Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61921
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la Causa B. 61.921, "Ronco, Alberto Amelio contra Municipalidad de Vicente López. Demanda contencioso administrativa".
I. Amelio Ronco, por apoderado, y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Vicente López y solicita la anulación de los decretos 2.103/99 y 1.927/00 dictados con fecha 23 de julio de 1999 y 30 de junio de 2000, respectivamente, en el expediente administrativo 4.119-10.591/98 y su agregado 4.119-11.745/93.
Por el primero de los actos mencionados, el intendente municipal ordenó la demolición de la obra ejecutada en el inmueble de propiedad del actor sito en calle José María Paz 1165/1171 de Vicente López. Por el segundo, se rechazó el recurso de revocatoria incoado contra el anterior.
Peticiona se disponga con carácter precautorio la suspensión del decreto 2.103/99 con fundamento en que la ejecución de la demolición que aquél ordena tornaría ilusorio el adecuado ejercicio del derecho de propiedad y los derechos conferidos por la aprobación del plano y permiso de obra otorgados en el expediente administrativo 4.119-11.745/93.
Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. A fs. 379/380 la parte actora denuncia como hecho nuevo la decisión del juez de garantías en lo Criminal y Correccional n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro de sobreseer en forma total al señor Amelio Ronco en la causa IPP 15.575 caratulada "Ronco, Amelio s/ defraudación" (arts. 332 y 327 inc. 1, CPCP).
III. Mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2001 este Tribunal desestima la medida cautelar solicitada al entender que no se encontraban reunidos los requisitos que tornarían procedente su dictado (v. fs. 382).
IV. Con motivo de la notificación recibida por el accionante haciéndole saber que la demolición cuestionada en autos se efectuaría el 26 de diciembre de 2001, la parte actora lo denuncia como hecho nuevo y reitera el pedido de suspensión precautoria de la ejecución del decreto 2.103/99 (v. fs. 385 y 388/390).
V. Considerando que las nuevas alegaciones y circunstancias denunciadas por el actor no modifican la valoración realizada a fs. 382, esta Corte –el día 19 de diciembre de 2001- deniega nuevamente la medida cautelar solicitada (v. fs. 392/393).
VI. Corrido el traslado de ley, a través de su apoderado, se presenta la Municipalidad de Vicente López, realiza una pormenorizada negativa de los hechos y circunstancias consignadas en la demanda, argumenta sobre la legitimidad de la actuación de la Administración comunal y pide el rechazo de la demanda, con costas.
VII. A fs. 595 se presentan los señores Alberto Amelio Ronco, Carlos Alejo Ronco y la señora Leonor Inés Ronco, todos por su propio derecho y con patrocinio letrado, y denuncian el fallecimiento de su padre, el señor Amelio Ronco, ocurrido el 12 de diciembre de 2002 (v. certificado de defunción a fs. 591).
VIII. A fs. 595/604 la parte actora denuncia como hecho nuevo la sentencia dictada el 18 de febrero de 2003 por la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro en la causa caratulada "Spinadel, Erico y otro c/ Ronco, A. y otros s/ interdicto de obra nueva" que confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la demanda y ordenó la "destrucción de la obra nueva realizada en el inmueble sito en la calle José María Paz 1165/1171, hasta alcanzar la altura prevista en el art. 7.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Vicente López" (v. fs. 1.016/1.024 de la mencionada causa agregada sin acumular a estos autos). Con motivo de esta decisión solicita que el Tribunal dicte una medida cautelar que "suspenda la ejecución y efectos de la sentencia".
IX. Mediante resoluciones de fecha 16 de marzo de 2006 y 25 de febrero de 2009 este Tribunal denegó la medida cautelar solicitada (v. fs. 612/615) y admitió como hecho nuevo la aludida sentencia de Cámara (v. fs. 635).
X. A fs. 688 la parte actora acompaña copia certificada de la ordenanza 23.930 promulgada el 25 de septiembre de 2006, en la que pretende ampararse (v. fs. 673/687).
XI. Corrido el traslado a la contraparte, la Municipalidad de Vicente López manifiesta que la petición resulta extemporánea por no estar vigente a esa fecha la invocada ordenanza. Asimismo, plantea la improcedencia de encuadrar a la actora en dicho régimen por estar expresamente excluida del alcance de la misma (v. fs. 692/693).
XII. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas y las causas judiciales ofrecidas como prueba, glosados los cuadernos de pruebas (v. fs. 699/783 -actora- y fs. 784/887 -demandada-) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 890/893 -actora- y fs. 896/900 -demandada-), la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, decidiendo el Tribunal plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata el demandante que adquirió el inmueble al que refiere la presente acción el 8 de enero de 1992. Refiere que el vendedor a esa fecha ya había iniciado la refacción de departamentos, construcción de entrepiso, obra que comprendía cuatro plantas (planta baja y tres pisos), de conformidad al plano del año 1956 aprobado en el expediente administrativo 4.238/56.
Agrega que la altura de la edificación en cuestión no excede en tres metros la altura autorizada, toda vez que desde el tanque de agua existente sólo excede un metro y medio aproximadamente.
Alega que en 1992 se encontraba vigente la ordenanza 7.949/92 por medio de la cual se podían regularizar obras construidas o en construcción que no cumplieran estrictamente los indicadores de las zonas.
Detalla que a partir de la compra del inmueble se realizaron todas las consultas con las autoridades y oficinas competentes de la Municipalidad, se acompañó la documentación solicitada, se pagaron todos los derechos y se aprobó el plano que se encuentra agregado al expediente administrativo 4.119-11.745/93, significando ello -según dice- la extensión del permiso de obra.
Continúa narrando que, a partir de ese momento, fundamentalmente por razones económicas, la ejecución de la obra se realizó en forma lenta hasta que en 1997 se impulsó con el objetivo de su finalización. Apunta que en este estadio, ya terminada la fisonomía externa de la construcción y restando los detalles de cada unidad individual entre otros datos constructivos, sobrevinieron en forma intempestiva una serie de inspecciones del organismo técnico municipal. Precisa que se labró un acta de clausura por falta de permiso de obra pese a que aquél se encontraba otorgado a fs. 1 del expediente administrativo 11.745/93.
Añade que en esta misma época el vecino lindero inició un interdicto de obra nueva.
Señala que el decreto que ordenó la demolición se sustenta fácticamente en la mencionada acción judicial y en una supuesta violación de la faja de clausura apelada ante el Tribunal de Faltas que denuncia el vecino quejoso, "rechazándose de plano la voluntad de sanear un proceso administrativo viciado de nulidad".
Se agravia de que una construcción que contaba con los planos aprobados y se adecuaba en plena armonía a las construcciones de la zona, fue convertida en el estandarte urbanístico de la intendencia, llegándose -según dice- al "exabrupto jurídico de nulificar un plano, cuando existían otras vías pendientes de resolución [...] la acción particular del vecino (Interdicto de obra nueva), cuatro causas en el Tribunal de Faltas municipal y una causa penal".
Manifiesta que en ese contexto el intendente ordenó la demolición y declaró la nulidad del plano. Afirma que esta decisión, lejos de importar el ejercicio de una potestad saneadora, evidencia arbitrariedad.
Niega que la obra en cuestión constituya una explotación desproporcionada o desmedida del titular del dominio o que le genere un perjuicio al barrio o al municipio. Afirma que la culminación de la obra significa engarzar adecuadamente la construcción al conjunto del barrio. Con relación al vecino lindero asevera que en nada lo afecta la medianera o altura de la construcción, pues explica que no altera la existente desde 1956.
Alega que los actos impugnados poseen vicios en la causa y en la motivación. Dice que incurren en arbitrariedad y desvío del fin. Precisa que la propia Administración comunal extravió las actuaciones 4.238/56 por las que se autorizó, según dice, la construcción de una vivienda multifamiliar o colectiva de cuatro plantas. Dice que el decreto 1.927/00 refiere a ello pero sin ponderar los efectos que este antecedente posee en la resolución de la cuestión.
Niega que la obra genere un perjuicio a la comunidad. Por el contrario, sostiene que aportaba un beneficio a la zona en la medida que la construcción colectiva legítimamente aprobada garantizaba una plena y armónica integración con el conjunto de la zona, en desmedro de una construcción sin terminación.
Cuestiona que la Administración se involucre en la dilucidación de un conflicto entre particulares, ajeno a la relación de naturaleza administrativa que mantiene la Comuna con los habitantes del partido.
Plantea la incompetencia del Departamento Ejecutivo municipal para dirimir una cuestión que estaba siendo debatida en la Justicia de Faltas. Puntualiza que en este ámbito se había dispuesto la clausura de la obra y la suspensión del trámite del expediente hasta tanto se investigue penalmente la comisión de algún ilícito. Agrega que no obstante ello, el Ejecutivo municipal sustrajo de la competencia natural del Tribunal de Faltas la cuestión, según asevera, con el único objeto de garantizar la demolición de la obra.
Manifiesta que el decreto 2.103/99 es ilegal por transgredir lo dispuesto en el art. 5 del Código Contencioso Administrativo -ley 2.961, vigente entonces- que limita la facultad de revocar las resoluciones dictadas en asuntos que den lugar a la acción contencioso administrativa, al momento que sean notificadas a los particulares interesados.
Dice que la cosa juzgada administrativa ha sido avasallada por la autoridad municipal toda vez que muchos años después de haber otorgado el permiso de construcción y habiendo edificado gran parte de lo proyectado, terminada la fachada externa de la obra, en forma intempestiva se dictó el decreto 2.103/99 que cercenó derechos que -según afirma- habían sido regularmente concedidos en virtud de la aplicación de la ordenanza 7.949/92.
Asevera que las revisiones del permiso de construcción y el plano aprobado han sido dispuestas por cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, y no por razones de ilegitimidad como refiere el decreto en cuestión.
Postula que el acto que otorgó el permiso de construcción y aprobó el plano constituye un acto regular debidamente incorporado al patrimonio del titular del inmueble que resulta amparado por el art. 114 de la Ordenanza de Procedimiento Administrativo. Sostiene que el permiso de obra consagró una situación administrativa definitiva, generó derechos subjetivos y la Municipalidad actuó en virtud del imperio de la ordenanza 7.949/92, amparando de este modo al acto de aprobación y otorgamiento por funcionario municipal competente, como un acto perfecto desde el punto de vista administrativo, y no susceptible de ser revocado.
Por ello entiende que, al haber revocado un acto regular, el decreto 2.103/99 debe ser declarado ilegítimo y por tanto, anulado.
II. La Municipalidad relata que el 23 de noviembre de 1993 los señores Alberto Ronco y Adela Álvarez se presentaron ante la Comuna en carácter de propietarios del inmueble sito en General José María Paz 1165/1171 de la localidad de Florida y solicitaron acogerse a la ordenanza 7.949/92 de amnistía de construcciones antirreglamentarias.
Detalla que los interesados presentaron documentación en apariencia regular y lograron su objetivo: regularizar una supuesta edificación antirreglamentaria.
Continúa narrando que el 30 de noviembre de 1998 el propietario del inmueble lindero al del actor denunció ante el municipio que en la parcela del señor Ronco se estaban construyendo tercer y cuarto piso (cuarta y quinta planta) más un entrepiso en la planta baja. Señala que esta presentación dio origen al expediente administrativo 4.119-10.591/98. Agrega que acompañó fotografías de la obra en cuestión de las que surgía la veracidad de los hechos denunciados.
Destaca que el aludido inmueble se halla enclavado en Zona Residencial R1, que nunca admitió la construcción de edificios con más de tres plantas (planta baja y dos pisos), ni de viviendas colectivas; por lo tanto, afirma que las construcciones o modificaciones mencionadas resultaban violatorias de las normas contenidas en los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano.
Señala que en las indicadas actuaciones administrativas se comprobó que en el inmueble en cuestión en 1998 se ejecutaron ampliaciones y modificaciones cuyo propietario había declarado subsistentes en 1993 cuando aún no estaban construidas. Aclara que tal accionar tuvo por finalidad aprovechar las previsiones de la ordenanza 7.949/92. Detalla que para acogerse a tales beneficios presentó plano de subsistencia para su aprobación en el expediente 4.119-11.745/93 denunciando que su vivienda contaba desde antiguo con cuatro pisos aunque en ese tiempo -según asevera- no estaban construidos. Dice que de ese modo artificioso logró obtener la falseada autorización y, cinco años después, se dedicó a construir los pisos que en aquella "subsistencia" figuraban como edificados. Señala que el ilícito fue advertido por los inspectores comunales y denunciado por sus vecinos, por lo que quedó al descubierto la maniobra. Destaca que a partir de ahí la construcción cobró inusitada celeridad para finalizarla y ocultar así el "mañoso ardid empleado para fraguar la autorización municipal de un edificio que no está permitido en la zona residencial de su enclavamiento", pese a las clausuras dispuestas por el Municipio.
Continúa señalando que, como consecuencia de la denuncia, el 4 de diciembre de 1998 se realizó una inspección al inmueble que concluyó con la clausura preventiva de la obra por las irregularidades detectadas (conf. Acta G-18.110).
Agrega que esta medida fue violada por el propietario del inmueble.
En otro orden detalla que, impulsadas las averiguaciones del caso, pudo establecerse que el antecedente de la construcción del inmueble de que se trata obraba en el expediente 4.119-4.238/56, cuerpo que -según afirma- no pudo ser hallado pese a la exhaustiva búsqueda realizada.
No obstante ello, explica que a fs. 10 del expediente 4.119-11.745/93 -iniciado por los propietarios y el arquitecto a cargo del proyecto para obtener el acogimiento a la ordenanza de Amnistía- obra una copia del plano en cuestión certificada como fiel de su original, como si se hubiera aprobado o podido aprobar legalmente en el antecedente del año 1956 la construcción de un edificio de cuatro plantas (planta baja y tres pisos) "según se ilustra en la tela". Apunta que ello así con la intención de lograr de modo fraudulento la aprobación "por acogimiento a la ordenanza 7.949/92" de un cuarto piso que declaran haberlo construido en 1956 o 1993, sin derecho a ello.
Advierte que la irregularidad resulta acreditada por cuanto lo que el actor pretendía ya construido en 1956 o 1993 se hallaba en construcción al momento de la inspección realizada en noviembre de 1998.
Afirma que la obra comprensiva de la construcción del tercer y cuarto piso (cuarta y quinta planta) y el entrepiso en la planta baja se encontraban, en noviembre de 1998, siendo irregularmente edificados bajo el falso amparo de planos o aprobaciones nulos por inexistentes al tiempo del pretendido y fraudulento acogimiento a la amnistía de la ordenanza 7.949.
Asevera que el municipio nunca aprobó o registró planos relativos al tercer piso (cuarta planta) o entrepiso, y porque la supuesta aprobación del tercer piso tuvo como antecedente una copia apócrifa del plano aprobado en el expediente 4.119-4.238/56, viciando -según aduce- el acto administrativo en forma absoluta.
Postula que los antecedentes del expediente 4.119-11.745/93 deben ser anulados por cuanto se han realizado teniendo en cuenta antecedentes apócrifos suministrados por el propio titular del inmueble, por lo que vició de forma insanable el acto.
Manifiesta que la actitud dolosa consistió en dar como existentes hechos o antecedentes de hechos falsos (el supuesto plano de 1956). De ahí que sostiene que el acto que permitió el acogimiento a la ordenanza de amnistía resulta nulo de nulidad absoluta porque, según afirma, carece de causa.
Diferencia la competencia del Departamento Ejecutivo municipal de las funciones y atribuciones de la justicia de faltas municipal. Asimismo, rechaza que lo resuelto en el interdicto de obra nueva iniciado por el vecino lindero a la propiedad del actor, pueda tener incidencia en el caso.
Cuestiona la actitud procesal del actor, la califica como "temeraria y fraudulenta" y detalla que no obstante las reiteradas oportunidades en que este Tribunal denegó la medida precautoria solicitada, con posterioridad interpuso una acción de amparo por ante el Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro que fue caratulada como "Ronco, Amelio s/ recurso de amparo", causa 100, en la que logró obtener la medida cautelar que este Tribunal le había negado anteriormente.
III. De la prueba producida en autos surgen acreditados los siguientes elementos útiles para resolver el caso:
III.1. Decreto municipal 2.103/99 (v. fs. 1 y 2).
III.2. Por decreto municipal 1.927/00, dictado el 30 de junio de 2000, se confirmó su similar 2.103/99 al denegarse el recurso de revocatoria incoado contra aquél (v. fs. 7/13).
III.3. Con fecha 17 de noviembre de 1998 se labró el acta de constatación Serie G 18.104 por la ejecución de "ampliaciones y modificaciones sin contar con permiso previo en contravención al art. 2.1.1.11. del CE las que no encuadran en el COU vigente, intimando paralización inmediata de obra sujeto a demoliciones y/o sanciones que hubiere lugar". Esta infracción dio lugar a la causa 81.753 de trámite por ante el Juzgado de Faltas n° 3 de Vicente López (v. fs. 57/59).
III.4. Por acta Serie G 18.110 de fecha 4 de diciembre de 1998 -que dio origen a la causa 81.716- la inspección municipal procedió a clausurar preventivamente la obra sin permiso provisorio por contravenir lo dispuesto en el art. 2.1.1.1. del Código de Edificación. Se dejó constancia de haberse fijado faja de clausura. Esta medida fue confirmada por el juez de Faltas (v. fs. 60/65).
III.5. Por acta Serie G 18.111 de fecha 14 de diciembre de 1998, se consigna que en obra previamente clausurada por acta G 18.110, se continuó con tareas (v. fs. 113). En el informe remitido por los inspectores municipales al Tribunal de Faltas se detalla que "no se dio cumplimiento a la paralización dispuesta por acta G 18.104, así como también a la clausura preventiva efectuada por Acta G 18.110". Se destaca que "la faja de clausura fue prolijamente tapada con cartel con número de expediente, tal como se demuestra en fotos digitales que acompaña a la presente..." (v. fs. 115/128).
III.6. Por acta G 18.113 se procedió a efectuar la re clausura de la obra por las infracciones investigadas en las causas 81.753, 81.716 y 81.847 (v. fs. 129/141).
III.7. Denuncia efectuada por vecino lindero al inmueble sobre el que versa esta acción, respecto a la ejecución de obras en contravención al ré
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