Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65564
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 65.564, "Novoa, Claudia Patricia contra Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario Bonaerense). Demanda contencioso administrativa"
I. La señora Claudia Patricia Novoa, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario Bonaerense) a efectos de que se declare la nulidad por ilegitimidad de las resoluciones 11.116 n° 462/01 y 107/02, ambas dictadas por el Ministro de Justicia en el expediente administrativo n° 2.211-300.019/99, con fecha 11 de diciembre de 2001 y 2 de diciembre de 2002, respectivamente.
A través de la primera se decidió aplicar a la actora la sanción de retiro absoluto desde el 15 de febrero de 2000 en el marco del sumario administrativo disciplinario instruido en el mencionado cuerpo administrativo. Por la otra se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la interesada contra la anterior.
Por consecuencia de la anulación pretendida requiere se condene a la demandada a reincorporarla al cargo en el escalafón correspondiente al tiempo del reingreso.
Asimismo, solicita se reconozca su derecho al cobro de una indemnización por los perjuicios material y moral que aduce haber sufrido como consecuencia de los actos que por esta acción impugna. Estima el valor de la reparación reclamada en concepto de daño material en el monto correspondiente a los salarios caídos con más adicionales y bonificaciones perdidas, ello con los ajustes por la pérdida de valores adquisitivos que, según aduce, le produjo el desplazamiento de la convertibilidad monetaria.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien, sobre la base de defender la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la demanda.
III. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba actora -único formado-, glosados los alegatos presentados por ambas partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
La actora relata que el 23 de noviembre de 1987 ingresó al Servicio Penitenciario donde llegó a desempeñar el cargo de sargento.
Agrega que con fecha 20 de noviembre de 1999 se iniciaron actuaciones sumariales por hechos acaecidos ese mismo día en el Comedor del Casino de Oficiales de la Unidad Carcelaria n° 17 de Olmos. Detalla que se le imputó haber incurrido en falta de respeto a un superior.
Señala que dicho sumario culminó con la decisión de aplicarle la sanción de retiro absoluto. Manifiesta que en el trámite del mismo se cometieron diversas irregularidades que afectaron sus derechos al debido proceso y de defensa en juicio; a la estabilidad en el empleo y a los beneficios de la seguridad social.
Afirma que los actos impugnados presentan vicios en los elementos causa y motivación. Asimismo, cuestiona la sanción por falta de proporcionalidad con la falta reprochada.
Plantea vicios de procedimiento vinculados a la forma y condiciones en que prestó declaración indagatoria. Expresa que en dicho acto se afectó el ejercicio de su defensa al no ser informada sobre los derechos que la asistían. Se agravia también de que se "la exhortó a producirse con verdad en cuanto supiere y fuere preguntado" y se leyó el art. 93 inc. 4 de la ley 9.578/80.
Además, denuncia que en las actuaciones administrativas no se respetó la sucesión cronológica de las fojas.
En otro orden, impugna las declaraciones testimoniales producidas durante el sumario disciplinario por no haberse requerido a los testigos dar razón de sus dichos y en tanto aquellos no versan sobre hechos percibidos por los propios sentidos de los testigos.
Impugna la declaración testimonial del denunciante por su condición de tal y la de los alcaides Salvetti y Bellusci por ser idénticas. Asimismo, niega aptitud probatoria a las certificaciones médicas agregadas en autos respecto al estado de los agentes Ricalde y Benavídez.
En su defensa aduce que no recuerda lo acontencido en el salón comedor aquel 20 de octubre de 1999. Refiere que desde 1984 está bajo tratamiento psiquiátrico por padecer una sintomatología depresiva concomitante con neurosis de base de tipo disociativo. Alega que en el momento en que sucedieron los hechos que se le imputan, no estaba en estado de lucidez y que no obró con discernimiento, intención y voluntad. Por ello dice que debe ser eximida de responsabilidad. Añade que, al momento de declarar, el mismo 20 de octubre de 1999, no se encontraba en estado apto para hacerlo.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado manifiesta que la autoridad administrativa ejerció válidamente su potestad disciplinaria luego de sustanciar correctamente el procedimiento sumarial en el que fue investigada la conducta de la sargento Novoa y verificar que había incurrido en una infracción grave en el desempeño de sus tareas al agredir a un superior jerárquico. Indica que aquella encuadra en el art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80.
Relata que el 20 de octubre de 1999 alrededor de las 10.30 hs., en oportunidad en que el jefe de Guardia se dirigió al Casino de Oficiales de la Unidad Carcelaria n° 17 de Olmos para notificar a la sargento Novoa una sanción correctiva por desobediencia, ésta comenzó a agredirlo verbalmente primero y luego físicamente.
Agrega que como consecuencia de tales agresiones el subprefecto fue atendido por el médico de la Unidad n° 25 quien constató que padecía una lesión leve consistente en raspaduras en el cuello y en el brazo, indicando plazo de curación probable de tres días.
Apunta que la falta reprochada resultó acreditada con las declaraciones testimoniales de agentes que presenciaron los hechos, escucharon los gritos y percibieron las lesiones sufridas por el Subprefecto.
Manifiesta que en el expediente administrativo se agregaron los antecedentes de la actora de los que surge un listado de tres fojas sucesivas de faltas disciplinarias cometidas por aquella a lo largo de su desempeño. Dice que el antecedente previo al hecho que origina la sanción cuestionada en la especie fue una sanción por desobediencia aplicada el 19 de octubre de 1999, día anterior al de los hechos de autos, cuya notificación por el superior jerárquico provocó los agravios del 20 de octubre de 1999.
Desmiente que las declaraciones brindadas por la actora hayan sido determinantes para la aplicación de la sanción impugnada.
Destaca que luego de verificarse el estado de lucidez de la sargento Novoa, la Administración dispuso primero su disponibilidad preventiva y luego el retiro absoluto al considerar que la falta disciplinaria acreditada resultaba incompatible con su mantenimiento en la fuerza.
En otro orden, niega que concurran vicios en el procedimiento que acarreen la nulidad de la sanción. Niega que pueda ser descalificado por violación de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa de la imputada. Sostiene que este agravio debe ser rechazado en razón de que la interesada no ha acreditado los vicios, ni los perjuicios que le provocaran. Tampoco lo irreparable de los mismos.
Refuta los cuestionamientos que efectúa la accionante respecto a los testimonios recogidos durante la instrucción sumarial y los certificados médicos que dan cuenta de las lesiones sufridas por el Subprefecto Ricalde. Pone de resalto que la demandante no aportó ninguna contraprueba que reste valor a la recolectada por la Administración.
Postula la improcedencia de la defensa de inimputabilidad planteada. Señala que el informe pericial realizado en forma concomitante a los hechos investigados concluye que la actora obró con lucidez y que no tuvo alteraciones cognitivas.
Rechaza la desproporción aducida por la actora entre la falta reprochada y la sanción aplicada, en tanto afirma que la misma resulta del propio texto legal. Asevera que la Administración ponderó especialmente como agravantes los antecedentes de faltas disciplinarias consignados en el legajo personal de la sargento Novoa.
Finalmente, entiende que a la luz de la regularidad con que fue desarrollado el procedimiento administrativo disciplinario y de la legitimidad de la sanción aplicada, debe ser rechazada la pretensión indemnizatoria.
Por último, se opone al pedido de actualización.
III. De la prueba producida en autos, surgen acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Copia certificada del legajo personal de la actora (v. fs. 153/183).
III.2. Informe elaborado por el perito médico psiquiatra (v. fs. 218/224).
III.3. Expediente administrativo n° 2.211-300.019/99 alcance 3 y sus agregados.
III.3.a. Informe dirigido con fecha 20-X-1999 por el Subprefecto Juan Carlos Ricalde al jefe de la Unidad n° 17 de Olmos a fin de comunicarle los hechos sucedidos ese día alrededor de las 10.30 hs. en el salón comedor del casino de oficiales (v. fs. 1). Esta presentación fue ratificada por el subprefecto Ricalde a fs. 11.
III.3.b. Certificados expedidos el 20 de octubre de 1999 por el médico del Servicio Penitenciario en el que constan las lesiones que presentaban el subprefecto Juan Carlos Ricalde y la cabo María Fernanda Benavídez (v. fs. 2 y 3).
III.3.c. Orden de instrucción de sumario administrativo disciplinario a fin de determinar la responsabilidad de la sargento Claudia Patricia Novoa por los hechos denunciados por el subprefecto Ricalde (v. fs. 4).
III.3.d. Declaraciones testimoniales de la cabo María Fernanda Benavídez (v. fs. 12, expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 3 y 26, expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2 agregado -sin acumular al alc. 3-).
III.3.e. Declaraciones testimoniales de los alcaides (EP) Marcelo C. Salvetti y Carlos Raúl Bellusci (v. fs. 15 y 16).
III.3.f. Con fecha 8 de noviembre de 1999 la Oficina de Personal de la Unidad n° 17 de Olmos informa que a la sargento (EG) Claudia Patricia Novoa se le había concedido licencia por enfermedad por "trastorno depresivo" desde el 4 de noviembre de 1999 y por el plazo de diez días (v. fs. 18).
III.3.g. Declaración testimonial de la sargento Novoa (v. fs. 6, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.h. Declaración testimonial de la sargento (EG) Claudia Adriana Gramaglia (v. fs. 7, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.i. De la declaración testimonial prestada por la sargento primero (EG) Juana Isabel Guerrero (v. fs. 4, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 alc. 1 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.j. Informe de fecha 9 de diciembre de 1999 producido por la Dirección de Sanidad con relación al estado de salud de la sargento Novoa (v. fs. 6, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 alc. 1 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.k. En el auto de imputación la instrucción considera que "se encuentra plenamente acreditado que el día 20 de octubre del corriente año en horario de la mañana la sargento (EG) Claudia Patricia Novoa agredió, verbal y físicamente" y encuadró la falta a ella endilgada en el art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80 (v. fs. 7, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 alc. 1 agregado -sin acumular- al alc. 3).
III.3.l. Informe de licencias usufructuadas por la sargento Novoa y sanciones que le fueran aplicadas por faltas disciplinarias (v. fs. 10/19, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 alc. 1 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.m. En la declaración indagatoria la imputada Novoa se manifiesta en base a dos respuestas que utiliza alternativamente: no me consta y no recuerdo (v. fs. 23, expte. adm. n° 2.111-300.019/99 alc. 1 agregado -sin acumular- al alc. 3.).
III.3.n. Mediante resolución 409/00 el jefe del Servicio Penitenciario declaró en disponibilidad preventiva con goce parcial de haberes a la sargento Claudia Patricia Novoa a partir del 15 de febrero de 2000 en el marco del sumario administrativo disciplinario por el que se investigaba la supuesta comisión de la falta contemplada en el art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80 (v. fs. 8, expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2 agregado sin acumular al alc. 3).
III.3.ñ. Con fecha 6 de marzo de 2000 la imputada realiza su descargo (v. fs. 19/23, expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2 agregado sin acumular al alc. 3).
III.3.o. Presentado el correspondiente alegato sobre el mérito de la prueba producida, la instrucción produjo el informe final en el que entendió que fue debidamente comprobado el hecho investigado como "infracción al art. 93 inciso 3° del decreto ley 9578/1980, del que resultó imputada la sargento (EG) Claudia Patricia Novoa". No obstante ello, sugirió se reencuadre la falta en el art. 92 inc. 19 del mencionado régimen conforme lo establecido en el art. 246 del mismo texto legal en atención a lo que considera "el buen concepto que le merece el agente en cuestión a su superior directo y teniendo en cuenta la enfermedad que padece la imputada" (v. fs. 36/42 expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2 agregado sin acumular al alc. 3).
III.3.p. Mediante resolución 2.348/00 el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense decidió aplicar la sanción de retiro absoluto "ad referéndum del Poder Ejecutivo" , a partir del 15 de febrero de 2000, a la sargento (EG) Claudia Patricia Novoa por incurrir en la infracción al art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80.
III.3.q. Por resolución 11.116 n° 462/01 dictada por el Ministro de Justicia el 11 de diciembre de 2001 se aplicó la sanción de retiro absoluto por haber incurrido en la falta contemplada en el art. 93 inc. 3 del decreto 9.578/80. Esta decisión fue confirmada por resolución 107/02 a través de la cual el Ministro de Justicia decidió rechazar el recurso de revocatoria incoado por la interesada contra la anterior (v. fs. 49 y 63 expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2 agregado sin acumular al alc. 3; 15, expte. adm. n° 21.200-4316/02 agregado al expte. adm. n° 2.111-300.019/00 alc. 2).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción de retiro absoluto impuesta a la actora de conformidad con lo dispuesto en el art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.570/80, se ajusta a derecho.
IV.1. En orden al alcance de la revisión judicial de los actos administrativos dictados en el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Administración en el marco de una relación de empleo público, esta Suprema Corte ha resuelto que el órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración, abarcando no sólo el control de su regularidad -en especial, el análisis de la existencia de los elementos que conforman el acto administrativo, la configuración en el caso de todos ellos conforme a derecho, comprendiendo las normas de aplicación supletoria o analógica (arts. 1, dec. ley 7.647 y 171, Const. prov.)- y la consiguiente constatación de los vicios que pudieren justificar su anulación, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando aquéllos incurran en arbitrariedad manifiesta (conf. doctr. causas B. 57.575, "Gayarre", sent. de 8-III-2000; B. 63.780, "Bragagnolo", sent. de 22-X-2014 y B. 63.283, "Pérez", sent. de 4-V-2016).
Por mi parte he sostenido, antes de ahora, que la doctrina judicial que reconoce amplias facultades a la autoridad administrativa para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones se restringe naturalmente por la exigencia de razonabilidad y la debida salvaguardia de los derechos constitucionales del agente, lo que lleva en todo caso a la posibilidad de revisión judicial de tales facultades de la Administración (conf. doctrina causas B. 51.249, "Trezza", sent. de 10-XI-1992 y sus citas; mi voto en las causas B. 61.873, "Ramírez", sent. de 9-IX-2015; B. 63.780 y 63.283, cit.).
La circunstancia de que en un caso determinado la autoridad administrativa haya procedido en ejecución de facultades discrecionales no implica que la decisión que se dicte sea irrevisable teniendo en consideración que la actuación de tal tipo de prerrogativas es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad (doctr. causas B. 57.970, "Monegal", sent. de 11-VII-2001; B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002; B. 57.508, "Luna", sent. de 27-II-2008; B. 63.780 y B. 63.283, cit.; e.o.).
En el marco descripto, corresponde decidir si la sanción expulsiva aplicada a la señora Novoa resulta una legítima consecuencia del procedimiento disciplinario desarrollado de conformidad con el régimen legal vigente y el criterio de razonabilidad que debe prevalecer en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración.
IV.2. Como quedó expuesto en la reseña de los antecedentes el señor jefe del Servicio Penitenciario aplicó a la aquí accionante, ad referendum del Poder Ejecutivo, la sanción de retiro absoluto -luego confirmada por resoluciones 11.116 n° 462/01 y 107/02 dictadas por el Ministro de Justicia con fecha 11 de noviembre de 2001 y 2 de diciembre de 2002-, por haber incurrido en la conducta contemplada en el art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80 al haberse acreditado que agredió, verbal y físicamente a un superior jerárquico (v. resol. 2.348/00 -fs. 49, exped. adm. n° 2.211-300019/99, alc. 3).
Este acto detalló que de la conducta reprochada resultaron con lesiones leves el subprefecto Ricalde y la cabo María Fernanda Benavídez. Asimismo, puntualizó que en el caso no concurrieron circunstancias atenuantes, pero sí fueron ponderados como agravantes "...los malos antecedentes disciplinarios de la encartada y el hecho de haberse cometido la falta en presencia de subalternos" (art. 102 inc. l, dec. ley 9.578/80)".
IV.3. El art. 93 inc. 3 del decreto ley 9.578/80 en el que la Administración encuadra la conducta de la sargento Novoa, dice: "Serán sancionados con retiro absoluto o destitución los agentes que cometieren algunas de las siguientes transgresiones: [...] 3. Desafiar, o efectuar demostraciones agresivas contra superiores, iguales o subalternos...".
Por su parte, el aludido art. 102 contempla las circunstancias aptas para ser consideradas agravantes: entre otras, "el hecho de haberse cometido la falta con la participación o en presencia de subalternos" (inc. 1); "la reincidencia" (inc. 3) y "el mal concepto del agente inculpado" (inc. 6).
IV.4. De las constancias de las actuaciones administrativas resulta que el sumario administrativo disciplinario, que culminó con la sanción de retiro absoluto aplicada a la accionante, fue iniciado con motivo de la denuncia formulada por el subprefecto Ricalde el 20 de octubre de 1999.
IV.4.a. En su presentación ante el jefe de la Unidad n° 17 de Olmos, el subprefecto Ricalde detalló que ese día alrededor de las 10.30 hs. en el salón comedor del casino de oficiales "en circunstancias en que procedía [...] a notificar a la sargento (EG) Claudia Patricia Novoa [...] de una sanción disciplinaria por una falta cometida con anterioridad, ésta sin mediar motivo alguno, comenzó a agredirme [agredirlo] de palabra, para pasar con posterioridad a la agresión física, produciéndome [produciéndole] lesiones en el cuello y brazo derecho, a esta altura interviene la Cabo (EG) María Fernanda Benavídez, quien se encontraba presente en el recinto al igual que dos agentes de la Dirección de Sanidad de la Jefatura del Servicio P
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