Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65562
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.562, "Avila, Guillermo contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Guillermo Avila promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Lomas de Zamora por retardación, solicitando la anulación del decreto 664 del día 15 de mayo de 2002 por el que se dispuso su traslado al Ejecutivo municipal y la resolución 813 de junio de 2002 que lo reubicó en una categoría inferior con prestación de servicios en el Cementerio municipal.
Asimismo, pide su reincorporación al cargo de Director, Profesional "A", Personal Jerárquico, del que fuera desplazado, así como el pago de las diferencias retroactivas dejadas de percibir desde que fue rebajado de categoría, con más la actualización monetaria e intereses.
Solicita medida cautelar, ofrece prueba, plantea la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y la imposición de costas a la demandada.
II. Por resolución del día 1 de diciembre de 2004 se hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada, ordenando reincorporar al actor en la categoría equivalente a la que revistaba con anterioridad a su traslado y abonar mensualmente una suma equivalente al 80% del monto del sueldo que le correspondiese percibir.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Lomas de Zamora que, a través de su representante legal, sostiene la legitimidad de los actos atacados.
Ofrece prueba, plantea la inconstitucionalidad de la ley 12.200 y se opone a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, efectúa la reserva del caso federal y solicita imposición de costas a la contraria.
IV. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba y el alegato de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo;
2ª) ¿Corresponde hacer lugar a la pretensión relativa al pago de los salarios caídos?
En caso negativo;
3ª) ¿En qué medida corresponde establecer el resarcimiento?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata el actor que el día 1 de agosto de 1992 fue designado por el Intendente municipal en un cargo del grupo "Personal profesional", Clase "A", en el Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior -IMPTCE-.
Continúa narrando que en enero de 1994 fue promovido al cargo de "Director" en el grupo "Personal Jerárquico", cargo con estabilidad según el estatuto del empleo público entonces vigente.
Agrega que se desempeñó en el mencionado cargo durante más de nueve años.
Cuestiona que por decreto 664/02 del 15 de mayo de 2002 fue trasladado a un cargo sin definición funcional en la Secretaría de Gobierno, fundado en que "el IMPTCE no cuenta con la posibilidad económica de retener al sr. Director", argumento que considera falaz, manifestando que en el presupuesto para el año 2002 hubo un incremento desproporcionado en gastos de personal y sueldos individuales.
Remarca que el decreto 664/02 que dispuso su traslado reconocía expresamente que era "personal jerárquico con estabilidad", sin consideración alguna acerca de la existencia de una designación irregular, argumento este último que luego se incorpora en el decreto 813.
Sostiene que los actos de designación y ascenso son actos legítimos ya que ingresó a la municipalidad por el cargo de inferior jerarquía del agrupamiento profesional correspondiente.
Invoca doctrina del Tribunal en materia de anulación o modificación de oficio de actos que han generado derechos subjetivos a favor del particular (art. 117, ley 7.647).
Por último, sostiene que el acto se encuentra viciado porque existió desvío del fin, habiéndose designado a otras personas en los cargos de Directores del Instituto.
En suma, tras la anulación pretendida, solicita la reposición en el cargo del que fuera desplazado, el pago de las diferencias retroactivas dejadas de percibir desde su rebaja en el cargo, con más la actualización monetaria, intereses y costas.
II. Por su parte, la Municipalidad de Lomas de Zamora contesta la demanda solicitando su rechazo e imposición de costas.
Luego de efectuar las negativas de rigor, expone que la ordenanza municipal 5.498 en su art. 8, entonces vigente, establecía que el ingreso a la función pública debía efectuarse, sin excepción, por el nivel inferior del grupo ocupacional Personal no Jerárquico, categoría 05. Sin embargo, considera que al actor se le asignó injustificadamente la categoría 13, Personal Jerárquico con estabilidad.
Niega que el demandante haya adquirido estabilidad en su categoría por el mero transcurso del tiempo.
Entiende que el decreto 2.149 del día 1 de agosto de 1992 por medio del cual el Ejecutivo municipal designó al demandante en una categoría impropia para su situación legal de ingresante, violó los principios de igualdad, equidad y transparencia, que deben regir todo procedimiento de selección del personal.
Sostiene la legitimidad de la revocación del decreto de designación ya que el vicio que detenta este último es manifiesto, agrega que aun siendo el acto regular caben excepciones a la regla de la estabilidad, entre las que se encuentra el conocimiento del vicio por el interesado, situación en la que entiende se encontraba el actor.
Sostiene que no existían antecedentes que justificaran la designación del actor en la categoría indicada, siendo lisa y llanamente desconocido el derecho aplicable.
Funda la legalidad del acto revocatorio en el interés público y la vigencia de la legalidad comprometida por el acto gravemente ilegítimo.
Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la ley 12.200, que establece la gratuidad de las actuaciones administrativas y judiciales de reclamos de origen laboral y seguridad social, cualquiera sea el tipo de relación de empleo y el fuero ante el que se intente.
III. De las actuaciones administrativas y copia certificada del legajo personal del actor y demás constancias, surgen los siguientes datos útiles para la decisión de la causa:
III.1. Del expediente judicial:
III.1.a. Ordenanza 6.588, del día 12 de mayo de 1992, creación del Instituto Municipal de la Producción y el Trabajo y el Comercio Exterior (v. fs. 191/194).
III.1.b. Ordenanza 5.498, del día 28 de agosto de 1987, Estatuto Escalafón Empleados de la Municipalidad de Lomas de Zamora (v. fs. 278/312).
III.2. Del legajo 10.488/5 surge:
III.2.a. Foja de servicios municipales (v. fs. 23).
III.2.b. Decreto 2.149 –IMPTCE-, del día 1 de agosto del 1992, por el cual el Intendente municipal designa al licenciado Guillermo Avila en el cargo Clase "A", con prestación de servicio en el Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior, con imputación a la finalidad 1.1.1.1.3 "Personal Profesional" (v. fs. 25).
III.2.c. Decreto 3.456 –IMPTCE-, del día 2 de enero de 1994, por el cual el Intendente municipal promueve a partir del día 1 de enero de 1994 al señor Guillermo Avila del cargo Clase "A" con imputación a la finalidad 1.1.1.1.3, "Personal Profesional" al cargo de Director con imputación a la finalidad 1.1.1.1.2 "Personal Jerárquico" (v. fs. 24).
III.3. Del expediente administrativo 4068-9409-L-2002 agregado al expediente administrativo 4068-10419-L-2002 surge:
III.3.a. Decreto 664/02 por el cual se dispone el traslado a partir del día 1 de marzo de 2002 del agente Guillermo Avila del IMPTCE al Departamento Ejecutivo Municipal, categoría 13 finalidad 1.1.1.1.3 "Personal Jerárquico con Estabilidad", dependiendo de la Secretaría de Gobierno, percibiendo sus haberes en su nuevo lugar de trabajo (v. fs. 12).
III.3.b. Decreto 813/02 por el cual el Intendente municipal acepta a partir del día 1 de marzo de 2002 el traslado del agente Guillermo Avila del IMPTCE al Departamento Ejecutivo Municipal en el cargo categoría 05, con imputación de la finalidad 3-Programa 6-Cementerio-1.1.1.1.4-Personal no Jerárquico (v. fs. 13).
III.3.c. El actor plantea recurso de revocatoria contra el decreto 813/02 manifestando que su designación en el IMPTCE como profesional Clase "A" se debió a que la planta de personal del organismo era nueva, todos sus cargos eran iniciales y debían ser cubiertos, por lo cual considera que es errado el razonamiento del municipio de que el ingreso debió haber sido en la categoría 05, inexistente en la Planta de Personal del IMPTCE (v. fs. 1/9).
IV. Tal como han quedado reseñadas las postulaciones de las partes y las piezas relevantes de las actuaciones, el punto a resolver en esta primera cuestión exige un pronunciamiento acerca de la legitimidad de los actos por los cuales el señor Guillermo Ávila ha sido desplazado del cargo de Director del IMPTCE de la Municipalidad de Lomas de Zamora y, en su caso, si le asiste el derecho a ser reincorporado en el mismo.
Pese a que las alegaciones de las partes se refieren a las condiciones en las que el actor ingresó a la función y no a las características que el cargo directivo revestía dentro de la concreta organización, resulta necesario dejar establecido que conforme el Estatuto y Escalafón de los Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora (ordenanza 5.498/87) -norma que rigió la relación aquí cuestionada- el cargo de Director municipal pertenecía al grupo ocupacional Jerárquico, categoría 13, de la planta permanente de personal (cfr. arts. 3, 4 y 7, ord. 5.498; v. especialmente fs. 278/279 de las copias agregadas a fs. 278/312).
Recordemos que el art. 2 inc. "a" segundo párrafo de la ley 11.757 (B.O., 2-II-1996) al determinar los puestos que resultan excluidos del Estatuto para el Personal de las Municipalidades, dispone que "en aquellos municipios que a la fecha de la sanción de la presente el cargo de Director pertenezca a la planta política, seguirá revistiendo ese carácter; y en aquellos en que el mencionado cargo pertenezca a la planta funcional, seguirá revistiendo en la misma".
De la lectura de la ordenanza 5.498 del día 28 de agosto de 1987 -incorporada como prueba a fs. 279/312- surge que, entre los cargos de la administración municipal con estabilidad, se encuentra el grupo ocupacional "Personal jerárquico" que comprende a Directores, Jefes de Departamento y Jefes de División (v. art. 7 apdo. "A" inc. "a").
Para más, el acto que dispone el traslado del actor abona dicho entendimiento al señalar que el cargo que desempeñaba era el de "Personal Jerárquico con Estabilidad" (v. dec. 664/02, fs. 6).
Sin embargo, la crítica que efectúa la Municipalidad demandada y que forma parte del motivo determinante del acto que deja sin efecto la designación del agente Ávila en el cargo directivo, es que su ingreso a la carrera administrativa no se produjo en el nivel inferior del grupo ocupacional personal no jerárquico, tal como lo exige el art. 8 de la ordenanza 5.498 y sus modificatorias (v. dec. municipal 813/02 y escrito de contestación de demanda, fs. 14 y 67 vta./71, respectivamente). Es decir, la controversia no reside en si el cargo de Director en esa estructura administrativa tenía o no estabilidad sino en la regularidad de la designación del actor, precisamente, porque al pertenecer el mencionado cargo a la planta permanente de personal, el acceso a la función directiva supone el tránsito previo por los niveles escalafonarios inferiores (cfr. art. 8, ord. 5.498/87).
Con todo, las particulares circunstancias en las cuales el señor Ávila fue designado en el cargo inicial y, luego, en el de Director, agregan un cierto matiz al análisis del caso:
IV.1.a. En primer lugar, resulta relevante señalar que la dependencia en la cual principió su carrera el demandante fue el Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior, instituido por la ordenanza 6.588 como organismo descentralizado en los términos de los arts. 178 inc. 2 y 204 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (v. fs. 2/4).
En la norma de creación sancionada el día 12 de mayo de 1992, específicamente se previó que la conducción del ente estaría a cargo de un directorio, siendo su vicepresidente el responsable de la administración del organismo (v. art. 6, ord. 6.588/92 modif. por ord. 6.784/92); que dentro de los treinta días de su constitución debía dictar su reglamentación interna, la que tenía que redactarse con arreglo al decreto ley 6.769/58 y ser aprobada por el Departamento Ejecutivo (v. art. 9, ord. cit.). Allí también se fijó y aprobó el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos necesarios para iniciar el funcionamiento del organismo (v. art. 11, ord. 6.588/92 modif. por ord. 6.731/92).
Ahora bien, el primer acto de designación del señor Ávila es de fecha 1 de agosto de 1992, es decir, a tan solo poco más de dos meses de dictada la ordenanza 6.588 de creación del IMPTCE (v. fs. 1 y 191/194) y se lo nombró para ocupar el cargo Profesional "A" (1.1.1.1.3), haciendo mérito de su título universitario de Licenciado en Ciencia Política.
De allí que, ante la puesta en marcha de un nuevo organismo descentralizado, cuya estructura y plantel responde a los requerimientos de su específico objeto de creación, pierda virtualidad -en el caso- la exigencia del ingreso "en el nivel inferior de cada grupo ocupacional" que establece el art. 8 de la ordenanza 6.658/92.
Esta circunstancia es valorada por el Tribunal en oportunidad de conceder la medida cautelar ordenada a fs. 47/50, al señalar que "...la resolución que dispuso su nombramiento en el instituto cumple con los requisitos de un régimen específico de ingreso a la función..." (fs. 49).
En ese contexto, es razonable concluir que la preocupación del legislador acerca del desarrollo ordenado y secuencial de la carrera administrativa -presente en la mayoría de las normas estatutarias- supone una estructura en marcha con un plantel cubierto, el que, ante una vacante, debe provocar el ascenso del personal hasta dejar libre el cargo inferior a cubrir con un ingreso (v. arts. 8, 63, 167, 168 y 179, ord. 5.498/87).
En contraposición a ello, es lógico que al inicio del funcionamiento de un ente descentralizado -como ocurre en el caso- resultara necesario la cobertura de todos los niveles escalafonarios que hallaran respaldo en el presupuesto aprobado al efecto y que fueran imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos. Como también lo es que no todos los cargos correspondientes a cada agrupamiento previstos en el escalafón exigieran su cobertura.
En esa línea discurre la argumentación que el actor desarrolla en su recurso de revocatoria, al aseverar que el cargo de ingreso no podría haber sido en una categoría inferior en tanto sostiene que "la planta de personal del Organismo era nueva; todos sus cargos eran iniciales y debían ser cubiertos" (fs. 22 vta.).
La carrera del demandante en el ámbito de la comuna accionada revela, por otra parte, que con excepción del período posterior al dictado de los actos impugnados -y por virtud de estos- su desarrollo se llevó a cabo en el ámbito del organismo para el cual fue designado. Es así que transcurrido casi un año y medio desde su ingreso como Profesional "A", es promovido al cargo de Director del IMPTCE (v. dec. del 2 de enero de 1994, fs. 5), permaneciendo en dicha función hasta el día 1 de marzo de 2002 en que se dispone su traslado al Departamento Ejecutivo (v. dec. 664/02, fs. 6) y más tarde es retrogradado al cargo categoría 5, del grupo ocupacional Profesional, Personal no Jerárquico (v. dec. 813/02, fs. 14).
En consecuencia, juzgo que el señor Ávila tenía una investidura regular que garantizaba su estabilidad en la categoría escalafonaria de Director, circunstancia que impedía a la administración comunal removerlo sin adecuación a las causas y procedimientos determinados legalmente.
IV.1.b. La conclusión precedente torna innecesario el tratamiento de las consideraciones del accionante relativas a la extemporaneidad de la potestad anulatoria, toda vez que su ejercicio supone -por definición- un acto viciado en sus elementos esenciales (arg. art. 117, ord. general 267/80).
En punto a este tema, esta Suprema Corte, en numerosas causas, ha resuelto que el interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad constituye el fundamento en virtud del cual debe reconocerse a la Administración la potestad de anular oficiosamente sus actos ilegítimos afectados de irregularidades graves (causas B. 49.638, "Freidemberg", sent. de 30-X-1990; B. 57.225, "Macedo", sent. de 23-XII-1997 y B. 58.428, "Avila", sent. de 7-III-2001).
Mas tal posibilidad resulta admisible solo en la medida que se acrediten circunstancias extremas.
En ese sentido, precisó que el ejercicio de la potestad anulatoria de oficio por la Administración Pública se encuentra necesariamente vinculado a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo ("D.J.B.A.", t. 120, p. 85; t. 122, p. 397; e.o.), cuya tipificación se concentra en el carácter y particularidades del vicio en que se sustenta la invalidez invocada.
Asimismo, puntualizó que el vicio que torna al acto irregular sometiéndolo a la anulación oficiosa radica en la afectación grave de todos o algunos de sus elementos esenciales, entre los que se destaca el "vicio grave" en su objeto o en su causa (Marienhoff; Tratado de Derecho Administrativo , Tomo II, pág. 487; CSJN Fallos: 255:236; 258:300; 265:349; causas B. 49.904, sent. de 17-XII-1985; B. 49.965, sent. de 4-VIII-1992; e.o.).
Y que, conforme señalara Fiorini, el problema se vuelve claro cuando la irregularidad es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando el déficit se destaca en forma certera e indiscutible ( Teoría Jurídica del Acto Administrativo , pág. 250), siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo y su dictado es contra legem superando la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica ("D.J.B.A.", t. 120, pág. 334; t. 126, pág. 435).
El análisis de los hechos del caso a la luz de los lineamientos expuestos, demuestra que el decreto de fecha 1 de agosto de 1992 que designara al actor en el cargo clase "A" del agrupamiento Personal Profesional (categoría 13) y luego, el decreto del día 2 de enero de 1994 que lo nombrara como Director, ambos para cumplir funciones en el IMPTCE, lejos estuvieron de portar los vicios que se le atribuyeran según el decreto 813/02. En consecuencia, este último acto -impugnado en autos- luce inmotivado para fundar y legitimar el ejercicio de la potestad anulatoria del municipio en los términos en que allí fueron expresados.
IV.2.a. Para más, el vicio de motivación aparente -tal como lo desarrollaré seguidamente- también se halla presente en el decreto 664/02, exteriorizando un motivo distinto del que verdaderamente lo determina.
En efecto, el mencionado acto invoca como fundamento de la decisión de trasladar al actor del IMPTCE al Departamento Ejecutivo, que aquel organismo "no cuenta con la posibilidad económica de retener al Sr. Director, Lic. Guillermo Ávila", ante "la reorganización que con motivos presupuestarios se está llevando a cabo..." (fs. 6).
Sin embargo, la prueba producida en el proceso desvirtúa tales aseveraciones: de un lado, el dictado de la ordenanza 10.134 de fecha 17 de mayo de 2002 que, a tan solo dos días de emitido el decreto 664/02, tuvo como único propósito ampliar los créditos de las partidas previstas en el presupuesto entonces vigente en el IMPTCE para hacer frente, nada menos, que a los gastos de personal jerárquico (v. fs. 7) y, del otro, la designación -también
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.