Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65845
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 65.845, "Auge, Hugo Eduardo contra Municipalidad de Cañuelas. Demanda contencioso administrativa"
I. El señor Hugo Eduardo Auge, por derecho propio y en representación de su nieto Braian Axel Auge, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Cañuelas y reclama el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de la señora Beatriz Analía Auge ocurrido durante su desempeño como mucama en el Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti.
Ofrece prueba y solicita el beneficio de litigar sin gastos.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio, a través de su representante, la Municipalidad de Cañuelas, contesta la demanda y, sobre la base de sostener la legitimidad de la actuación municipal, solicita el rechazo de la acción.
Impugna la liquidación practicada por la parte actora, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
III. En atención a lo ordenado por este Tribunal (v. fs. 111), con fecha 2-X-2014, Braian Axel Auge, por su propio derecho y con patrocinio letrado, se presenta y toma intervención en autos (v. fs. 115).
IV. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 119/255 -actora-; v. fs. 256/294 -demandada-); glosado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 296/298), declarado que la demandada no ha hecho uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 300) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri, dijo:
I. El actor relata que su hija Beatriz Analía se desempeñó como mucama en el Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas desde el 7 de junio de 2000 hasta su fallecimiento, ocurrido el 19 de agosto de 2001. Agrega que ese día a las 19 hs. aproximadamente fue asesinada mientras trabajaba en el primer piso del mencionado nosocomio.
Aduce que la Municipalidad de Cañuelas debió protegerla en debida forma durante el horario de trabajo. Señala que el hospital no contaba con personal de vigilancia. Por ello sostiene que en el caso concurre la omisión del Estado de proveer seguridad dentro de sus dependencias públicas, en especial a su hija por trabajar para la comuna y mantener una relación de subordinación con la autoridad municipal.
Dice que no existe duda de que los funcionarios municipales han omitido los cuidados exigidos por la naturaleza del hecho analizado, considerando las personas que intervinieron en él, el tiempo en que se llevó a cabo y el lugar en que ocurrió.
Por último, reclama la reparación de los perjuicios que aduce haber sufrido como consecuencia de la omisión ilegítima de la comuna demandada: daño moral, psíquico, emergente derivado de la lesión psíquica y moral futuro, además de la pérdida de la chance.
II. La Municipalidad de Cañuelas, por su parte, reconoce como ciertos los hechos que surgen del relato efectuado por el actor en cuanto a las circunstancias en que falleció su hija, pero niega que ellos puedan generar la responsabilidad de la comuna.
Niega que de los hechos relatados en la demanda resulte la culpa o negligencia en la actuación del Estado. Sostiene que las personas que participaron del hecho dañoso fueron la víctima y el victimario por causas ajenas a la comuna. Agrega que, si bien ocurrieron en horas y en el ámbito laboral, no puede serle imputado el fallecimiento sino a un hecho propio de las partes sin intervención de cosas o dependientes de la comuna.
Destaca que no existen registros en la Municipalidad ni en el Hospital de que la víctima o un tercero haya denunciado que la señorita Auge estuviera viviendo situaciones de violencia con su pareja. Agrega que las autoridades del nosocomio no pudieron prever ni evitar la agresión que protagonizó el señor Morfese contra aquélla.
Finalmente, pone de resalto circunstancias detalladas en los artículos periodísticos acompañados a la demanda en base a las cuales concluye que en el caso no se configura la responsabilidad del Estado por el fallecimiento de Beatriz Analía Auge.
Por último, impugna la liquidación practicada en la demanda.
III. De la prueba producida, surgen los siguientes datos útiles para la resolución de la causa:
III.1. Periódico "Milenio" del miércoles 22 de agosto de 2001, pág. 7 (v. fs. 1).
III.2. Periódico "La Palabra de Cañuelas" del viernes 31 de agosto de 2001, pág. 7 (v. fs. 3).
III.3. Periódico "Crónica", Edición de la mañana del martes 21 de agosto de 2001, pág. 15 (v. fs. 4).
III.4. Periódico "El ciudadano cañuelense" del sábado 25 de agosto de 2001 (v. fs. 5/6).
III.5. Certificado de defunción de Beatriz Analía Auge, ocurrida el 19 de agosto de 2001 (v. fs. 14).
III.6. Decreto municipal 537/01 por el cual el Intendente de Cañuelas dispuso el cese por fallecimiento a partir de 19 de agosto de 2001 de la agente Beatriz Analía Auge como personal temporario del Ente Descentralizado Hospital "Dr. Ángel Marzetti" (v. fs. 20).
IV. A tenor de los antecedentes reseñados y de las postulaciones de los litigantes, la cuestión debatida en autos, se centra en determinar si el actor tiene derecho a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia del asesinato de su hija, Beatriz Analía Auge, ocurrido en el Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas, el 19 de agosto de 2001, durante su jornada laboral.
De tal modo, corresponde liminarmente analizar si efectivamente la Municipalidad de Cañuelas incurrió en actos u omisiones ilegítimas, para luego evaluar si ellos tuvieron aptitud para generar los perjuicios que los actores alegan.
IV.1. Son contestes las partes en cuanto a los hechos y circunstancias que culminaron con el deceso de la hija del actor (v. fs. 55 vta. y 89, primer párrafo).
A saber, la señorita Beatriz Analía Auge falleció el 19 de agosto de 2001 como consecuencia de "varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego a la altura del cráneo", mientras se encontraba trabajando en el Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti de Cañuelas (v. fs. 55 vta.).
El homicida, sobre el que se refiere que fue oportunamente pareja de la víctima, "fue al hospital y le disparó con un arma de fuego y luego se disparó también" (v. declaraciones testimoniales agregadas a fs. 283 y 285).
La parte accionante también acompañó una fotocopia de la entrevista que el señor Auge brindó al del periódico El Ciudadano Cañuelense (publicada en la edición del sábado 25 de agosto de 2001). En ella manifestó que su hija y Morfese se conocían desde hacía un tiempo. Reconoció que vivieron juntos un tiempo, que "por ahí estaban un par de meses juntos, se enojaban, pero al tiempo se volvían a arreglar". Agregó que "Ella vivía amenazada, pero no nos contaba para no llevarnos los problemas a nosotros. Hace poco le había confiado a la madre que le tenía miedo. Ella se quería ir, pero él no la dejaba. Un día ella se iba y él la alcanzó [...] le pegó, le quebró el tabique y una costilla. [...] A veces aparecía con algún moretón. Le preguntamos qué le había pasado. Ella se reía y nunca decía nada. ..." (v. fs. 5).
La crónica del periódico "El ciudadano Cañuelense" del sábado 25 de agosto de 2001 -acompañado también a la demanda- describe el episodio en sentido similar al relato sostenido por las partes.
IV.2. La parte actora aduce que la comuna incurrió en responsabilidad por omisión al no haber provisto al sanatorio de un adecuado servicio de seguridad para sus empleados.
La accionada, por su parte, postula que el daño producido es el resultado de una causa ajena o extraña al hecho del demandado. Sostiene que las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Analía Beatriz Auge involucran exclusivamente a la víctima y al victimario, en el marco de una situación ajena a la municipalidad y a sus dependientes. Afirma que en el caso se ha interrumpido el nexo causal, lo cual -según asevera- la excusa de responsabilidad.
IV.3.a. En el derecho público provincial no existe un texto específico que contemple lo atinente a la obligación del Estado por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión o de abstención. Por ello, su tratamiento jurídico básico debe efectuárselo recurriendo a la norma del art. 1.074 del Código Civil -vigente al momento de la configuración de los hechos- que permite ubicar en ella el tema de la responsabilidad del Estado por sus comportamientos o actitudes omisivas o de abstención (conf. doctrina causas Ac. 73.526, "Vargas", sent. de 23-II-2000, "D.J.B.A", 158-100; A. 69.485, "Lobatto", sent. de 30-IX-2009; M. Marienhoff, "Responsabilidad Extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del derecho público", ED, 169, pág. 1.096).
Cabe advertir la plena vigencia de la doctrina individualizada, toda vez que los hechos ventilados en autos se han sucedido al amparo del Código Civil -ley 340- actualmente derogado y, por lo tanto, son las disposiciones de éste las que deben aplicarse al caso (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-).
IV.3.b. La responsabilidad del Estado puede ser originada tanto por su actividad como por su comportamiento omisivo: un "no hacer". En este último caso, lo que lo convierte en un ilícito sancionable es que el mismo constituya un deber jurídico que el sujeto debió cumplir (conf. doctr. causas Ac. 89.545, sent. de 8-III-2007 y A. 69.845, cit.).
Doctrinariamente se ha distinguido entre los delitos de omisión simple -en los que el objeto prohibitivo es una abstención-, de los de comisión por omisión -en los que la prescindencia en sí misma no es punible, lo es cuando ella se ha constituido en un medio para delinquir-, aunque señalándose que los primeros están sometidos en nuestro derecho al mismo régimen jurídico legal que los segundos y que el ejercicio regular del derecho de no hacer no provoca la responsabilidad del requirente, debiendo éste responder cuando una obligación legal le impone el deber de hacer o la ley sanciona la inacción (conf. Belluscio, Augusto; Zannoni, Eduardo; Código Civil , Ed. Astrea, Bs. As., 1984, Tomo 5, págs. 93 y 101; causa A. 69.485, cit.).
Cabe destacar que para que se concrete la responsabilidad del Estado por abstenciones u omisiones ilícitas, se exigen los mismos recaudos aplicables al régimen general de responsabilidad, a saber: a) imputabilidad del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento; c) la existencia de un daño cierto; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular (conf. doctr. causas A. 69.485, cit.; C. 107.242, "Robledo", sent. de 14-IV-2010). Respecto a este último requisito, tratándose de una omisión, la ausencia de actividad debe producir un daño que sea consecuencia directa de la misma. Debe acreditarse una relación causal adecuada entre el incumplimiento de la obligación del Estado y el daño producido.
Así, solo deberá responder si el perjuicio es consecuencia de la omisión en una relación de causa a efecto sin elementos extraños que pudieran fracturar esa vinculación causal. Dentro de ese marco, quien reclame la correspondiente indemnización deberá probar como principio, esa relación de causalidad (conf. doctr. causa A. 69.485, cit.).
IV.4. Bajo los lineamientos expuestos, la acción no prospera.
Entiendo que en la especie las autoridades y personal dependiente del Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti, conforme las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, no han podido prever el desgraciado hecho que culminó con la vida de Analía Beatriz Auge.
En el caso, siquiera cabe la figura de la culpa o negligencia en el cumplimiento de las funciones y deberes de la autoridad administrativa comunal.
La culpa en el cumplimiento de las obligaciones consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (cfr. art. 512, Código Civil -ley 340-, actual art. 1.724, Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-).
De las constancias de autos, el victimario, el día del crimen, ingresó, como lo hace cualquier ciudadano, al nosocomio donde se encontraba trabajando la señorita Auge, se dirigió hacia ella, conversó unos minutos hasta que sacó un arma y la mató. Luego, se suicidó (v. fs. 55 vta., 283 y 285).
Es dable destacar que conforme las declaraciones testimoniales agregadas a la causa, el asesino mantenía una relación personal con la víctima -aunque al momento del fallecimiento "estaban peleados"- y tenían un vínculo de violencia y amenazas (v. declaraciones testimoniales de fs. 283 y 285). Sin embargo, la parte actora no instó en autos la producción de prueba tendiente a acreditar que las autoridades del hospital municipal tuviesen conocimiento de tal situación a fin de resguardar extraordinariamente la seguridad de la empleada Auge.
Nada surge del material probatorio en respaldo de la reparación que se pretende y que evidencie que la autoridad administrativa demandada haya incurrido en una actuación siquiera negligente; tampoco se produce prueba tendiente a acreditar la concurrencia en el sub examine de todos los recaudos exigidos para la configuración de la responsabilidad del Estado.
Nada de ello consta en estos autos.
Este déficit probatorio sella la suerte adversa de la demanda.
Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las amplias facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de su pretensión, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. arts. 77, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101- y 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas B. 49.793, "Bianco", sent. de 13-X-1987, "Acuerdos y sentencias", 1987-IV-315; B. 49.170, "Carlos H. E. Rasch Constructora S.R.L.", sent. de 15-III-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-I-332; B. 49.784, "Banco Español del Río de La Plata", sent. de 31-V-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-307; B. 48.463, "Scheverin", sent. de 27-XII-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-IV-760; B. 49.255, "Vázquez", sent. de 12-IV-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-664; B. 49.858, "Brave Construcciones S.A.", sent. de 25-VII-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-746; B. 50.087, "Playa Grande", sent. de 8-IX-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-III-373; B. 51.667, "Terreri", sent. de 2-IX-1997; B. 57.150, "Humbertmann", sent. de 6-IV-1999; "DJBA", 156-243; B. 55.353, "Cobos", sent. de 21-VI-2000; B. 58.169, "Kissner", sent. de 7-V-2003; B. 57.819, "Parodi de Seni", sent. de 22-X-2003; B. 56.696, "Centanni", sent. de 17-VI-2009; B. 59.984, "Savio", sent. de 12-VII-2017; e.o.); carga que juzgo incumplida en la especie.
V. En atención a los fundamentos antes expuestos, juzgo que la demanda debe ser rechazada.
Voto por la negativa .
Costas en el orden causado (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Coincido con el distinguido colega que abre el Acuerdo en que corresponde rechazar la pretensión indemnizatoria esgrimida en el presente.
I.1. De la escueta relación de antecedentes de hecho que contiene el libelo de inicio se desprende que Analía Beatriz Auge, víctima del luctuoso evento, falleció como consecuencia de "varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego a la altura del cráneo" (v fs. 55 vta.), mientras se encontraba trabajando en el hospital comunal. Sobre esta plataforma fáctica, el actor atribuye responsabilidad a la Municipalidad demandada "al no tener el nosocomio la vigilancia que tienen los centros de salud para que hechos de esta naturaleza no se produzcan" (fs. 56), poniendo el acento en tal "omisión estatal" y en "la situación de subordinación" de la víctima al municipio de Cañuelas.
Mientas la testimonial ofrecida por la actora no arroja mayores elementos para terminar de perfilar la plataforma fáctica del caso sometido a juzgamiento (v. fs. 205 y 206, respectivamente), de la producida por la accionada se desprende que "el chico que la mató en el primer piso del hospital", en referencia a Diego Morfese, era "pareja de la víctima", aunque "estaban peleados en ese momento" (declaración de la testigo Paola María Monod de fs. 283 y concordante declaración de la testigo Inés Soledad Kruger de fs. 285); "ella estaba trabajando, él fue al hospital y le disparó con un arma de fuego, y luego se disparó él también", agregó la testigo Kruger en la audiencia ya mencionada.
Ambos testigos, aseveraron haber tenido conocimiento acerca de que la víctima había recibido amenazas y malos tratos con anterioridad al fatal suceso, no constándoles que la víctima haya anoticiado tales extremos a las autoridades del nosocomio (v. fs. cit.). Sobre este particular Paola Monod agregó que "un día estaba en el turno tarde y Analía tenía turno para traumatología, tenía un problema en el tabique, por los golpes de este chico, yo estaba en mi lugar de trabajo, ese chico es Morfese" (v. fs. 283 vta.). También narró haber recibido ese mismo día un llamado telefónico de quien dijo ser el hermano de la víctima: "ella atiende el teléfono, yo la notaba como que hablaba un poco cortante, pero en ese momento ella no me comentó nada y terminó la comunicación". Horas más tarde -continúa relatando- fue citada por la Policía con motivo de una exposición realizada por Analía Auge, donde tomó conocimiento de que "en realidad no era el hermano de Analía el que la había llamado, era el señor Morfese y que la había amenazado de muerte, por eso me habían citado de testigo" (ídem).
Cabe señalar a esta altura que la causa penal formada como consecuencia del fallecimiento de Analía Auge, si bien fue requerida como prueba por la accionante, no fue urgida su agregación a este expediente (v. escrito de inicio, fs. 58; despacho de fs. 289 y posterior escrito de fs. 270); en tanto no existió ofrecimiento de prueba alguno vinculado a las actuaciones labradas con motivo de la exposición policial que surge de la declaración testimonial de fs. 283 y vta.
I.2. He tenido oportunidad de precisar, que la policía de seguridad, en lo concerniente a la preservación de la integridad física de las personas y sus bienes, así como el aseguramiento de la tranquilidad ciudadana, compete primordialmente a la Provincia antes que a la esfera de competencia comunal (conf. doctrina causa C. 105.374, "Vega", sent. de 22-XII-2010). Para más, sabido es que el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no constituye título suficiente para imponerle el deber de resarcir si en el evento lesivo ninguno de sus órganos ha tomado parte. Cierto es también que tal criterio ha de ser matizado, por ejemplo, cuando mediare desatención negligente o irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública o si se acreditare que ésta tenía cabal conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de cla
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