Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61641
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.641, "Encarnación, Myrta Anacleta contra Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo). Demanda contencioso Administrativa".
I. Myrta Anacleta Encarnación, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa por la que solicita la anulación de las resoluciones del Ministerio de Gobierno 794/99 y 711/00 mediante las cuales se la sobreseyó definitivamente del sumario disciplinario que se le instruyera y se desestimó la pretensión de pago de los salarios correspondientes al período 5 de febrero de 1990 al 19 de marzo de 1996 y rechazó el recurso de revocatoria oportunamente interpuesto contra la primera, respectivamente.
Pide, además, el pago de los salarios dejados de percibir durante el período mencionado con más las bonificaciones con incidencia previsional, los daños y perjuicios derivados de los padecimientos económicos, morales y físicos que adujo padecer, reajustes o cambios adquisitivos que pudieran generarse durante el desarrollo del proceso e intereses.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, Fiscalía de Estado al contestar la demanda, argumenta a favor de las resoluciones administrativas impugnadas y estima improcedente la pretensión vinculada con el pago de los salarios dejados de percibir. Hace reserva del caso federal y pide el rechazo de la demanda.
III. A fs. 163 se presentan los señores Ricardo Félix Antonio Martirene y Marcelo Federico Martirene, invocando ser descendientes de la actora y solicitando ser tenidos por parte. Adjuntan fotocopias del certificado de defunción de la señora Myrta Anacleta Encarnación (v. fs. 165 y vta.) y de los certificados de nacimiento de ambos para acreditar el vínculo (v. fs. 159 y vta; 161 y vta.).
Por despacho de fecha 31 de mayo de 2004 se los tuvo por presentados, por parte y presente la ratificación de lo actuado por la accionante (v. fs. 167).
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, así como el cuaderno de prueba actora y los alegatos presentados por las partes, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, correspondiendo a esta Suprema Corte de Justicia plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde hacer lugar al reclamo patrimonial efectuado?
3ª) ¿Corresponde indemnizar por daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relata la señora Encarnación que sobre ella recayó una investigación sumarial disciplinaria -con denuncia y consecuente proceso penal- que determinó que no pudiera prestar servicios en la Delegación de San Miguel de la Dirección Provincial del Registro de las Personas desde el 5 de febrero de 1990, lugar donde se desempeñaba hasta entonces.
Alega que no se le permitió prestar servicios desde la fecha señalada, oportunidad en la que fue anoticiada de la apertura de un sumario en su contra con denuncia penal por falsificación de documento público.
Precisa que con fecha 28 de marzo de 1995 peticionó su reintegro a las funciones, solicitud que reiteró ante el silencio de la Administración mediante carta documento de fecha 13 de junio de 1995 (v. fs. 102 exp. judicial).
Denuncia que la disposición 905/93 por la que se ordenó la instrucción del sumario carece de fundamento que justifique la legitimidad del impedimento para su prestación de servicios.
Menciona que por disposición 323 de marzo de 1996 el Director Provincial del Registro de las Personas dispuso su reintegro a las tareas.
Sostiene que ante el reconocimiento expreso por parte de la Administración de que la falta de prestación de servicios obedeció al sumario disciplinario y a la causa penal seguida en su contra, insistió mediante cartas documento en el reconocimiento y pago de los haberes devengados durante el prolongado lapso en que ambos procesos se llevaron adelante, como así también en el pedido de daños y perjuicios por los padecimientos sufridos.
Puntualiza que fue sobreseída definitivamente en la causa penal y también en el sumario administrativo. Alega que, por tal razón, la resolución 794/99 es autocontradictoria, incurriendo en falsa causa y violación de las formas en tanto asevera que no es cierto que la falta de prestación de servicios fuera consecuencia de una presunta privación de la libertad.
Afirma que fue la autoridad demandada quien resolvió de hecho que no cumpliera servicios por el sumario disciplinario y la causa penal, anticipando una futura cesantía de la ahora reclamante. Remarca que luego, ante el sobreseimiento, reconoció el error ordenando su reintegro a las funciones.
Agrega que el argumento de rechazo vulnera la motivación cierta del acto que así lo decide e incurre en desviación de la finalidad, puesto que si la actora no cumplió servicios sin medida suspensiva expresa y tampoco estuvo privada de su libertad, debió instarla a que se presente o bien intimarla bajo apercibimiento de tener por configurado el abandono del cargo.
En cuanto a la resolución 71/00 sostiene que su negativa se limitó a responder por el cobro de haberes sin atender las reclamaciones por rubros indemnizatorios. Asimismo alega que el rechazo del recurso carece de adecuada fundamentación en cuanto contiene un enunciado genérico no particular ni analítico de los argumentos esgrimidos.
Ello así, impugna ambos actos por considerarlos violatorios de los arts. 103, 108 y concordantes del decreto ley 7.647/70 y el art. 82 y concordantes de la ley 10.430. Pide, en consecuencia, le sea reconocido su derecho y se condene al pago de los rubros reclamados.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de las resoluciones impugnadas.
Refiere que ante la solicitud de la actora al reintegro en sus funciones, la Dirección de Administración del Registro de las Personas informó que la accionante registraba ausencias sin justificar desde el 5 de febrero de 1990 hasta esa fecha (27 de julio de 1995).
Destaca que en el informe mencionado se señala que en el expediente administrativo, únicamente, se había dictado hasta ese momento la disposición 905/93 que ordenaba la instrucción del sumario (v. fs. 163, exp. adm.).
Agrega que en igual sentido se pronunció el Director de dicho registro al informar que "no hay antecedentes de acto administrativo alguno, que haya dispuesto la suspensión preventiva" (fs. 165, exp. adm.).
Remarca que la afirmación de la actora relativa a que durante el lapso del 5 de febrero de 1990 al 19 de marzo de 1996 fue suspendida preventivamente por la Administración con motivo del procedimiento disciplinario, resulta inexacta, atento que de las constancias obrantes en el expediente respectivo surge que dicha suspensión no aconteció; refiriéndose con ello a la ausencia de decisión expresa.
Apoya su postura en el entendimiento de que las medidas precautorias (traslados o suspensión) pueden ser tomadas por la autoridad pública una vez ordenada la instrucción de un sumario. Sostiene que recién comenzó a investigarse la conducta de la actora cuando se dictó la disposición 905 del 31 de agosto de 1993, por la que se dio curso al sumario, resultando irrazonable la afirmación de la agente acerca de que la suspensión fue dispuesta a partir del 5 de febrero de 1990 dado que la Administración recién pudo eventualmente dictar esa medida precautoria a partir del 31 de agosto de 1993.
Afirma que la actora dejó de prestar servicios a partir del 5 de febrero de 1990 por una decisión no imputable a la Administración, situación que se mantuvo hasta el 19 de marzo de 1996 cuando se la autorizó a continuar con el ejercicio de su función, atento que no estaba suspendida.
Agrega que el art. 97 de la ley 10.430 autoriza a disponer la suspensión preventiva, cuando el agente se encuentra privado de su libertad por orden de una autoridad policial o judicial acusado de la comisión de un delito, circunstancia que la propia actora niega en su escrito de demanda.
Concluye que la señora Encarnación no prestó servicios -lo que justifica la falta de retribución- durante 6 años y 43 días. Y ello no por haber sido privada de su libertad, sino por entender -erróneamente- que había sido suspendida por la Administración.
III. De las actuaciones administrativas 2209-134403/94 y expedientes agregados a los autos sin acumular -en dos cuerpos de copias certificadas-, surgen los siguientes datos útiles para la decisión de la causa, los que serán relatados en orden cronológico para su mejor comprensión.
III.1. Según lo informado por el Área Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Provincial del Registro de las personas -ver fs. 144- en el año 1990 se iniciaron los expedientes 2209-2292/90, "Encarnación, Myrta Anacleta s/ Falsificación de documento público", girado a la Dirección Provincial el 22 de junio de 90; expediente 2209-9893/90, "Encarnación, Myrta Anacleta s/ iniciación sumario por falsificación de documento público" agregado al expediente 2209-2292/90; expediente 2209-24540/90, "Delegación San Miguel-Eleva nota por anomalía en partida de matrimonio-" girado a la Dirección Provincial el 18 de abril de 1994 como último pase.
III.2. El expediente administrativo 2209-2292-90 solo cuenta con un informe de la Dirección de sumarios fechada el 7 de junio de 1990 dirigido al Director del Ministerio de Gobierno del que surge que "se incoan los presentes actuados con motivo de la detención policial de la agente Myrta Anacleta Encarnación con prestación de servicios en la Delegación San Miguel Zona VII de la Dirección Provincial del Registro de las Personas. Asimismo, se informa a fs. 3 que la mencionada agente se encuentra procesada". Agrega que la orden de sumario no cumple los requisitos determinados por el art. 79, apartados I y II del decreto reglamentario 1.227/87, remite los autos y menciona por último que deberán subsanarse falencias indicadas en una foja que no se encuentra agregada al expediente administrativo (v. fs. 94, copias exp. adm.).
III.3. Expediente 2209-24540 iniciado el 8-X-1990 por el Delegado de San Miguel del Registro de las Personas elevando nota sobre una anomalía detectada en una partida de matrimonio. Allí relata que el día 14 de septiembre de 1990 concurrió a esa delegación una persona a hacer un trámite de duplicado de DNI y manifestó que quería hablar con él, indicándosele que volviera otro día. Que días después regresó manifestando acusaciones contra la agente Myrta Encarnación y posteriormente acompañó una copia de certificado de matrimonio, expresando "que el original lo había entregado la agente Martirene" (sic). Que hizo verificar dicho certificado comprobando que el mismo no correspondía a un matrimonio celebrado en esa delegación (v. fs. 34, copias exp. adm.).
III.3.a. La Asesoría General de Gobierno, luego de efectuar un análisis de los elementos incorporados a la causa, dictamina con fecha 21 de febrero de 1992 que "...corresponde incoar el respectivo sumario administrativo" disponiendo al efecto varias medidas previas; entre ellas, que el Departamento de Personal "...informe sobre el destino de la agente MIRTA ENCARNACIÓN DE MARTIRENE, su situación de revista y se glosen sus antecedentes..."(v. fs. 56/57, copias exp. adm.).
III.3.b. El Departamento de Personal informa con fecha 15 de octubre de 1992 que la agente Encarnación reviste en la Delegación San Miguel, "encontrándose la misma AUSENTE desde el 5-II-1990 detenida por autoridad policial por presunta falsificación de documento público, sumario que tramita por expediente 2209-2292/90" (fs. 82, copias exp. adm.).
III.3.c. Por disposición 905 del 31 de agosto de 1993 se ordena la instrucción de sumario contra la mencionada agente (v. fs. 88/89, copias exp. adm.).
III.3.d. Con fecha 16 de agosto de 1995 se agrega el expediente 2209-24540/90 al principal 2209-134403/94 (v. fs. 98 vta., copias exp. adm.).
III.4. Por expediente 2209-134403 -iniciado el 3 de marzo de 1994- tramita el requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal, Correccional y Federal n° 3 en relación a la causa n° 43.582 caratulada "Hernández Sempe Jorge y otros s/ Inf. Art. 292 del Código Penal", por el cual se solicita informe acerca del estado y/o resolución recaída en el expediente administrativo 2209-24540 (v. fs. 125, copias exp. adm.).
III.4.a. Con fecha 13 de marzo de 1995 se sobresee parcial y provisoriamente en la causa penal antes referida a la señora Myrta Anacleta Encarnación de Martirene (v. fs. 201/202, copias exp. adm.).
III.5. Por expediente 2209-6075, con fecha 28 de marzo de 1995, la actora solicita su reintegro a las funciones que cumplía en la Delegación, por haberse decretado su sobreseimiento en la causa criminal 43.582. Asimismo, hace reserva de los haberes que le corresponden por el lapso durante el cual estuvo irregularmente suspendida (v. fs. 137, copias exp. adm.).
Con fecha 26 de abril de 1995 se acumula el expediente 2209-6075 al 2209-134403/97 (v. fs. 147, copias exp. adm.).
III.6. Con fecha 16 de agosto de 1995 la Dirección Provincial del Registro de las Personas informa que los expedientes administrativos 2209-2292/90 y 2209-9893/90 no fueron encontrados y que a esa fecha no había antecedentes de acto administrativo alguno que hubiese dispuesto la suspensión preventiva de la agente (v. fs. 165, copias exp. adm.).
III.7. La Dirección Provincial de Personal de la Provincia de Buenos Aires informa a la Asesoría General de Gobierno, con fecha 19 de diciembre de 1995, que "por exp. 2209-2292/90 y su agregado 2209-9893 se ordenó la instrucción de sumario administrativo, el que no habría dado inicio, encontrándose extraviados los referidos cuerpos documentales" (v. fs. 174, tercer párrafo, copias exp. adm.).
III.8. La Dirección Provincial del Personal de la Provincia y la Asesoría de Gobierno se expiden en forma coincidente en cuanto a la reincorporación de la actora a sus funciones atento no existir normativa alguna que lo impida y aconsejan dar intervención a la Dirección de Sumarios para que instruya el mismo, en un todo de acuerdo con la Disposición 905/93 (v. fs. 174 y 175, copias exp. adm.).
III.9. Por disposición 323 del 13 de marzo de 1996, el Director Provincial del Registro de las Personas dispuso reintegrar a sus tareas a la agente Myrta Anacleta Encarnación fundando dicho acto en las opiniones de Asesoría General de Gobierno y de la Dirección Provincial del Personal de la Provincia (v. fs. 179, copias exp. adm.).
III.10. Del parte quincenal de control de asistencia diaria de las delegaciones, el correspondiente a la Delegación San Miguel da cuenta que al mes de marzo de 1996 surge con relación a la agente Encarnación, en el rubro Observaciones, que estuvo "suspendida" desde el 5 de febrero de 1990 (v. fs. 186, copias exp. adm.).
III.11. Con fecha 11 de junio de 1997 el instructor sumariante propicia el sobreseimiento de la agente Encarnación (v. fs. 240/241, copias exp. adm.).
III.12. La actora mediante carta documento fechada el 11 de marzo de 1999 solicita pronto despacho del sumario 2209-134403/94, a fin de continuar con el reclamo de los 6 años y 48 días de salarios que se le adeudan (v. fs. 1, copias exp. adm.). En la misma fecha dirige carta documento al Delegado de San Miguel reclamando el pago mencionado (v. fs. 16, copias exp. adm.).
Por resolución 794 del 8 de noviembre de 1999, el Ministro de Gobierno sobresee definitivamente en la causa administrativa a la agente Encarnación y rechaza la pretensión en cuanto al pago por el período que abarca desde el 5 de febrero de 1990 hasta el 19 de marzo de 1996. Funda la negativa en la inasistencia injustificada de la peticionaria, sin que existan constancias de haberse dispuesto medida preventiva alguna (v. fs. 305 y vta., copias exp. adm.).
III.13. Por resolución 71 del 27 de marzo de 2000 se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra la resolución 794 (v. fs. 109, copias exp. adm.).
III.14. De los dichos de la actora en oportunidad de demandar y del informe pericial, se desprende que con fecha 1 de julio de 1998 la señora Encarnación de Martirene cesó para acogerse a la jubilación ordinaria, beneficio que obtuvo ante el IPS (v. fs. 118 vta.; 298/299 vta., autos).
Por resolución 428.061 del 3 de junio de 1999 el Directorio del Instituto de Previsión Social (IPS) aprueba el reconocimiento de servicios del régimen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a favor de Myrta Anacleta Encarnación y reajusta su jubilación, estableciendo que han sido computados 32 años, 3 meses y 24 días de servicios (v. fs. 108, autos).
IV. Tal como ha quedado trabada la litis , la cuestión materia de decisión se circunscribe a determinar si los actos mediante los cuales la Administración deniega el reconocimiento salarial y el respectivo pago por el período que corre desde el 5 de febrero de 1990 hasta el 19 de marzo de 1996, resultan legítimos.
IV.1. No existe contradicción entre las partes sobre la falta de prestación de servicios de la agente Encarnación de Martirene en la Delegación de San Miguel del Registro Provincial de las Personas por el lapso referido. Tampoco discrepan acerca de que el 19 de marzo de 1996 se hizo efectiva su reincorporación. Difieren sí, en la causa que habría originado la interrupción de la asistencia: mientras la actora afirma que desde que fue "...anoticiada de estar bajo sumario con denuncia penal por falsificación de documento público no se permitió la prestación de servicios..." (v. fs. 117 vta.), la autoridad demandada asevera que "...la actora dejó de prestar servicios a partir del 5/2/90 por una decisión no imputable a la Administración, situación que se mantuvo hasta el 19/3/96, cuando se la autorizó a continuar con el ejercicio de su función, atento que no estaba suspendida" (fs. 140 vta.).
Es precisamente en el entendimiento de que "...no existen constancias de haberse dispuesto medida preventiva alguna al respecto..." donde reside el fundamento aducido en los actos impugnados para denegar el reclamo salarial respecto del período en cuestión (v. considerando cuarto de la resol. 794 a fs. 305, copias exp. adm.).
Adelanto que, en mi criterio, el argumento planteado por la demandada vinculado a que no corresponde abonar salarios por el período pretendido porque la autoridad estatal no dispuso la suspensión preventiva de la agente mediante acto expreso, no desvirtúa la procedencia del reclamo.
En efecto, de las constancias remitidas surge que ante las presuntas irregularidades en la confección de un documento público que involucraba a la accionante, la autoridad demandada dio inicio a tres expedientes administrativos; a saber: números 2209-2292/90; 2209-9893/90 -agregado al 2209-2292/90- y el exp. 2209-24540/90.
Por el primero de ellos se ordenó la instrucción de sumario contra la agente Encarnación de Martirene, el cual solo tuvo como trámite la orden respectiva que la Dirección de Sumarios reputó defectuosa y recomendó subsanar, sin que ello ocurriera (v. fs. 94 y 95, copias exp. adm.). Dicho expediente fue posteriormente extraviado (v. tercer párrafo del dictamen de fs. 174, copias exp. adm.).
Fue así que con fecha 31 de agosto de 1993 -dos años más tarde- el Director Provincial del Registro de las Personas dispuso en el expediente 2209-24540/90 instruir un nuevo sumario a la aquí demandante con el objeto de investigar "...la existencia de irregularidades denunciadas en la tramitación de duplicado DNI..." (fs. 88/89, copias exp. adm.).
Previo al dictado de la referida disposición del año 1993, la autoridad demandada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.