Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 54823
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 54.823, "Algeri, Walter Vicente contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad). Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Walter Vicente Algeri, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Provincia de Buenos Aires (Policía), impugna la sanción de cesantía que se le aplicó en el expediente administrativo n° 2203-148322/80, pide su reincorporación y solicita se lo indemnice por los daños que alega haber sufrido como consecuencia de tal medida segregativa.
Formula liquidación y ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, plantea la inadmisibilidad de la demanda con fundamento en el consentimiento del acto que por esta acción se impugna. Seguidamente, contesta la acción y sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita su rechazo.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
III. De la excepción planteada por la demandada se confirió traslado al actor (v. fs. 104), el que fue contestado a fs. 136/139.
IV. A fs. 161/162 el actor denuncia como hecho nuevo la notificación que recibió por cédula el 24-X-1997 y la presentación que dice haber realizado ante el Jefe de la Delegación Judicial XVIII el 28-X-1997.
V. Corrido el debido traslado (v. fs. 162), la Fiscalía de Estado desconoce la autenticidad de la documentación acompañada. Advierte, además, que no se desprende de tales piezas que éstas hayan sido incorporadas al expediente administrativo mencionado por el actor.
VI. En atención a que la documentación acompañada por el demandante guarda relación directa con la cuestión ventilada en autos, mediante resolución de fecha 28-IV-1998, este Tribunal ordenó su incorporación a la presente causa (v. fs. 167).
VII. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 191, 304) y la causa penal 146.742 "Algeri, Walter Vicente s/ denuncia" (v. fs. 307) glosado el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 197/380) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 383/386 -actora- y v. fs. 396/397 -demandada-), la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C Ió N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria, dijo:
I. La accionada postula la inadmisibilidad de la demanda. Sostiene que el actor consintió la resolución 639/81 por la cual el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso su cese en el cargo que ocupaba en la Policía.
Destaca que el señor Algeri reconoció que el mentado acto le fue notificado el 25-IX-1981. Afirma que el recurso contra esa decisión fue presentado el 19-III-1985. Dice que la propia accionante reconoció en el escrito acompañado con la letra "S" que el recurso de reconsideración había sido presentado en aquella oportunidad.
Seguidamente niega la autenticidad de la documentación que la demandante pretende hacer valer como recurso de reconsideración acompañado a la demanda bajo la letra "H". Advierte que se trata de una fotocopia simple, en la que no luce ningún sello fechador o de otro tipo insertado originalmente.
En otro orden, niega que se cumplan los recaudos exigidos por la ley para configurar una demanda por retardación en el marco del art. 7 del Código Contencioso Administrativo y, por consiguiente, pide se rechace la acción por su improcedencia formal.
II. Corrido el traslado de la aludida excepción, la actora pone de resalto que la Administración provincial no cumplió con el deber de acompañar las actuaciones administrativas sobre las que versa la acción. Postula que la negativa a remitirlas "debe ser tomada en cuenta como presunción de que los hechos o documentos presentados por la otra parte, y que constan en dichos expedientes, son ciertos o verdaderos".
Reitera que el 27-IX-1981 presentó el recurso de reconsideración contra la resolución 639/181 aquí impugnada. A su vez, aclara que el 19-III-1985 presentó reclamo ante el Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Razona que este último reclamo no fue incoado ante la autoridad policial por lo que dice que no podría interpretarse que pudiera hacerse valer como impugnación contra una decisión de aquélla.
Cuestiona lo actuado por la Administración con posterioridad al recurso de reconsideración interpuesto el 27-IX-1981.
III.2. A los fines de decidir esta primera cuestión, reviste fundamental relevancia la circunstancia de que la autoridad pública demandada no acompañó a estos autos el expediente administrativo n° 2203-148322/1980 y agregados en el que se dictó el acto segregativo que por esta acción se impugna (v. fs. 106/106 vta., 136/139).
Con relación a la ausencia de expedientes administrativos, la ley 12.008 modificada por la ley 13.101 dispone que el juez proseguirá la causa en la forma prevista en el art. 32 última parte, esto es el examen de admisibilidad y traslado de demanda, tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la accionada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho (conf. art. 30 inc. 2 in fine ).
Así las cosas, la resolución de la presente causa debe efectuarse analizando la prueba ofrecida y producida por las partes en los presentes obrados.
III.3. En cuanto a los reparos a la admisibilidad de la acción que aquí se analizan, cabe advertir que, no obstante haber incumplido con el deber que sobre ella pesaba de acompañar las actuaciones administrativas, la Administración intenta ampararse en sus propias deficiencias para solicitar la inadmisibilidad de las pretensiones aquí articuladas, aduciendo que la accionante consintió el acto que por esta acción impugna.
En tal escenario, declarar la procedencia del reparo formal planteado resultaría contrario al principio de buena fe procesal y a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.), en tanto se priva al accionante de una decisión judicial sobre el fondo de la cuestión, en razón de no poder corroborarse si efectivamente impugnó la mentada medida segregativa.
Como ha tenido oportunidad de expedirse esta Suprema Corte, por aplicación de la antes citada cláusula 15 de la Constitución provincial, en caso de duda debe definirse la cuestión a favor de la admisibilidad de la acción, siendo que la regla in dubio por actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa (causas B. 51.979 y B. 51.981, sents. de 21-VI-2000). Y, en tal sentido, ha de rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (conf. causas B. 53.836, "Cadegua", sent. de 21-III-2001; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 62.799, "Albornoz", sent. de 16-IX-2009, B. 59.642, "Baldi", sent. de 26-X-2010; B. 60.760, "García", sent. de 19-XII-2018; entre muchas otras).
Concluyo, entonces, que corresponde desestimar la oposición a la admisibilidad de la demanda formulada por la accionada.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria, dijo:
I. El actor relata que el 15-II-1977 ingresó como cadete de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Señala que egresó como Oficial Ayudante en noviembre de 1978 con la más alta calificación histórica hasta ese momento.
Agrega que hacia septiembre de 1980 al tomar conocimiento del proceder ilícito de sus superiores realizó la denuncia penal correspondiente.
Dice que a raíz de ésta comenzó a sufrir agresiones en su lugar de trabajo, la Delegación de Inteligencia de Lanús. Aclara que no obstante esa situación, continuó desarrollando sus tareas en forma habitual. Apunta que a mediados de octubre de 1980 se le concedió licencia por descanso anual.
Manifiesta que, agotado el período de vacaciones, no pudo reintegrarse al servicio, pues al presentarse se le impidió el ingreso. Agrega que en esa oportunidad se le informó que se habían iniciado actuaciones sumariales por abandono de servicio. Acota que fue obligado a entregar el arma asignada por la Institución, uniforme y credencial.
Niega haber incurrido en la falta reprochada.
Aduce que la Administración lo expulsó arbitrariamente de la Institución con el objeto de continuar con la actividad ilícita con total impunidad.
Se agravia de que durante la sustanciación del sumario administrativo disciplinario la autoridad policial incurrió en irregularidades que afectaron el ejercicio de su derecho de defensa.
Agrega que sufrió persecuciones personales intimidatorias que le hicieron temer por su integridad física. En tal contexto, narra que obtuvo con carácter urgente Visa clase B1, B2 y emigró a los Estados Unidos.
Refiere que una vez restaurada la democracia regresó al país e inició reclamos ante las máximas autoridades de la Nación y de la Provincia, a efectos de lograr su reincorporación en el cargo en el que -según afirma- arbitrariamente había sido cesado.
Pone de resalto que el 9-IV-1985 pudo tomar vista por primera vez del sumario administrativo disciplinario que concluyó con su cese. Precisa que hasta ese momento no se había sustanciado el recurso de reconsideración por él interpuesto. Niega que la firma consignada en la notificación obrante a fs. 25 de dichas actuaciones sea auténtica.
Continúa relatando que pese a haber requerido la producción de pericia caligráfica sobre su supuesta rúbrica, esta comprobación no pudo ser realizada por haber desaparecido la foja en cuestión. Asimismo, observa la foliatura correspondiente a las fojas subsiguientes.
Expresa que luego de efectuar numerosas presentaciones para obtener la resolución del recurso interpuesto, el 13-VII-1993 solicitó al Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se dicte una decisión definitiva en las mentadas actuaciones. Apunta que de esta presentación tampoco recibió respuesta.
Indica que con fecha 24-X-1997 fue notificado en su calidad de "Oficial Ayudante" a efectos de ampliar el recurso de reconsideración en el expediente administrativo n° 2137-688.788/1993. De ahí que infiere que mantuvo su grado de revista de Oficial Ayudante en disponibilidad preventiva hasta el mes de octubre de 1997.
Por último, dice que con fecha 27-IX-1995, en el expediente n° 656871/1993 -por el que se reconstruyó el expediente n° 2203-148322/1980-, se le notificó el cese en el mentado cargo.
II. La Fiscalía de Estado afirma que la cesantía del señor Algeri fue dispuesta en virtud del abandono del servicio en que incurrió en el mes de octubre de 1980. Detalla que tras detectarse el hecho que diera lugar a la instrucción del sumario correspondiente, se lo intimó a reintegrarse a sus tareas. Asevera que el aquí actor ignoró tal llamado.
Agrega que el 8-VI-1981 se dictó la resolución 42.718 a través de la cual el Jefe de Policía solicitó el cese del actor, el que finalmente se produjo el 8-IX-1981.
Niega que al Oficial Ayudante Algeri se le haya otorgado licencia anual en el mes de octubre de 1980. Asimismo, desconoce que hubiere realizado una denuncia penal por supuestos ilícitos cometidos por sus superiores.
Con relación a la afectación del ejercicio del derecho de defensa, señala que el actor no individualiza de qué prueba se vio privado y, en su caso, de qué modo aquélla hubiese influido en el procedimiento disciplinario.
Pone de resalto que entre la fecha en que se decretó la disponibilidad preventiva (noviembre/1980) y aquella en que se decidió el cese (octubre/1981), el actor no realizó ninguna presentación ante la instrucción sumarial a fin de ejercer su defensa.
Por último, y con carácter subsidiario, plantea la improcedencia de la pretensión reparatoria.
Con relación a la notificación que el actor declara haber recibido el 24-X-1997, desconoce la autenticidad de ésta y de la presentación efectuada el 28-X-1997, y destaca que tales piezas no han sido incorporadas en el expediente administrativo.
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Cédula de notificación de fecha 25-IX-1981 a través de la cual se requiere al Oficial Ayudante Algeri que comparezca "en el acto a su destino, motivo de la notificación resultado sumario administrativo expediente 148322/1980 ..." (v. fs. 12).
III.2. A fs. 13/15 obra agregada copia del recurso de reconsideración fechado el 27-IX-1981.
III.3. Presentación efectuada por el actor, el 19-IV-1985, ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitando la nulidad del referido cese (v. fs. 21/23).
III.4. Mediante nota de fecha 26-IX-1985 en el expediente 2208-58/1985, el Subsecretario de Seguridad notifica al señor Algeri que debía presentar ante esa Subsecretaría a su cargo en el término de 10 días, por escrito, los elementos probatorios que tuviere en su poder para ser agregados al expediente 2203-1483222/1980 y resolver en definitiva (v. fs. 25).
III.5. A fs. 26 obra agregada la contestación a la intimación indicada en el apartado anterior. En esta presentación el aquí actor solicita se cite a los testigos a ratificar o rectificar las declaraciones producidas en el sumario en cuestión. Además pide la realización de una pericia caligráfica respecto a la firma consignada a fs. 25 del mencionado cuerpo administrativo. Plantea la nulidad del procedimiento por violar las garantías del debido proceso legal.
III.6. A fs. 229/246 y 344/358 obra agregado el legajo de personal correspondiente al actor.
III.7. Copia certificada de la causa penal 3.926 caratulada "Algeri, Walter Vicente s/ denuncia" de trámite por ante el Juzgado en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de La Plata, originada con la denuncia -efectuada por el actor de autos- de la desaparición del expediente administrativo n° 2203-148322/1980. Esta causa culminó con el sobreseimiento provisorio, por no acreditarse indicios suficientes para determinar el autor o autores del delito que originó la formación de la causa (v. fs. 166).
III.8. Expediente administrativo 2137-688.788/1993 agregado -sin acumular en autos-.
III.8.a. Se originó con la carta documento de fecha 25-VI-1992, a través de la cual el señor Algeri reclamó la localización del expediente administrativo 2203-148.322/1980; y culminaron con la resolución 87.130 de fecha 18-VI-1995 por la cual el Jefe de Policía decidió sobreseer la causa hasta tanto se acumulen otros elementos probatorios que permitan juzgar la conducta analizada (v. fs. 1, 196/197). Esta decisión fue impugnada por el señor Algeri a fs. 204/206.
III.8.b. Copia certificada de la resolución 42.719 de fecha 8-VI-1981 en la que el Jefe de Policía decide solicitar al señor Gobernador el cese del Oficial Ayudante Algeri por haberse acreditado su abandono del servicio por más de 72 horas, sin causa justificada, falta agravada por el regular concepto que merece (infr. art. 58 inc. 4, ley 9.550/80 -v. fs. 76/77-).
III.8.c. Copia certificada de la resolución III 639 de fecha 8-IX-1981, dictada en el expediente administrativo n° 2203-148322/1980, y a través de la cual el Ministro de Gobierno decidió el cese en el cargo, por cesantía del Oficial Ayudante Walter Vicente Algieri por haberse acreditado la comisión de faltas al régimen del servicio en los términos del art. 58 inc. 4 de la ley 9.550 (v. fs. 45).
III.8.d. Cédula de fecha 22-IX-1995 a través de la cual se notifica al señor Algeri la resolución 639/81 dictada por el Ministro de Gobierno el 8-IX-1981 (v. fs. 143/144).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si el cese impuesto al actor de conformidad con lo dispuesto en el art. 58 inc. 4 del decreto ley 9.550/80, se ajusta a derecho.
IV.1. De modo preliminar es preciso señalar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse, no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. mi voto en las causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 59.078, "González", sent. de 28-V-2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4-VI-2003; B. 57.907, "Von Ortel", sent. de 4-VIII-2004; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 62.616, "F. C., A.", sent. de 18-II-2009; B. 58.669, "C., F. C.", sent. de 30-V-2012 y B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VIII-2013).
IV.2. El actor pretende la anulación de la resolución 639/81, y través de la cual el Ministro de Gobierno dispuso su cese en el cargo de Oficial Ayudante que desempeñaba en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por haber incurrido en la falta contemplada en el art. 58 inc. 4 del decreto ley 9.659/80 -abandono de servicio por más de 72 horas sin causa justificada-.
El expediente n° 2203-148322/1980 no fue acompañado a esta causa por la demandada.
De las constancias agregadas en autos, resulta que dichas actuaciones fueron extraviadas (v. expediente administrativo 2137-688.788/93 agregado sin acumular, en especial fs. 196/197, y resolución 87.130 en la que el Jefe de Policía decidió el sobreseimiento de la causa hasta tanto se "acumulen otros elementos probatorios que permitan juzgar la conducta analizada" -v. fs. 204/206-).
Por ello, en la presentación efectuada a fs. 136/139, el accionante solicita se aplique en el sub examine la presunción consagrada en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial.
Ahora bien, de acuerdo a las constancias agregadas en autos, lo cierto es que no surge manifiestamente verosímil el contenido de tales actuaciones administrativas, circunstancia requerida por la norma invocada, a fin de hacer efectiva la presunción en contra de la Administración que reclama el actor.
IV.3. En tal escenario, entonces, corresponde analizar la procedencia de la acción en
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