Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66852
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 66.852, "Bartel, Omar y otros contra Municipalidad de Florencio Varela. Demanda contencioso administrativa"
I. El señor Omar Bartel, por su propio derecho, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Florencio Varela a efectos de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 1.006/03 que revocó la habilitación municipal definitiva del local ubicado en avenida San Martín 3.001/3.015 de Florencio Varela destinado a funcionar como confitería bailable, y ordenó la clausura definitiva de ese establecimiento comercial.
Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de cualquier normativa municipal que impida o limite el libre ejercicio del derecho a comerciar.
Requiere se disponga la prohibición de innovar "con levantamiento de la revocación de la habilitación y el levantamiento de la clausura dispuesta". Además, solicita medida cautelar de carácter innovativo a los fines de que se obligue a la demandada a aceptar los trámites de transferencia de habilitación municipal.
Por consecuencia de la nulidad pretendida pide se fije una indemnización por los daños y perjuicios que, según aduce, el decreto que impugna le irrogó.
Por último, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita el beneficio de litigar sin gastos.
II. Mediante resolución del 9 de diciembre de 2004 y en atención a que la accionante no acredita la verosimilitud del derecho invocado, este Tribunal desestima la medida cautelar solicitada (v. fs. 168/171).
III. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta la Municipalidad de Florencio Varela, opone excepción de falta de legitimación activa, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad del decreto impugnado y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 238/249).
IV. Agregadas -sin acumular- las fotocopias de las actuaciones administrativas (v. fs. 165), glosados los cuadernos de prueba (v. fs. 227/748 -actora- y 749/863 -demandada-) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 866/869 -actora- y 870/872 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es procedente la excepción de falta de legitimación activa?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La comuna sostiene que el actor no posee legitimación para cuestionar la legitimidad del decreto 1.006/03 por cuanto afirma que este acto administrativo no le generó ningún agravio.
Aduce que la titularidad del fondo de comercio en cuestión no le pertenecía desde 1999. Aclara que, si bien el actor continúa siendo el titular dominial del inmueble, el fondo de comercio fue sucesivamente transferido: primero a Bartel y Cía. SRL, y después a Gustavo Daniel Rivarola.
Manifiesta que la interposición de la demanda, luego de haber transferido el fondo de comercio, importa una conducta que vulnera la doctrina de los actos propios.
En otro orden señala que las disposiciones de la ley 11.867 no son de orden público y no hacen a la validez del acto. Sin embargo, apunta que el cumplimiento del trámite de esa normativa hace a su oponibilidad a terceros. Así, asevera que el actor y sus co-contratante decidieron hacerlo oponible a la propia Municipalidad de Florencio Varela.
Por último, explica que tampoco otorga legitimación activa para la presente acción, el hecho de ser el titular dominial del bien. Apunta que el fondo de comercio está constituido por un conjunto de elementos materiales e inmateriales -universalidad de hecho- que no necesariamente involucra la propiedad del inmueble donde funciona.
II. Corrido el debido traslado, la parte actora solicita el rechazo de la excepción de falta de legitimación opuesta por la accionada. Pone de resalto que reviste el carácter de titular de dominio del inmueble que fuera habilitado como confitería bailable y co-titular de la habilitación definitiva que, como confitería bailable, le fue otorgada al mismo por el decreto 1.411/87.
Refiere que el inmueble fue construido, conforme las normas de edificación y de seguridad e higiene, para funcionar exclusivamente como local bailable. Pone de resalto que por sus características no es apto para el desarrollo de otras actividades. Por ello, postula que el acto impugnado le genera perjuicios económicos que le confieren suficiente legitimación a los efectos de instar la presente acción.
Aclara que por exigencias del municipio se transfirió el fondo de comercio al locatario del inmueble quien, al finalizar el respectivo contrato, volvió a transferírselo.
Destaca que al inquilino Rivarola la comuna sólo le otorgó un permiso provisorio y, por ello, afirma que continuó vigente la habilitación definitiva otorgada en 1987.
Agrega que su legitimación resulta reconocida por la propia Municipalidad, pues al dictar el decreto, que por esta acción se impugna, ordenó la revocación de la habilitación definitiva acordada por decreto 1.411/87 para el funcionamiento de la actividad de confitería bailable a los titulares Ruben Bartel, Alejandro Bartel y Omar Alberto Bartel.
III.1. Como cuestión preliminar corresponde señalar que este Tribunal ha resuelto que el Código Procesal Contencioso Administrativo -ley 12.008 con las reformas incorporadas por la ley 13.101- deviene aplicable a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, tal el caso de autos en el que la demanda fue presentada el 10 de octubre de 2003, en tanto sus normas resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (art. 78 incs. 2 y 3, ley 12.008 -modificada por ley 13.101-; causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004), por lo que la excepción planteada debe ser resuelta de conformidad con el ordenamiento mencionado.
III.2. Sentado ello, corresponde analizar la procedencia de la excepción planteada.
La aptitud de ser parte en un proceso concreto denominada por el derecho procesal legitimatio ad causam constituye un requisito subjetivo de la pretensión en cuanto supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial (doctr. causa B. 58.949, "Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As.", sent. de 7-II-2001). De ahí la afirmación de que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio (conf. doctr. causa B. 57.921, "Jeselsohn", sent. de 19-XII-2007). Aptitud esta que viene determinada por la posición respecto de la pretensión procesal, de tal modo que solo las personas que se encuentran en cierta relación con la acción pueden ser parte en el pleito en que ésta se deduce (conf. causas B. 61.742, "Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-VI-2008; B. 54.236, "AMTAEP", sent. de 3-VII-2013; B. 58.721, "Contino", sent. de 20-XI-2013; B. 63.242, "Ferrari", sent. de 11-VI-2014; B. 61.204, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 14-IX-2016; B. 65.480, "Hera Zárate Campana S.A.", sent. de 19-X-2016 y B. 67.026, "CAESI", sent. de 21-II-2018).
III.3. En cuanto concierne a la legitimación activa en el proceso contencioso administrativo provincial, el art. 13 de la ley 12.008, modificada por la ley 13.101, fija como pauta para la determinación de la legitimación para deducir las pretensiones allí contempladas, la sola invocación, afectación o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico (conf. causa B. 59.316, "De Grazia", sent. de 21-V-2008).
Este precepto ciertamente denota una conceptualización amplia de la legitimación activa, toda vez que ésta se encuentra relacionada con la invocación de una lesión, afectación o desconocimiento tanto de derechos como de intereses tutelados por el ordenamiento jurídico (conf. doctr. causas B. 62.428, "Costandinoff", sent. de 26-VIII-2009 y B. 62.764, "Fontana", sent. de 21-IV-2010).
Al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el estatus afirmado (por el litigante) y el reclamo que se procura satisfacer. A tal fin la parte debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso, que los agravios alegados la afectan de forma suficientemente directa o sustancial, esto es, que posean concreción e inmediatez bastante para poder procurar dicho proceso. El agravio debe ser concreto, particularizado, actual o inminente, no conjetural o hipotético (conf. doctr. causa B. 65.394, "Aristi", resol. de 28-IX-2005 y 67.026, cit.).
III.4. En la especie, el accionante pretende la declaración de nulidad del decreto 1.006/03 que revocó la habilitación definitiva que, por su similar 1.411/87 le fue otorgada junto a otros dos co-titulares respecto al inmueble ubicado en avenida San Martín 3.001/3.015 de Florencio Varela para el funcionamiento de una "confitería bailable".
Si bien, el actor realizó sucesivas transferencias del fondo de comercio conjuntamente con el alquiler del respectivo local, cierto es que no sólo continuaba siendo el titular de la habilitación definitiva otorgada para el funcionamiento de la confitería bailable sino que también mantuvo la titularidad dominial del inmueble en cuestión (v. fs. 606/607).
III.5. Bajo los parámetros contemplados en el art. 13 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, considero que la objeción planteada por la demandada no es de recibo.
Ello así, toda vez que el señor Bartel posee un interés particular y concreto en la cuestión sometida a decisión, pues el acto que impugna impacta en sus posibilidades comerciales en orden a la explotación del inmueble del que es titular dominial y, respecto al cual posee la habilitación definitiva cuya revocación cuestiona.
En tal marco entiendo que la acción reúne las condiciones externas exigidas para su admisibilidad.
El demandante se encuentra legitimado para promover la acción contencioso administrativa, en tanto alega que se han vulnerado derechos adquiridos de naturaleza administrativa. En definitiva, el caso sub examine involucra cuestiones de orden jurídico administrativo, que resultan comprendidas en el ejercicio del poder de policía que ejerce el Estado municipal sobre la explotación comercial del inmueble en cuestión.
IV. De conformidad con los fundamentos expresados, concluyo que el accionante se halla legitimado para obtener un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión planteada. De tal modo, juzgo que la defensa de falta de legitimación activa debe ser desestimada.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a la solución y fundamentos expuestos por el ponente.
Sólo he de adunar, como factor que apuntala la desestimación de la excepción articulada, que al resolver el recurso de revocatoria deducido contra el decreto 1.006/03 en sede municipal (v. expte. adm., fs. 312/315), la comuna demandada no objetó la legitimación de los aquí accionantes. En atención a ello, mal puede en esta instancia invocar la ausencia de legitimación sin ponerse en contradicción con sus propios actos, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (v. mi voto en la causa I. 2.129, "A.DI.GRA.N.", sent. de 13-VII-2016).
Voto por la negativa .
Costas en el orden causado (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Comparto la decisión propuesta por el colega que inicia el acuerdo, a excepción de lo manifestado en el punto III.3. -último párrafo- de su exposición, pues considero que los restantes fundamentos brindados resultan suficientes para decidir el rechazo de la defensa opuesta por la accionada.
Con tal alcance, doy mi voto también por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El actor relata que en virtud del decreto municipal 1.411/87 es co-titular de la habilitación comercial definitiva otorgada para el funcionamiento de una confitería bailable en el inmueble de su propiedad sito en avenida San Martín 3.001/3.015 de la ciudad de Florencio Varela.
Precisa que el referido local fue construido, conforme las específicas normas de edificación y seguridad e higiene para funcionar exclusivamente como confitería bailable. Asevera que no es apto para el desarrollo de otras actividades.
Agrega que solicitó la transferencia de la habilitación a Omar Bartel y Cía. SRL, firma que continuó la explotación comercial desde 1993 hasta el año 2000. Apunta que nunca le fue entregado el certificado de habilitación y que sólo obtuvo un permiso expedido por el municipio.
Señala que en el año 2000 la mencionada sociedad transfirió el fondo de comercio al señor Gustavo Rivarola quien había alquilado el local al actor. Dice que la transferencia fue denunciada ante la comuna que, en consecuencia, extendió un permiso con el que el nuevo titular del fondo de comercio continuó la actividad hasta el 2003.
Añade que este último contrato de alquiler fue rescindido, lo que motivó que el señor Rivarola transfiriera el fondo de comercio a su hija, Analía Bartel.
Señala que posteriormente celebró un contrato de alquiler del inmueble en cuestión con el señor Ezequiel D'Aureli a quien Analía Bartel le transfirió el fondo de comercio. Dice que no pudo cumplir las obligaciones asumidas en aquel contrato en virtud del obrar ilegítimo del municipio.
Explica que cuando el señor Rivarola transfirió el fondo de comercio se iniciaron tareas de reformas en el local mientras se completaba el trámite correspondiente.
Indica que, con motivo de la publicación de los edictos en el trámite administrativo de transferencia del fondo de comercio, la Municipalidad manifestó su oposición en el marco de la ley 11.867 y reclamó el pago de tasas de seguridad e higiene impagas por un monto total de $15.763,17.
Destaca que, al concurrir los sucesivos titulares del comercio a efectivizar el correspondiente convenio de pago de la referida deuda, se les informó que la misma ascendía a $39.549,80 sin explicar la causa del aumento de la suma reclamada y desconociendo la aplicación del decreto 711/03 que prorrogaba por noventa días el régimen de facilidades de pago que fuera establecido por decreto 1.331/02.
Manifiesta que cumplió todos los requisitos previstos en la ley 11.867 y las ordenanzas municipales a los fines de transferir el fondo de comercio y la habilitación comercial. Se agravia de que el municipio, apartándose de las normas vigentes, procedió sin fundamento a revocar la habilitación definitiva que le había otorgado en el año 1987.
Impugna el decreto 1.006/03 por presentar vicios en el objeto, en la causa y en la motivación. Niega que el local hubiera estado cerrado y sin actividad. Apunta que se realizaron trabajos de refacción.
Alega que, al haber transferencia de fondo de comercio y publicación de edictos al efecto, no se configura la inactividad, sino que estaba ejerciendo los derechos que poseía como comerciante. A su vez, advierte que en el supuesto de que los inspectores hubiesen constatado la comisión de una falta, entonces debieron labrar el acta respectiva y dar intervención al Juez de Faltas de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la ordenanza 454/78. Todo ello, en resguardo del derecho de defensa de los administrados.
En otro orden, señala que la ordenanza 4.035/01, citada en el decreto 1.006/03, es una ordenanza fiscal e impositiva que no deroga ni modifica la ordenanza que regula las habilitaciones.
Plantea que el art. 126 de aquella norma contraría lo dispuesto en el art. 22. Se agravia también de que el decreto que cuestiona fue dictado en violación de su derecho de defensa y del debido procedimiento que correspondía seguir al constatarse una supuesta falta.
Asimismo, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad, de ejercer el comercio y sus derechos adquiridos en el marco de una noma dictada con anterioridad.
Afirma que el decreto 1.006/03 ha desconocido en forma ilegal y arbitraria derechos adquiridos en virtud del decreto 1.411/87. Postula que el dictado de una ordenanza que estipula que los locales bailables deben instalarse fuera del radio céntrico no justifica la revocación de una habilitación definitiva otorgada a la luz de un régimen anterior.
Postula que el decreto 1.006/03 presenta vicio en el elemento finalidad, pues aduce que fue dictado para complacer a algunos pocos vecinos.
Por último, manifiesta que el decreto que por esta acción impugna es inconstitucional por violar los derechos y garantías contemplados en los arts. 14, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional.
Concluye que el decreto 1.006/03 es ilegítimo y, por lo tanto, sostiene que debe ser declarado nulo. Sin embargo, subsidiariamente, para el supuesto que se considere que no se configura la ilegitimidad que alega, solicita condene a la demandada al pago de una indemnización integral de los daños y perjuicios que según aduce le generó el decreto impugnado. Ello, con fundamento en la responsabilidad del Estado por actividad lícita.
Finalmente, detalla los perjuicios que, según aduce, le causó el decreto aquí impugnado. Estima el valor de cada uno de los rubros.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Florencio Varela relata que mediante decreto 1.411/87 concedió al actor, como integrante de "Bartel y Asociados Sociedad de Hecho", la habilitación definitiva del local al que refiere la acción, bajo el rubro confitería bailable.
Señala que la mencionada sociedad de hecho transfirió el fondo de comercio a favor de "Omar Bartel y Cía. SRL" y, luego ella lo transmitió al señor Gustavo David Rivarola, cumpliéndose en ambas oportunidades la comunicación a la autoridad comunal.
Explica que, si bien la Municipalidad no otorgó los respectivos certificados de habilitación en virtud de las sucesivas transferencias del fondo de comercio y dejó subsistente el certificado de habilitación originario expedido en 1987, tomó razón de dichas circunstancias y no dedujo oposición al respecto. Destaca que de ese modo el señor Rivarola continuó su actividad comercial.
Apunta que a partir de 1999 la Subdirección de Habilitaciones verificó en el local en cuestión diversas irregularidades: el comercio permanecía cerrado -22 de junio de 1999-; cables aéreos sueltos, fichas y tomacorrientes al alcance del público; falta de carteles de salida de emergencia; falta de pileta con provisión de agua y desagüe en barra posterior; falta de habilitación provincial -habilitación del Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías (RUCAM), ley 11.748-, de seguro de responsabilidad civil y constancia de ingresos brutos; ausencia de luces de emergencia en la totalidad del local; falta de carteles luminosos de salida de emergencia y de baños para el personal; incumplimiento de la presentación de constancia de pago de tasa de seguridad e higiene -19 de agosto de 1999 y 15 de septiembre de 2000-.
Añade que el 16 de mayo de 2000 se practicó liquidación de la deuda del local en concepto de tasa de seguridad e higiene, derechos de publicidad y propaganda, tas
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