Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66104
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 66.104, "Trofino, Mercedes contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
Mercedes Trofino, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la resolución 533/92 de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por la cual se suprimió el pago de la bonificación por falta de estabilidad en el empleo, establecida en la ley 10.551 (art. 4).
Pretende el cobro del adicional referido desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, con más intereses y costas.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
Corrido traslado de ley se presentó en autos el señor Fiscal de Estado quien, sobre la base de defender la actuación de la Administración, solicitó el rechazo de la acción deducida. Subsidiariamente, planteó que el reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas por la accionante sólo podría abarcar el período en que la demandante prestó servicios en el Agrupamiento Personal de Bloque Político.
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de la parte actora, glosado el alegato de la demandada -la actora no hizo uso de ese derecho- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La actora inicia la acción contencioso administrativa por retardación de la aquí demandada en resolver el pedido de pago de las asignaciones mensuales previstas en el art. 4 de la ley 10.551.
Relata que ingresó a trabajar a la Honorable Cámara de Diputados el 1 de enero de 1991 en el bloque político, categoría 3 donde se desempeñó hasta el 30 de marzo de 1991.
Explica que a partir del 1 de abril de 1991 y hasta el 31 de diciembre de 1993 se desempeñó en la categoría 17 y desde el 1 de enero de 1994 hasta el cese definitivo ocurrido el 30 de abril de ese año con categoría 8 (como administrativo temporario).
Indica que a partir del mes de febrero de 1992 dejó de percibir el adicional mensual establecido en concepto de falta de estabilidad en el empleo establecido en la ley 10.551 (art. 4), por aplicación de la resolución 533/92 de la presidencia de la Cámara de Diputados que así lo dispuso.
Como consecuencia de ello expresa que realizó el reclamo pertinente, cuya copia acompaña, solicitando el pago de dicho adicional por considerar que la resolución en cuestión suspendió por noventa días el pago y al 4 de mayo de 1992 había vencido dicho plazo. Además, alega que cuestionó también la validez constitucional de la referida resolución en tanto invalidó un derecho otorgado por una norma de grado superior.
Aduce que al no obtener respuesta presentó dos pedidos de pronto despacho de fecha 17 de noviembre de 1999 y 5 de mayo de 2002, que al momento de presentar la demanda no habían sido contestados (4-VII-2003).
Agrega que la disponibilidad establecida con relación al personal de planta permanente por aplicación de las leyes 11.189, 11.369 y 11.489 no elimina la diferencia existente entre los agentes integrantes de la misma y los pertenecientes a los bloques políticos, secretarios, prosecretarios, relatores, coordinadores y asesores de comisión.
Manifiesta que recién mediante la ley 11.607 (art. 4) sancionada el 24 de diciembre de 1994 se derogó el art. 4 de la ley 10.551. En consecuencia, plantea que la demandada incumplió con la obligación establecida por una ley que se encontraba vigente y solicita por ello que se la condene al pago de la bonificación por falta de estabilidad desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, con más intereses y costas.
Invoca como fundamento de su petición los pronunciamientos emanados de esta Suprema Corte en las causas "Barneda" y "Aranzazu".
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado, sin desconocer lo resuelto por este Tribunal en la causa B. 55.761, "Barneda", sentencia de 3-VIII-1999, sostiene que la demanda debe ser desestimada.
Destaca que la ley 10.551 (BO, 31-VIII-1987) reconoció en su art. 1 el derecho a la estabilidad del personal de planta permanente del Poder Legislativo, desde el día que cumplieran los seis meses a partir de la fecha de su nombramiento.
Manifiesta que en el art. 3 se detalla la situación de los agentes excluidos del beneficio de la estabilidad, entre los que se menciona al personal de los bloques políticos.
Expresa que, con el objeto de reparar la situación de estos últimos, en el art. 4 se establece una asignación mensual adicional en concepto de falta de estabilidad en el empleo, consistente en el pago de un plus del 22,5% del monto de la remuneración básica correspondiente a la categoría de revista.
Añade que con la vigencia de la Ley de Reconversión Administrativa 11.184 (BO 31-XII-1991) cambió la circunstancia anterior de manera sustancial, ya que se declara en situación de emergencia administrativa, financiera y económica a la totalidad de los órganos de la Provincia, incluido el Poder Legislativo, adoptándose medidas de excepción referentes principalmente a recursos humanos.
Puntualiza que en el art. 43 se invitó a la Cámara de Diputados a adherir a las disposiciones contenidas en los arts. 9 y siguientes que autorizaban a poner en situación de disponibilidad a su personal, lo que efectivamente ocurrió a través de las resoluciones 533/92 y 873/92 dictadas por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que la disponibilidad del personal de la Cámara de Diputados se mantuvo durante toda la vigencia de la ley 11.184, esto es, durante los años 1992 (art. 1, ley cit.), 1993 (ley 11.369, BO, 12-I-1993) y 1994 (ley 11.489 BO, 10-I-1994) que, finalmente, la bonificación por la falta de estabilidad fue derogada a partir del mes de febrero de 1995 por medio del art. 1 de la ley 11.607 (BO, 1-II-1995). Aduce que, en consecuencia de ello, se procedió a colocar en situación de disponibilidad a todo el personal de la legislatura, más allá del cargo que desempeñaran, desapareciendo la situación de desigualdad que la ley 10.551 pretendió compensar mediante la bonificación reclamada en autos.
Agrega que el fundamento para percibir dicho adicional residía en la distinta situación que tenían los empleados de los bloques respecto de los demás agentes de la Cámara, la que desapareció en febrero de 1992 al ser puestos todos en disponibilidad.
Por tal razón manifiesta que a partir de la fecha mencionada la Dirección Contable dejó de liquidar el adicional al personal de los bloques políticos, pues no había ya diferencia entre los agentes con y sin estabilidad, que justificara su pago.
Estima que lo contrario hubiera provocado una notoria desigualdad y por ello la interpretación de la actora, según su entender, no resulta razonable.
Recuerda que en materia de hermenéutica el intérprete debe indagar el verdadero sentido y alcance de la norma, por lo cual la resolución del Presidente de la Cámara de Diputados declarando aplicable el régimen de disponibilidad a sus agentes, dio marco legal a la decisión de no abonar la bonificación en cuestión.
Arguye que no empece a lo señalado, lo argumentado por el demandante en el sentido de que la ley 10.551 mantuvo vigencia desde que no fue derogada por otra norma posterior.
Concluye sosteniendo que la circunstancia de haberse derogado expresamente la bonificación mediante la ley 11.607, demuestra la voluntad del legislador de suspender tal compensación. Recuerda que este Tribunal ha declarado que las normas posteriores resultan de utilidad para interpretar el régimen anterior que han derogado, en tanto permiten conformar el alcance con que este último debe ser atendido.
Sólo a mayor abundamiento, señala que la interpretación que se siguió con relación a la ley 10.551 es la que la autoridad administrativa entiende que mejor armoniza con el estado de emergencia que existía en la Provincia. Agrega que en tales situaciones se ha reconocido a los distintos órganos del Estado la facultad de afectar derechos adquiridos nacidos de una ley o de un contrato, siempre que ello sea por un tiempo razonable y no produzca la mutación en la sustancia o esencia de dichos derechos.
De ese modo, destaca, la decisión de suspender el pago de la asignación mensual se sustenta también en lo dispuesto en la ley 11.184, prorrogada por las leyes 11.369 y 11.489.
Asimismo, sostiene que no se ha afectado el derecho de propiedad de la demandante, en virtud de la doctrina sentada por el alto Tribunal nacional en relación a las leyes de emergencia económica.
Por último, para el supuesto de que se haga lugar a la demanda, aduce que el reconocimiento de las sumas reclamadas debiera abarcar el período en que la actora prestó servicios en el Agrupamiento Personal de Bloque Político (categoría 17, clase 3 hasta el 31-XII-1993).
Plantea subsidiariamente la prescripción de las diferencias remuneratorias por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.027 del Código Civil, que establecía el plazo quinquenal para todo aquello que debe pagarse por años o plazos periódicos.
Así solicita que el reconocimiento de las diferencias salariales no sea más allá del plazo de cinco años contados desde el 15 de diciembre de 1998, fecha del reclamo administrativo.
III. De las actuaciones administrativas remitidas a este Tribunal (expediente 8.157/98), surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la cuestión planteada:
III.1. La señora Mercedes Trofino el 15 de diciembre de 1998 solicitó el pago de la bonificación por falta de estabilidad en el empleo establecida por el art. 4 de la ley 10.551 para todos los agentes de la Cámara de Diputados pertenecientes a Personal de Bloques Políticos y Secretarios, Prosecretarios, Relatores, Coordinadores y Asesores de Comisiones, por el período comprendido entre el 22 de febrero de 1992 -fecha en que se suspendió su pago por resolución 873/92 de su presidencia- y el 30 de abril de 1994, momento en que dejó de prestar servicios para ese cuerpo (v. fs. 1 y a fs. 13 ratifica su presentación).
III.2. la Fiscalía de Estado informó sobre las causas contencioso administrativas en trámite y con sentencia por igual reclamo y expresó su defensa en las mismas (v. fs.6/9).
III.3. El Departamento Registro de Personal informa que la señora Mercedes Trofino, legajo personal 3.716, revistó en la Cámara a partir del mes de enero de 1992 en el Agrupamiento Personal Bloque Político, categoría 17, clase 3 hasta el 31 de diciembre de 1993. A partir de enero de 1994 como personal temporario hasta el 30 de abril de 1994, fecha en que se limita la designación por resolución 1.359/94 (v. fs. 15).
III.4. El Departamento de Liquidaciones de Sueldos, Dirección de Personal, informa que la agente percibió la bonificación en concepto de falta de estabilidad prevista en el art. 4 de la ley 10.551 en enero de 1992 (v. fs. 16).
III.5. A fs. 19/26 obra el legajo de la actora (I. 3.716) el que da cuenta de su designación a partir del 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994 como personal temporario agrupamiento personal administrativo, categoría 8 clase 3 (v. resol. 197 a fs. 29/31). Surge a su vez que por resolución 3.144, del 30 de diciembre de 1993, se ordena su baja a partir del 31 de diciembre de 1993 en el agrupamiento personal bloque político categoría 17, clase 3 (v. fs. 32/33) y que mediante resolución 932 la designa, a partir del 1 de abril de 1991 en la categoría 17, clase 3 del agrupamiento personal bloque político, quienes percibían la remuneración mensual adicional que establece el art. 4 ley 10.551 (v. fs. 36).
III.6. A fs. 39 del expediente 8.157/98, alcance 1, con fecha 17 de noviembre de 1999 la actora solicitó el pronto despacho de las actuaciones y la Dirección de Asuntos Legales le indica a la Secretaría Administrativa que informe el estado de aquellas. Así mediante carta documento de 3 de diciembre de 1999 se le notificó el trámite (v. fs. 39 y sigs.).
IV.1. La actora pretende el pago de la bonificación por falta de estabilidad prevista en el art. 4 de la ley 10.551 durante su desempeño como personal del agrupamiento político de la Honorable Cámara de Diputados, desde que se le dejó de abonar en febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha de baja de su designación en dicho agrupamiento (v. fs. 32/33, resol. 3.144/93).
Inicialmente advierto que la cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la que fuera motivo de tratamiento en la causa B. 55.761, "Barneda, Carmen Albina contra Provincia de Buenos Aires (Poder Legislativo)", cuya sentencia definitiva -rechazando la demanda- fue dictada por mayoría de este Tribunal el 6 de mayo de 1997.
Los supuestos fácticos de aquella coinciden -en sustancia- con los del sub lite .
Destaco, sobre el particular, tal como lo hice al votar en minoría en la referida causa, con argumentos que fueron recogidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al descalificar la sentencia en cuestión, que la ley 10.551 que estableció el adicional para el personal sin estabilidad no pudo ser dejada sin efecto por la resolución de la Cámara de Diputados provincial que reglamentó los aspectos ejecutivos de la racionalización administrativa, por lo que se requirió, precisamente el dictado de una ley (en el caso la ley 11.607) para derogar lo dispuesto por el art. 4 de la referida ley.
IV.2. El citado fallo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de agosto de 1998, aduciendo que existía nexo directo e inmediato entre lo resuelto por este Tribunal y las garantías constitucionales que -mediante la vía del art. 14 de la ley 48- el actor reputó transgredidos (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Puntualizó además, la Corte de la Nación, que el Título II de la ley 11.184 no prevé ni expresa, ni implícitamente la posibilidad de disponer la eliminación de suplementos remuneratorios, sino la de poner en disponibilidad al personal, reubicarlo y declararlo prescindible con derecho a indemnización; prevé, a su vez, la suspensión de sistemas de ajuste automático de remuneraciones que tomen como referencia las de otros funcionarios de cualquiera de los poderes públicos del Estado nacional o provincial, y estableció tres regímenes: "jubilatorio de excepción", "de pasividad anticipada" y "de retiro voluntario".
Añadió que, en ningún caso, en el Título II, se contempló la facultad de suprimir o modificar las remuneraciones vigentes, destacando de modo coincidente con dicha regulación legal, que tanto la resolución 533/92 como la que la reglamentó y las que dispusieron la prórroga del régimen, no eliminaron el aludido suplemento ni establecieron esa posibilidad.
Finalmente, concluyó -tal como destaqué en el voto al que me refiero- que la sanción de la ley 11.607, que derogó la bonificación por falta de estabilidad, antes que corroborar la interpretación realizada por este Tribunal en el sentido de que el suplemento había sido dejado sin efecto anteriormente, demostraría en realidad que la Legislatura entendió que se hallaba vigente y por esa razón decidió derogarlo.
Así ordenó la devolución de los autos a los efectos de dictar un nuevo fallo ajustado a las pautas indicadas.
V. Teniendo en cuenta los principios rectores sentados en el aludido pronunciamiento, esta Corte recogió aquellos fundamentos y en las causas B. 55.260, "Améndola" y B. 55.465, "Cambiasso", ambas sentencias de 20-IV-1999, hizo lugar a análogas pretensiones que las aquí ventiladas, criterio que reprodujo con posterioridad (causas B. 55.761, "Barneda", sent. de 3-VIII-1999; B. 55.670, "Vannoni", sent. de 8-III-2000; B. 55.907, "Suñol", sent. de 9-V-2001; B. 55.437, "Aranzazu", sent. de 31-X-2001; B. 61.816, "Malagamba", sent. de 25-VI-2003; B. 60.969 "Mascioto", sent. de 13-VIII-2003; B. 61.729, "Montanari", sent. de 10-XI-2004; B. 62.171, "Peralta", sent. de 30-III-2005; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005; B. 62.012, "Mediavilla", sent. de 12-X-2005; B. 62.490, "Duarte", sent. de 14-VI-2006; B. 61.826, "González", sent. de 11-IV-2007; B. 61.672, "Oyola", sent. de 17-IX-2008; B. 61.663, "Arce", sent. de 10-X-2012; B. 61.581, "Morete", sent. de 10-VIII-2016; e.o.).
Los argumentos expuestos por la Corte Suprema nacional -a contrario de lo sostenido por la Fiscalía de Estado- resultan suficientes para resolver favorablemente la pretensión de la accionante, por lo demás idéntica, como quedó expuesto, a las planteadas en dichos precedentes.
De los elementos que han sido arrimados a estos autos se desprende que la actora prestó servicios en la Honorable Cámara de Diputados en el Agrupamiento Personal Bloque Político desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1993. Durante el período 1 de enero de 1991 hasta el 1 de marzo de 1991 en un cargo categoría 3, clase 14 (resol. 159) y desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1993 en la categoría 17, clase 3, conforme resolución 932/91, en la que se dispuso que "...percibirá la remuneración mensual adicional que establece la ley 10.551 en su art. 4" (v. fs. 36 y 15, expte. adm.).
Consta también que dicha bonificación fue abonada en el mes de enero de 1992, siendo suspendida en febrero de 1992 (v. fs. 16, expte. adm. y 77, cuaderno de prueba actora).
En consecuencia, cabe reconocer el derecho de la actora a percibir las sumas en concepto de adicional por falta de estabilidad fijado por el art. 4 de la ley 10.551.
VI. Corresponde expedirme sobre la procedencia de la defensa de prescripción quinquenal opuesta por el señor Fiscal de Estado a fs. 45.
Este Tribunal ha tenido ya oportunidad de sentar doctrina en la materia, conforme a la cual, ante la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda a las acciones por las que se reclaman haberes devengados en el marco de una relación de empleo público, debe estarse a lo dispuesto por el Código Civil por entonces vigente (arts. 16, Cód. Civ.; 7, Cód. Civ. y Com. y 171, Const. prov.) y acorde con este la prescripción decenal del art. 4.023 es aplicable a toda clase de acciones prescriptibles que no están sujetas a un plazo diverso (doctr. causas B. 50.934, "Isaac", sent. de 8-VII-1997 y sus citas; B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001).
En esas condiciones, considerando que la señora Trofino formuló ante la Administración su reclamo tendiente al reconocimiento y pago de la bonificación requerida el 15 de diciembre de 1998 (v. fs. 1, expte. adm.), advierto que no ha operado la prescripción liberatoria del crédito que a favor de esta debe reconocerse.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda, reconocer el derecho de la actora al cobro del adicional fijado por el art. 4 de la ley 10.551, y condenar a la demandada a pagar por tal concepto las sumas devengadas durante el período comprendido entre el mes de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha en que se da de baja su designación en el agrupamiento político.
A los importes que resulten se adicionarán los intereses que deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.