Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63195
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 63.195, "Brown, Carlos Ramón contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa"
I. El doctor Carlos Ramón Brown, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) y solicita se declare la nulidad de las resoluciones de fecha 22-XII-1999, 18-X-2000, 28-III-2001 y 2-VII-2001 dictadas por ese organismo en el expediente administrativo n° 194/1997, correspondiente a la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad -ejercicio 1997-.
Por el primero de los mencionados actos se sancionó al actor con multa de un mil seiscientos pesos -$1.600- por irregularidades detectadas en el trámite de rendición de cuentas correspondiente al período en que se desempeñó en el cargo de Secretario de Seguridad.
Por el acto de fecha 18-X-2000 se decidió correrle traslado al señor Brown del informe del 6-X-2000 elaborado por la Relatoría.
El acto del 28-III-2001 rechazó el libramiento de oficios solicitados por el actor y confirmó la sanción impuesta.
El Acuerdo de fecha 2-VII-2001 denegó el recurso de revisión planteado contra la decisión de fecha 22-XII-1999.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se deje sin efecto la multa impuesta.
Por último, ofrece prueba, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar y formula reserva de caso federal.
II. Por resolución de fecha 27-XI-2002, este Tribunal decide hacer lugar a la medida precautoria solicitada en el marco de lo dispuesto en el art. 32 de la ley 4.373 y ordena al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo de la multa aplicada al actor mediante el fallo de fecha 22-XII-1999 y confirmado por los fallos de fecha 28-III-2001 y 2-VII-2001 -dictados por el Tribunal de Cuentas, en el expediente n° 194/1997 "Rendición de Cuentas correspondiente a la Secretaría de Seguridad (Ejercicio 1997)"-; hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa (v. fs. 42).
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio Fiscalía de Estado, contesta la demanda, y con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 44/52).
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal.
IV. Producida la prueba instrumental (v. fs. 37), agregado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 58, 62/137 y 140) y glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 142/143 -actora- y 144 -demandada-), la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata el actor que con fecha 22 de diciembre de 1999, en el expediente 194/1997 por el que tramitó la rendición de cuentas del ejercicio 1997 de la Secretaría de Seguridad, el Tribunal de Cuentas decidió aplicarle una multa global de un mil seiscientos pesos por los motivos explicitados en los considerandos sexto y noveno de aquel acto.
Con relación a la conducta reprochada en el considerando sexto, manifiesta que deben ser analizadas las modificaciones en las misiones y funciones de la Secretaría de Seguridad efectuadas por el decreto 688/97 como consecuencia del estado de emergencia que imperaba en esa materia en la Provincia de Buenos Aires.
Acota que su estructura funcional fue ampliada. Señala que al ser escaso el personal que poseía originariamente, surgió la necesidad de ampliar la planta de agentes. Explica que hasta tanto ello se concretara se debió recurrir a la figura de la locación de obra pues, según relata, no era posible enmarcarlos como locación de servicios por requerir ésta la existencia de cargos de planta temporaria previstos con anterioridad a la instrumentación.
Pone de resalto que todos los contratos de locación de obra contaron, en forma previa a su aprobación, con la intervención de la Dirección Provincial de Personal que no objetó la utilización de esta figura y nunca aconsejó que se efectuaran contratos de locación de servicios.
Al respecto se agravia de que la instrucción no dictó las medidas tendientes para el requerimiento de informes a dicha dependencia provincial de personal.
Subraya que era imposible dar cumplimiento al decreto 688/97 y a la demanda de la comunidad con la antigua estructura administrativa.
Aduce que durante su gestión en la Secretaría de Seguridad se cumplieron las disposiciones legales, no existiendo perjuicio patrimonial para la Provincia en la medida que fueron aprobadas las erogaciones efectuadas respecto de los pagos de los contratos de locación de obra observados. Por ello plantea que no resulta razonable la sanción de multa aplicada.
Con respecto a los "Defensores de Seguridad" creados por el decreto 328/97 como asimismo su modo de retribución según resolución general 3.419 de la Dirección General Impositiva, se agravia de que no se han analizado los argumentos esbozados al efectuar el descargo.
Dice que el aludido decreto omitió establecer la forma contractual de los Defensores de la Seguridad, no se previeron los cargos que dichos funcionarios debían ocupar ni se crearon en su momento los mismos. Explica que en razón del vacío legal que existía y ante la situación de emergencia en seguridad que imperaba en aquella época, hasta tanto se crearan las vacantes de planta temporaria que, a su criterio debían ocupar dichos funcionarios, decidió el pago de las respectivas remuneraciones a través de la metodología dispuesta por la resolución general de la DGI 3.419 y sus modificatorias.
Apunta que el trámite de obtención de estas vacantes se vio interrumpido por su renuncia al cargo el 18 de diciembre de 1997.
En otro orden, se agravia por la afectación de su derecho de defensa. Aduce que la resolución de fecha 18-X-2000, le confirió traslado en los términos del art. 39 de la ley 10.869 y sus modificatorias del informe del Relator sin acompañar copia de los requerimientos y las respectivas respuestas.
Afirma que la argumentación de la autoridad administrativa vulnera el principio de impulso de oficio consagrado en los arts. 48, 51, 53, 54 y concordantes del decreto ley 7.647/70 de aplicación supletoria al procedimiento ante el Tribunal de Cuentas regido por la ley 10.869.
Por último, concluye que el excesivo rigor formal que exige el Tribunal de Cuentas no se compadece con la realidad cotidiana de la gestión del funcionario público. Reitera que en el caso no se ha violado norma alguna que implique sanciones por su accionar.
II. Al contestar la demanda, Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de la multa aplicada al actor por el Tribunal de Cuentas.
Relata que al analizar el ejercicio 1997 de la Secretaría de Seguridad, el mencionado organismo de control observó la firma de contratos tipificados como "locación de obra", pero que por su objeto y fines debían calificarse como "locación de servicios". Afirma que, si bien tal proceder no generó un perjuicio fiscal, importó una violación al ordenamiento legal aplicable al desvirtuar la figura legal de la locación de obra. Dice que las obligaciones asumidas por los contratantes en los mencionados instrumentos denotan trabajos administrativos normales, similares a los que llevan adelante los empleados de la planta permanente del Ministerio. Enumera entre las tareas contratadas "carga de datos PC", "tareas administrativas", "inventarios patrimoniales", "tareas de residencia del Sr. Secretario".
Destaca que no fueron aportadas al expediente las obras supuestamente convenidas.
Con relación al mecanismo adoptado por la Secretaría de Seguridad para abonar las retribuciones a los Defensores de Seguridad, detalló que estos cargos debían materializarse a través de una designación o nombramiento del Poder Ejecutivo, y no como locación de obra.
Apunta que el actor puso en funciones a siete Defensores de Seguridad y omitió impulsar actuaciones tendientes a lograr su designación por parte del Gobernador de la provincia.
Acota que las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas son consecuencia lógica de confrontar las normas legales imperantes en toda designación de personal y lo ocurrido en el ejercicio 1997 de la Secretaría de Seguridad.
Con respecto a las irregularidades en el procedimiento alegadas por el actor, negó que se hubiese incurrido en violación del derecho de defensa. Agregó que en esta instancia el actor no desconoció los actos reprochados sino que sólo se limitó a insistir en la situación de emergencia en seguridad en que se encontraba la Provincia.
Señala que la parte actora tampoco indica pruebas o defensas de las que se hubiera visto privado por las irregularidades de las que se agravia, ni detalla cuál hubiera podido ser su influencia en la decisión del asunto.
Pone de resalto que al instruir el expediente administrativo n° 194/1997 el Tribunal de Cuentas ponderó todos los antecedentes incorporados y con ellos evaluó el desempeño de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad de la Provincia.
Detalla que el recurso de revisión fue denegado por no haber sido desvirtuados los hechos acreditados.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de autos:
III.1. El decreto 688/97 modificó la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Seguridad (v. fs. 103/117).
III.2. El decreto 328/97 creó la figura del Defensor de Seguridad en el ámbito de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
III.3. Expediente administrativo n° 194/1997 "Rendiciones de Cuentas correspondientes a la Secretaría de Seguridad -Ejercicio 1997".
III.3.a. Observaciones formuladas por la Relatoría del Tribunal Fiscal (v. fs. 112 vta.).
III.3.b. Descargo presentado por el señor Carlos Ramón Brown (v. fs. 190/193).
III.3.c. El informe final de Relatoría concluyó, respecto a los contratos de locación de obra, que "no ha sido debidamente aclarado el encuadre legal asignado a las tareas cuestionadas, por lo que resulta pasible de sanciones previstas en el art. 16 de la ley 10.869 y sus modificatorias, el doctor Carlos R. Brown, en razón de suscribir los contratos observados".
En orden a los Defensores de Seguridad consideró que "aun ponderando la situación imperante, resulta improcedente el dictado de las resoluciones detalladas a fs. 112", por las que el doctor Brown puso "en funciones a los 7 Defensores de Seguridad que no se hallaban designados correctamente por el Poder Ejecutivo, arrogándose de tal forma un derecho no poseído" (v. fs. 246/247).
III.3.d. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 22-XII-1999 que decidió aplicar al actor una multa de un mil seiscientos pesos por las irregularidades detectadas respecto al personal contratado a través de locaciones de obra, y con relación a la designación y pago de los "Defensores de Seguridad" creados por decreto 328/97 (v. fs. 257/261).
III.3.e. La Dirección Provincial de Personal informó que no podía aportar elementos vinculados a sus intervenciones en la tramitación de los contratos de locación de obra observados por el Tribunal de Cuentas, por no contar con la identificación de los expedientes administrativos en los cuales aquellos habían sido aprobados (v. fs. 280).
III.3.f. El Relator a cargo del procedimiento concluyó que, aun cuando la mencionada Dirección provincial hubiese aportado elementos, la omisión del señor Brown de acompañar prueba que acredite el cumplimiento de las obras contratadas lleva a mantener las observaciones formuladas (v. fs. 281 y vta.). De este informe se corrió traslado al interesado (v. fs. 282/283) quien lo contestó a fs. 286/288.
III.3.g. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 28-III-2001 que rechaza el recurso de revisión interpuesto por el señor Carlos Ramón Brown contra su similar de 22-XII-1999 (v. fs. 291).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si la sanción de multa impuesta al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Inicialmente vale recordar que, al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.).
El mencionado organismo despliega su actividad en virtud de las disposiciones de la ley 10.869 que, en su art. 15, sindica a aquél como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los obligados (conf. doctr. causa B. 60.034, "Ruiz", sent. de 28-III-2012).
Por su parte, el art. 16 de ese mismo texto legal, lo faculta a imponer las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que, en tal cometido, el organismo de control debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo.
IV.2. Reseñado lo anterior, corresponde puntualizar los elementos fácticos en que se sustenta el caso de autos. El doctor Carlos Ramón Brown se desempeñó como Secretario de Seguridad entre el 7 de mayo de 1997 y el 19 de diciembre de 1997. Por su actuación en tal carácter, el Tribunal de Cuentas le impuso, a través de la resolución de fecha 22-XII-2000 dictada en el expediente n° 194/1997, y conforme lo dispuesto en el aludido art. 16 de la ley 10.869, una multa global de un mil seiscientos pesos.
IV.2.a. Las irregularidades detectadas por el organismo de control y por las cuales le aplicó la sanción impugnada refieren a dos cuestiones: 1. La celebración de doce contratos de locación de obra que, a criterio del Tribunal de Cuentas, desvirtuaron esa categoría contractual. Entendió que "las tareas descriptas en los contratos no resultarían compatibles con la figura de la locación de obra, ya que las mismas resultan un servicio operativo común dentro de la función administrativa que debe resolverse con personal técnico administrativo de la propia dependencia". Las tareas fueron detalladas a fs. 110 vta. del expediente administrativo citado: carga de datos PC; inventarios patrimoniales; colaboración en tareas administrativas y tareas en la residencia del Secretario. Apuntó que en atención a las características de la prestación contratada se debió recurrir a la locación de servicios, pues las tareas encomendadas no importaban la realización de una obra. 2. Poner en funciones a los "Defensores de Seguridad" creados por decreto 328/97, y autorizar el pago por sus servicios contra la presentación de recibos tipo "C" según resolución general DGI 3419. Entendió que tal proceder confería a dichos funcionarios el carácter de trabajadores independientes encuadrando en la rendición de cuentas en la figura de la "locación de obra".
IV.2.b. En orden al primer cargo, esto es, los contratos de locación de obra celebrados para tareas habituales de la Administración Pública, el accionante estructura su defensa, esencialmente, en base a tres argumentos. Por un lado, adujo que en virtud del importante cambio que sufrió en su estructura la Secretaría de Seguridad, no era posible celebrar contratos de locación de servicios por no haber cargos de planta temporaria para su instrumentación. Además, destacó que tales contrataciones no contrariaron lo dispuesto en la Ley de Contabilidad. Agregó también que la Dirección Provincial de Personal no objetó en sus intervenciones, las locaciones de obra cuestionadas por el Tribunal de Cuentas.
Con relación a la designación y pago de los Defensores de Seguridad puso de resalto que el decreto 328/97 que los creó no previó los cargos que estos funcionarios debían ocupar, ni tampoco se crearon oportunamente. Explica que ante esta situación y el acuciante problema de la inseguridad pública decidió como máxima autoridad de la Secretaría abonar a los Defensores de Seguridad conforme la metodología dispuesta en la resolución general DGI 3419.
Manifiesta que "el permanente compromiso con los ciudadanos que reclaman de sus gobernantes soluciones concretas a sus problemas más graves, es el que nos marca las conductas a seguir desde el cargo desempeñado y, sin apartarse del orden jurídico, buscar los mecanismos más eficaces para dar respuestas en forma inmediata".
IV.2.c. Anticipo que la demanda no prospera.
IV.2.c.i. Primeramente es preciso recordar que la sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (cfr. doctr. causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005 y sus citas y B. 65.288, "Pasturenzi", sent. de 21-V-2008; B. 57.652, "Gamma", sent. de 5-V-2010; B. 65.285, "HS Informática SRL", sent. de 6-XI-2013; e.o.), principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público (conf. doctr. causas B. 58.903, "Jotafi Computación Interactiva S.A.", sent. de 18-VI-2014 y B. 62.451, "Electropower", sent. de 18-X-2017).
De acuerdo a lo sostenido por este Tribunal en otras oportunidades, toda repartición estatal debe obrar en cumplimiento del principio de legalidad objetiva. La sujeción a esta directriz determina que la actuación administrativa debe encontrarse acorde a las normas atributivas de competencia con sustento en las cuales han de dictarse los actos pertinentes (conf. doctr. causas B. 51.720, "Coloschi Hnos. S.A.", sent. de 2-VIII-1994; B. 56.406, "Transporte del Oeste S.A.", sent. de 16-V-2001; B. 57.761, "Stiebeck", sent. de 7-XI-2001; B. 57.830, "García Arancibia", sent. de 19-V-2004; B. 66.232, "Caparelli", sent. de 18-V-2011; e.o.).
De allí que lo que es propio en general para los sujetos privados -a quienes les está permitido hacer todo lo que no se encuentra expresamente prohibido (art. 19, Const. nac.)- no lo es para los de derecho público cuya actuación, para reputarse legítima, debe ser referida a un precepto o postulado jurídico. El derecho, pues, condiciona y encauza la acción de la autoridad administrativa, supeditando su validez a una previsión normativa que la contemple y a la que aquella ha de ajustarse (cfr. García de Entrerría, E. Fernández, T. R. "Curso de Derecho administrativo", Ed. Civitas, Madrid 2000, Tomo I, págs. 440 citado en el voto del doctor Pettigiani -al que adherí- en la causa B. 52.835, "Roman", sent. de 19-IV-2017).
Ello no importa ceñir el conjunto de poderes y aptitudes del órgano o ente administrativo solamente a las que surjan en forma expresa del ordenamiento aplicable, en tanto a ellas se añaden, conforme también lo ha puntualizado desde antaño esta Corte, las derivadas de modo razonablemente implícito (conf. doctr. causas B. 47.882, "Ravinovich", sent. de 10-VI-1980; B. 52.052, "Cambiasso", sent. de 9-VI-1992; B. 52.893, "Espósito de Zanetta", sent. de 7-IX-1993; B. 54.327, "Federación de Clínicas", sent. de 26-V-1999; B. 55.037, "Federación de Clínicas", sent. de 31-VIII-1999; B. 52.835, cit.; e.o. y doctr. CSJN Fallos 254:56; 307:198 y 330:2992).
IV.2.c.ii. En la especie, del régimen normativo vigente en la Provincia de Buenos Aires para la contratación de personal y designación de funcion
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