Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el pedido de que se declare abstracta la cuestión planteada por la demandada y admitir el hecho nuevo denunciado y la incorporación de la documental agregada a fs. 551.
Una vez firme el presente decisorio, disponer que se coloquen actuaciones en estado de llamar los autos para sentencia (arts.77 inc.1º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 481 del C.P.C.C.)
B.61.427 "RODRIGUEZ MAYORAL ENRIQUE CONTRA BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS."
La Plata, 07 de septiembre de 2016.
La presentación de la demandada (fs. 546), y
1. Encontrándose los autos en la etapa de formular los alegatos comparece la demandada denunciando como hecho nuevo que el señor Enrique Rodríguez Mayoral se acogió al beneficio jubilatorio ante la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Afirma que esta circunstancia sobreviniente ha tornado abstracta la pretensión articulada por la actora como así también la eventual sentencia a dictarse en estas actuaciones.
A fs. 552/554 reitera su solicitud y acompaña certificación de la condición actual de jubilado del actor (ver fs. 551). Peticiona nuevamente que se dicte sentencia rechazando la demanda por abstracta atento esta nueva situación denunciada.
2. Frente al traslado que se confiriera al respecto, la parte actora guarda silencio limitándose a solicitar el dictado de la sentencia que haga lugar a su pretensión.
3. Cabe consignar que en autos el actor solicitó la nulidad de la decisión administrativa que dispuso su cesantía, la reincorporación en el cargo que ocupaba a la fecha del dictado de la sanción expulsiva y para el caso de haber alcanzado previamente los beneficios de la jubilación, se disponga el pago de sus haberes desde el cese hasta la fecha de la jubilación (ver fs. 19 vta.). Es decir que contempló desde el origen de las actuaciones la posibilidad de encontrarse jubilado al momento en que se decidiera la anulación pretendida.
Asimismo se advierte que este requerimiento fue receptado expresamente por la contraria en su contestación de demanda (ver fs. 47 pto. II A).
4. El pronunciamiento a dictarse en autos, que eventualmente pudiera hacer lugar a las pretensiones señaladas, no pierde razón de ser por la circunstancia de la situación actual de pasividad del actor.
Ello, por cuanto, dicha condición no impide a este Tribunal decidir sobre la licitud del acto administrativo impugnado, y la eventual obligación de reparar el perjuicio causado que tal solución genera a la Administración.
Es doctrina invariable de esta Corte que sólo puede entenderse que el asunto a resolver se ha tornado abstracto si la pretensión formulada por el accionante en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso al tiempo que impropio de la función judicial (conf. doctr. causas B. 60.871, “Muguerza”, res. del 29-VI-2011; B. 65.437, "López", sent. del 9-XII-2009; B. 63.493, "Tonelli", sent. del 27-VIII-2008; A. 68.601, "Ludueña", sent. del 14-XI-2007; A. 68.097, "Jiménez Herwig", sent. del 13-XII-2006; B. 49.206, "Canteras Cerro Negro", sent. del 14-III-1989 y sus citas y B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. del 17-VI-1997, entre otras).
En razón de lo anteriormente expuesto, es que no se configuran los supuestos para que se declare abstracta la cuestión.
5. Por otra parte, el art. 163 inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable al proceso contencioso administrativo por imperio del art. 25 del C.P.C.A., cfr. art. 78 inc. 3° ley 12.008 -texto según ley 13.101-), faculta al juez, al momento de dictar la sentencia definitiva, a hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados.
De las constancias agregadas en autos surge que el señor Rodríguez Mayoral se ha acogido a los beneficios jubilatorios con fecha 10-IX-2000 y tal cuestión resulta relevante para fijar el alcance de la sentencia a dictarse, desde que tal hecho no puede ser desconocido en virtud de lo dispuesto por la citada norma.
En efecto, el hecho modificativo denunciado a fs. 546 no puede fundar una nueva pretensión sino tan sólo puede constituir un elemento de juicio innovador respecto de la demanda ya deducida dado que lo contrario importaría alterar los términos de la relación procesal, lo que es inadmisible (conf. Ac. 41.731, sent. del 30-IV-1957 en “La Ley”, t. 89, p. 633).
Es sabido que los jueces deben atenerse a la situación fáctica existente al tiempo de deducirse la pretensión y la oposición. Sin embargo, y tal como se sostiene doctrinalmente “en razón de que una vez cumplidos esos actos y durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir nuevos hechos que alteren la situación inicial, el principio de economía procesal aconseja no vedar al juez la posibilidad de considerar tales hechos en oportunidad de dictar sentencia, porque de lo contrario se impondría la necesidad de reeditar el litigio con el consiguiente dispendio de actividad que ello importa” (cfr. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, t. V, Actos Procesales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta. reimpresión, 1993, p. 436).
Como vemos, la ley adjetiva contempla una excepción al postulado de que la sentencia judicial debe remitirse al estado de cosas existentes a la fecha de la traba de la litis.
De modo tal que, en la solución del caso no se puede aplicar con rigurosidad el principio de que la ley actúa “como si fuese al momento de la demanda”. Es así, porque además de las razones de economía procesal mencionadas, debe darse prevalencia a la verdad jurídica objetiva. Una interpretación contraria importaría conducir el proceso de manera estrictamente formal (doctr. causa B. 55.731, “Elhorriburu”, sent. del 5-XI-2003).
En el marco de tal hermenéutica, la valoración del hecho modificativo acaecido con posterioridad a la interposición de la demanda -jubilación del actor- adquiere relevancia no sólo para decidir acerca del pedido de reincorporación al cargo, sino también en punto a la pretensión resarcitoria articulada.
Por otra parte, la consideración de los hechos sobrevinientes no debe importar agravio a la garantía de la defensa en juicio y del principio de congruencia que, como expresión de aquella delimita el marco de actuación de la jurisdicción.
En base a tales premisas, en el caso sub examine , la pretensión indemnizatoria en la eventualidad de haberse acogido a la jubilación ha sido oportunamente invocada por el actor y en tal sentido, bien pudo el demandado en su escrito de contestación -ver fs. 47/54 vta.-, ejercer una verdadera defensa respecto de tal planteo, respetándose la bilateralidad requerida por las normas procesales como resguardo del principio del debido proceso y la defensa en juicio consagrados en la Norma Fundamental y en los Tratados Internacionales que gozan de su misma jerarquía (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac., y causa B. 55.731 ya citada).
En suma, tales razones resultan suficientes para desestimar el planteo de la demandada.
Por ello, el Tribunal
Rechazar el pedido de que se declare abstracta la cuestión planteada por la demandada y admitir el hecho nuevo denunciado y la incorporación de la documental agregada a fs. 551.
Una vez firme el presente decisorio, disponer que se coloquen actuaciones en estado de llamar los autos para sentencia (arts.77 inc.1º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 481 del C.P.C.C.)
Regístrese y notifíquese.-
Luis Esteban Genoud
Hilda Kogan Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria Juan Carlos Hitters
Juan José Martiarena
Secretario
Fdo.: So-Ko-Pe-dLa
Reg. Nº 743
Fin de la sentencia