Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59441
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.441, "Castañares, Hugo Alberto contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad). Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Hugo Alberto Castañares, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad) y solicita se declare la nulidad de las resoluciones 101.361/97 y 110/98 dictadas en el expediente administrativo 300-844/96, por el Jefe de Policía y el Ministro de Justicia y Seguridad, respectivamente.
A través de la primera se aplicó al actor la sanción de cuarenta y cinco días de arresto. Por la otra, se denegó el recurso incoado contra la anterior.
Por consecuencia de la anulación pretendida requiere se deje sin efecto la sanción cuestionada.
Asimismo, con carácter precautorio, solicita se ordene la suspensión de la ejecución de la aludida sanción hasta la decisión definitiva de la presente causa.
Ofrece prueba y deja planteado el caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
II. Mediante resolución de fecha 5-X-1999 este Tribunal desestimó la medida cautelar solicitada (v. fs. 35).
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la acción.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
IV. Agregadas sin acumular las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 33), glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 77/113) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 118/123 -actora- y fs. 124 -demandada-), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor relata que por expediente administrativo 300.844/1996 se investigaron supuestas alteraciones en el archivo informático de su legajo de personal n° 18.024, acaecidas y detectadas en octubre de 1996, "en jurisdicción y en el ámbito físico de la entonces Dirección de Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Central". Agrega que esta dependencia funcionaba en calle 2 entre 51 y 53, segundo piso, de la ciudad de La Plata.
Dice que en atención a que su hermano trabajaba en una de las dependencias de la Dirección de Personal, la instrucción presumió que tales modificaciones podrían haber sido efectuadas a fin de beneficiarlo en su ascenso de grado. Apunta que en razón de esta especulación se lo involucró en el sumario y se lo citó a prestar declaración indagatoria.
Niega que hubiese tenido vinculación alguna en los hechos investigados y destaca que en esa época trabajaba y vivía en la ciudad de Mar del Plata, a 400 kilómetros de distancia del lugar donde supuestamente se alteraron los registros.
A su vez, aclara que la modificación de los datos, no beneficiaban su promoción en la carrera. Dice que ello resulta probado con el ascenso a Oficial Inspector que le fue otorgado por la Junta de Calificaciones de Policía que se efectivizó a partir del 1 de enero de 1997, "tomando en consideración los 'datos reales y correctos' de su foja y no los alterados".
Afirma que ninguna prueba directa o indiciara se produjo durante la instrucción del sumario que permitiera acreditar su participación en los referidos hechos. Apunta que el informe de conclusión del sumario y el dictamen de la asesoría jurídica fueron contestes en que no obraban en la investigación elementos de prueba que permitieran atribuirle responsabilidad por las aludidas irregularidades.
Aduce que la autoridad administrativa decidió aplicarle la sanción de cuarenta y cinco días de arresto "con fundamentos sólo aparentes carentes de evidencia que los sustente", y en violación del art. 66 del decreto ley 9.550/80. Asevera que se invocaron antecedentes no probados y que la sanción estuvo motivada en la simple intencionalidad del funcionario, con apartamiento de las conclusiones del sumario y del dictamen legal.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado sostiene que de las actuaciones administrativas surge que la sanción impuesta al actor resulta adecuada a los antecedentes de hecho y de derecho y, por consiguiente, suficientemente fundada.
Dice que la conducta del señor Castañares encuadra en el art. 58 inc. 15 del decreto ley 9.550/80 al que se le ha aplicado la morigeración contenida en el art. 61 de esa misma reglamentación.
Señala que surge acreditado en las actuaciones sumariales que el legajo personal del accionante fue adulterado, modificándose sus calificaciones y suprimiéndose las sanciones y las licencias médicas.
Pone de resalto que conforme a la prueba recogida durante la instrucción sumarial se determinó que las modificaciones en el legajo personal del actor habían sido efectuadas con el código de ingreso de su hermano -personal y sólo pasible de ser cambiada por el propio operador- y que ellas beneficiaban al Oficial Hugo Castañares coincidentemente en la época en que la Junta de Calificaciones debía tratar los ascensos del personal policial. Apunta que en tal escenario y de acuerdo al sistema de las libres convicciones, el accionante fue involucrado en los hechos investigados y, seguidamente, sancionado.
Destaca que la autoridad administrativa está facultada para efectuar la libre valoración de los hechos, de las presunciones y de los elementos probatorios arrimados a la causa, más aún si se considera que el ejercicio de las facultades propias de los organismos de seguridad exige mayor severidad en la ponderación de la conducta de los agentes comprometidos en su prestación.
III. De las fotocopias del expediente administrativo 2137-763.641/98 agregadas -sin acumular- en autos, surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.a. Con fecha 10 de octubre de 1996 el Jefe de División Legajos Policiales informó que "... a raíz de los controles permanentes que se vienen efectuando en la carga de los legajos en computación, surgen anomalías en el legajo n° 18.024 correspondiente al oficial Subinspector Cdo. Castañares, Hugo Alberto. Al solicitarse a la Sección Informática, la correspondiente auditoría, informa [...]: 22-VII-1996: se efectúa la carga total del legajo, bajo código 096, pertenecientes al Cabo 1° S.G. Sosa Leandro Faustino. 8-VIII-1996: sobre el mismo legajo se realizan modificaciones, se borran sanciones y carpetas médicas; se modifican otros antecedentes y fojas de calificaciones, bajo el código 092 que corresponde al Cabo 1° Castañares, Marcelo Javier. Asimismo, se deja constancia que el Cabo 1° Castañares Marcelo Javier, resulta ser hermano del Oficial mencionado" (fs. 8 y 9).
III.b. A fs. 10/27 obra agregada copia del legajo original del actor.
III.c. Las declaraciones de los agentes de la Oficina de Informática que realizaron la auditoría sobre el legajo en cuestión, ratificaron lo detallado a fs. 8 y 9 (v. fs. 28/29 y 48/49).
III.d. Listado de usuarios del sistema de legajos del que surge que el código 092 corresponde al Cabo 1° Marcelo Javier Castañares (v. fs. 30/33).
III.e. Informe con relación a las modificaciones efectuadas al legajo informático 18.024 correspondiente al Oficial Subinspector Hugo Alberto Castañares entre el 13 de abril de 1996 y el 11 de octubre de 1996 (v. fs. 43/44).
III.f. Foja de Calificación 1996 correspondiente al actor en la que se le asignó 9 puntos y con fecha 22 de agosto de 1996 se lo declaró apto para el ascenso (v. fs. 39).
III.g. A fs. 42 se ordenó la instrucción del sumario administrativo a fin de investigar las irregularidades cometidas en el registro informático del legajo del Oficial Subinspector Hugo Alberto Castañares.
III.h. Declaración indagatoria prestada por el Cabo 1° Marcelo Javier Castañares (v. fs. 59/60).
III.i. A fs. 64 el Instructor sumariante resolvió "encuadrar al Oficial Subinspector Hugo Alberto Castañares en el art. 58 inc. 15 de la ley 9550, sin solicitar su disponibilidad preventiva por considerarse prematuro".
III.j. A fs. 75 declaró un agente que prestaba servicios en la Oficina de Informática de la Dirección General de Personal. Manifestó "que cada operador tiene en principio un número de código el cual es de dominio público. Además, se le asigna un password o clave, de utilización estrictamente personal. Que esta clave es elegida o ingresada por el propio operador [...] Una vez grabada la clave, se cierra el sistema y ya no puede ser cambiada por otra persona que no sea el mismo que la ingresó. Que esta clave al ser una elección personal, no es conocida por el resto de los empleados en términos generales [...] la clave es secreta y ese secreto es responsabilidad del operador. [...] aclara que no existen posibilidades técnicas de averiguar la clave de cada operador ni modificarla, por resultar necesario una compleja programación de un programa decodificador ...". Agregó que "... existió un problema con las máquinas, que consistía en el cruzamiento de información al momento de la consulta [...] aclara que con motivo de esta cuestión no se perdió información ni tampoco quedó cruzada; ya que esto ocurría solamente ante la consulta del operador; pero en la memoria la información estaba correctamente ubicada en su legajo correspondiente".
III.k. Declaración indagatoria prestada por el actor a fs. 77/78.
III.l. En el informe de conclusión del sumario, el instructor aconsejó declarar exento de sanción disciplinaria al Oficial Subinspector Hugo Alberto Castañares y aplicar la sanción de cesantía al Cabo 1° Marcelo Javier Castañares (v. fs. 121/124).
III.m. A fs. 145/146 obra dictamen legal que estimó que no correspondía sancionar al demandante de autos.
III.n. Por resolución del Jefe de Policía 101.361/97 se aplicó al actor la sanción de cuarenta y cinco días de arresto (v. fs. 147/148), decisión que fue confirmada al desestimarse la impugnación incoada contra aquélla mediante resolución del Ministro de Justicia y Seguridad 110/98 (v. fs. 199/202 y 224).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción impuesta al actor de conformidad con lo normado en el art. 58 inc. 15 del decreto ley 9.550/80, se ajusta a derecho.
IV.1. Destaco que no existe controversia entre las partes respecto a que el legajo 18.024 correspondiente al actor fue modificado con el código de ingreso al sistema asignado al entonces Cabo 1° Marcelo Javier Castañares, hermano del accionante, borrándose sanciones y carpetas médicas, y cambiándose otros antecedentes y la foja de calificaciones correspondiente a años anteriores.
IV.2. Preliminarmente es preciso señalar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse, no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. mi voto en las causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 59.078, "González", sent. de 28-V-2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4-VI-2003; B. 57.907, "Von Ortel", sent. de 4-VIII-2004; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 62.616, "F. C., A.", sent. de 18-II-2009; B. 58.669, "C., F. C.", sent. de 30-V-2012 y B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VIII-2013).
En materia sancionatoria, ese control, sin llegar a transferir a los jueces el ejercicio de la potestad disciplinaria que compete a la Administración, significa un reaseguro ineludible de la recta observancia en cada caso de la razonabilidad de tal obrar. De forma que, cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (causas B. 49.271, "Fernández", sent. de 29-IX-1987; B. 50.218, "Pereyra", sent. de 28-II-1995; B. 53.483, "Gómez", sent. de 6-VIII-1996; B. 55.191, "Espilman", sent. de 16-XII-1997 y B. 58.669, cit.).
IV.4. Pues bien, a la luz de los referidos lineamientos jurisprudenciales, la impugnación que ensaya el actor no resulta procedente, toda vez que el panorama de lo actuado por la autoridad administrativa revela que la sanción que se impugna en autos ha sido debidamente motivada.
IV.4.a.i. Alega el actor que la autoridad administrativa, al resolver el sumario disciplinario se apartó del informe de conclusión del sumario y del dictamen jurídico emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Bonaerense, los que propiciaron no aplicarle sanción al señor Hugo Alberto Castañares por no haber sido acreditada, durante la investigación, la falta que se le atribuyó.
IV.4.a.ii. Sabido es que, por vía de principio, las opiniones vertidas en el procedimiento administrativo por las distintas dependencias y organismos intervinientes son meros dictámenes que la autoridad competente puede compartir o no, en tanto constituyen actos preparativos de la decisión final (arg. art. 87, dec. ley 7.647/70; doct. causas B. 50.368, "Novelli", sent. de 16-VI-1987, "Acuerdos y Sentencias", 1987-II-450; B. 50.336, "Minsky", sent. de 16-VIII-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-121; B. 53.564, "Negri", sent. de 22-XI-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-IV-346; B. 53.349, "Bordón", sent. de 4-VII-1995, "Acuerdos y Sentencias", 1995-II-822; B. 58.669, cit. y B. 57.387, "Vaccaro", sent. de 7-IX-2016).
Por su parte, el art. 108 inc. "c" del decreto ley 7.647/70, impone a la Administración el deber de motivar su decisión cuando se separe del criterio del dictamen de órganos consultivos (conf. doctr. causas B. 48.840, "Moyano", sent. de 31-VIII-1984, "Acuerdos y Sentencias", 1984-I-636; B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003 y B. 57.387, cit.).
IV.4.a.iii. Ahora bien, en la especie, en el informe de conclusión del sumario, el instructor sumariante no realiza un análisis jurídico ni ensaya la subsunción de los hechos a las normas disciplinarias vigentes. En sus conclusiones se limita a realizar una valoración de las circunstancias del caso.
Tampoco el dictamen jurídico analiza los hechos a la luz de las normas vigentes en la materia. En este caso, también su conclusión importa exclusivamente un juicio de valor.
De ahí que al tomar intervención la autoridad administrativa con competencia decisoria, evaluó los hechos acreditados durante la investigación y los valoró en el marco de las circunstancias probadas por la instrucción de conformidad con el sistema de las libres convicciones razonadas, sin que se advierta que hubiere incurrido en irrazonabilidad o configurado un acto arbitrario.
La divergencia apuntada con los aludidos actos preparatorios no importa un agravio para el imputado. El dictamen previo adquiere especial relevancia en su vinculación con la motivación del acto (art. 108, dec. ley 7.647/70), de modo tal que, si ese recaudo se ha cumplido en la especie, tal el caso de autos, no corresponde invalidar la decisión cuestionada por el órgano con competencia resolutoria por la mera circunstancia de no haber seguido el criterio apuntado por el órgano consultivo (conf. doct. causa B. 65.402, "García", sent. de 2-VII-2014).
Al margen de que tales actos preparatorios no vinculan a la autoridad administrativa activa, es cierto que, para apartarse de ellos, la decisión administrativa ha de abastecer el recaudo que emerge del citado art. 108 inc. "c" del decreto ley 7.647/70, esto es: dar justificada cuenta de las razones determinantes de la adopción de una solución divergente con la sostenida en un parecer legal de los servicios de asesoramiento (conf. mi voto en las causas B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003 y B. 63.367, "Cavaliere", sent. de 14-VII-2010); pues bien, esta carga de fundamentación en la especie ha sido cumplida por el órgano administrativo; por lo que no hay espacio para invalidarlo por el motivo aducido en la demanda.
IV.4.b. En otro orden, recuerdo que el régimen legal disciplinario aplicable al personal policial impone a la autoridad administrativa la apreciación de las pruebas bajo el sistema de las libres convicciones razonadas (art. 66, dec. ley 9.550/80). Esta Suprema Corte ha entendido que este sistema de valoración del material probatorio incorporado al procedimiento sumarial admite, en el ámbito regular de la presente impugnación, la demostración de la falta de razonabilidad del examen efectuado por la autoridad administrativa (conf. doctr. causas B. 57.485, "Campos", sent. de 17-X-2012; B. 66.616, "Cabrera", sent. de 4-XI-2015 y sus citas).
En el caso, la autoridad administrativa consideró que "de conformidad con las libres convicciones razonadas, resulta que el mismo -el Oficial Subinspector Castañares- con su conducta transgredió lo normado en el art. 58 inc. 15 del citado cuerpo legal habiendo afectado gravemente la disciplina y responsabilidad de la repartición, toda vez que para lograr un ascenso en su carrera permitió que su hermano, operador del sistema de computación efectuara modificaciones en su beneficio borrando del mismo sanciones, carpetas médicas y adulterando foja de calificaciones entre otros antecedentes de importancia; falta atenuada por las circunstancia de que el hecho analizado no transcendió públicamente; todo lo cual hace posible la aplicación al caso de la norma morigeradora contenida en el art. 61 de la ley 9550".
La
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