Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64090
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 64.090, "Loray, Claudio Alberto contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Claudio Alberto Loray, mediante patrocino letrado, interpuso demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Lomas de Zamora por el cobro de la suma de $761.363,70, derivada de la prestación sucesiva de trabajos de obra pública contratados en forma directa, con más sus intereses, costos y costas.
Asegura que en el marco de los expedientes administrativos 71.220-D/99, 71.377-D/99 y 76.647/A/99, por los que fue reclamado el pago del dinero denunciado, fue reconocida la deuda por los organismos técnicos pertinentes.
Sostiene que el Registro de Proveedores municipal lo habilitó como contratista bajo el número 2.877 el 19 de abril de 1991, quedando en condiciones de desempeñar tareas como proveedor de la demandada desde esa fecha; de la misma manera que se encontraba incorporado a otros municipios cercanos como Almirante Brown, Avellaneda, Morón y Merlo.
En tal carácter -continúa- comenzó sus labores para la comuna de Lomas de Zamora en varias oportunidades bajo las formas previstas para la licitación pública hasta que la relación "fluida" (sic) entre municipio y empresa tomó otro sentido, al promocionarse en aquella época un programa llamado "LOMAS A CARA LIMPIA", bajo la dirección del entonces Intendente municipal.
Expresa que las urgencias surgidas de la atención a vastas zonas consideradas de anegamiento e insalubridad, requerían prontas aperturas de calles, nivelamiento de tierra y entoscado, generalmente en zonas marginadas como lo fue en particular la denominada "Cuartel Noveno", para establecer calles nuevas y pavimentadas.
En tal marco, afirma que ante la necesidad de tareas diarias para no obstaculizar las inversiones realizadas por la Provincia de Buenos Aires "...aparecían órdenes de trabajo a cubrir, que, por su naturaleza, la Municipalidad no acordó por el régimen de obra pública por licitación y se comprometió con los proveedores a formular la orden de contratación según la tarea a desarrollar en función de la necesidad del día y así se mantuvo un trabajo diario que dependía de las necesidades reales y éstas superaban los tiempos administrativos".
Aclara que, según se le manifestó, el sistema de la contratación era válido por encuadrarse en el régimen previsto en el art. 132 inc. "e" de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) -decreto ley 6.769/58-.
Como consecuencia de ello estima que, en la práctica, la demandada implementó el conocido mecanismo del "legítimo abono", "...usualmente practicado con arreglo a proveedores reconocidos y confiables en razón y exclusivamente por la naturaleza de la prestación que conforme a la necesidad...", permitiendo así una demanda y ejecución más dinámica de las obras urgentes.
Argumenta que, sin embargo, con el transcurso del tiempo el municipio dejó de pagar los trabajos, no otorgando nuevos emprendimientos y, finalmente, contratando a otras empresas para las tareas. En dicho contexto, aduna, se iniciaron negociaciones con diversos funcionarios que, pese a mediar reconocimientos de deuda, no lograron ejecutoriar administrativamente.
Funda su derecho en los arts. 606, 725, 1.204 y concordantes del por entonces vigente Código Civil -ley 340- y en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Ofrece prueba documental, testimonial, confesional, instrumental y, para el caso de desconocimiento de firmas o instrumentos, pericial contable y caligráfica.
Solicita beneficio de litigar sin gastos y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Lomas de Zamora, mediante apoderado, solicitando el total rechazo de la acción.
Como primer punto, procede a negar en forma general y particular cada una de las afirmaciones fácticas formuladas por la accionante en su escrito de demanda.
Asegura que en el libelo de inicio no surgen los trabajos presuntamente realizados por el actor, el procedimiento legal que precedió a la contratación y la modalidad del propio contrato de cada prestación; como tampoco cuales fueron los plazos de ejecución, las multas por mora ni los requisitos mínimos a cumplir para recepcionar los diferentes trabajos de conformidad por la Administración.
Añade que, de igual modo, no existe constancia de "certificación de avance y/o realización de obra", expedida por personal profesional del área competente del municipio que pudiere dar fe de la calidad del material utilizado y que el contratista cumplía con las mejores reglas del arte y de la técnica.
Destaca que el art. 132 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establecía como regla para las obras públicas el procedimiento de la licitación y sólo permitía su contratación directa para los casos excepcionales de "urgencia reconocida" o "circunstancias imprevistas" que demandaren una "inmediata ejecución", lo cual no se configuró en los presentes actuados.
Dedica un párrafo especial a los remitos suscriptos por los empleados municipales señores Echagüe y Smith acompañados en la demanda. Expresa que no referencian ningún expediente, licitación y/o contrato que justifique erogación alguna y destaca que la mayoría de ellos no posee fecha cierta (elemento esencial) y los pocos que la poseen son del año 1993, caso en el cual el reclamo se encontraría prescrito. Estima que si eventualmente se demostrara la actuación de los empleados mencionados, los mentados remitos corresponderían a "...viejos contratos que fueron oportunamente cobrados por el actor y no a contrataciones directas, efectuadas en forma rutinaria, sin sustento y sin probar y acreditar los extremos que la Ley exige para casos excepcionales y sin la intervención de las autoridades competentes del Municipio...".
De igual forma niega valor probatorio a la nota firmada por el contador municipal Miguel Manzini en la que supuestamente éste habría reconocido una deuda por parte del municipio.
Abunda en que el órgano competente para autorizar pagos o reconocer deudas públicas respecto de ejercicios vencidos era, según el art. 140 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, intervención que no se ha dado en el presente caso en ninguna instancia.
Por último, desconoce la pertinencia del reclamo en concepto de "legitimo abono", puesto que este mecanismo excepcional para el pago de contrataciones directas supone la preexistencia de "trabajos de urgencia reconocida" o "circunstancias imprevistas" que demanden una "inmediata ejecución", nada de lo cual, como se dijera, ocurrió en el caso de autos. Baste para entender ello, prosigue, con atender a la calidad de los trabajos que el propio actor sostiene haber realizado: apertura de calles, nivelamiento de tierra, entoscado, todos ellos realizados durante varios años. Aclara, que la previsibilidad intrínseca que requiere este tipo de trabajos obsta a su configuración de urgencia o inmediata ejecución.
A todo evento, impugna la suma reclamada por no encontrar sustento fáctico ni legal en ninguno de los antecedentes arrimados por el actor a estos actuados.
Ofrece prueba confesional para que se cite al actor, formula oposición a la prueba confesional solicitada por aquel, en virtud de lo dispuesto por el art. 407 del Código procesal Civil y Comercial..
Funda su derecho en la Constitución provincial; la Ley Orgánica de las Municipalidades; la Ordenanza General 267/80 y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
III. Rendida la totalidad de la prueba ofrecida, glosado el alegado de la parte actora, sin que la demandada haya hecho uso de ese derecho, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo que se decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor de Lázzari dijo:
I. Liminarmente he de destacar que las actuaciones administrativas relacionadas con el caso no han sido agregadas, pese a los requerimientos formulados a la Comuna mediante diversos oficios (v. fs. 71, 78 y 81); no obstante ello el Tribunal, en el marco de lo previsto en los arts. 30 y 32 de la ley 12.008 (t.o. según ley 13.001), corrió traslado de la demanda (v. fs.87).
En tal marco, de la prueba documental que la parte actora ha acompañado en su escrito de inicio, corresponde destacar:
I.1. Reclamo de pago formulado por el actor el 11 de junio de 1996 por los trabajos realizados, en cuyo aval acompaña el detalle de tales trabajos y de los remitos de entrega (v. fs. 2/13);
I.2. Reclamo de pago formulado por el actor el 7 de febrero de 2002 por trabajos ejecutados en el mes de febrero de 2001 (v. fs. 22);
I.3. Carta documento (sin fechar), intimando la cancelación de la suma de $14.970 en concepto de "...pago de remitos firmados por el delegado municipal Santos Smith...", cuya presentación habría sido efectuada en el mes de diciembre de 1999 (v. fs. 25/27) y carta documento fechada el 15 de diciembre de 1999 por la que se volvió a intimar el pago de tareas realizadas para la Comuna "...los últimos meses del año 1993 y principios del año 1994..." (v. fs. 30);
I.4. Respuestas a dichas intimaciones donde la Dirección Municipal de Obras Públicas (v. fs. 27 y 33) y la Dirección de Asuntos Legales (v. fs. 36) afirmaron no poseer antecedentes respecto de las peticiones cursadas;
I.5. Certificaciones oficiales de inscripción del actor en los registros de proveedores de diversos municipios de la región, como ser Almirante Brown, Avellaneda, Merlo y Morón (v. fs. 16/21);
I.6. Presentación realizada por el actor ante la Comuna el 28 de marzo de 2000 de un escrito denominado "Solicita recurso de reconsideración", donde insiste en el pago de sumas adeudadas, esta vez acompañando facturas por diferentes bienes y servicios fechadas el 14 de marzo de 2000 (v. fs. 40/46);
I.7. Informe producido por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la demandada donde consta que "...no obran antecedentes respecto al reclamo realizado por la empresa Claudio Alberto Loray..." (v. fs. 47 vta.);
I.8. Dictamen 11.091 del 21 de noviembre de 2000, donde la Dirección Municipal Legal y Técnica solicitó encauzar el procedimiento en el marco de lo dispuesto por el art. 140 del Reglamento de Contabilidad a fin de que intervenga la División Sumarios, para deslindar las eventuales responsabilidades de funcionarios comunales en los hechos descriptos (v. fs. 50);
I.9. Informe de la Dirección de Contaduría General de la Municipalidad de Lomas de Zamora, donde expresa que en las actuaciones administrativas que tiene bajo análisis no se cumplen con los requisitos establecidos por el art. 140 del Reglamento de Contabilidad para el reconocimiento de deudas de ejercicios vencidos (v. fs. 52);
I.10. Carta documento fechada el 8 de febrero de 2002, por la que el actor vuelve a reclamar el pago adeudado de diversos remitos adjunta y considera agotada la vía administrativa (v. fs. 56/60).
II.1. La cuestión a resolver consiste, entonces, en decidir si asiste razón a lo peticionado por la parte actora respecto del pago de bienes y servicios presuntamente provistos a la Municipalidad de Lomas de Zamora, Departamento de Cuartel Noveno, durante un período de tiempo no determinado con precisión entre los años 1991 y 1996.
Dada la concordancia de las partes en el sentido de que no medió contratación formal, anticipo desde este momento, que el análisis fundamental del conflicto se centrará en la existencia, pertinencia y suficiencia de la prueba rendida en autos por las partes.
Como tiene dicho este Tribunal es que el principio de la carga de la prueba determina que cada una de las partes debe demostrar en forma fehaciente el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (conf. arts. 77 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 375 in fine , CPCC), por lo que si el accionante no ha acreditado la existencia del acto o hecho idóneo para fundar su demanda (en el caso, la provisión determinada de bienes y servicios sin contrato debidamente formulado) la mera oposición o desconocimiento de la demandada de tales extremos en su defensa, resulta impeditiva de la procedencia de la acción (doctr. causa B. 65.480, "Hera Zárate Campana", sent. de 19-X-2016).
Dos son los extremos sobre los que las partes deben demostrar sus afirmaciones. Primero, la existencia o inexistencia de una relación jurídica de hecho (ante la concordancia en cuanto a la falta de contrato) y, luego, la efectiva entrega de bienes y servicios sin su consecuente contraprestación, lo que generaría la obligación jurídica de retribuir.
Respecto de la primera cuestión, debo recordar que esta Corte ha sostenido que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (cfr. doctr. causa B. 64.579, "Cooperativa Integral de Servicios Públicos de González Catán", sent. de 20-XII-2017).
En tal sentido, recuerdo que es doctrina del Tribunal que ante la falta de formalización de la contratación y como etapa ineludible y previa al reconocimiento de cualquier tipo de derecho pecuniario frente a la Administración comunal, es menester haber realizado una tramitación idónea para acreditar la efectiva prestación del o los servicios cuyo pago se reclama. En particular, resulta de toda necesidad que surja de la actividad probatoria cumplida, la comprobación de la recepción por la Administración comunal de los servicios que la empresa litigante dice haber prestado por encargo de aquélla (conf. causas B. 63.951, "T.C. Haedo S.R.L.", sent. de 3-XII-2008; B. 64.613, "Astilleros Neptuno S.C.A.", sent. de 5-X-2011; B. 65.285, "H.S. Informática S.R.L.", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
En igual sentido, la Corte Suprema de la Nación en la causa "Sciammarella, Romeo", sentencia del 4-VIII-2009, ha reiterado que "la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimiento de contratación". Y que "la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia" (Fallos: 323:3924 y sus citas).
En consecuencia y como contrapartida, debe considerarse una mayor estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa -práctica usualmente escudada bajo el concepto de "legítimo abono"-, de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción y para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asociados a prácticas contrarias a un elemental criterio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos (doctrina causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005; B. 57.652, "Gamma Producciones Artísticas y Publicitarias", sent. de 5-V-2010; B. 64.613, cit.; e.o.).
En tal orden de ideas, a efectos de dirimir la cuestión debatida en autos, debe acudirse a las normas sobre contrataciones vigentes en la Municipalidad de Lomas de Zamora, esto es las contenidas en los arts. 193 inc. 7 de la Constitución provincial; 151 a 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-; 31, 156 y sigs., 197 y sigs. del reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de octubre de 1991.
Dicha normativa establece como regla para la selección del contratista, los procedimientos de licitación (pública o privada) o concurso de precios y como excepción la contratación directa (arts. 151, 156, LOM y 161 reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires). A su vez, el art. 198 del Reglamento citado, expresa que el expediente del llamado a licitación deberá contener un decreto del Departamento Ejecutivo disponiendo los detalles del llamado, la necesidad de la inscripción en un registro especial y la documentación completa de las propuestas recibidas.
Tal como quedó visto, en autos no existió contrato alguno entre las partes y, aún, de la prueba rendida en autos tampoco se extrae que hayan mediado las razones excepcionales que prevén el mecanismo residual de la contratación directa. De tal circunstancia, dio cuenta, en definitiva, la resolución 11.091 de la Dirección municipal Legal y Técnica de Lomas de Zamora, con fecha 21 de noviembre de 2000, al resaltar la falta de antecedentes sobre la contratación y ordenar la intervención de la oficina de sumarios, en relación con el pedido del actor en el expte. adm. 4.068-71220-D-99, que le fuera girado oportunamente (v. fs. 312).
II.2. Otra cuestión central en el presente caso, despejada ya la problemática atinente a la ausencia formal de contrato, reside en el carácter probatorio de los remitos utilizados para acreditar la actividad comercial desplegada por la parte actora y su eventual beneficio para la Administración comunal.
En tal sentido, destaco que se ha dicho que las facturas debidamente conformadas mediante la suscripción sin observaciones por parte de quienes desempañan cargos funcionales en la Municipalidad demandada y la provisión de los servicios solicitados, dan certeza de su efectiva prestación en favor de la comuna y constituyen medios de prueba que acreditan los dichos del accionante en la medida en que la demandada no aporte elementos que las cuestionen (cfr. doctr. causa B. 62.451, "Electropower S.A.", sent. de 18-X-2017).
Asimismo, se ha entendido que tanto los remitos como las facturas constituyen medios de prueba que crean la presunción de la prestación del servicio convenido, en la medida que la demandada no aporte elementos que cuestionen tales instrumentos o desvirtúen tal hipótesis. Consecuentemente, la falta de pago sin otros motivos o que, de existir, no han sido debidamente expresados en sede administrativa ni ante esta Corte, constituye un accionar ilegítimo del comitente pues revela una actitud que ha importado un valladar para la normal ejecución del contrato (cfr. doctr. causa B. 65.629, "Nephros S.R.L.", sent. de 10-VIII-2016).
Ahora bien, más puntualmente, debe reconocerse que la entrega de lo acordado debe ser documentada de un modo fehaciente y para ello se acude -en principio- a la firma que extiende en el remito el funcionario competente en la recepción (doctr. causa B. 52.884, "Freemont Argentina Sociedad de Hecho", sent. de 7-XII-1993). De hecho, la misma constancia de la recepción de lo convenido en un suministro acredita tanto el cumplimiento de la obligación de entregar los elementos, como la oportunidad en que se formaliza el evento, fijando con ello una fecha cierta para iniciar el cómputo del plazo establecido para el pago. Así, no es razonable suponer que se extienda un remito, autorizado por un funcionario público sin que haya habido, aunque más no sea de hecho, un acuerdo comercial
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.