Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67123
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en las causas B. 67.123, "Cagiao, Ester Flora contra Municipalidad de Florencio Varela. Demanda contencioso administrativa".
I. Ester Flora Cagiao, titular de la empresa Sol-Rod, mediante apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Florencio Varela por falta de pago de sucesivas entregas de elementos destinados a la pavimentación y bacheo. Asimismo, manifiesta que desde el año 1989 hasta 1994 inclusive, respondió a diversos requerimientos formulados por la demandada para la provisión de repuestos y piezas para distintos tipos de vehículos, maquinarias y equipos, como también herramientas, materiales y elementos necesarios para llevar a cabo las funciones y tareas que tenían a cargo las áreas municipales de obras y servicios públicos.
Asegura que por tratarse de servicios esenciales de prestación continuada y permanente, tales como servicios y obras destinados a paliar exceso de lluvias, tormentas de viento, caídas de árboles o roturas imprevistas, los requerimientos municipales eran siempre de carácter irregular y urgente, a menudo de uso intensivo. En razón de la celeridad referida, continúa, la mayoría de los servicios y bienes indicados se solicitaron sin observar el procedimiento administrativo legalmente asignado para la compra de suministros y, en su lugar, una vez realizada la entrega de los bienes peticionados o, en su caso, de recibido el equipo o la tarea completada, el municipio disponía el pago de los mismos por decreto, previa expedición de un remito.
Sostiene que los remitos expedidos por la comuna tenían la firma de los funcionarios intervinientes en la recepción de los trabajos o bienes individualizados, dando conformidad a la provisión por parte de la Dirección de Servicios Públicos.
Manifiesta que ante los reiterados incumplimientos de pago formuló el pertinente reclamo en el expediente administrativo n° 4037-17681/94 en el mes de septiembre de 1994, en el cual, ante la evidente inactividad administrativa, se reiteraron reclamos e incluso se instó a la iniciación del sumario n° 6/96. Luego de dos años sin que la Administración se expidiera, dice, procedió a iniciar una acción judicial de "prueba anticipada" contra la Municipalidad de Florencio Varela, como mecanismo conducente a la obtención del cobro de lo adeudado.
Detalla que la suma reclamada asciende a $167.384,19, monto obtenido como resultante de haber sumado el valor histórico asignado a los bienes, trabajos o servicios indicados en cada uno de los remitos cuyo pago se demanda y lo que en más o en menos resulte de las pruebas a producirse en autos, con más las actualizaciones, intereses y demás accesorios legales correspondientes, calculados desde la fecha en que cada bien fue entregado y cada trabajo o servicio prestado, hasta la del total y efectivo pago cancelatorio.
Ofrece prueba documental, informativa, pericial caligráfica, contable y técnico-ingenieril, testimonial y de absolución de posiciones.
Funda su derecho en disposiciones del Código Civil, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Código Contencioso Administrativo y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sin individualizarlas.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Florencio Varela, mediante apoderado, solicitando el total rechazo de la acción instaurada.
Niega en general y en particular cada uno de los hechos alegados por la actora. Puntualiza que la misma no reviste ni revistió en ningún momento en carácter de proveedora de la Municipalidad, circunstancia que queda demostrada en la ausencia de documentación que acredite tal vínculo.
Agrega que, en todo caso, la actora habría adoptado una conducta negligente al no cumplir con las disposiciones legales vigentes que rigen en materia administrativa, contable e impositiva. De su lado, proclama que si la comuna hubiera -efectivamente- realizado pagos sin factura, estaría siendo cómplice en el delito de evasión fiscal, en lo que respecta al IVA, impuesto a las ganancias e ingresos brutos y, por lo demás, tal conducta sería imposible de realizar sin detección por parte del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que es el organismo que revisa año a año el ejercicio contable municipal.
Aclara que según el Reglamento de Contabilidad, y en concordancia con la Ley Orgánica de las Municipalidades, la forma oficial utilizada en las contrataciones de suministro es a través de la realización de órdenes de compra y facturas. Sin la primera, el proveedor debe saber que no debe entregar la mercadería (tal como surge de la ordenanza municipal 3.419) y sin la segunda, sabe que no podrá cobrar. En tal sentido, los remitos -aún más los presentados en el caso, que carecen de fechas y cantidades respectivas- no son considerados comprobantes válidos como factura o documento equivalente.
Expresa que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Florencio Varela trató oportunamente (en el expte. adm. n° 4037-15405/97) este tema de conformidad con lo dispuesto por el art. 140 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires (el cual se refiere, precisamente, a los casos en que falta documentación respaldatoria) y encontrando notorias falencias en el aspecto formal no autorizó el pago.
Ofrece prueba documental, confesional e informativa.
Funda su derecho en los arts. 724, 725 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 37 y concordantes de la ley 12.008; Ley Orgánica de las Municipalidades; Reglamento de Contabilidad, Ley 11.853 y ordenanza general 3.419 (DGI) y 1.415 (AFIP).
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, glosados los alegatos de ambas partes y no restando prueba pendiente de producción, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, por lo que esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa sin acumular, surgen los siguientes elementos útiles para la resolución del pleito instaurado:
I.1. Con fecha 9 de septiembre de 1994, la firma Sol-Rod presentó ante la Municipalidad de Florencio Varela un pedido de pago por diversos trabajos y materiales entregados en el curso del año 1993, identificando números de remito e importes correspondientes a cada uno (v. fs. 1/3, expte. adm. n° 4037-17681-S-).
I.2. Como consecuencia de la gestión del trámite ante sus oficinas, la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna informa, con fecha 4 de octubre de 1994 que no han sido encontrados varios de los remitos reclamados y que los hallados no poseen fecha (v. copias obrantes a fs. 7/77). En virtud de ello, solicita la intervención de la Dirección de Contaduría Municipal, a fin de que se recabe mayor información (v. fs. 6, expte. adm. cit.).
I.3. Ante la inactividad comprobada de la Administración local, a fs. 82/83 de las actuaciones administrativas citadas en último término, consta una intimación realizada por carta documento de fecha 15 de septiembre de 1995 a los fines de que se dé tratamiento al reclamo y se abone la totalidad de la deuda reclamada. Una nueva y similar intimación es cursada con fecha 17 de noviembre de 1995, según constancias de fs. 90/91.
I.4. A fs. 93, la Dirección de Sumarios del municipio decide que, en atención a la importancia económica del reclamo y a las notorias falencias en el aspecto formal de los antecedentes del caso, corresponde instruir un sumario administrativo (luego señalado bajo la identificación de 06/96) para esclarecer las responsabilidades del caso.
I.5. A fs. 94, el Jefe de Departamento de Dictámenes de la Dirección de Legales de la comuna solicita el pase a la Contaduría municipal para la comprobación de la legitimidad del derecho invocado por la empresa Sol-Rod. Dicho informe es agregado a fs. 100, pero solo ilustra sobre la imputación que "hubiera correspondido al gasto en el presupuesto del año de origen", aclarando que se trata de una deuda "no registrada", sin examinar ningún extremo objetivo del caso.
I.6. Finalmente, pasadas las actuaciones al Concejo Deliberante, este se expide a través de la resolución de su Presidente registrada bajo el n° 08/98, entendiendo que no corresponde, en cumplimiento del art. 140 del Reglamento Provincial de Contabilidad, reconocer deudas de ejercicios anteriores no registradas en la contabilidad municipal, sin previa comprobación hecha en expediente especial de la legitimidad del derecho invocado por quien reclama (v. fs. 99/100, expte. adm. n° 4037-17681-S-).
I.7. El expediente administrativo del Sumario n° 06/96, agregado por cuerda contra los agentes Angel María Fragnito, Armando Martínez y Osvaldo Comesaña, más allá de cumplir con aspectos probatorios iniciales (declaraciones y vista de remitos) y alegatos, no llegó a un dictamen final, ni aporta demás datos de interés para la causa.
II.1. Ahora bien, tal como surge de los antecedentes del caso, existen diversos puntos que deben considerarse probados en autos. A saber:
II.1.a. No hubo contratación formal entre las partes;
II.1.b. Existió cierta prestación de servicios y bienes entre las partes, pero sin que tales encomiendas fueran debidamente registradas por empresa Sol-Rod, como tampoco por las oficinas técnico contables municipales;
II.1.c. Se inició un procedimiento administrativo de cobro respecto de determinados bienes y servicios cuyos remitos se acompañan, que no fue adecuadamente resuelto por la Administración comunal, pese a lo cual existió un acto del Honorable Concejo Deliberante que rechazó el pedido de pago, mediante resolución n° 009/99.
Tales circunstancias se encuentran corroboradas en autos por los expedientes administrativos ofrecidos como prueba documental por ambas partes (art. 384, CPCC y doctr. causa B. 56.764, "La Jirafa Azul S.A.", sent. de 19-VII-2006).
II.2. La cuestión a resolver consiste, entonces, en decidir si asiste razón a la actora respecto del pedido tendiente al pago de bienes y servicios presuntamente provistos a la Municipalidad de Florencio Varela durante el año 1994. Dada la concordancia de las partes en el sentido de que no medió contratación formal, el análisis se centrará en la existencia, pertinencia y suficiencia de la prueba rendida en autos.
Como tiene dicho este Tribunal el principio de la carga de la prueba determina que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (conf. arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 375 in fine, CPCC) por lo que si la accionante no ha acreditado la existencia del acto o hecho idóneo para fundar su demanda (en el caso, la provisión determinada de bienes y servicios sin contrato debidamente formulado) la mera oposición o desconocimiento de la demandada de tales extremos en su defensa, resulta impeditiva de la procedencia de la acción (doctr. causa B. 65.480, "Hera Zárate Campana", sent. de 19-X-2016).
Dos son los extremos sobre los que las partes deben demostrar sus afirmaciones. Primero, la existencia de una relación jurídica de hecho (ante la concordancia en cuanto a la falta de contrato efectivo) y, luego, la efectiva entrega de bienes y servicios sin su consecuente contraprestación, lo que lleva a la conclusión de que se verifica una deuda que genera la obligación jurídica de retribuir.
Respecto de la primera cuestión, debo recordar que esta Suprema Corte ha sostenido que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (cfr. doctr. causa B. 64.579, "Cooperativa Integral de Servicios Públicos de González Catán", sent. de 20-XII-2017).
En tal sentido, recuerdo que es doctrina de este Tribunal que ante la falta de formalización de la contratación y como etapa ineludible y previa al reconocimiento de cualquier tipo de derecho pecuniario frente a la Administración comunal, es menester haber realizado una tramitación idónea para acreditar la efectiva prestación del o los servicios cuyo pago se reclama. En particular, resulta de toda necesidad que surja de la actividad probatoria cumplida, la comprobación de la recepción por la Administración comunal de los servicios que la empresa litigante dice haber prestado por encargo de aquella (conf. causas B. 63.951, "T.C. Haedo S.R.L.", sent. de 3-XII-2008; B. 64.613, "Astilleros Neptuno S.C.A.", sent. de 5-X-2011; B. 65.285, "H.S. Informática S.R.L.", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
En igual sentido, la Corte Suprema de la Nación en la causa "Sciammarella, Romeo", sentencia de 4-VIII-2009, ha reiterado que "...la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimiento de contratación". Y que "...la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia" (Fallos: 323:3924 y sus citas).
En consecuencia y como contrapartida, debe considerarse una mayor estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa -práctica usualmente escudada bajo el concepto de "legítimo abono"-, de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción y para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asociados a prácticas contrarias a un elemental criterio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos (doctr. causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005; B. 57.652, "Gamma Producciones Artísticas y Publicitarias", sent. de 5-V-2010; B. 64.613, cit.; e.o.).
En tal orden de ideas, a efectos de dirimir la cuestión debatida en autos, debe acudirse a las normas sobre contrataciones vigentes en la Municipalidad de Florencio Varela, esto es las contenidas en los arts. 193 inc. 7 de la Constitución provincial; 151 a 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-; 31, 156 y siguientes, 197 y siguientes del reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 23-X-1991.
Tal normativa establece como regla para la selección del contratista, los procedimientos de licitación (pública o privada) o concurso de precios y como excepción la contratación directa (arts. 151, 156, LOM y 161, Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires). A su vez, el art. 198 del Reglamento citado, expresa que el expediente del llamado a Licitación deberá contener un decreto del Departamento Ejecutivo disponiendo los detalles del llamado, la necesidad de la inscripción en un Registro Especial y la documentación completa de las propuestas recibidas.
Como quedó visto, en autos no existió contrato alguno entre las partes y, aún, de la prueba rendida en el proceso tampoco se extrae que hayan mediado las razones excepcionales que prevén el mecanismo residual de la contratación directa. De tal circunstancia dio cuenta, en definitiva, la resolución n° 009/99 del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, al rechazar el pedido de la firma Sol-Rod en el expediente administrativo n° 4037-17.681-S-94, que le fuera girado oportunamente (v. copia de resolución de la sesión de fecha 28-V-1999, obrante a fs. 205/206 del sub examine ).
II.3. Otra cuestión central en el presente caso, despejada ya la problemática atinente a la ausencia formal de contrato, reside en el carácter probatorio que esta Suprema Corte le asigne a los remitos utilizados como prueba de la actividad comercial desplegada por la actora y su eventual beneficio para la Administración comunal.
En tal sentido, destaco que se ha dicho que las facturas debidamente conformadas mediante la suscripción sin observaciones por parte de quienes desempeñan cargos funcionales en la Municipalidad demandada y la provisión de los bienes o servicios solicitados, dan certeza de la efectiva prestación de las tareas en favor de la comuna y constituyen medios de prueba que acreditan los dichos del accionante en la medida en que la demandada no aporte elementos que las cuestionen (cfr. doctr. causa B. 62.451, "Electropower S.A.", sent. de 18-X-2017).
Asimismo, se ha entendido que tanto los remitos como las facturas constituyen medios de prueba que crean la presunción de la prestación del servicio convenido, en la medida que la demandada no aporte elementos que cuestionen dichos instrumentos o desvirtúen tal hipótesis. Consecuentemente, la falta de pago sin otros motivos o que de existir, no han sido debidamente expresados en sede administrativa ni ante esta Corte, constituye un accionar ilegítimo del comitente pues revela una actitud que ha importado un valladar para la normal ejecución del contrato (cfr. doctr. causa B. 65.629, "Nephros S.R.L.", sent. de 10-VIII-2016).
Ahora bien, más puntualmente, debe reconocerse que la entrega del material acordado en un suministro debe ser documentada de un modo fehaciente y para ello se acude -en principio- a la firma que extiende en el remito el funcionario competente en la recepción (doctr. causa B. 52.884, "Freemont Argentina Sociedad de Hecho", sent. de 7-XII-1993). De hecho, la misma constancia de la recepción del material convenido en un suministro acredita tanto el cumplimiento de la obligación de entregar los elementos, como la oportunidad en que se formaliza el evento, fijando con ello una fecha cierta para iniciar el cómputo del plazo establecido para el pago. Así, no es razonable suponer que se extienda un remito, autorizado por un funcionario público sin que haya habido, aunque más no sea de hecho, un acuerdo comercial previo acerca de la provisión de un determinado bien o servicio, el cual, inevitablemente, ha sido previamente encomendado. Aunque no haya habido, como en el caso, una contratación administrativa formalmente válida.
En el caso que nos ocupa, y a diferencia de otros precedentes (v.gr.: causas B. 57.593, "Steciow", sent. de 9-V-2007 y B. 65.629) la única prueba objetiva ofrecida y desplegada por la actora en este proceso judicial consistente en el aporte de copias simples de los remitos de mercadería (obrantes a fs. 2/74) resulta insuficiente para acreditar la procedencia de su pretensión. Ello así pues, si bien se registra la firma de una aparente recepción o conformidad por distintos funcionarios municipales, la ausencia de facturas formales y autenticadas, así como de órdenes de compra, hace que los datos existentes en los remitos no resulten aptos ni adecuados como canal de prueba de la entrega y recepción de determinados bienes y servicios. En efecto, los referidos remitos carecen de fecha cierta (todos ellos) y de cualquier referencia en cuanto a los montos por cada producto o servicio, todo lo cual reduce palmariamente el ya de por sí menor valor probatorio que poseen los remitos en comparación con las facturas regulares (v. informe de la
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