Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62589
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos se rechaza la demanda.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del doctor Carlos Eduardo Oricchio en la suma de … pesos -$...- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 44 inc. "a" segundo párrafo y 54, dec. ley 8.904/77; I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-IX-2017 y Acuerdo SCBA 3871, dictado el 25-X-2017), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771 y sus modif.) y la suma que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 62.589, "Igal, Carlos Eugenio contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
I. El actor promueve demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a que se reajusten sus haberes de retiro con la consideración de las sumas establecidas en el decreto 86/97 para el personal del Servicio Penitenciario.
Solicita que se declare como remunerativo y computable en sus prestaciones al adicional que fija el citado decreto y se condene a la demandada, por aplicación del principio de movilidad jubilatoria, a abonarle las diferencias devengadas en el referido concepto con arreglo al cargo en base al cual se determinan sus haberes desde que entró en vigor el mismo, con más intereses y costas.
Entiende que el beneficio previsto en el decreto 86/97 no se encuentra comprendido entre los adicionales no remunerativos y no bonificables a los que alude el art. 34 de la ley 12.062 -Ley de Presupuesto para el año 1998-.
Advierte que debe prescindirse de la denominación dogmática que se le ha atribuido al suplemento y en función de los caracteres del mismo (habitualidad, periodicidad y generalidad), reconocer su verdadera naturaleza remunerativa.
Estima que la circunstancia de no realizarse aportes previsionales sobre las sumas que los activos perciben por este concepto no puede significar un obstáculo al derecho reclamado, toda vez que en el marco del régimen previsional aplicable al caso -decreto ley 9.538/80- resultan de aplicación insoslayable dos principios que lo informan: la movilidad de las prestaciones y la sujeción a aportes de toda retribución, cualquiera sea la designación que se le asigne.
Indica respecto al art. 34 de la Ley de Presupuesto 12.062, norma cuya constitucionalidad cuestiona, que al tratarse el suplemento de un pago claramente remunerativo y como contraprestación al trabajo profesional, no estamos en presencia de una de las bonificaciones no remunerativas y no bonificables a las que alude esa norma, razón por la cual entiende que el suplemento aquí en cuestión no está alcanzado por aquella disposición.
Finalmente, afirma que la situación planteada importa la ruptura de garantías constitucionales alterando el orden jurídico, en tanto se contrarían disposiciones legales específicas con normas de menor rango, en el caso el decreto dictado que limita su aplicación al personal en actividad violentando la legislación previsional aplicable (dec. ley 9.538/80; arts. 14, 14 bis, 17 y 31, Const. nac.; 1, 15, 31, 39, 40, Const. prov.).
Cita jurisprudencia y plantea el caso federal.
II. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda solicitando su rechazo en todos sus términos.
En primer lugar sostiene que un análisis de las normas que regula el adicional pretendido y de las contenidas en el régimen previsional aplicable, permite concluir que el mismo no reviste el carácter de remuneración a tales fines.
Afirma que la compensación que se requiere es especial, no remunerativa, no bonificable y no permanente, respecto de la cual no se efectúan aportes previsionales.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejada sanciones (arts. 14 apdo. 1 incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Aduce que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
Consigna que el Poder Ejecutivo tiene facultades para fijar las remuneraciones del personal de la Administración Pública provincial, entre los que se encuentran los agentes del Servicio Penitenciario, facultad que conlleva la atribución de establecer compensaciones sobre las que no se efectúen aportes jubilatorios.
Entiende que aún cuando no se aplicara el art. 34 de la ley 12.062, igualmente el régimen previsional que rige la materia (dec. ley 9.538/80) es lo suficientemente claro al excluir del cómputo del haber previsional sumas como las reclamadas, debido a que se encuentran eximidas del pago de aportes.
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso.
Plantea el caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba actora y los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Toda vez que las circunstancias del caso resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 61.422, "Punazzo", sentencia de 12-VII-2006; B. 60.687, "Suarez Acosta" y B. 62.301, "Weigandt", sentencias de 29-XII-2009; B. 61.876, "Genua", sentencia de 7-III-2007 y B. 62.300, "Maire", sentencia de 26-IX-2007 considero que, por razones de celeridad y economía procesal, corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos, reiterar el criterio y solución allí plasmados. En tanto concluyen que la bonificación que nos ocupan no reúne los requisitos establecidos en el decreto ley 9.538/80.
Lo expuesto torna insustancial abordar el trato de inconstitucionalidad del art. 34 de la ley 12.062.
Voto por la negativa.
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani, por los fundamentos dados por la señora Jueza doctora Kogan, remiten a los citados fallos y votan también por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos se rechaza la demanda.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del doctor Carlos Eduardo Oricchio en la suma de … pesos -$...- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 44 inc. "a" segundo párrafo y 54, dec. ley 8.904/77; I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-IX-2017 y Acuerdo SCBA 3871, dictado el 25-X-2017), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771 y sus modif.) y la suma que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia