Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61427
En la ciudad de La Plata, a 15 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.427 "Rodríguez Mayoral, Enrique contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
El señor Enrique Rodríguez Mayoral, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se dejen sin efecto las resoluciones de fechas 4 de noviembre de 1999 y 24 de febrero de 2000, dictadas por el Directorio de dicha entidad por las cuales se dispuso su exoneración y se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto respectivamente.
Por consecuencia de la nulidad pretendida exige se condene a la demandada a reincorporarlo en el cargo que ocupaba al momento del dictado de la sanción expulsiva. Asimismo, para el caso de que ello ocurra una vez alcanzado el beneficio de jubilación ordinaria, pide el pago de sus haberes desde el cese y hasta la fecha de su jubilación.
Corrido que fuera el traslado de ley, se presenta el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires y solicita el rechazo de la pretensión actora.
Agregadas sin acumular las fotocopias del sumario administrativo 10.348, glosados los cuadernos de prueba de ambas partes y encontrándose los autos en la etapa de formular los alegatos, la accionada denuncia como hecho nuevo que el demandante se acogió al beneficio jubilatorio ante la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco y plantea que dicha circunstancia sobreviniente ha tornado abstracta la pretensión articulada.
Por resolución de 7-IX-2016, el Tribunal dispone rechazar ese planteo, admitir como hecho nuevo la condición de jubilado del actor y la incorporación de la documental agregada. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Expresa el demandante que la narración de los hechos formulada en el procedimiento controvertido no refleja la realidad de lo ocurrido.
Relata que la suma total de u$s1.188 que se cuestiona en el sumario, corresponde a devoluciones en exceso de aranceles y que ese monto se descomponía en débitos y créditos provenientes de percepciones de actos escriturarios.
Explica que se implementó ese procedimiento para evitar que los clientes tuviesen que esperar para percibir o abonar cifras insignificantes. Sostiene que tal criterio fue acordado con la Gerencia del Banco, quien autorizó por escrito su proceder.
Manifiesta que los comprobantes (agregados al sumario e identificados como formularios 3.211/12), fueron procesados y rubricados por sus superiores.
Argumenta que el monto total requerido quedó reservado en la caja fuerte de la Gerencia, a fin de practicar las devoluciones.
Señala que ninguno de los funcionarios intervinientes objetó el procedimiento.
Esgrime que la resolución equivoca el encuadre de la conducta cuestionada; que no constituye una falta grave y que el Banco no sufrió perjuicio alguno.
Alega que fue sancionado con una falta expulsiva mientras que a su superior, Gerente de la Sucursal, solo se lo sancionó con dos días de suspensión condicional.
Señala que en una actitud persecutoria la instrucción sumarial formuló la denuncia penal, que la causa terminó con un sobreseimiento.
Aduce que el procedimiento disciplinario transcurrió mientras se encontraba de licencia médica y que al momento de la medida expulsiva aún le correspondían tres meses de licencia.
Finalmente ofrece prueba y peticiona.
II. A su turno, la accionada argumenta a favor de la legitimidad del obrar administrativo y solicita el rechazo de las pretensiones del actor.
En primer término, señala que el sumario 10.348 fue instruido en razón de las irregularidades detectadas por la Auditoría General del Banco, en el sector Crédito Hipotecario de la Sucursal Quilmes, relativas a la existencia de débitos por caja, correspondientes al Plan Proyectar Viviendas, que fueran efectuados por medio del formulario BP 3.212 y carecían de la firma del beneficiario como formal recibo de los importes percibidos.
A continuación, efectúa una pormenorizada negativa de las circunstancias introducidas en la demanda.
Considera que las resoluciones cuestionadas fueron dictadas durante un amplio y exhaustivo proceso sumarial llevado a cabo con sujeción al Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Reglamento de Disciplina.
Bajo el rótulo "improcedencia formal de la demanda" descalifica las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento por entender que el sumario se desarrolló cumpliendo todos los requisitos procesales vigentes en la materia, negando que hubieran existido violaciones y arbitrariedades procedimentales en las instrucciones llevadas a cabo por la Gerencia de Sumarios del Banco.
A continuación, destaca que la demanda no puede prosperar, en razón de que las resoluciones del Directorio, han sido dictadas luego de un amplio y exhaustivo procedimiento administrativo, cumplimentado y desarrollado con sujeción a las pautas de la normativa aplicable al caso (Carta Orgánica -ley 9.434-, el Reglamento de Disciplina del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Estatuto).
Afirma que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales, que hubieran afectado siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley como manifiesta el actor.
Esgrime que en la tramitación del sumario el agente tuvo oportunidad de ejercer esos derechos, prestó declaración indagatoria, presentó su descargo y por último planteó recurso de revocatoria.
Sostiene que el cargo ha sido debidamente probado, encuadrando la conducta reprochada en la trasgresión de los arts. 22 inc. "n" del Estatuto para el Personal del Banco y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina.
Indica que tampoco ha acreditado la existencia de algún supuesto de nulidad o arbitrariedad en el ejercicio de la potestad disciplinaria por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el que cuenta con la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos.
Finalmente ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
III. Del sumario administrativo 10.348, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la presente cuestión en debate:
III.1. El 7 de mayo de 1997 con motivo de los antecedentes reunidos por la Auditoría General, dando cuenta de las irregularidades detectadas en el sector Crédito Hipotecario de la Sucursal Quilmes, la Gerencia General del Banco decidió instruir sumario administrativo (v. fs. 8).
A fs. 9 se designó instructor sumariante y secretario ad hoc .
III.2. Luce glosada a fs. 17 copia de la nota de descargo efectuada por el agente Rodríguez Mayoral.
III.3. A fs. 20/31, se incorporan los débitos cuestionados por la Auditoría General.
III.4. A fs. 32/39 se halla glosada la declaración indagatoria del señor Rodríguez Mayoral.
III.5. A fs. 52/53 brindó declaración testimonial la Jefa de Secretaría de la Gerencia, Graciela Laura Lezana, a fs. 54/55 Julieta Laura Meijide y a fs. 56/57 María Victoria Lugaro, ambas auxiliares de la filial Quilmes.
III.6. El día 10 de junio de 1997 (fs. 64/65) el agente sumariado amplió su declaración indagatoria.
III.7. A fs. 66/67, obra la declaración indagatoria prestada por Fernando Alberto Díaz, Jefe Operativo de la Sucursal Quilmes; a fs. 68/69, la del Gerente de esa Sucursal, Gastón A. Galarza; a fs. 70/71 y 72/73 se agregaron las copias de las declaraciones indagatorias prestadas por Lucio M. Garibaldi, Subtesorero y Gustavo E. Moreno, Tesorero de la misma filial.
III.8. A fs. 77/84 obra copia del legajo personal del agente sumariado.
III.9. En los términos de lo normado por el art. 129 del Reglamento de Disciplina, el señor Rodríguez Mayoral tomó conocimiento del siguiente cargo endilgado (fs. 159): "Que usted, desempeñándose como Segundo Jefe de Departamento de Tercera en la sucursal Quilmes, percibió indebidamente y en su propio beneficio, el día 13-VIII-96 U$S483, el día 16-I-97 U$S604.- y el 12-II-97 U$S 101.- mediante la confección de once (11) débitos por caja al rubro del Mayor 'Otras - Crédito Hipotecario', los que cobró en forma interna, afectando partidas correspondientes a devoluciones de importes percibidos en exceso por el Plan Proyectar Viviendas".
Luego, el agente tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 159). También pidió y extrajo fotocopias (v. fs. 161).
III.10. A fs. 162/168 efectuó su descargo.
III.11. A fs. 194/198 se halla glosado el informe final de la instrucción.
III.12. A fs. 201/203 se adjuntó el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes.
III.13. El Directorio del Banco, en lo que aquí interesa, resolvió "Exonerar, a partir de la fecha de su notificación, al 2do. Jefe de Departamento de 3ra., señor Enrique Rodríguez Mayoral [...], por encontrarlo responsable del cargo que le fuera formulado, encuadrando su conducta en [...] el art. 22 inciso n del Estatuto para el Personal del Banco y en el art. 25 inciso c) del Reglamento de Disciplina" (v. art. 1, resol. 2.212/99 de 4-XI-1999; v. fs. 208/213).
III.14. Contra dicha decisión el encartado dedujo recurso de revocatoria (fs. 222/225).
III.15. Con fecha 24 de febrero de 2000, por resolución 302/00, el Directorio del Banco rechazó el remedio intentado (fs. 235/236).
IV. En primer término, he de referirme al reparo efectuado por la demandada en el punto II.C. de su responde. El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires titula dicho apartado como "Improcedencia formal de la demanda".
No obstante tal afirmación, no surge de la lectura de los párrafos que integran ese capítulo (v. fs. 50 vta. y 51), argumento alguno que constituya una oposición a la admisibilidad de la pretensión.
Por ello el extremo denunciado, que se limita únicamente a descalificar las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento y al sobreseimiento en la causa penal iniciada por la institución accionada, carece de entidad para ser considerado una defensa válida o excepción procesal y en consecuencia, debe ser desestimado como tal y analizado junto con los argumentos de fondo.
V. Previo al análisis de la controversia suscitada, resulta oportuno referir brevemente el plexo normativo aplicable en la especie.
Así, el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires establece en su art. 22 las prohibiciones a las que se encuentra sujeto el personal, entre las que enuncia "emitir cheques sin fondos, demorar los trámites, requerir o efectuar pedidos a la clientela o realizar cualquier acto contrario a la ética bancaria" (inc. "n") y el art. 23 del referido estatuto agrega que la enumeración de los deberes y de las prohibiciones es meramente enunciativa.
Por su parte, el Reglamento de Disciplina para el Personal de la entidad bancaria demandada enumera las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los agentes: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión condicional; d) suspensión; e) postergación en el ascenso; f) retrogradación de categoría; g) cesantía y h) exoneración (art. 3).
Asimismo, tipifica en el art. 25 los motivos por los cuales se puede imponer hasta la sanción de exoneración, entre ellas "haber cometido falta grave en perjuicio material o moral del Banco" (inc. "c").
Por último, en el Título IV del referido reglamento (arts. 35 al 173) se establecen los requisitos que deben cumplirse en la tramitación y decisión de los sumarios disciplinarios.
VI. Sentado ello y expuestos los antecedentes de la causa, el asunto materia de decisión se circunscribe a determinar si las resoluciones del Banco demandado por las cuales se impuso a Enrique Rodríguez Mayoral la sanción de exoneración, se ajustan a derecho.
Los agravios expresados por el accionante pueden sintetizarse con la siguiente enumeración: a) el procedimiento implementado fue acordado con los funcionarios de la filial, la Gerencia no lo objetó y autorizó por escrito su proceder; b) el Banco no sufrió perjuicio patrimonial; c) que la resolución equivoca el encuadre de la conducta, ya que no constituye falta grave como tampoco ninguna de las pautas previstas en el art. 22 inc. "n" del Estatuto; d) no se contempló su impecable trayectoria y e) fue sobreseído en la causa penal.
Adelanto mi opinión contraria al acogimiento de las pretensiones del accionante. Ello así, en razón de las consideraciones que se exponen seguidamente.
VI.1. Como antes se apuntó, por resolución 2.212/99 el directorio de la entidad demandada tuvo por acreditado que el aquí actor desempeñándose como "...segundo Jefe de Departamento de Tercera en la sucursal Quilmes, percibió indebidamente y en su propio beneficio, el día 13-VIII-96 U$S483, el día 16-I-97 U$S604.- y el 12-II-97 U$S 101.- mediante la confección de once (11) débitos por caja al rubro del Mayor 'Otras - Crédito Hipotecario', los que cobró en forma interna, afectando partidas correspondientes a devoluciones de importes percibidos en exceso por el Plan Proyectar Viviendas".
Dicha conducta fue subsumida en los arts. 22 inc. "n" del Estatuto para el Personal del Banco y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina.
Se analizó que el comportamiento del agente Rodríguez Mayoral originó la pérdida de confianza de sus superiores en lo atinente al correcto desempeño de sus funciones y que por tal razón le correspondía una sanción de corte expulsivo.
Para considerar acreditadas tales infracciones se tuvo en cuenta, entre otras pruebas colectadas, las constancias obrantes en el sumario administrativo incoado por la Administración, las declaraciones testimoniales, comprobantes identificados como BP 3.211/12 y demás documental. Como así también el reconocimiento del aquí actor en su declaración indagatoria.
VI.2. Ahora bien, el accionante centra su defensa en sostener que sus superiores conocían el procedimiento implementado, que los comprobantes fueron receptados y rubricados por el Gerente, Contador, Tesorero y Subtesorero y que lo avalaron con el fin de lograr celeridad en las devoluciones de los montos a los clientes.
No obstante, de las manifestaciones vertidas por el señor Rodríguez Mayoral al momento de prestar declaración indagatoria, como así también de las indagatorias brindadas en el sumario, surge en forma palmaria el desconocimiento por parte de sus superiores de la modalidad implementada, como así también el expreso reconocimiento de las conductas endilgadas.
Veamos:
Las constancias administrativas acreditan (v. fs. 20/22, 25, 28 y 48/49, formularios BP 3.212) que los formularios utilizados para efectuar reintegros del Plan Proyectar Viviendas, en concepto de devoluciones, carecen de la firma del beneficiario como acuse de recibo de los importes percibidos. Además, todos ellos están intervenidos por el agente sumariado.
Asimismo, el demandante, en su declaración indagatoria (v. fs. 32/39) reconoció como propia la firma inserta en todos los comprobantes. También expresó que confeccionó esos formularios (v. fs. 33, pregunta tercera y su contestación).
Así, se le exhibieron los formularios BP 3.212, de débitos correspondientes a la Sección Crédito Hipotecario (v. declaración indagatoria fs. 33, pregunta tercera y su contestación). Reconoció que las firmas insertas en los comprobantes le pertenecían; que percibió los fondos y los guardó en un sobre en la caja fuerte existente en uno de los cuartos de la planta alta de la Sucursal.
Adujo que cobró tales sumas a fin de agilizar el trámite para que los clientes recibieran los importes y no tuviesen que esperar a la confección de los débitos (v. declaración indagatoria, primera respuesta, fs. 34).
Aclaró que todos los clientes percibieron sus créditos. Si bien afirmó que requirió autorización para percibir esas sumas al Gerente de la filial Gastón Galarza, reconoció que solo la pidió para la primera operación y dio por entendido que tenía autorización para todos los casos que se presentasen (v. fs. 34, preguntas cuarta y quinta y sus respuestas).
También reveló no haber informado al Jefe Operativo (v. fs. 34, preguntas sexta y séptima y sus respuestas); que guardó bajo su responsabilidad el dinero correspondiente a los importes de los clientes (v. fs. 36). Confirmó haber percibido indebidamente los importes, en forma contraria a las normas del Banco, aclaró que lo hizo "...en la creencia de no perjudicar el trámite [...] y que su intención fue agilizar la entrega del dinero" (v. última pregunta fs. 36 y primera respuesta fs. 37).
El valor probatorio del que goza el reconocimiento efectuado por el propio imputado respecto de la comisión de las conductas endilgadas y la ausencia de prueba que lo exima de responsabilidad en tales hechos, disipan las dudas sobre la juridicidad del obrar de la institución bancaria.
Por otra parte, el Jefe Operativo de la filial Fernando Alberto Díaz dio explicaciones acerca de la intervención con su firma en algunos de los débitos cuestionados -que carecían de la firma del cliente beneficiario- y declaró desconocer que Rodríguez Mayoral guardase el dinero en la caja fuerte. Asimismo, negó conocer la operatoria implementada en lo referente al cobro de los débitos (v. declaración indagatoria, fs. 67 preguntas tercera y cuarta y sus respuestas).
Además, el Gerente de la filial Gastón Galarza, también declaró ignorar el procedimiento implementado por el agente sumariado, como así también negó que le hubiese dado autorización a cobrar los débitos de los clientes y que guardara dichos emolumentos en la caja fuerte (v. fs. 69).
Ninguna de las circunstancias por él aducidas alcanza para eximirlo de responsabilidad en las operatorias investigadas, por el contrario, resulta evidente que las funciones que ejercía en la institución bancaria le imponían mayor cautela y responsabilidad en la adopción de determinadas conductas.
Cabe concluir que el accionante no ofreció elementos de juicio idóneos para demostrar la inexistencia de las infracciones determinadas ni de la responsabilidad por la cual el Banco hubo de sancionarlo (conf. arts. 134 del Estatuto y Reglamento de Disciplina para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; 375, CPCC; 77 inc. 1 y 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Considero, entonces, que estos agravios deben ser desestimados.
VI.3. También debe rechazarse el argumento del accionante en cuanto afirma que la resolución equivoca el encuadre de la conducta, que no constituye falta grave como tampoco ninguna de las pautas previstas en el art. 22 inc. "n" del Estatuto.
En el caso, la Administración le reprochó su comportamiento contrario a la ética bancaria o profesional. Así, las conductas atribuidas al agente fueron subsumidas en el art. 22 inc. "n" del Estatuto del Personal para el Banco, que norma la prohibición al personal de emitir cheques sin fondos, demorar los trámites, requerir o efectuar pedidos a la clientela o realizar cualquier acto contrario a la ética bancaria y en el art. 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina, en cuanto dispone que serán causas para sancionar hasta con exoneración "...haber cometido falta grave en perjuicio material o moral del Banco...".
Tiene dicho esta Suprema Corte que la configuración de la falta imputada en el ámbito disciplinario no se rige estrictamente por los conceptos del derecho penal, razón por la cual los elementos de convicción acumulados en el sumario deben apreciarse en función de un criterio de responsabilidad administrativa, teniendo en cue
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