Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61659
B.61.659 "BUERBA LUIS ANTONIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE MORON"
La Plata, 19 de octubre de 2016.
1. La ex representante del actor solicita se regulen sus honorarios profesionales, tomando como base el monto reclamado en la demanda que asciende a pesos trece millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos con noventa y cuatro centavos -$13.688.482,94- con más intereses desde el día 1 de abril de 1991 hasta la fecha.
2. Al contestar el traslado (v. fs. 394), el representante legal de la comuna, se opone a dicha base por considerar que los elementos tomados en cuenta por la actora para estimar el monto reclamado en la demanda son inconsistentes, tal como expusiera el perito en su dictamen de fs. 233/239.
Solicita asimismo, se desestime el pedido de aplicación de intereses en función de lo normado por los arts. 44 y 21 del dec. ley 8904/77, estableciéndose la base regulatoria -en caso de no hacerse lugar a su oposición- sobre el monto reclamado en la demanda.
3. Conforme surge de la sentencia dictada a fs. 324/330, la pretensión inicial ha sido rechazada por inadmisible, haciéndose lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, imponiéndose las costas por su orden y difiriéndose la determinación de los honorarios por aplicación de lo normado en el art. 51 del dec. ley 8904/77.
4. Por lo que corresponde a este Tribunal, determinar la base sobre la cual habrán de fijarse los honorarios de los profesionales intervinientes.
En anteriores oportunidades esta Suprema Corte ha decidido, que en cualquier sistema de hermenéutica legal que se adopte no debe prescindirse de las palabras de la ley, pero en lugar de enfrascarse en la búsqueda del sentido o alcance gramatical de las mismas para descubrir la probable intención de sus autores, hay que recurrir a ellas para encontrar la solución del caso concreto, según las realidades que informan el texto legislativo (conf. causa B. 50.872, sent. del 10-IV—1990 y su remisión; publicada en “Acuerdos y Sentencias”, 1990-I-781).
Si bien el artículo 23 de la ley arancelaria establece que la regulación de honorarios en supuestos en los que se desestima la demanda se efectuará sobre la base de lo allí reclamado, a la luz de la doctrina emanada de este tribunal en numerosos precedentes (doctr. causas Ac. 49.172, "Guzman de Altamirano", sent. del 12-IV-1994 y Ac. 67.487, "Enrique", sent. del 14-II-2001, entre otras), se advierte a simple vista, que una aplicación literal del articulo mencionado conduciría a una irrazonable fijación de los honorarios puesto que de acuerdo a los antecedentes expuestos en la causa la abultada pretensión indemnizatoria expuesta carece de apoyo documental.
Según ha interpretado este Tribunal en numerosos precedentes, el sentido del art. 23 del dec. ley 8904/77 se dirige a desalentar la promoción de aventuras judiciales, es por ello que resultaría irritante que ese objetivo se vuelva en contra del vencedor en la contienda (conf. causas C. 111.723 y C. 118.968, sentencias del 15-VII-2015), situación que se produciría en el caso sub examine, cuando habiéndose declarado la inadmisibilidad de la pretensión, deba la comuna demandada afrontar el pago de los honorarios a los letrados de su contraria como consecuencia de la condena en costas por la interposición del recurso extraordinario federal, tomando como base las sumas reclamadas en el escrito inicial.
A la luz de las constancias de autos, podría entonces sostenerse que en este supuesto, la sujeción estricta a la escala arancelaria excedería los límites que el ordenamiento impone al ejercicio de los derechos basado en razones de orden público, moralidad y buenas costumbres (arts. 19, 21, 953, 1071 y cs. del Cód. Civil; art. 7 del Código Civil y Comercial [ley 26.994]) que se verían vulnerados si se toma como base regulatoria el importe reclamado en el libelo inicial, sin efectuar un control previo de razonabilidad sobre la base de elementos objetivos que ofrece la causa, como son la documentación adjuntada y las pruebas realizadas, único modo de poder establecer el real contenido económico del pleito y determinar la base regulatoria sobre pilares serios y objetivos.
A ello se suma la plena vigencia, al tiempo de realización de los trabajos profesionales ("regla del devengamiento", conf. causa C. 81.319, sent. del 24-V-2006) de la norma complementaria del Código Civil contenida en el artículo 13 de la ley 24.432, y reproducida sustancialmente y en lo que interesa en el art. 1255 del Código Civil y Comercial, según la cual, cuando la regulación practicada de acuerdo a los regímenes aplicables resulte excesiva e injustamente desproporcionada con la importancia de la tarea cumplida (su naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado, entre otras pautas), los jueces pueden establecerlos de manera tal de adecuarlos a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del art. 28 de la Constitución Nacional (conf. CSJN, 329:94; 332:2787; SCBA doct. causas C. 81.319, "Biondo", sent. del 24-V-2006; C. 86.346, "Calleri", sent. del 26-IX-2007), todo lo cual refleja la doctrina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentara en la causa "Cantos" (C.I.D.H., sent. del 28-XI-2002, párr. 55).
Es por ello que este Tribunal considera que a los efectos de la fijación de estipendios profesionales, teniendo en consideración los argumentos vertidos precedentemente y siendo que, en caso que se hubiera acogido la demanda impetrada, la misma no habría prosperado por los montos allí reclamados y que, en el supuesto de aplicarse la escala arancelaria prevista en el art. 23 del dec. ley 8904/77 se ocasionaría una evidente e injustificada desproporción no compatible con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la normativa bajo análisis, ni con los intereses involucrados en el caso, resulta prudente establecer los estipendios profesionales considerando el resultado obtenido y su proporción con los trabajos realizados, estableciendo de esta forma un equilibrio prudente entre los diversos parámetros que contempla la norma arancelaria, a efectos de establecer una base regulatoria justa y razonable a la luz de las particularidades de este proceso.
En esta línea argumental, resulta ajustado a derecho tomar como base regulatoria aquella suma que resulta de la pericia practicada por el contador oficial interviniente en autos a fs. 233/239, quien determinó -de conformidad con las constancias documentales aportadas por las partes- el importe de pesos trescientos setenta y un mil quinientos ochenta y uno con sesenta y siete centavos -$371.581,67-.
Corresponde desestimar, a su vez, el pedido de aplicación de intereses sobre dichos importes por cuanto ésta no se halla prevista en la norma aplicable al caso (art. 23, 2°párrafo del dec. ley 8904/77, doctr. causa L. 101.017, sent. del 6-VI-2012, "Galeano Villar", entre otras).
5. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 21 de la ley 6716 -texto según ley 10.268-, por la actuación profesional en autos, se regulan los honorarios de los Dres. Guillermo Jorge Calcagno y Elba Lorena Marcovecchio en la suma de pesos … -$...- para cada uno de ellos (arts. 10, 15, 16, 21, 22, 28 inc. "a", 29, 44 y 54 del decreto ley 8904/77), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16 ley 6716, t.o. 4711/95 y sus modificatorias).
a) Respecto de la resolución denegatoria del recurso extraordinario Federal con imposición de costas a la demandada recurrente (v. fs. 306/307), corresponde regular los honorarios de la profesional interviniente.
A ese fin, resulta aplicable la ley 21.839 (conf. causas: B.49.908 "Aguerre", res. del 24-XI-92; B.48.616 "Tambone y Cía.", res. del 17-XI-92; B.54.441 "Morano", res. del 28-IV-04) cuyo artículo 14 establece que el monto a tomar en cuenta para fijar los honorarios ha de ser aquel que corresponde a los trabajos realizados hasta la sentencia dictada en esta instancia (fs. 324/330) (CSJN, Fallos 312:1635).
De conformidad con lo dispuesto precedentemente, regúlanse los honorarios de la Dra. Elba Lorena Marcovecchio, por su intervención en carácter de patrocinante de la parte actora, en la suma de pesos … -$...- (art. 14 de la ley 21.839).
b) Respecto de la resolución denegatoria del recurso federal extraordinario con imposición de costas a la actora recurrente (v. fs. 378/379), corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes.
Por su actuación profesional, regúlanse los honorarios del Dr. Rodolfo Ramón Geneyro, por su intervención en carácter de apoderado de la municipalidad demandada en la suma de pesos … -$...- y de los Dres. Elba Lorena Marcovecchio y Daniel M. Bacheto por su intervención en carácter de patrocinantes de la parte actora, en la suma de pesos … -$...- y de pesos …-$...-, respectivamente (art. 14 de la ley 21.839).
A los honorarios regulados precedentemente, se deberá adicionar el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
6. Habida cuenta la intervención en autos del Perito contador Luis Alejandro Aguirre y dado que los honorarios correspondientes deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (causa B- 47.489, “Cegelec”, D.J.B.A., t. 119, pág. 602; L. 44.096, “Taraborelli”, sent. del 27-XI-90), regúlanse los mismos en la suma de pesos …-$... - .
Regístrese y notifíquese.
Luis Esteban Genoud
Hilda Kogan Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria Juan Carlos Hitters
Juan José Martiarena
Secretario
Fdo.: Pe-dLa-So-Hi
Reg. Nº 837
Fin de la sentencia