Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60792
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.792, "Real, Armando Julio contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa".
I. Armando Julio Real, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones dictadas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires con fechas 17 de septiembre de 1997 y 1 de septiembre de 1999, recaídas ambas en las actuaciones sustanciadas con motivo de la rendición de cuentas del ejercicio 1993 de la Municipalidad de Rivadavia (v. fs. 19/22).
Mediante el primero de los actos impugnados, la autoridad de control impuso al actor -en su calidad de Intendente municipal durante el período diciembre de 1991 a diciembre de 1995-, una serie de cargos y sanciones. A través del segundo, rechazó el recurso de revisión interpuesto contra la decisión original.
Asimismo solicita la suspensión de la ejecutoriedad de los actos impugnados, con sustento en lo dispuesto por los arts. 35 y 36 de la ley 10.869.
II. A fs. 25 este Tribunal hizo lugar a la suspensión requerida.
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio la Fiscalía de Estado y, tras defender la legitimidad de las decisiones cuestionadas, solicitó el rechazo de la demanda (v. fs. 63/68 vta.).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la demandada (v. fs. 89/95), glosados los alegatos de ambas partes (v. fs. 161 la demandada y fs. 102 y vta. la actora) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relata el actor que se desempeñó como Intendente del Partido de Rivadavia entre diciembre de 1991 y diciembre de 1995. Refiere que desde el momento en que tomó posesión del cargo advirtió que las registraciones contables del municipio, al igual que la documentación se encontraban considerablemente atrasadas.
Afirma que a finales de 1991 aún no estaba elaborada la rendición de cuentas del ejercicio precedente (1990), ni la del ejercicio 1991, cuyo cierre operaba unos pocos días después de su asunción.
Agrega que, en virtud de tales circunstancias, suscribió con el Intendente saliente un acta por la cual este último asumió el compromiso de elaborar y completar la documentación necesaria para cerrar los ejercicios 1990 y 1991, antes del 28 de febrero de 1992, cuya copia obra en el expediente 5300-1638/93 tramitado ante el Tribunal de Cuentas.
Refiere que frente al incumplimiento de aquel compromiso por parte de las autoridades salientes, solicitó y obtuvo autorización del citado Tribunal para contratar un profesional en ciencias económicas, a fin de que se dedicara, a tiempo completo, a la preparación del informe documentado en cuestión.
Esgrime que en el contexto referido, la sanción impuesta resulta desproporcionada y arbitraria, por cuanto no posee ninguna responsabilidad respecto del atraso crónico existente en la Comuna de Rivadavia.
En defensa de la conducta observada correspondiente a la rendición del ejercicio del año 1993, puntualiza lo siguiente:
Respecto de los vicios formales por el que fuera sancionado con una multa de $1.500, en virtud de los excesos producidos en el presupuesto, señala que el acto del 17 de septiembre de 1997 omitió considerar circunstancias específicas de las funciones de cada departamento gubernamental y de los funcionarios integrantes del ejecutivo (contador y tesorero).
Aduce que globalmente no existieron gastos superiores a los presupuestados y que los excedentes de partidas parciales fueron compensados con economías realizadas en otras, motivo por el cual, no han ocasionado perjuicio fiscal.
En relación a los cargos pecuniarios por $1.928,21 y $1.266,57 que se le impusieran, aduciendo, en el primer caso, falta de documentación respaldatoria en la erogación de honorarios percibidos por el doctor Eduardo Mac Donnel y en el segundo supuesto, por no acreditar en debida forma la entrega de fondos a la señora Cartondo, manifiesta que consultó al contador y a otros funcionarios sobre el destino de los comprobantes, quienes adujeron que la documentación había sido remitida al Tribunal de Cuentas.
Expresa que el citado organismo al expedirse sobre el punto, mantuvo los cargos por no haber acompañado la documentación respaldatoria.
A su juicio, aquella eventual omisión no constituye una circunstancia reprochable al Intendente, ya que tales controles resultan competencia de la contaduría municipal.
Señala que el propio Tribunal de Cuentas al considerar el ejercicio de 1993, resolvió formular cargos y aplicar multas al contador municipal, en algunos casos en solidaridad con el Intendente.
Entiende que otorgar un alcance distinto a la normativa aplicable colocaría a todos los jefes de gobierno municipal en un estado de inseguridad jurídica, ya que serían alcanzados por la responsabilidad que generaría todo acto realizado por el personal dependiente del Departamento Ejecutivo.
Sostiene que resulta evidente que la responsabilidad por ausencia de documentos que avalen el pago de los honorarios del doctor Mac Donnel y el destino de los fondos entregados a la señora Cartondo, es propia de la función del contador municipal, quien tiene a su cargo el contralor de la documentación contable del municipio, siendo su obligación la exigencia y guarda de los comprobantes respectivos. Sostiene que la atribución de una infracción así al Intendente consagraría una especie de responsabilidad refleja por los actos de otros funcionarios.
II. La Fiscalía de Estado al contestar la demanda argumenta a favor de la legitimidad de las resoluciones impugnadas y solicita el rechazo de la pretensión actora.
En primer término defiende la legitimidad de la multa impuesta por excesos en la ejecución del presupuesto.
Sobre la base de lo regulado en los arts. 67 y 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), esgrime que la falta se configura por el desfase registrado entre lo efectivamente gastado y la previsión dispuesta en tal sentido por el presupuesto anual.
Agrega que no resulta condicionante para la configuración de la falta la existencia de perjuicio fiscal.
Pone de resalto que el Departamento Ejecutivo pretendió la compensación de las extralimitaciones presupuestarias producidas en el año 1993, pero dicha propuesta fue rechazada y desaprobada por el Concejo Deliberante mediante resolución 4/95. Añade que ese órgano rehusó la rendición de cuentas del ejercicio 1993 presentada por el ejecutivo municipal y no aprobó ningún tipo de compensación de partidas.
Indica que ello torna aplicable el art. 123 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto dispone que si el Intendente se excediera en el uso de los créditos votados para el ejercicio y el Concejo no los compensa (conf. art. 67 de dicha regulación), el Tribunal de Cuentas desaprobará los gastos extralimitados y formulará los cargos pertinentes.
En cuanto a los cargos pecuniarios impuestos, aduce la legitimidad del relativo al pago de honorarios profesionales, ello toda vez que el mismo fue impuesto con base en la desaprobación de los gastos derivados de la contratación del doctor Mac Donnel con fundamento en la inexistencia de documentación que permitiese verificar la condición de honorarios regulados judicialmente (conf. dec. ley 8.838, en la Circular 299 del Tribunal de Cuentas, en la Ordenanza General 153 y en la Ley Orgánica de las Municipalidades).
Señala que de las constancias del expediente 98/94 se observa que en ningún momento fueron presentados ni el contrato respaldatorio de la relación con el citado profesional, ni el resto de la documentación requerida para legitimar los pagos efectuados. Elementos que, según alega, tampoco fueron acompañados al proceso.
Argumenta que el art. 274 de la LOM solo posibilita la contratación de profesionales externos en la medida en que no exista dentro de los cuadros de la Administración municipal otro profesional que tenga encomendadas las tareas para las cuales se requiere la contratación y que correspondan a su título habilitante.
Afirma que, además de encontrarse debidamente acreditadas, las circunstancias que excepcionan la regla deben contar con la autorización del Cuerpo Deliberante mediante la correspondiente Ordenanza.
Resalta que con ello surge evidente la responsabilidad del Intendente en su carácter de Jefe de la Administración comunal y de su obligación de control de la actividad de sus auxiliares (conf. arts. 241, 243 y 244, LOM y 1, Reglamento de Contabilidad).
Consigna que tampoco merece reparo alguno la observación formulada por la falta de rendición de la entrega de fondos a la señora Cartondo, incluidos en la orden de pago n° 11.658.
Explica que del informe de la División Relatora obrante en el expediente, surge que se le abonó la suma de mil pesos a título de "entrega a cuenta para alojamiento de 30 personas con desayuno". Indica que de la factura presentada se advierte que su monto se corresponde a la totalidad de los servicios contratados, sin haberse efectuado el descuento por el adelanto recibido; careciendo ese anticipo de documentación respaldatoria y todo lo cual resulta violatorio del art. 126 del Reglamento de Contabilidad.
Señala que es evidente el incumplimiento a la exigencia legal de que todos los actos u operaciones relacionados con el manejo de fondos o bienes públicos, se encuentren respaldados por medio de documentos y registrados contablemente de modo tal que permitan su control y juzgamiento, por lo que la responsabilidad del Intendente surge, por tanto, del art. 1 del Reglamento de Contabilidad y del art. 107 de la LOM, que prevén como único responsable de la Administración general de la Municipalidad al Jefe comunal.
III. De las actuaciones administrativas agregadas sin acumular a la causa surgen las siguientes circunstancias útiles para su decisión:
III.1. Por expediente 098/1994 (cuerpos I y II), se cumplió con la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio financiero de 1993 (v. fs. 401, cuerpo I, nota de elevación practicada por el ex Intendente municipal).
III.2. El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rivadavia, con fecha 3 de mayo de 1995 procedió al rechazo de dicha rendición de cuentas del ejercicio 1993, atento a los fundamentos agregados a fs. 403/408, I cuerpo del expediente citado (resol. 4/95).
III.3. A fs. 568/575, la División Relatora elevó informe del art. 30 de la ley 10.869.
III.4. A fs. 605/611, el Tribunal de Cuentas dictó la resolución del 17 de septiembre de 1997, aplicándole al actor la multa por exceso producido en el presupuesto y formulando los cargos en virtud de la ausencia de documentación que respaldase el pago de los honorarios al doctor Mac Donnel y el destino de los fondos entregados a la señora Cartondo.
III.5. A fs. 638/639, el ingeniero Real interpuso recurso de revisión contra el acto del 17 de septiembre de 1997 que fue desestimado mediante resolución del 1 de septiembre de 1999 (v. fs. 659/663). Así, el Honorable Tribunal de Cuentas confirmó los cargos y sanciones impuestas al demandante.
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde decidir si las resoluciones impugnadas se ajustan a derecho.
IV.1. En tal sentido, cabe señalar que con motivo de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 1993, referido al municipio de Rivadavia (expedientes 098/1993 y 098/1994, cuerpos I y II), el Honorable Tribunal de Cuentas dictó la resolución del 17 de septiembre de 1997, por la que se le impuso una multa al demandante, a más de formularse diversos cargos patrimoniales.
IV.2. El impugnante sostiene que la multa aplicada en función de las transgresiones enunciadas en el considerando tercero, punto dos, de la resolución del 17 de septiembre de 1997, (conf. fs. 605/611, expte. adm., cit.), que asciende a mil quinientos pesos (-$1.500-, conf. art. 4, resol. cit., con fundamento en los arts. 243, LOM y 16, ley 10.869), en virtud de los excesos producidos en el presupuesto, resulta nula.
IV.3. Cabe recordar que la omisión de una falta o el incumplimiento de una obligación a su cargo constituyen presupuestos de la responsabilidad administrativa de todo agente. Así, para declararlo responsable de un hecho, acto u omisión, resulta menester que la conducta reprochable pueda serle atribuida al funcionario, probando de modo cierto la conexión causal entre la falta y su autor (doctr. causa B. 54.065, "Bravo Almonacid", sent. de 11-X-1995, "Acuerdos y Sentencias", 1995-III-811).
IV.4. Corresponde, pues, examinar los agravios expuestos por el demandante para negar la existencia de las infracciones que dieron sustento a la imposición de la multa impugnada, evaluada en el considerando tercero, punto 2 de la decisión del Tribunal de Cuentas, referente a los excesos reiterados en la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1993.
El art. 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece el principio cardinal en materia de gastos: El presupuesto anual constituye el límite de las autorizaciones conferidas al Intendente y al presidente del Concejo Deliberante. Los montos de las partidas no pueden ser excedidos.
Sin embargo, el Departamento Ejecutivo está facultado a realizar gastos aún cuando no esté previsto en el presupuesto general o ellos excedan el monto de las partidas autorizadas, en los supuestos normados en el art. 119 del cuerpo legal citado, y siempre que se ajuste a los mecanismos allí previstos.
Por su parte, el art. 244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que todo acto de inversión de fondos públicos efectuado en contravención con la Constitución, las leyes y las ordenanzas, lleva implícita la presunción de haber ocasionado perjuicio al erario municipal, corriendo por cuenta del funcionario implicado la prueba de que tal perjuicio no se ha ocasionado (conf. doctr. causa B. 50.909, "Schesler", sent. de 29-IV-1997).
En el sub lite , el actor pretendió la compensación de las extralimitaciones presupuestarias acontecidas en el año 1993, pero ello fue denegado por el Concejo Deliberante mediante resolución 4/95.
En su demanda aquel manifestó que considerando globalmente al presupuesto no existieron gastos superiores a los proyectados, agregando que los excedentes de partidas parciales no ocasionan perjuicio fiscal ni justifican la multa impuesta.
Considero que no le asiste razón al actor en este punto.
La violación de la normativa en discusión (arts. 118 y 119, LOM), ha quedado configurada en autos por el desfase registrado entre lo efectivamente gastado y la previsión del presupuesto anual para gastos. La existencia o no de perjuicio fiscal no aparece aquí como condicionante para la aplicación de la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas, ya que lo que en definitiva se reprocha es la falta de ajuste a los límites presupuestarios.
Asimismo, el art. 123 de la LOM establece que si el Intendente se excediera en el uso de los créditos votados para el ejercicio y el Concejo no los compensara en la forma prevista en el art. 67 del mismo plexo normativo -tal como sucedió en autos-, el Tribunal de Cuentas desaprobará tales gastos y aplicará la sanción pertinente.
Por lo dicho deviene legítima la decisión adoptada por el órgano de control en cuanto a la aplicación de la multa por excesos reiterados en la ejecución presupuestaria del año 1993 (arts. 118, 119, 123, 241 y 243 inc. 2, LOM).
V. Despejado lo atinente a la multa, corresponde abordar las quejas vertidas sobre los cargos efectuados mediante los actos administrativos cuestionados.
V.1. El Tribunal de Cuentas observó: a) falta de documentación respaldatoria en la erogación de honorarios percibidos por el doctor Eduardo Mac Donnel y b) falta de acreditación en debida forma de la entrega de fondos a la señora Cartondo.
Sostiene el demandante que la responsabilidad por ausencia de documentos que avalen el pago de los honorarios del doctor Mac Donnel y el destino de los fondos entregados a la señora Cartondo, es propia de la función del contador municipal, porque es éste quien tiene el contralor de la documentación contable del municipio, siendo su obligación la exigencia y guarda de los comprobantes.
No obstante, considero que tales argumentos no son de recibo. El actor no ha logrado acreditar en sede administrativa ni en la instancia judicial la existencia de la documentación faltante. Tampoco el destino de los fondos entregados.
Es criterio de esta Suprema Corte que las omisiones probatorias del accionante limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga probatoria respectiva (doctr. causas B. 49.121, "D Ambar S.A.", sent. de 21-VIII-1990; B. 55.872, "Pretto", sent. de 20-IV-1999; B. 61.399, "José Antonio Piazza Construcciones", resol. de 20-III-2002; B. 56.587, "Chescotta", sent. de 16-VII-2003; B. 65.288, "Pasturenzi", sent. de 21-V-2008; B. 64.613, "Astilleros Neptuno", sent. de 5-X-2011; B. 66.609, "Baibiene", sent. de 4-IX-2013 y B. 65.285, "H.S. Informática S.R.L.", sent. de 6-XI-2013). Y ello no sólo por revestir tal calidad en el proceso (conf. art. 375, CPCC) sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración pública (causas B. 61.867, "Schmidt", sent. de 7-III-2007; B. 62.840, "Acosta", sent. de 27-III-2008; B. 62.783, "Unsain", sent. de 13-VII-2011; B. 59.957, "Morente", sent. de 18-IV-2012; B. 60.515, "Gearty", sent. de 22-V-2013; B. 62.716, "Palacios", sent. de 3-VII-2013; B. 62.395, "Yapur", sent. de 26-X-2016; e.o.).
V.1.a. Si bien el art. 274 de la LOM no impedía la contratación de profesionales externos, ello solo podría realizarse en la medida en que no hubiera dentro de los cuadros de la Administración municipal, otro profesional que tenga encomendadas las tareas para las cuales se requiere la contratación y que correspondan a su título habilitante.
En este sentido, en supuestos de similar configuración, el Tribunal ha señalado que incumbe a la Municipalidad que sostiene la regularidad de tal actuación practicar las diligencias de comprobación, imprescindibles para acreditar tanto la falta de personal especializado, como las especiales condiciones y aptitudes del beneficiario (causa B. 50.924, "De Aduriz", sent. de 7-VI-1994).
El demandante no cumplió en ninguno de los casos con la carga del onus probandi consagrada en las normas indicadas.
El art. 126 del Reglamento de Contabilidad, en su parte pertinente, dispone que "...A las órdenes de pago o de devolución se agregarán todos los antecedentes que permitan determinar la legitimidad del egreso y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a cada una de ellas (expedientes de adquisición, contratación o devolución de órdenes de compra, facturas, planillas, certificados de obra, etc., todos individualizados con un sello bien visible que indique el ejercicio al que corresponden)...".
De allí surge evidente la responsabilidad del Intendente en su carácter de Jefe de la Administración comunal y de su obligación de control de la actividad de sus auxiliares (conf. arts. 241, 243 y 244, LOM y 1, Reglamento de Contabilidad).
En ningún
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