Asimismo, refuta que el plazo de prescripción aplicable en la especie sea de un año. Señala que, al haberse aplicado una sanción expulsiva, corresponde el plazo de tres años.
Manifiesta que el plazo de prescripción es susceptible de interrumpirse o suspenderse conforme lo establecido en el art. 77 inc. "c" apartado II de la ley 10.430. Asevera que durante el procedimiento administrativo disciplinario se sucedieron en forma continua los trámites propios de las etapas presumariales y sumariales, los que fueron plenamente eficaces para interrumpir el curso de la prescripción de la acción disciplinaria.
Rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 91 de la ley 10.430. Niega que exista una norma que obligue a someter el régimen de la prescripción del poder disciplinario al establecido en la legislación penal de fondo. Con cita de doctrina de este Tribunal, afirma que son dos sistemas normativos que se diferencian por ser distintas sus finalidades y los bienes jurídicos que cada cual tutela.
II.2. Niega que la Administración hubiese abdicado de su potestad disciplinaria.
II.3. Propone que los actos administrativos en crisis no padecen vicios invalidantes, en tanto reconocen su causa en situaciones comprobadas, se sustentan en las normas que regulan la materia disciplinaria y se encuentran adecuadamente motivados.
Razona que, en la medida que el auto de imputación dictado en el procedimiento disciplinario se sustentó en prueba de cargo idónea, correspondía a los imputados demostrar la inexistencia de la falta o de la responsabilidad que en su comisión se les atribuye y nada de ello ha acontecido, pues, a su criterio, no se encuentra demostrado con certeza que los cirujanos hayan atendido entre la medianoche y la 01:30 hs. de la madrugada del 18 de agosto de 1986 las urgencias que alegan para justificar la demora en asistir al niño prematuro que finalmente falleció.
Con relación a la sanción aplicada, expresa que la Administración consideró acreditada la comisión de las faltas que se le imputaron a los actores, contempladas en los arts. 66 inc. "a" y 67 inc. "n" de la ley 10.430, encuadrando su conducta en las previsiones de los arts. 71 incs. 1 y 4 y 73 inc. 3 de la misma ley.
Sostiene que la valoración de los hechos, así como establecer el carácter de la falta y la adecuación a una sanción disciplinaria a la gravedad de esta, es atribución exclusiva del poder administrador y, por tanto, no está sujeta -en principio- a revisión judicial. Agrega que, en la medida en que no se advierta irrazonabilidad en la decisión, procede reconocer a la autoridad administrativa amplias facultades en la materia.
II.4. En forma subsidiaria, para el supuesto de que prospere la demanda, resiste la pretensión indemnizatoria. Plantea la improcedencia del pago de haberes por funciones no desempeñadas y dice que el monto reclamado en concepto de daño moral resulta excesivo.
III. De la prueba producida en autos surgen acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
Expediente administrativo 2940-11273/86:
III.1. Denuncia de fecha 18 de agosto de 1986 con relación a supuestas irregularidades acaecidas en la guardia del día domingo 17 de agosto de 1986 en el servicio de neonatología. En ella se indica: "Siendo las 22 horas del 17-08-86 el recién nacido [...] sufre descompensación por lo que se realiza Rx de tórax, donde se observa neumotórax unilateral derecho por lo que se decide drenar, colocándose Abbocath en 6to. espacio intercostal derecho, línea axilar anterior conectándose a drenaje bajo agua; se observa abundante subida de aire. A las 23 horas se intenta comunicación con cirujanos de guardia a los internos: 218, 224, 230, 190, 234, 236, 250, no pudiendo ser localizados. A las 24 horas me dirijo personalmente [...] al Servicio de Guardia, donde desconocen ubicación de los cirujanos, momento en el cual ingresa al Servicio de Guardia el Dr. Balleto, a quien le informo (ante la presencia de la Jefa de Guardia Dra. Lega) la urgencia del drenaje quirúrgico [...], respondiéndome que asistirían a la urgencia. Siendo la 1,10 hora del día 18-08-86, el recién nacido [...] fallece pese a las maniobras de reanimación a las cuales no respondió. A la 1,45 hora ingresa a la Sala XI el Dr. Naranjo, y pregunta por el paciente dándosele aviso del fallecimiento del mismo [...]" (sic, fs. 1/2).
III.2. Informe elaborado por el doctor Balleto con relación a lo sucedido durante la guardia del 17 y 18 de agosto de 1986 (v. fs. 5/6). A fs. 40 se agregó su declaración en la que ratifica lo informado previamente.
III.3. A fs. 7/8 el doctor Naranjo detalla la actividad realizada entre las 21.45 hs. del día 17 de agosto de 1986 durante la guardia, coincidente con el relato del doctor Balleto. A fs. 41 presta declaración ante el Instructor presumariante.
III.4. A fs. 12 el Jefe del Servicio de Cirugía expresa que los doctores Balleto y Naranjo "[...] gozan de buen concepto general del suscripto y en el servicio, habiéndose desempeñado con eficiencia adecuada a la jerarquía de cada uno, puntualizando el buen desempeño y cumplimiento durante aproximadamente tres a cuatro años en un día crítico como la guardia de los domingos, para la atención hospitalaria, donde se deben atender y resolver con criterio toda la gama de situaciones que se presentan".
III.5. Historia clínica del recién nacido fallecido que había sido derivado del Hospital de Berisso por prematuro y síndrome de dificultad respiratoria (v. fs. 21/32).
III.6. A fs. 37 luce acta de defunción.
III.7. Las declaraciones de fs. 71/72 corroboran los dichos de los actores con relación a los pacientes atendidos durante la guardia del 17 al 18 de agosto de 1986.
III.8. Legajo del doctor Jorge Alberto Balleto (v. fs. 95/108).
III.9. Legajo del doctor Anselmo Julio Naranjo (v. fs. 109/122).
III.10. Orden de sumario por "[...] presunta falta de atención del recién nacido S. F. en el Hospital Superior Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, por parte de los cirujanos de guardia Dres. Jorge Alberto Balleto y Anselmo Julio Naranjo que no se hicieron presentes cuando fueron requeridos a las 22 horas del día 17/VIII/86, haciéndolo a la 1,10 hs. del día 18 en que fallece el citado paciente; así como también el incidente producido a raíz de este hecho entre los Dres. Naranjo y Eduardo Alberto Pucci, y dándose los fundamentos para la instrucción de sumario administrativo, autorízase su realización con el fin de deslindar las responsabilidades del caso" (sic, fs. 130).
III.11. A fs. 153 se dicta la apertura del sumario.
III.12. A fs. 155 la instructora sumariante constata que en la causa 140.499 radicada ante el Juzgado Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, el 21 de abril de 1989 se dictó el sobreseimiento definitivo, encontrándose en esa oportunidad firme y consentido.
III.13. La instrucción toma declaración testimonial a los médicos denunciantes y al personal médico, enfermeras y mucamas que asistieron a trabajar al Hospital los días que ocurrieron los hechos investigados (v. fs. 157/198).
III.14. Declaración indagatoria de los doctores Naranjo, Balleto y Pucci (v. fs. 213/215 y 217).
III.15. Auto de imputación. La instrucción resolvió tener por imputados a los doctores Balleto y Naranjo por transgresión a lo normado por el arts. 66 inc. "a" y 67 inc. "n" de la ley 10.430, por encuadrarse su conducta en las previsiones de los arts. 71 inc. 1 y 4 y 73 inc. 3 del mismo cuerpo legal; por remisión del art. 33 de la ley 10.471 -Carrera Profesional Hospitalaria- (v. fs. 219/227).
III.16. Presentan sus descargos los doctores Naranjo (v. fs. 240/279) y Balleto (v. fs. 280/346).
III.17. A fs. 350 la instrucción provee la prueba ofrecida en los descargos de los imputados, la que fue producida a fs. 352/504.
III.18. A fs. 505 la instrucción confiere traslado a los imputados de las actuaciones sumariales a fin de dar cumplimiento a la vista correspondiente al art. 79 apartado LXXX del decreto reglamentario 1.227/87, para que aleguen sobre el mérito de la prueba.
III.19. Alegatos presentados por los doctores Naranjo (v.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.