Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63893
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la Causa B. 63.893 "Maciel, Anselma Rosa contra Municipalidad de Escobar. Demanda contencioso administrativa".
I. Rosa Anselma Maciel, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Escobar, pretendiendo se le abone, en su condición de conviviente del señor Fernando Raymundo Benítez, el seguro de vida obligatorio previsto por el decreto ley 1.567/74 y en la resolución 11.945/74 de la Superintendencia de Seguros al que remite el art. 145 del decreto ley 17.418/67 y el subsidio previsto en el decreto ley 9.507/80, que le fuera denegado por resolución de fecha 28 de septiembre de 2001.
En consecuencia, solicita se condene a la demandada al reconocimiento y pago de tales beneficios con intereses y costas.
II. Corrido el traslado de ley, toma intervención en autos la Municipalidad de Escobar. Contesta la demanda y solicita su rechazo argumentando en favor de la legitimidad de los actos impugnados.
III. Agregadas las actuaciones administrativas a la causa, el cuaderno de pruebas de la actora y glosado su alegato, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relata la demandante que desde el año 1991 convivió con el señor Benítez y que lo acompañó hasta el momento de su fallecimiento ocurrido el 27 de junio de 1998.
Expresa que efectuó reclamo administrativo, solicitando el seguro de vida obligatorio previsto en el decreto ley 9.507/80 junto con la liquidación final de Benítez como empleado público de la comuna de Escobar.
Acompañó a tal fin, copia certificada de la información sumaria que acredita que fue compañera del causante.
Argumenta que no obstante que el decreto ley 9.507/80 en su art. 2, no contempla entre los beneficiarios a la concubina, debe reconocerse igual derecho que a quien reviste la condición de cónyuge, pues resulta evidente el perjuicio que sufre.
A continuación -en apoyo de su posición- transcribe doctrina de este Tribunal que considera aplicable al caso.
Aduce que en el expediente caratulado "Benítez, Fernando Raymundo c/ Municipalidad de Escobar s/Accidente", que tramitara ante el Tribunal de Trabajo N° 4, del Departamento Judicial de San Isidro, se le reconoció su carácter de conviviente.
En punto a la negativa de la demandada en relación al seguro de vida obligatorio, sostiene que no obstante que al momento del deceso el causante no desempeñaba tareas en el municipio de Escobar, lo cierto es que aún no había percibido su jubilación definitiva. Añade que cobraba un adelanto pre jubilatorio, a cargo de la accionada, por lo que entiende que continuaba en relación de dependencia con la Comuna.
Para el supuesto de que la demandada hubiese suscripto a nombre del causante el correspondiente contrato de seguro de vida obligatorio regulado en el decreto ley 1.567/74, solicita se cite en garantía a la Aseguradora de Riesgo del Trabajo Provincia ART SA.
Practica liquidación de los montos debidos en concepto de Seguro de Vida Obligatorio (dec. 1.567/74), que por la resolución general 25.355/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación estima en $4.800 y del subsidio previsto en el decreto ley 9.507/80 que denuncia en el importe de $2.000.
Esgrime que la resolución denegatoria de la Administración resulta violatoria de los arts. 36 inc. 4 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Finalmente ofrece prueba y peticiona.
II. A su turno, La Municipalidad de Escobar sostiene la legitimidad de los actos cuestionados en la demanda y solicita el rechazo de la misma por improcedente.
En primer lugar efectúa una pormenorizada negativa de las circunstancias sostenidas por la actora. En especial niega que el causante se encontrara en relación de dependencia con la Municipalidad y desconoce el carácter de conviviente del causante denunciado por la señora Maciel.
Pone de resalto que el causante a la fecha de su fallecimiento no tenía una relación laboral con la comuna accionada.
Denuncia que el cese de Benítez como agente de la Municipalidad de Escobar se produjo el 18 de diciembre de 1996, por decreto 1.275/96, en razón de reconocerse su derecho a obtener una jubilación por incapacidad. Añade que su deceso se produjo el 20 de junio de 1998, esto es transcurrido un año y medio de su cese en la comuna.
Sostiene que ello basta para poner fin a la controversia, en tanto a la fecha de defunción del causante no se hallaban reunidos los requisitos para el reclamo del subsidio por fallecimiento ni del seguro de vida obligatorio pretendido.
A continuación desarrolla argumentos que fortalecen su pedido de rechazo de la demanda.
Explica que hasta tanto el Instituto de Previsión Social (IPS) completa el trámite para el otorgamiento de un beneficio, la regulación previsional prevé que los agentes desvinculados sigan percibiendo haberes; agrega que esos pagos se encuentran a cargo del ex empleador, en carácter de anticipo jubilatorio y tienen naturaleza previsional.
Aduce que la finalidad de dicha modalidad es que los agentes desvinculados de la Administración mantengan sus ingresos mensuales hasta la finalización del procedimiento jubilatorio.
Igualmente aduce que el expediente 2.350-20.192/97 que acompaña en fotocopias, por el que se tramitara el pedido de jubilación del causante, prueba que la Municipalidad abonó el anticipo jubilatorio solo hasta el mes de septiembre de 1997, esto es, nueve meses antes de su muerte.
En otro orden manifiesta que, pese a que la señora Maciel invoca ser conviviente del señor Benítez desde el año 1990, en el año 1995, en oportunidad de suscribir su declaración jurada para el Seguro de Vida Obligatorio, instituyó como beneficiaria a la señora Dolores Inés Argentina Fuentes. Acompaña copia de ese documento.
Reitera que al momento del deceso producido el 20 de junio de 1998, el señor Benítez no mantenía con la comuna accionada una relación de dependencia ni percibía anticipo jubilatorio; por lo que aduce que no existe sustento fáctico ni jurídico para las pretensiones expuestas en la demanda.
Por último ofrece prueba y peticiona.
III. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa, surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la misma:
1. Expediente administrativo 4.034-71.504/01, agregado a fs. 49 y siguientes de la causa, iniciado por Anselma Rosa Maciel y caratulado "Seguro de Vida Benítez Raymundo".
1.a. Con fecha 13 de noviembre de 2001 la señora Maciel, en su carácter de conviviente, presentó un reclamo ante la Municipalidad de Escobar, solicitando el cobro del seguro de vida obligatorio del decreto ley 1.567/74 y el subsidio previsto en el decreto ley 9.507/80 (fs. 1/4). A fin de acreditar la convivencia con el señor Benítez, adjunta copia de la información sumaria (fs. 7).
1.b. A fs. 10/11 luce copia de la resolución del 30 de abril de 2001, dictada en la causa "Benítez, Fernando Raymundo c/ Municipalidad de Escobar s/Accidente" (expte. 2.483), en trámite en el Tribunal de Trabajo N° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
1.c. La Dirección de Asuntos Judiciales de la Municipalidad de Escobar con fecha 20 de septiembre de 2001, dictó la providencia 7.906. En dicha oportunidad expresó que por decreto 1.275/96, se determinó el cese del agente Benítez a partir del 1 de enero de 1997; por presentar una incapacidad laborativa del 81%, accediendo a una jubilación por invalidez (fs. 13).
Asimismo opinó que a la fecha de su deceso no desempeñaba tareas en el municipio, por lo que no debía accederse al pedido de cobro del seguro de vida obligatorio del decreto ley 1.567/74 ni al subsidio previsto en el decreto ley 9.507/80.
Además, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 9.507/80, en punto al subsidio por incapacidad permanente que le hubiese correspondido percibir al señor Benítez, consideró que en virtud de que en el expediente en trámite en el Tribunal de Trabajo N° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, se habían denunciado como herederas a las sobrinas del causante, una vez acreditado tal extremo, se les debía abonar tal subsidio en carácter de haberes sucesorios.
1.d. El día 15 de octubre de 2001 la interesada, por apoderado, interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio con similares argumentos a los expuestos en la demanda (v. fs. 14/18).
1.e. Con fecha 10 de diciembre de 2001 presentó un pedido de pronto despacho (fs. 23).
1.f. La asesoría legal del municipio de Escobar entendió que cabía rechazar el recurso de revocatoria interpuesto. Con tal sentido expresó que el art. 1 del decreto ley 9.507/80 instituyó el subsidio a abonarse en casos de disminución de haberes, incapacidad física o mental y de fallecimiento para todos los funcionarios y empleados que ocupen cargos de planta permanente o temporaria.
Sostuvo que al momento del deceso el señor Benítez no mantenía una relación de dependencia con el municipio y se encontraba percibiendo el beneficio jubilatorio del IPS. Adujo que ante la inexistencia de vínculo laboral al momento de producirse el fallecimiento y dado que no prestaba servicios en planta temporaria o permanente, el pedido de la señora Maciel no tenía sustento.
Igual criterio señaló en relación al reclamo del Seguro de Vida regulado en el decreto ley 1.567/80.
Finalmente manifestó que en virtud de lo prescripto por el art. 5 del decreto ley 9.507/80, al momento del cese le correspondía al causante un subsidio por incapacidad equivalente al 75% del importe del subsidio por fallecimiento. Aclaró que fallecido el señor Benítez, solo podían reclamarlo sus derechohabientes (fs. 23/23 vta.).
1.g. De conformidad con los argumentos expuestos por la asesoría letrada de la Comuna, el intendente de Escobar rechazó el recurso interpuesto (dec. 1.019, del 26-XII-2001, fs. 29/29 vta.).
2. Expediente administrativo 2.850-20.192/97, agregado a fs. 160 y sigs. de la causa, iniciado por Benítez, Fernando Raymundo y caratulado "Solicita jubilación por incapacidad física".
2.1. A fs. 1/3 obra la solicitud de jubilación por invalidez efectuado por el causante.
2.2. A fs. 5, obra copia del decreto 1.275/96 que dispuso el cese de Benítez en la municipalidad de Escobar a partir del 1 de enero de 1997.
2.3. Con fecha 7 de agosto de 1997, el IPS acordó al señor Benítez el beneficio de jubilación por invalidez a partir del 1 de enero de 1997 (v. resol. 405.688, fs. 13).
IV. De la prueba producida en autos surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa:
1. Copia del decreto de cese del agente Fernando Raymundo Benítez (fs. 158).
2. Copia de la declaración jurada obrante en el legajo personal del causante de fecha 10 de julio de 1995, en la que instituye como beneficiario del seguro de vida colectivo a la señora Dolores Inés Argentina Fuentes en su carácter de amiga (fs. 159).
3. Copia certificada de los legajos trimestrales de órdenes de pago de los anticipos jubilatorios abonados por la Municipalidad de Escobar al agente Benítez (fs. 183/221).
V. Tal como han sido expuestos los antecedentes del caso, así como los argumentos en que las partes fundan sus pretensiones, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago del seguro de vida obligatorio previsto por el decreto ley 1.567/74 y el subsidio contemplado en el decreto ley 9.507/80, en su carácter de conviviente del señor Fernando Raymundo Benítez.
VI. Liminarmente, cabe poner de resalto que el señor Benítez, cuyo fallecimiento da origen al reclamo de la señora Maciel, fue agente de la Municipalidad de Escobar, hasta su cese dispuesto a partir del 1 de enero de 1997.
VI.1. En cuanto al pedido vinculado con el seguro de vida obligatorio, he de efectuar las siguientes consideraciones:
En el ámbito nacional, la ley 13.003 (B.O. del 28-VIII-1947; modificada por las leyes 14.003, B.O. del 25-X-1980 y 14.364, B.O. del 3-X-1984), implantó con carácter obligatorio el Seguro de Vida Colectivo para el personal al servicio del Estado, a efecto de cubrir los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente del agente para el trabajo.
Varios años más tarde, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.567/74 (B.O. del 27-XI-1974), estableció el Seguro de Vida Obligatorio para el personal en relación de dependencia y previó que la falta de concertación del mismo haría directamente responsable del pago del beneficio al respectivo empleador (art. 3).
Ahora bien, la ley que rige el caso de autos es el estatuto del empleado municipal, ley 11.757 (norma derogada por la ley 14.656, B.O. del 6-I-2015 que comenzó a regir el 6-VII-2015), vigente al momento del deceso del causante y también al cese en la comuna de Escobar.
En ese contexto, la Constitución provincial establece que "la administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo..." (art. 190), que "la Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales..." (art. 191) y que "son atribuciones inherentes al régimen municipal..." (art. 192), entre otras, "3°- Nombrar los funcionarios municipales" y "6°- Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones".
Estas disposiciones, interpretadas de conformidad con el principio de la autonomía municipal que consagra la Constitución nacional, no pueden tener otro alcance que el reconocimiento de la potestad reglamentaria municipal en materia de empleo público. Las mentadas normas constitucionales ponen de manifiesto las atribuciones inherentes de los municipios, entre ellas la de nombrar el personal así como dictar ordenanzas y reglamentos sobre ello (arts. 190, 192 y concs., Const. nac.).
En orden al régimen de la función pública esta Corte ha expresado que la regulación del empleo público en la Provincia de Buenos Aires es materia no delegada al Gobierno nacional y, por ende, se rige por sus disposiciones (arts. 121 y 122, Const. nac.), por lo que el vínculo entre el Estado local y sus empleados integra la esfera propia de competencia de la Provincia.
También ha manifestado que la organización de la carrera administrativa junto con la facultad para crear y suprimir empleos es materia reservada por los arts. 103 incs. 3 y 12 de la Constitución provincial al Poder Legislativo provincial, como así también las condiciones de prestación de servicios en su jurisdicción (conf. doctrina causas B. 60.219, "Galván", sent. de 9-XII-2009; B. 58.340, "Salina", sent. de 4-VII-2012; B. 66.569, "Esteimberg", sent. de 14-VIII-2013; B. 66.336, "Riestra", sent. de 9-X-2013 y B. 65.726, "Renovell", sent. de 3-III-2017).
Este Tribunal, en oportunidad de dictar sentencia en un caso anterior (causa B. 65.726, "Renovell", cit.) que guarda similitud con el presente -en cuanto a que el actor perseguía el cobro del seguro de vida instituido por el decreto 1.567/74- expuso que, las normas dictadas por el Estado nacional en materia de empleo público o relaciones laborales no resultan aplicables a los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires, salvo en los supuestos que las propias normas locales expresamente remitan a ellas. Circunstancia que, por cierto, no concurre en la especie. Considero que lo dicho resulta también aplicable a los empleados dependientes de las comunas que conforman la Provincia de Buenos Aires, en atención a la autonomía municipal consagrada expresamente en la Constitución nacional y que ha sido reconocida desde antiguo en la Provincia.
En definitiva, toda vez que el causante de autos, señor Fernando Raymundo Benítez, mantuvo con la Municipalidad de Escobar un vínculo de empleo público, no resulta aplicable al sub examine el decreto 1.567/74 invocado.
Por las razones expuestas juzgo que corresponde rechazar en este punto lo requerido por la actora.
VI.2. Corresponde ahora analizar el pedido dirigido a percibir el subsidio previsto en el decreto ley 9.507/80.
Para ello, deviene necesario en primer término examinar la regulación invocada como sustento de la pretensión.
El decreto ley 9.507/80 instituyó un subsidio a abonarse en casos de disminución de haberes, incapacidad física o mental y de fallecimiento, para todos los funcionarios y empleados que ocupen cargos en la planta permanente o temporaria y perciban sus retribuciones con partidas provenientes del Presupuesto General de la Provincia o de los municipios, según corresponda, con excepción del personal contratado (art. 1).
Agrega que en los casos de fallecimiento de funcionarios o empleados, el derecho a percibir las sumas resultantes corresponde a los beneficiarios enunciados en el art. 2.
Por su parte, el art. 2 dispone el importe del subsidio por fallecimiento y a continuación instituye a los beneficiarios.
La misma regulación en su art. 8 establece que el monto del subsidio por fallecimiento será percibido independientemente del que pudiera corresponder por incapacidad permanente y se adicionará a éstos cuando, al momento del deceso, el agente no los hubiese percibido.
VI.2.a. La demandada aduce que los actos por los cuales se denegara el pedido de la actora resultan legítimos.
Por un lado sostiene que el causante, al momento de su fallecimiento no era dependiente de la comuna la que luego de su desvinculación por incapacidad únicamente tuvo a su cargo el pago del anticipo jubilatorio previsto en la norma previsional. Esgrime que dado que no había una relación de empleo no se hallaban reunidos los requisitos para obtener el subsidio requerido.
Ahora bien, la propia regulación instituye quienes se encuentran incluidos en sus disposiciones. Ello se desprende claramente del art. 1 que instaura el subsidio "para todos los funcionarios y empleados que ocupen cargos en la planta permanente o temporaria y perciban sus retribuciones con partidas provenientes del Presupuesto General de la Provincia o de los municipios..." A continuación esa misma norma ordena que "el beneficio comprende a los agentes que se hayan acogido a los beneficios jubilatorios."
En este punto, la argumentación de la accionada se ha apartado del preciso texto normativo.
En definitiva, el causante resulta incluido en la norma, toda vez que fue empleado de la comuna de Escobar hasta el momento de su cese (1 de enero de 1997; v. decreto 1.275/96, del 18-XII-1996), fecha a partir de la cual el IPS le concedió el beneficio previsional (v. fs. 173).
Por lo expuesto, tratándose de un supuesto comprendido en el art. 1 del decreto ley 9.507/80, corresponde descartar en este punto la defensa invocada por la accionada.
VI.2.b. Sentado ello y conforme quedara señalado precedentemente, la señora Maciel reclama el subsidio por fallecimiento, en su condición de conviviente del señor Fernando Raymundo Benítez. A tal fin adjunta información sumaria y ofrece prueba informativa y contable.
Por su parte, la accionada desconoce la relación convivencial invocada por la accionante y argumenta acerca del valor probatorio de la información sumaria. En ese orden aduce su ineficacia, por tratarse de una prueba preconstituída.
Asimismo denuncia que el causante era de estado civil casado. A tal f
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