Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63757
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.757, "Fernández, Claudio contra Municipalidad de Avellaneda. Demanda contencioso administrativa".
El señor Claudio Fernández, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa, a fin de que se deje sin efecto el decreto 37/02 dictado por el señor Intendente municipal de Avellaneda que desestimó sus reclamos referidos a la asignación de tareas y funciones acordes a su categoría laboral escalafonaria (Jefe de Departamento de Análisis y Programación del área de Informática) de la que fue separado, según aduce, en forma ilegítima.
Solicita que se ordene a la comuna demandada a otorgarle las funciones acordes a la categoría que ejerció hasta el 22 de diciembre de 1999 y, además, disponer el pago de las diferencias salariales acumuladas y las que se devenguen hasta el efectivo pago, como también la reasignación de las funciones requeridas, junto con el pago de la bonificación "por computación". Todo ello con intereses e imposición de costas a la demandada.
Pretende, asimismo, una reparación por daño moral.
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de Avellaneda por intermedio de su representante legal, quien solicita el rechazo de la demanda interpuesta, con imposición de costas.
Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de ambas partes, el alegato de la demandada -la actora no hizo uso de ese derecho- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Relata el actor que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Avellaneda el 14 de mayo de 1970.
Explica que se desempeñó originariamente en la Dirección General de Personal, cumpliendo tareas administrativas y en el año 1978 fue trasladado a la Dirección General de Informática que a la fecha de la presentación de esta demanda se denomina Subdirección de Informática y a la cual sigue perteneciendo.
Indica que ingresó cumpliendo funciones de operador de sistemas de computación, y luego le asignaron tareas como programador informático hasta ser designado en el año 1990 como Jefe del Departamento de Análisis y Programación (categoría escalafonaria 15).
Señala que con su nombramiento asumió la condición de responsable del Sistema Informático en el área de Recaudación Tributaria; siendo el Director del área su superior jerárquico.
Narra que el día 22 de diciembre de 1999 se le comunicó verbalmente que sería desplazado de su lugar de trabajo, por un breve lapso que no excedería de una semana, y que dejaría de ejercer las funciones jerárquicas que desempeñaba. Ello, según se le informó, por la realización de una auditoría interna en la Dirección de Informática, luego de la cual se lo repondría en su cargo y función. Denuncia que tal información resultó falsa y que a la fecha de interposición de la demanda judicial (marzo 2002) la situación arbitraria y antijurídica persistía.
Relata que como consecuencia del apartamiento de sus tareas se modificó el espacio físico donde las prestaba, debiendo trasladarse desde el lugar habitual, sito en la calle Güemes 835 de la localidad de Avellaneda hasta la Avenida Mitre 366 de la misma ciudad.
Destaca que en el nuevo destino inicialmente su labor consistía en realizar el inventario de bienes existentes en una dependencia de la Dirección de Informática, labor ésta que comprendió un período de trabajo de aproximadamente una semana.
Posteriormente, narra que hacia febrero del año 2000 el Director del área le comunicó que debía cumplir su jornada de trabajo en ese mismo edificio sin que tuviera una función asignada ni oficina o lugar específico donde establecerse.
A fin de resolver esta situación, que califica de agraviante a su persona, dignidad y categoría jerárquica, formuló reclamo por escrito ante el titular del área, quien sólo brindó respuestas evasivas, dilatorias e injustificadas.
Añade que, al no obtener respuesta satisfactoria, junto con dos compañeros que padecían idéntica situación, requirió la intervención de una escribana pública, quien el 1 de marzo del año 2000 labró un acta en la que dejó asentado expresamente sus reclamos ante el mencionado superior de los que surgen la arbitraria y antijurídica conducta del director del área que, denuncia, vulnera las garantías legales y convencionales que le correspondían como agente y personal jerárquico.
Resalta que a partir del mes de julio de 2000 se agravó su situación patrimonial en tanto dejó de percibir la bonificación por computación, que representaba el 200% de su sueldo básico.
Aclara que nunca fue notificado de tal limitación o modificación en su categoría jerárquica escalafonaria y que la supuesta notificación del decreto 1.846/00 no fue deficiente sino inexistente.
Ello motivó, según refiere, la formulación de diversos reclamos que resultaron estériles e infructuosos, en tanto la Administración mantuvo su postura arbitraria e ilegítima. Finalmente, alega que, mediante decreto 37/02 se desestimaron sus reclamos.
I.2. Previo a ordenarse el traslado de demanda, el accionante denunció dos hechos nuevos.
I.2.a. El primero, un cambio en su situación de revista (v. fs. 60/61). En tal sentido, manifiesta que mediante decreto 326/03, que acompaña, fue notificado que debía cumplir sus tareas como agente municipal en la Dirección de Informática donde las prestaba antes de ser separado. Aclara que, si bien la decisión refiere al reintegro a las funciones acordes a su categoría jerárquica, no tiene personal a cargo ni se le abona el adicional por computación que reclama.
En consecuencia, ratifica la demanda interpuesta.
I.2.b. El segundo hecho que denuncia refiere a la notificación del decreto 2.053/03 por el cual se le restituye la bonificación por computación a partir del 24 de enero de 2003, de modo que ratifica la pretensión por tal concepto por el período que fue separado en forma arbitraria y dejó de percibir ese suplemento (v. fs. 63/64).
II. A su turno, comparece la Municipalidad de Avellaneda y solicita, a través de su representante legal, el rechazo de la demanda interpuesta.
Niega todos y cada uno de los hechos narrados por el accionante y alega que incurre en varios errores al relatar su carrera administrativa.
Así indica que el actor ingresó a trabajar el 14 de mayo de 1970 como cadete transitorio y a partir del 8 de septiembre de 1971 se lo designó como auxiliar 4°, personal administrativo.
Explica que, si bien se le asignó un "plus de computación" en el año 1978, recién en 1980 fue promovido como personal técnico, operador del sistema de computación de datos y en el año 1983 como operador programador.
Luego precisa que en el año 1989 fue designado como Jefe de Departamento Desarrollo y Programación y en el año 1990 como Jefe de Departamento Áreas Externas, en forma interina en ambos casos.
Aclara que no es cierto que el actor fuera nombrado Jefe de Departamento de Análisis y Programación en el año 1990, ya que eso ocurrió a partir del 13 de agosto de 1996 y en forma interina.
Afirma que a partir del 1 de diciembre 1998 se lo designó en el cargo de Jefe de Departamento Análisis, Programación, categoría 15 y dependiente de la Dirección General de Informática y Logística Tributaria, en carácter de Personal Jerárquico titular.
En cuanto a los hechos sucedidos, relata que el día 21 de diciembre de 1999 las nuevas autoridades del área efectuaron una auditoría y posteriormente se inició un sumario disciplinario con el objeto de investigar ciertas irregularidades detectadas por aquella en la Dirección de Informática (expte. 2-91892-00).
Destaca que tal instrucción, ordenada con fecha 3 de julio de 2000, fue promovida a través del decreto 2.014 de 22 de agosto de 2000 (expte. 53411/02).
Resalta que esos son los tiempos en el obrar de la Administración y que el accionante también consintió, la demora cuando se trataba de traslados o reubicaciones que remitían a meses previos. Así, destaca que durante el transcurso de diez meses (período comprendido entre el 1 de enero de 1980 y el 18 de noviembre de 1980) el agente cumplió tareas de Operador de Sistema de Computación sin que existiera el correspondiente decreto que fue dictado con posterioridad. Refiere que, del mismo modo, aconteció con los actos administrativos que debieron ajustar las decisiones llevadas adelante tiempo antes.
Expresa que el accionante no podía desconocer su calidad de imputado, en las actuaciones sumariales, dado el registro de la circular n° 3 en su legajo, de la cual surge que el sumario se hallaba en plena etapa de investigación.
Consigna que aquel, en oportunidad de suscribir la nota de fecha 17 de agosto de 2000 reconoció haberse notificado del decreto 2.356/00 -rectificatorio de su similar 2.014/00- del que resulta la orden de instruir sumario debido a ciertas irregularidades en el área.
Respecto a la bonificación por computación, explica que tal suplemento dejó de ser percibido por el accionante en función de lo establecido por el decreto 1.846 del 21 de junio de 2000. Que unos días después, el 20 de julio de 2000, se dictó el decreto 2.207 por el que se amplió el decreto 1.846/00 y se aclaró que, a causa de la iniciación de sumario administrativo al agente, se dispuso su separación de las tareas relacionadas con la utilización del sistema informático.
Destaca que la Subdirectora de la Dirección General de Personal dejó constancia que ambos decretos se remitieron vía fax a la Dirección General de Informática con fecha 26 de junio de 2000 y 24 de julio de 2000 a fin de notificar a los interesados, tal como resulta de fs. 8/9 del expediente administrativo 2-955-2001. Y que, según surge de las constancias glosadas a fs. 11 del mismo expediente, el Director General de Informática notificó al agente del decreto 2.207/00, en su despacho, con fecha 2 de agosto de 2000. Todo lo cual descarta, a su entender, el desconocimiento alegado por el actor en cuanto a la causa del descuento del mentado adicional.
Indica que el agente mantuvo una conducta esquiva en oportunidad en que se lo requirió para notificarle los decretos cuestionados; lo que se desprende de las gestiones personales que tuvo que realizar el Director del área a fin de ubicarlo en su lugar de trabajo los días 24, 27 de julio y 1 de agosto en diversas horas de la jornada laboral.
Agrega que por resolución 185/02 se lo trasladó en Comisión de Servicios a la Dirección de Gestión Tributaria y Atención al Contribuyente dependiente de la Subsecretaría de Recaudación en el Área de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Expresa que finalmente el municipio dicta el decreto 37 del 8 de enero de 2002 rechazando la pretensión incoada por medio de la cual el agente solicitó el cobro de la bonificación por computación.
Agrega que dicho decreto ratificó en todos sus términos los decretos 1.846/00 y 2.207/00 y que el actor se notificó del mismo con fecha 22 de enero de 2002.
Enumera constancias obrantes en los expedientes administrativos 2-955-01, 2-91892-2000 y 96420-00 de las que resultaría el conocimiento, por parte del actor, de los decretos que dispusieron el cambio de lugar de prestación de tareas, así como la supresión de la bonificación reclamada.
Refuerza su argumento con cita en el art. 67 in fine de la ordenanza general 267 que establece: "...Si del expediente resulta de forma indudable que el interesado hubiere tomado conocimiento de la providencia, la notificación o citación sufrirá desde entonces todos su efectos" y destaca que, sin perjuicio de la deficiencia en la notificación, el acto se encuentra convalidado, aún sin mención expresa a la Administración, si el interesado interpuso el recurso pertinente, tal como lo efectuó al presentar nota ante el municipio con fecha 17 de agosto de 2000.
Entiende que no existió indefensión del accionante, toda vez que tuvo debido conocimiento de los actos que ocasionaron el cese de sus funciones en el Departamento de Informática y la falta de percepción de la bonificación por computación.
Destaca que del texto mismo de los decretos cuestionados resulta la debida motivación que precediera a su dictado.
Por último, expresa que por decreto 326 del 24 de enero de 2003 se dispuso el reintegro del actor a sus funciones de Jefe de Departamento de Análisis y Programación de Desarrollo Informático de la Dirección de Informática, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, restituyéndosele la Bonificación por Computación a partir del 24 de enero de 2003 por decreto 2.053/03 del 12 de mayo de 2003.
Concluye que debe desestimarse la pretensión en todas sus partes e imponerse las costas al actor dado que se encuentra justificada la motivación por la cual el municipio dictó los decretos que solicita se dejen sin efecto y los actos que modificaron las condiciones laborales del accionante con posterioridad al inicio de la demanda.
Ofrece prueba y subsidiariamente solicita se tenga presente la consolidación de las deudas municipales. Hace reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas y las constancias agregadas al presente surgen los siguientes datos útiles a la solución de la causa:
III.1. Expediente administrativo 2-86082-2000:
III.1.a. Mediante nota de fecha 10 de febrero de 2000, el Director General de Información y Logística Tributaria del municipio puso en conocimiento del Secretario de Hacienda y Administración las irregularidades detectadas en la Dirección General Tributaria y solicitó, en consecuencia, la iniciación de un sumario administrativo respecto del señor Fernández, entre otros agentes (v. fs. 1, expte. adm.).
III.1.b. A fs. 3/9 obra el informe de la auditoría realizada en la Dirección de Sistemas de Información con el objeto de investigar la situación de varios agentes de esa dependencia (entre ellos, el actor) respecto de los hechos acaecidos en la semana del 20 al 24 de diciembre de 1999, sobre la sospecha de intromisión malintencionada a los sistemas informáticos. Entre las conclusiones que arrojó esa investigación, en lo que al accionante interesa, se consignó que "Dudamos de su desconocimiento de la realidad contextual más no encontramos evidencia ni actitud comprometedora. Recomendamos mantenga su puesto bajo apercibimiento y supervisión" (fs. 8).
III.1.c. Con fecha 3 de julio de 2000 el señor Intendente municipal dictó el decreto 2.014 que ordenó la sustanciación del sumario administrativo, entre otros, al agente Fernández Claudio, Personal Jerárquico, categoría 15, Jefe de Departamento Análisis y Programación (v. fs. 12).
III.1.d. La instructora sumariante tomó intervención el 4 de agosto de 2000 (v. fs. 14).
III.1.e. El Director General de Informática y Logística Tributaria informa, en cuanto al señor Fernández "...Recomendamos mantenga su puesto bajo apercibimiento y supervisión" (fs. 42).
III.1.f. La instructora fijó la audiencia para que preste declaración el agente Fernández, en carácter de imputado para el 14 de septiembre de 2000 (v. cédula a fs. 18), quien al comparecer manifiesta que no va a declarar y solicita nueva audiencia (v. fs. 19). La audiencia se celebra el 3 de octubre de 2000 y el agente hace uso del derecho de no prestar declaración (v. fs. 21).
III.1.g. El Director General de Informática solicitó "ante quien corresponda el alejamiento del área de informática y de cualquier tarea que les permita acceder al ámbito de manejo de datos vitales para la administración municipal a los agentes comprendidos en dicha actuación por no encuadrar a mi entender en el perfil deseado para un trabajador municipal y sobre todo por no poder confiar en sus funciones, dejando a vuestro criterio cualquier sanción que se establezca en dichas actuaciones" (fs. 406).
III.1.h. En su informe final del 28 de agosto de 2006, la Instructora sumariante expresó que el perito ingeniero concluyó que ninguno de los hallazgos descriptos puede ser considerado violatorio del sistema de seguridad informático o una modificación maliciosa del mismo y tampoco se puede determinar con exactitud la procedencia de muchos de ellos y/o el usuario que realizó tal o cual procedimiento. La instructora concluyó que "...no existen pruebas en las presentes actuaciones que evidencien debidamente los cargos formulados contra los agentes..." y, por tanto, "...correspondería el SOBRESEIMIENTO de los agentes [...]" (fs. 586/587).
III.1.i. Esa opinión fue compartida por la Junta de Disciplina en su intervención del 20 de junio de 2007 (v. fs. 596).
III.1.j. Con fecha 26 de julio de 2007, el Intendente comunal ordenó el pase de las actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica a los efectos de "...redactar el acto administrativo correspondiente que ordene el SOBRESEIMIENTO provisorio, conforme las constancias de autos" (fs. 597).
III.1.k. Luego, el expediente fue girado al Departamento de Sumarios para la confección del proyecto de decreto que resolviera en definitiva (v. fs. 599), sin que se registren actuaciones posteriores, desde que, en ese estado, el expediente fue remitido a esta Suprema Corte (v. fs. 600).
III.2. Expediente administrativo 2-92237-2000 y su agregado 2-92041-2000 (por abandono de trabajo):
III.2.a. Según lo informado por el Director General de Información y Logística Tributaria del municipio los días 24 de julio 2000, 27 julio de 2000 y 1 de agosto de 2000, dicho funcionario concurrió al lugar de trabajo del señor Fernández que se hallaba en comisión junto con los agentes Mansilla y Estigarribia, con el objeto de notificarles el decreto 2.207/00 que quita la bonificación por computación e indicarles la tarea a realizar. Diligencia que no pudo concretar por la ausencia de los referidos agentes (v. fs. 1, expte. adm. 2-92041-2000, agregado a su similar 2-92237-2000 y fs. 1 y 2 de esta última actuación).
III.2.b. Con fecha 1 de agosto de 2000, la Inspectora del Departamento de Control de Asistencia dejó constancia que los agentes Claudio Fernández, Juan Estigarribia y Sergio Mansilla, no obstante tener fichada la entrada al organismo, a las 11:55 hs. estaban ausentes del lugar (v. fs. 4, expte. adm. 2-92237-2000).
III.2.c. El día 26 de abril de 2001 el señor Intendente municipal dictó el decreto 2.037 por el que ordenó la sustanciación de sumario a los agentes antes mencionados, para investigar sus ausencias en horarios de media mañana luego de haber firmado la planilla de ingreso correspondiente a los días 24 de julio de 2000, 27 de julio de 2000 y 1 de agosto de 2000 (v. fs. 1, expte. adm. cit.).
III.2.d. El accionante concurrió a la citación que se le hizo para declarar como imputado, aunque se negó a hacerlo (v. fs. 88, expte. adm. cit.).
III.2.e. Producida la prueba, el Instructor sumariante aconsejó, en su informe de fecha 4 de diciembre de 2002, sobreseer provisoriamente a los agentes sumariados por hallarse comprendidos en el beneficio de la duda (v. fs. 112, expte. adm. cit.). Conclusión que ratificó a fs. 120 de las mismas actuaciones.
III.2.f. Previa intervención coincidente de la Junta de Disciplina (v. fs. 121), el señor Intendente municipal dictó, con fecha 17 de septiembre de 2003, el decreto 4.451 por el que sobreseyó provisoriamente a los tres agentes investigados (v. fs. 122/123, expte. adm. cit.).
III.3. Expediente administrativo 2-96420-2000:
III.3.a. Con fecha 2 de agosto de 2000, el actor solicitó el pago del rubro "Bonificación por computación" que no había sido liquidado ni abonado en la remuneración del mes de julio del 2000. Asimismo, reclamó el reintegro de l
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