Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65800
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.800, "Bernachea, Liliana Élida contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Demanda contencioso administrativa".
I. La señora Liliana Élida Bernachea, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación, en adelante DGCyE) a efectos de que se modifique la calificación de tres puntos con la que se valoró su desempeño durante el año 1998, por considerarla arbitraria, absurda, injusta e ilegal.
Asimismo, formula reserva de accionar oportunamente por los daños y perjuicios que la calificación impugnada le hubiese provocado.
Ofrece prueba, plantea el caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48 y solicita se le conceda el beneficio de litigar sin gastos.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda, sostiene la legitimidad de las decisiones impugnadas y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 120/124).
Ofrece como única prueba las actuaciones administrativas, manifiesta desinterés en la prueba pericial ofrecida por la actora (conf. art. 476, CPCC) y formula reserva de caso federal.
III. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 112), glosado el cuaderno de prueba de la actora -único formado- (v. fs. 154/324) y los alegatos presentados por ambas partes (v. fs. 350 -demandada- y 352/362 -actora-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora relata que se desempeñó como agente de la DGCyE desde el año 1976, llegando a desempeñar el cargo de Inspectora de Educación Especial.
Destaca que siempre se comportó correctamente y que su legajo no registra sanciones disciplinarias.
Apunta que renunció a su cargo a partir del día 4 de marzo de 2002.
Narra que durante toda su carrera laboral en la DGCyE fue calificada con las notas más altas que contempla el Estatuto del Docente.
Dice que sorpresivamente en el año 1998 fue calificada con tres puntos. Afirma que esta calificación resulta arbitraria, infundada, y no se ajusta a derecho ya que, según dice, vulnera la norma contemplada en el art. 50 de la ley 10.579 y modificatorias -Estatuto del Docente-.
Se agravia de que, para su calificación, la autoridad administrativa no ha considerado su antigüedad, ni los títulos, cursos, ponencias, exposiciones y artículos publicados. A su vez, destaca que la calificación que cuestiona contraría los promedios que logró al obtener los títulos de Profesora de Psicología (9,33), Licenciada en Psicología (9,04), Especialista en Psicología Clínica (9,36) y Profesora en Ciencias de la Educación (8,76).
Aduce que son "inciertas" las cincuenta inasistencias injustificadas en que se funda la calificación. Dice que en su caso debió aplicarse el art. 126 de la ley 10.579 que consagra como falta grave las diez inasistencias injustificadas.
Manifiesta que la calificación que impugna afecta su honra, su prestigio y su carrera profesional, por lo que hace reserva de accionar oportunamente por los daños y perjuicios que pudieran corresponder contra los responsables de los mismos.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado aclara primeramente que la calificación prevista en el art. 127 de la ley 10.579 valora exclusivamente las tareas desarrolladas en el período sujeto a análisis.
Señala que, a tal efecto, la autoridad administrativa analizó las condiciones personales, profesionales y demás resultados obtenidos por la labor de la actora en los ítems de conducción, funciones, gobierno escolar y administración de la unidad a su cargo.
Apunta que, de conformidad con la documentación respaldatoria obrante en las actuaciones administrativas, se advirtió escasa responsabilidad en el desempeño del rol docente y desconocimiento de los plazos reglamentarios en virtud de la elevación fuera de término a la Jefatura de Inspección de la documentación referida a solicitudes de licencia y registro de las acciones correspondientes a la labor de supervisión, como asimismo el desconocimiento de las obligaciones contraídas como personal titular de supervisión.
Apunta que se apreció su formación técnica para el cargo, no obstante lo cual se evaluó la falta de transferencia a su labor cotidiana.
Dice que también se ponderó especialmente el alto porcentaje de inasistencias en las que había incurrido la docente y que muchas de ellas carecían de causa justificada. Destaca que no cumplió con el procedimiento previsto en el art. 117 a fin de que se le concedieran las licencias a las que alude en su escrito postulatorio. Niega valor a la documentación en base a la cual la accionante pretende justificar sus inasistencias.
Señala que, al evaluar los resultados obtenidos, se consideraron las dificultades que se originaron como consecuencia del incumplimiento de la actora de las obligaciones inherentes a su cargo de Inspectora en los equipos de conducción institucional para organizarse como grupos de acción distrital de los programas de la Dirección de Educación Especial.
Manifiesta que los servicios educativos a cargo de la accionante no fueron tratados con enfoque equitativo ni se observó una distribución de visitas que respondieran a las necesidades y demandas de los mismos.
Postula que la calificación impugnada no adolece de vicios invalidantes. Afirma que se respetó el procedimiento vigente, conforme los antecedentes obrantes en las actuaciones y la labor concreta desarrollada por la docente Bernachea. A su vez, destaca que fue aplicada por la autoridad competente y luego confirmada por la máxima autoridad de la jurisdicción.
Rechaza la aplicación al caso del art. 50 del Estatuto del Docente.
Por último, plantea la improcedencia de la pretensión de la actora tendiente a que este Tribunal modifique la calificación impugnada a través de la presente acción. Plantea que ello importaría una indebida injerencia del Poder Judicial en materia propia del poder administrador, lo que configuraría la violación del principio de división de poderes.
III. De la prueba producida, surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 5805-3107687/99.
III.1.a. Mediante carta documento de fecha 18 de diciembre de 1998, la Jefatura de Educación Especial Región II notificó a la señora Liliana Élida Bernachea que su desempeño durante el año 1998 había sido calificado con tres (3) puntos (v. fs. 4/5).
III.1.b. A fs. 6, la mencionada docente impugna la aludida calificación.
III.1.c. A fs. 7, la Asesora Docente a cargo de la Jefatura de Región II ratifica la calificación anual de la docente Bernachea.
III.1.d. Con fecha 22 de abril de 1999 la Jefatura de la Región II elabora un informe en el que detalla hechos y circunstancias considerados al momento de evaluar la gestión de la docente y remite las actuaciones vinculadas a la aludida impugnación.
III.1.e. Informe de fecha 29 de mayo de 1998 sobre el desempeño de la Inspectora Bernachea (v. fs. 15/17).
III.1.f. Planillas de contralor y adicionales de donde surgen las inasistencias en que incurriera la actora durante el año 1998 (v. fs. 112/131).
III.1.g. Documentación presentada por la interesada que acredita sus antecedentes laborales y académicos (v. fs. 132/207).
III.1.h. Con fecha 29 de septiembre de 1999 el Tribunal de Clasificación de Educación Especial ratificó la calificación asignada a la actora (v. fs. 209).
III.1.i. Recurso de revocatoria presentado por la interesada contra la decisión del Tribunal de Clasificación (v. fs. 287/294).
III.1.j. El Tribunal de Clasificación, con fecha 30 de junio de 2000, denegó el recurso de revocatoria (v. fs. 492).
III.1.k. Por resolución de la DGCyE 4.948/02, se desestimó el recurso jerárquico (v. fs. 510/511).
III.2. Expediente administrativo 5810-21368/2000.
III.2.a. Por disposición 1/99, la Directora de Educación Especial, con fecha 26 de febrero de 1999, ordenó la instrucción de actuaciones presumariales a fin de investigar supuestas irregularidades de orden técnico cometidas por la Inspectora Bernachea durante el año 1998 (v. fs. 1).
III.2.b. Declaraciones testimoniales del personal directivo y de supervisión de la Región II (v. fs. 19/25, 27, 33, 35, 37/38, 42/44).
III.2.c. La instructora presumariante realiza un informe en el que detalla las falencias detectadas durante la labor de la actora como Inspectora en el año 1998. Señala que la mencionada docente incurrió en las siguientes irregularidades: 1. "Discontinuidad en el desempeño de su labor", lo que determinó -a su criterio- "una fractura" en su actividad de supervisión, "en detrimento de su calidad, redundando negativamente en los servicios educativos de su área y en la comunidad educativa en general"; 2. "Desconocimiento de la reglamentación vigente ante la intención de encuadrar inasistencias fuera de la norma"; 3. "Inexistencia de documentación que avale su desempeño"; 4. "Incumplimiento de su accionar interrama" (fs. 111/112).
III.2.d. Con fecha 4 de febrero de 2002 la docente Liliana Élida Bernachea presentó ante la Secretaría de Inspección de Quilmes la renuncia por causas particulares al cargo de Inspectora de Área de Educación Especial (v. fs. 117).
III.2.e. Foja de servicios y antecedentes (v. fs. 148/150) e informe de situación de revista (v. fs. 151/152) de la accionante.
III.2.f. Dictamen del Tribunal de Disciplina en el que se aconseja aplicar el cese de funciones de la Inspectora Bernachea conforme lo normado en el art. 18 inc. "b" del Estatuto del Docente y advierte que ello importa la modificación de la causal de cese -antes renuncia por causas particulares- (v. fs. 156/161).
IV. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso y las postulaciones de las partes, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si la calificación del desempeño docente de la Inspectora Liliana Élida Bernachea durante el año 1998 se ajusta a derecho.
IV.1. Inicialmente es preciso recordar que este Tribunal ha expresado que la fiscalización judicial de los actos administrativos, aun de aquellos que traducen el ejercicio de la autoridad pública en materia de organización administrativa y calificación de personal, no exhibe, en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía un acotamiento de las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que le sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos reflejan un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. doctr. causas B. 55.971, "Pulvermarcher", sent. de 29-VIII-2007; B. 62.559, "Pennella", sent. de 3-IX-2008; B. 61.727, "Gundín", sent. de 16-IX-2009; e.o.).
Bajo tales lineamientos, resulta procedente el control judicial amplio del acto de la autoridad administrativa que valoró el desempeño de la actora durante el año 1998.
IV.2.a. La calificación del personal docente se encuentra regulada en el capítulo XXI de la ley 10.579 y modificatorias -Estatuto del Docente-, reglamentado por el decreto 2.582/92.
El art. 127 dispone que "el personal docente titular, titular interino, provisional y suplente será calificado anualmente por su superior jerárquico".
Por su parte, la norma contenida en el art. 129 expresa: "la calificación se ajustará a una escala conceptual y a su correlativa valoración numérica y será notificada al interesado, quien deberá firmar como constancia. En caso de disconformidad podrá interponer los recursos de revocatoria, ante el agente calificador, y jerárquico en subsidio, ante el Tribunal de Clasificación Central". En la reglamentación se establece la siguiente escala:
Calificación conceptual - Calificación numérica
Sobresaliente: de 9,51 a 10 puntos
Distinguido: de 8 a 9,50 puntos
Bueno: de 6 a 7,99 puntos
Regular: de 4 a 5,99 puntos
Malo: de 3,99 o menos puntos
A su vez, la calificación anual del personal docente se vincula con la norma contenida en el art. 18 del mismo estatuto. Este precepto, entre las causales que determinan la pérdida del derecho a la estabilidad, consigna el obtener dos calificaciones inferiores a seis puntos en un período de cinco años o una calificación inferior a cuatro puntos. En estos casos, "la rama técnica dispondrá la realización de una investigación a fin de emitir criterio sobre la procedencia del cese, y éste se producirá previo dictamen del Tribunal de Disciplina" (inc. "b").
Aclara la reglamentación que "el cese que correspondiere es una medida técnica que no constituye sanción".
IV.2.b. En este punto es preciso aclarar que la calificación anual del desempeño docente consagrado en las normas antes aludidas nada tiene que ver con la clasificación del personal docente titular contemplada en el art. 50 del Estatuto del Docente. Ésta exige que las listas de los aspirantes a ingresos, provisionalidades, suplencias, contrataciones, ascensos y traslados contengan un orden de mérito en función de los antecedentes, títulos, antigüedad en el servicio y promedio de las calificaciones obtenidas como titular (arts. 48 y 50, ley 10.579 -Estatuto del Docente-).
De tal modo, la clasificación contemplada en el art. 50 invocado por la accionante no evalúa el desempeño concreto en un período determinado, sino que importa el análisis de los antecedentes del docente a los fines de confeccionar los listados en base a los cuales se realizarán las designaciones docentes para la cobertura de cargos.
IV.3.a. Advierto que de las constancias de las actuaciones administrativas resulta que, en el año 1996, la Inspectora Jefe Región II de Educación Especial había calificado a la docente Bernachea con diez (10) puntos. Luego, por su labor durante el año 1997 la misma Inspectora Jefe la calificó con seis (6) puntos (v. fs. 140, expte. adm. 5805-3107687/2000). Este puntaje resultó el promedio de haber valorado sus condiciones personales con seis (6) puntos; sus condiciones profesionales con siete (7) puntos; los resultados en conducción, funciones, gobierno escolar y administración de la unidad a cargo con cinco (5) puntos. No existen constancias en autos que acrediten que la docente Bernachea haya impugnado esta calificación.
IV.3.b. Con posterioridad, el día 29 de mayo de 1998, la misma Inspectora Jefe de la Región II de Educación Especial solicita a la Directora de ese nivel de educación que se ordene la instrucción de una "investigación presumarial a la Sra. Liliana Bernachea por el mal desempeño en sus funciones como Inspectora de Área en el distrito Quilmes". Justifica tal pedido en las siguientes deficiencias en el cumplimiento de su función: a) desconocimiento de las funciones de los diferentes niveles de supervisión; b) elevación de material correspondiente a la gestión de supervisión incompleto y fuera de término; c) omitir acciones interrama entre inspectores; d) omitir difundir, asesorar y poner en marcha proyectos de integración; e) detectar problemas institucionales y no brindar alternativas de solución. Respecto a esto último se destacó que pese a informar situaciones que calificó como graves, la docente Bernachea omitió arbitrar medidas concretas a fin de investigar la situación y deslindar las responsabilidades de los integrantes del Equipo Transdisciplinario (v. fs. 15/17, expte. adm. cit.).
IV.3.c. Con posterioridad, en virtud de la disposición 22/98 de la Dirección de Educación Especial, se le asignaron a la señora Susana Alsina las funciones de Inspectora Jefe de Educación Especial -Región II- a partir del día 11 de agosto de 1998. En tal función, hacia finales de ese año, procedió a efectuar la correspondiente calificación de la aquí actora. En esta oportunidad se valoró: condiciones personales (4 puntos); condiciones profesionales (3 puntos); resultados en conducción, funciones, gobierno escolar y administración de la unidad a cargo (3 puntos). Ello determinó la calificación que por esta acción se impugna de tres (3) puntos (v. fs. 8, expte. adm. cit.).
IV.3.d. Presentado el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio, la Asesora de la Dirección de Educación Especial a cargo de la Jefatura de la Región II detalló que en orden a las condiciones personales "se evaluó escasa responsabilidad en el desempeño del rol y desconocimiento de los plazos reglamentarios. Elevación de documentación fuera de término, referida a solicitud de licencias a Jefatura, registro de acciones correspondiente a la labor de supervisión. Asimismo, desconocimiento de las obligaciones contraídas como personal titular de supervisión: no realizó acompañamiento sistemático al personal a su cargo, faltó orientación para dar solución a situaciones problemáticas, no transmitió información técnico-administrativa emanada desde la Dirección de Educación Especial". Con relación a las condiciones profesionales, reconoce los títulos obtenidos por la señora Bernachea y su formación técnica para desempeñar el cargo, sin embargo, señala que ella "no es transferida a la gestión cotidiana". En este punto, destaca las numerosas inasistencias registradas por la docente. Apunta que en total suman noventa y una (91) y resalta que cincuenta y cuatro (54) fueron calificadas como injustificadas. Por último, con relación a los resultados en conducción, funciones, gobierno escolar y administración de la unidad a su cargo detalló que "el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo originó dificultades en los equipos de conducción [...] los servicios educativos a su cargo no fueron trabajados con enfoque equitativo [...] no se evalúa una distribución de visitas que respondan a las necesidades y demandas..." (fs. 7, expte. adm. cit.).
IV.3.e. De la documentación agregada al expediente surgen acreditadas las irregularidades reprochadas en el desempeño del cargo de Inspectora de Educación Especial de la señora Bernachea:
IV.3.e.i. Incumplimiento de la remisión al superior jerárquico de las planillas de labor mensual (y documentación anexa) en las que se registra la tarea desarrollada por el supervisor. En el caso, solo se acredita el envío de las correspondientes a los meses de abril y julio del año 1998 (v. fs. 46/54).
IV.3.e.ii. Informes parciales de la acción institucional; realizan descripciones de las situaciones en cuestión sin hacer un asesoramiento técnico (v. fs. 55/70).
IV.3.e.iii. Escasa presencia en los servicios a su cargo y falta de compromiso en la ejecución y seguimiento de los Programas de la Dirección de Educación Especial, entre otros el de integración (v. fs. 78/79, expte. adm. 5805-3107687/2000).
En este sentido, la Inspectora titular de la Educación General Básica (EGB) de la Región II manifiesta que no ha podido trabajar aspectos relativos a la integración con la Inspectora Bernachea. Agregó que no sólo surgen dudas en este tema "sino también en la derivación de alumnos porque no pude [pudo] concertar ninguna entrevista personal en todo el año 1998 aunque lo había solicitado por diferentes casos a través de la Jefatura. Por ejemplo, ante una consulta por un sí
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