Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61412
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.412, "Núñez, Luis Alejandro contra Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo). Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Luis Alejandro Núñez, por derecho propio, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires persiguiendo se deje sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo 410/00 del 15 de febrero de 2000, por medio del cual se dispuso su baja de la institución policial, sin sustanciación de sumario administrativo alguno.
Como consecuencia de la nulidad pretendida, solicita se ordene su reincorporación a la fuerza policial.
II. En respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal (v. fs. 41/42 y 43/44), la parte actora manifiesta su voluntad de que la presente acción tramite por el proceso sumario previsto en el art. 71 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-. Reitera su pedido de nulidad del acto controvertido, se disponga su restitución al cargo que ocupaba, la sustanciación del sumario administrativo, en caso de corresponder, y el pago de los salarios no devengados desde el momento del hecho y hasta su efectivo cumplimiento.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien, sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la demanda.
IV. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, producida la prueba ofrecida, glosados los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Manifiesta el actor que los hechos que dieron lugar al decreto 410/00 fueron analizados en la IPP 63.056, que tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) n° 7 de San Isidro. Explica que esa causa fue iniciada por un accidente provocado por su arma de fuego en el marco de un procedimiento policial.
Aduce que de las constancias de esa investigación surge que actuó en la creencia de que la entidad bancaria, donde cubría el servicio de policía adicional, estaba a punto de ser asaltada.
Indica que el decreto por el cual se dispuso su baja consideró como causal de esa decisión el uso indebido de armas de fuego, pero se omitió instruir el procedimiento sumarial previsto en la legislación aplicable. Agrega que ese acto resolvió su cese mediante una medida indeterminada que allí se denominó "sanción expulsiva".
Apunta que el inc. "f" del art. 103 del decreto ley 9.550/80, cuando se refiere a la baja del personal policial, contempla la sanción disciplinaria expulsiva, con remisión a los artículos de ese ordenamiento que tipifican las conductas que, previa sustanciación del sumario correspondiente, determinan la separación del agente de la fuerza.
Menciona ciertas causales de los arts. 58 y 59 del decreto ley 9.550/80 que prevén la baja por cesantía o exoneración y considera que en su caso no se verifican los extremos allí dispuestos.
Señala que la conducta invocada para disponer la medida segregativa fue el uso indebido de armas de fuego, lo que implica la necesidad de llevar adelante una investigación, producir prueba y permitirle ejercer el derecho de defensa. Añade que el acto no explica cómo llegó a tal conclusión y carece de fundamentos.
Denuncia la omisión de la Administración de sustanciar un sumario, con afectación de los derechos previstos en las constituciones provincial y nacional.
Argumenta que el decreto ley 9.550/80, en su art. 4, establece los supuestos en que el personal policial puede ser privado de la estabilidad en su empleo. Esgrime que, no existiendo condena firme, disminución de sus aptitudes físicas o mentales ni pase a retiro o baja, la única alternativa posible de pérdida de la estabilidad es mediante una sanción expulsiva firme, previa sustanciación de sumario administrativo. Y a los fines de la imposición de una medida disciplinaria. Tal exigencia no resulta disponible por la Administración.
Alega que, en el caso, se omitió el procedimiento sancionatorio y, por tanto, no se le otorgó la posibilidad de hacer valer sus derechos.
Con cita de doctrina que entiende pertinente al caso, arguye que, como requisito para la adopción de una sanción disciplinaria, haya o no sumario, el imputado debe ser oído previamente. Advierte que en el ejercicio del poder disciplinario el principio constitucional de defensa en juicio no admite excepciones.
Señala que tampoco se respetó la apertura a prueba ni la intervención de la junta de disciplina.
Califica la modalidad empleada por la demandada como arbitraria, contraria a derecho, infundada y, por tanto, nula.
En apoyo de su posición transcribe doctrina de este Tribunal que considera de aplicación al sub lite .
Finalmente, ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado efectúa una reseña de los antecedentes de la causa. Señala que con fecha 14 de febrero de 2000 se iniciaron investigaciones preliminares en el expediente administrativo 21.100-305.668/00, caratulado "Infr. art. 59 inc. 7 de la ley 9.550/80", contra el Cabo Primero (AC) Luis Alejandro Núñez por encontrarse imputado por el delito de lesiones graves.
Explica que la falta recriminada consistió en haber disparado su arma, sin motivo, contra un civil que ingresaba a un banco comercial de la localidad de Tigre, en el que el agente cumplía funciones de vigilancia. Tales circunstancias dieron lugar al inicio de la causa penal 63.056, "Núñez, Luis Alejandro s/ Lesiones Graves".
Dice que, ante la gravedad de lo sucedido, el señor Auditor de Asuntos Internos ordenó, con fecha 16 de febrero de 2000, la instrucción de un sumario disciplinario.
Menciona que se agregaron al procedimiento diversas copias de la causa judicial: orden de aprehensión, declaraciones testimoniales, informe médico de la víctima, declaración del imputado, pericias de rastros, entre otras; y que el día 15 de febrero de 2000 el señor Ministro de Seguridad decretó la disponibilidad preventiva del Cabo Núñez por infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80.
Señala que el señor Gobernador dictó el decreto 410/00 de necesidad y urgencia, mediante el cual se dio de baja al señor Núñez por sanción disciplinaria expulsiva por el uso indebido de armas de fuego que ocasionó lesiones a un civil inocente.
Añade que, como consecuencia de esa decisión, la Auditoría de Asuntos Internos dio por finalizado el sumario y dispuso su archivo.
Indica que, con fecha 19 de julio de 2001, el Tribunal Oral n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro condenó al aquí actor a 3 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves. Y esa resolución judicial quedó firme en julio de 2004.
Esgrime que los agravios manifestados por el actor, en punto a que en el caso se habría violentado su derecho de defensa y el debido proceso adjetivo, no resultan idóneos para sustentar su pretensión anulatoria.
Manifiesta que el ex agente no desconoció los hechos que le fueron atribuidos y por los cuales se dispuso la medida expulsiva, sino que se agravió del procedimiento llevado adelante por la Administración para tomar esa decisión.
Con respaldo en lo decidido por este Tribunal en casos que considera asimilables al presente, señala que la mera invocación de violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo, sin la concreta demostración de la existencia de vicios en el trámite y de su incidencia en la adopción de la sanción cuestionada, resulta insuficiente para invalidar esa decisión.
Argumenta que la Administración efectuó un adecuado ejercicio de sus potestades disciplinarias. Señala que tiene la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo.
Alega que, en el caso, la sanción expulsiva fue dictada por el titular del Poder Ejecutivo en razón de la gravedad de la falta, la cual se encontraba indubitablemente acreditada.
Advierte que la conducta cuestionada fue reconocida por el actor y que no existió duda respecto de su responsabilidad en los hechos denunciados. Expone que ello fue ratificado por la sentencia del Tribunal Oral n° 4 de San Isidro en la que condenó al señor Núñez por el delito de lesiones graves.
Añade que el ex agente estaba habilitado para el manejo de armas de fuego y, por lo tanto, conocía el potencial riesgo que estas representan. Ello le imponía un deber de cuidado y un uso más estricto.
Expone que su comportamiento, negligente e irregular, posibilitó que se lo sindicara en un proceso penal.
Esgrime que la Administración justificó la ausencia de sumario en que la falta disciplinaria se verificó por mera comprobación objetiva, sumado a las características del hecho y a la reacción negativa de la sociedad y su trascendencia pública.
Por último, sostiene que puede existir un pronunciamiento disciplinario administrativo sin necesidad de esperar la sentencia penal. Reitera que el actor resultó condenado por el hecho investigado en esa sede.
Finalmente, plantea el caso federal.
III. De las constancias administrativas, agregadas sin acumular a esta causa, surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la presente controversia:
III.1. Sumario administrativo 21.100-305.668/00, IP 616/200:
III.1.a. A fs. 1/29 obran las actuaciones prevencionales, practicadas en la ciudad de General Pacheco el día 14 de febrero de 2000, caratuladas "Lesiones Graves Culposas, víctima Balunek, Walter Daniel e imputado Núñez Luis Alejandro".
III.1.b. Con fecha 16 de febrero de 2000, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dispuso la instrucción de un sumario administrativo (v. fs. 33), que tramitó ante la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional-Auditoría de Asuntos Internos.
III.1.c. En esa misma fecha el señor Auditor Adjunto ordenó citar al agente sumariado a prestar declaración indagatoria y dispuso la designación de un defensor oficial letrado para que lo asista hasta tanto designase uno (v. fs. 41 y 42/43).
III.1.d. A fs. 44/75 se agregaron las copias de la causa 63.056 (2.631), caratulada "Núñez, Luis Alejandro s/ Lesiones Graves", llevada a cabo en la Unidad Funcional de Instrucción n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro.
III.1.e. Con fecha 15 de febrero de 2000, el señor Ministro de Seguridad provincial decretó, en el sumario (IP 616/200) seguido por infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, la disponibilidad preventiva del agente Núñez a partir del día 14 de febrero de 2000, conforme lo dispuesto en el art. 85 inc. "b" del decreto ley mencionado (v. fs. 78 y 81).
III.1.f. A fs. 93/103 se agregó copia del expediente administrativo 2.100-698/00, iniciado con fecha 14 de febrero de 2000 por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual se dio trámite al decreto 410/00.
III.1.g. A fs. 94/95 luce copia del proyecto de decreto por el que "...se da de baja de la Policía Bonaerense al Cabo Primero Luis A. Nuñe[z] por razones disciplinarias".
III.1.h. Con fecha 15 de febrero de 2000 produjo su dictamen la Asesoría General de Gobierno en sentido favorable a la medida expulsiva propuesta (v. fs. 96).
III.1.i. A fs. 97 obra el dictamen de la Dirección Provincial de Asesoramiento Jurídico en similares términos que los expuestos por la Asesoría General de Gobierno.
III.1.j. Con fecha 15 de febrero de 2000, el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 410. En su art. 1 estableció: "Dese de baja, por sanción disciplinaria expulsiva, ante el uso indebido de armas de fuego que ocasionaron lesiones a un civil inocente, al Cabo Primero de la Policía Bonaerense Luis Alberto Núñez..." (fs. 99/100).
A continuación, dispuso remitir copia de ese acto a las Cámaras de Senadores y Diputados (v. fs. 101/102) y a la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad (v. fs. 103).
III.1.k. Con fecha 7 de julio de 2000, la Dirección de Dictámenes de la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional opinó que con el dictado del decreto 410 "...quedó agotada la etapa investigativa, perdiendo virtualidad toda medida encaminada a su prosecución y trámite". Por esa razón consideró que correspondía el archivo de las actuaciones.
III.1.l. De conformidad con ello, el señor Auditor Adjunto de la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional resolvió darlo por finalizado y dispuso el archivo del sumario administrativo 21.100-305.668/00, IP 616/200 (v. resol. 1.177, de 14-VII-2000, fs. 133).
III.1.m. A fs. 142 obra la notificación de esa decisión al agente Núñez.
III.2. Expediente 21.100-336.394/00:
III.2.a. A fs. 43 luce el recurso de reconsideración interpuesto por el sumariado. Pidió se le deje ejercer su derecho de defensa.
III.2.b. A fs. 31, la Asesoría General de Gobierno entendió que correspondía rechazar el recurso intentado en tanto el interesado no aportó elementos suficientes para permitir modificar el acto atacado.
III.2.c. La Dirección Provincial de Asesoramiento Jurídico elevó el expediente al Poder Ejecutivo para el dictado del decreto de rechazo del planteo formulado (v. fs. 37 vta.).
III.2.d. Con fecha 2 de julio de 2003 el accionante presentó un pedido de pronto despacho (v. fs. 1, expte. 21.100-493/03, agregado a fs. 163).
III.2.e. Por resolución 18.071, de fecha 4-XI-2005, el señor Interventor de la Dirección General de Sumarios Administrativos desestimó el recurso interpuesto (v. fs. 170) y ello fue notificado al señor Núñez el día 3 de mayo de 2006 (v. fs. 96).
IV.1. De lo antes reseñado surge que el accionante se agravia, principalmente, de la omisión en que incurrió la Administración demandada de llevar adelante un sumario previo al dictado del acto que dispuso su baja por sanción expulsiva; aduce, asimismo, que el acto no está debidamente motivado y que la autoridad administrativa afectó su derecho de defensa y el debido proceso.
Por su parte, la demandada esgrime que en el caso no se violó tal derecho del agente y que se prescindió de la sustanciación del procedimiento sumarial en tanto la falta disciplinaria se verificó por la mera comprobación objetiva. Además, alega que las características del hecho y la reacción negativa que originó en la sociedad justificaron el cese del actor.
Anticipo que, a mi juicio, asiste razón al demandante, pues quedó acreditado que éste no tuvo ninguna intervención en forma previa al dictado del acto por el cual la Administración le aplicó una sanción expulsiva. Lo que ciertamente importa una grave afectación a su derecho de defensa en el procedimiento administrativo.
IV.1.a. De acuerdo a las circunstancias comprobadas de esta causa, la Administración, no obstante haber iniciado el procedimiento sumarial (v. fs. 33, act. adm. IP 616/200), no siguió adelante con su trámite.
En ese sentido, de las constancias administrativas obrantes en autos surge que los hechos que dieron lugar a la medida expulsiva aquí controvertida ocurrieron el día 14 de febrero de 2000 en la sucursal del Banco Francés de la localidad de Pacheco, donde prestaba servicios el agente Núñez. En esa oportunidad, a este último se le escapó un disparo que impactó en el joven Walter D. Balunek, quién debió ser intervenido quirúrgicamente (v. fs. 27, act. adm.).
También se desprende de lo actuado que el día 16 de febrero de 2000 el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dispuso la instrucción de un sumario administrativo (v. fs. 33, act. adm. IP 616/200, por infracción al art. 59 inc. 7, dec. ley 9.550/80) y ordenó la disponibilidad preventiva del aquí actor a partir del 14 de febrero de 2000, conforme lo dispuesto en el art. 85 inc. "b" del decreto ley (v. fs. 78 y 81).
Posteriormente (y aplicada la medida expulsiva al agente Núñez mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial 410 del 15 de febrero de 2000 -esto es, el día previo a que se ordenara la instrucción del sumario-), el señor Auditor Adjunto de la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional dio por finalizado y dispuso el archivo del sumario administrativo 21.100-305.668/00, IP 616/200 (v. resol. 1.177, de 14-VII-2000; fs. 133).
Con tales evidencias resulta manifiesto que, en el caso, no se siguió el procedimiento disciplinario previsto en el régimen jurídico que regía en la especie para la aplicación de una sanción del tenor de la adoptada (art. 51 y sig., dec. ley 9.550/80). Lo cual reconoce la propia demandada en su responde, si bien justifica ese proceder en que la medida expulsiva fue dictada por el titular del ejecutivo en razón de la gravedad de la falta que se encontraba indubitablemente acreditada (v. contestación de demanda, pto. V.2.b., fs. 53 vta.).
IV.1.b. Concomitantemente, con fecha 14 de febrero de 2000, es decir el mismo día en que tuvieron lugar los hechos en los que resultó imputado el accionante, la Subsecretaría de Asuntos Legales de Gobernación dio trámite a un procedimiento que culminó con el dictado del decreto 410/00 (v. fs. 93 y sig., sumario adm. 21.100-305.668/00, IP 616/200).
No surge de las constancias agregadas que el agente Núñez haya participado en el procedimiento (v. copia expte. 2.100-698/00, fs. 93/103), de modo que tampoco tuvo intervención previa al dictado de ese decreto.
IV.2. Sentado lo anterior y a la luz de lo dispuesto en el decreto ley 9.550/80 (t.o. dec. 1.068/95), por entonces vigente, cabe precisar que el personal policial goza de estabilidad en su empleo desde el momento que lo establezca ese ordenamiento y solo podrá ser privado de ella en los casos previstos en su art. 4, a saber:
" a) Por haber sido condenado judicialmente con pena privativa de la libertad, con sentencia firme, por delito doloso. b) Por haber sido condenado judicialmente a pena de inhabilitación absoluta o especial, con sentencia firme, para el desempeño defunciones públicas. c) Por resolución firme definitiva dictada en sumario administrativo que imponga cesantía o exoneración. d) Por resolución definitiva dictada en información sumaria, sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño y las funciones correspondientes a la jerarquía del causante [...] e) Por pase obligatorio a situación de retiro o baja, conforme a las disposiciones de esta Ley y su reglamentación".
Así, el inc. "c" del art. 4, expresamente dispone la obligación de sustanciar un procedimiento disciplinario en los casos en que se impongan sanciones de cesantía o exoneración. A ello se suma que los arts. 58 y 59 del mismo ordenamiento, que detallan las transgresiones que dan lugar a tales medidas disciplinarias, estipulan que deben ser impuestas por resolución dictada en sumario administrativo.
Por tanto, según lo regulado por la normativa aplicable, el personal policial sólo podrá ser privado de su empleo en los casos y por las causas allí previstas. Y, ante la comisión de una falta disciplinaria que pueda dar lugar a una sanción de cesantía o exoneración, la norma exige que la decisión que se tome sea dictada luego de la tramitación de un procedimiento disciplinario.
Tal como antes se puntualizó, las constancias del caso demuestran un claro apartamiento de lo dispuesto en el ordenamiento que rige en la especie, en tanto el agente no tuvo oportunidad de defenderse, ni se le dio participación en el procedimiento previo al acto que dispuso la sanción expulsiva.
De allí que la actuación administrativa no satisface mínimos estándares de debido proceso y asiste razón al accionante en cuanto alega que su derecho de defensa ha sido violado (art. 15, Const.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.