Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62721
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar las liquidaciones presentadas por las partes, referidas en el apartado II de este decisorio.
II. Hacer lugar al pedido de aplicación de la ley 12.836 y modificatorias a la primera parcela del crédito reconocido en autos, de conformidad con lo indicado en el apartado III.
III. Ordenar a la demandada a que en el plazo de quince (15) días practique nueva liquidación, aplicando las pautas señaladas en el apartado IV de la presente resolución (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2.961; 34, inc. 5º “b” y concs., CPCC).
B.62.721 “SERRUDA HUGO OMAR CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”
I. Por sentencia de fecha 2-XI-2021, esta Suprema Corte de Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando responsable a la accionada por los daños sufridos por el actor el día 21-V-1997 cuando se encontraba en cumplimiento de sus funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, condenándola a abonar al nombrado, en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos de farmacia y asistencia médica, las sumas de setecientos sesenta mil pesos ($760.000), trescientos ochenta mil pesos ($380.000) y seis mil pesos ($6.000), respectivamente, con más intereses calculados al 6 % anual desde la fecha indicada hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, los cuales a partir de la fecha del decisorio pasarían a ser los de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; doctr. de la mayoría, causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Asimismo, la condena incluyó el reconocimiento del beneficio contemplado en el art. 166 inc. "e", apartado 4 del decreto ley 9.550/80 (liquidación de fojas 229/230, exp. adm.), con intereses calculados a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago (ídem. cit. anterior). Las sumas resultantes de ambos conceptos debían ser abonadas dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.).
II. A partir de ello, la apoderada de la parte actora practicó liquidación (escrito de fecha 22-XI-2021). En primer lugar, sumó los conceptos reconocidos ($1.146.000), aplicó los intereses señalados en el decisorio (6% anual desde el 21-V-1997 al 19-XI-2021: $ 1.685.467,73), arribando a un monto de $ 2.831.467,73. En segundo término, confeccionó la cuenta de la indemnización del art. 166, inc. "e", ap. "a", de la ley 9.550/80, la que refirió a una incapacidad del 35% (no la consignada en la sentencia que remite a las actuaciones administrativas, fojas 229/230), con intereses a tasa pasiva común y digital, ascendiendo a un monto de $ 91.911,53. El total conforma $ 2.923.379,26.
Por su lado, la demandada presentó su propia liquidación rechazando la confeccionada por la actora (presentación de fecha 9-XII-2021). En su escrito solicita la aplicación de la ley 12.836 y manifiesta que en atención a que los bonos previstos en la norma se encuentran con plazo de amortización vencido, corresponde considerar que los intereses son los establecidos en dicho régimen y no los contabilizados por la nombrada para su pago en moneda de curso legal. Esta cuenta, en la primera parte de la liquidación, arroja una suma de $ 1.983.657,77, compuesta por capital: $ 1.146.000 más intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días desde el 21-V-1997 al 30-XI-2001 por $ 299.220,60 e intereses que conforme el art. 19 del texto legal consisten en la tasa de interés promedio de Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina, aplicable desde el 1-XII-2001 al 30-XI-2021, por $ 538.437,17; mientras que en la segunda -indemnización del art. 166, inc. "e", ap. "a", de la ley 9.550/80- el monto asciende a $ 21.304,81, de acuerdo a la siguiente composición: capital por $ 4.498,08, más intereses a la tasa pasiva (común) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, del 13-IX-2000 al 18-VIII-2008 por $ 3.300,75 e intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) desde el 19-VIII-2008 al 30-XI-2021 por $ 13.505,98. Postula que el total de ambas parcelas de la liquidación alcanza a $ 2.004.962,58.
Conferido traslado, la actora se presenta en fechas 10-XII-2021 y 13-XII-2021. Se limita a ratificar su cálculo anterior practicado el 22-XI-2021, sin realizar manifestaciones referidas al pedido de aplicación del régimen de la ley 12.836 hecho por su contraria.
III. En primer lugar, conforme quedaron expuestas las posturas de las partes referidas a la liquidación de autos, la primera cuestión a resolver se centra en el pedido de la accionada de aplicación del régimen de la ley 12.836 y sus modificatorias a los créditos reconocidos.
Al respecto, cabe señalar que en numerosos precedentes este Tribunal ha declarado que en virtud de tratarse de una normativa de orden público su aplicación deviene inexcusable (arts. 9 y 13, ley 12.836; doctr. causas C.110.280, "Taboada", sent. de 29-V-2013; C. 101.994, "Pasi", sent. de 11-VI-2014 y C.109.235, "Rodil", sent. de 7-V-2014; conf. CSJN causas 75.XLVIII, "Ragone", sent. de 30-IX-2014; "Ader S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios", sent. de 11-XII-2014; entre otros), no obstante, precisó que el empleo de dicha normativa de emergencia solo era admisible para aquellas obligaciones cuyo hecho generador se verificara en una fecha anterior a la de corte en ella determinada, es decir, al 31-XII-1999 (doctr. causas C. 104.022, "González Ramírez", sent. de 24-IV-2013; C. 110.280, "Taboada", sent. de 29-IV-2013; B. 61.007, "Marco", resol. de 12-XIII-2015; B. 63.860, "Medicine", resol. de 20-IX-2017, entre otras).
En el caso en tratamiento, las sumas de dinero reconocidas en la sentencia de 2-XI-2021 tienen su origen en los daños sufridos por el actor el 21-V-1997, cuando éste se encontraba en cumplimiento de sus funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, razón por la cual debe admitirse el pedido formulado por la demandada de que se aplique el régimen de la ley 12.836 y sus modificatorias a la liquidación que corresponda aprobar.
Cabe aquí hacer la observación de que de las modalidades cancelatorias que ofrece el marco legal bajo análisis, la única opción válida en la actualidad consiste en el pago en moneda de curso legal con intereses calculados conforme las pautas fijadas en el art. 19 del texto normativo (Tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente; doctr. causas C. 104.267, sent. de 15-VI-2016; B. 61.015, "Astilleros", resol. de 29-III-2017, entre otras), dado que la posibilidad cancelación de la obligación mediante los bonos previstos en la ley se ha tornado impracticable a raíz del vencimiento del plazo de amortización (arts. 18, ley 12.836 y 7, ley 13.436, causas B. 55.325, resol. de 13-II-2008; B. 61.015, "Astilleros", resol. de 29-III-2017; entre otras).
Sentado lo anterior, resulta pertinente puntualizar que la parcela indemnizatoria referida a lo prescripto en el art. 116 inc. "e", apart. 4, del decreto ley 9.550/80, en razón de su monto, se encuentra excluida de las previsiones de la emergencia en virtud de lo normado en el art. 10 de la ley 12.836 y modifs.
En consecuencia, con la salvedad apuntada precedentemente, corresponde declarar que la ley 12.836 y sus modificatorias resultan aplicables a la liquidación que cabe confeccionar en autos.
IV. Ahora bien, respecto a las liquidaciones presentadas por las partes -reseñadas en el apartado II-, amén de las consideraciones vertidas en el apartado III en torno a la aplicación de la legislación de emergencia (ley 12.836 y modifs.; doctrina citada), y siendo analizadas bajo tales premisas, ninguna de ellas resulta ajustada a derecho, por lo que el cálculo deberá practicarse nuevamente siguiendo las pautas señaladas por el Tribunal en autos "Salina" (B. 58.340, resol. de 3-II-2022).
Según ellas, armonizando con el criterio del "realismo económico", de profusa acogida en la legislación y jurisprudencia vigentes (arts. 1, ley 24.283; 8, dec. 214/02; 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN Fallos: 316:1972; 317:836; 317:989 y 319:2420; causa B. 58.340, "Salina", sent. de 12-II-2021), se dispuso que tomando los parámetros referenciales de la cuenta "a valores actuales" -cuestión que en el presente ya se encuentra estipulada en la sentencia-, debía calcularse intereses a una tasa del 6% anual -que ahora deberá contarse desde la fecha del hecho que diera lugar al reconocimiento, es decir, desde el 21-V-1997- hasta la fecha de corte de la norma de emergencia, esto es, al 31-XII-1999; y a partir de aquí correspondería aplicar los accesorios de la consolidación conforme la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente, hasta el efectivo pago (arts. 8, 10, 19 y concs., ley 12.836 y modifs.; doctr. causa B. 61.015, "Astilleros Alfa Centauro", resol. de 17-VI-2015).
En relación a la segunda parcela de la cuenta (indemnización del art. 116 inc. "e", apart. 4, dec. ley 9.550/80), dada su exclusión el régimen de emergencia y lo determinado en la sentencia de autos, corresponde que a la suma fijada en el decisorio -$ 4.498- (monto según liquidación de fs. 229/230, exp. adm.) se apliquen intereses que, en este rubro, se calcularán exclusivamente sobre el capital, de acuerdo con la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme a las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; doctr. de la mayoría, causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Por ello la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar las liquidaciones presentadas por las partes, referidas en el apartado II de este decisorio.
II. Hacer lugar al pedido de aplicación de la ley 12.836 y modificatorias a la primera parcela del crédito reconocido en autos, de conformidad con lo indicado en el apartado III.
III. Ordenar a la demandada a que en el plazo de quince (15) días practique nueva liquidación, aplicando las pautas señaladas en el apartado IV de la presente resolución (arts. 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 25, ley 2.961; 34, inc. 5º “b” y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2022 17:17:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2022 18:16:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 20:41:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 09:55:47 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 11:33:41 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/06/2022 11:34:23 hs. bajo el número RR-729-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia