Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63838
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la Causa B. 63.838, "Mansilla, Carlos Sergio contra Municipalidad de Avellaneda. Demanda contencioso administrativa"
El señor Carlos Sergio Mansilla, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa, a fin de que se dejen sin efecto los decretos 4.015 de 31 de agosto de 2001 y 37 de 8 de enero de 2002, dictados por el Intendente municipal de Avellaneda. A través del primer acto, ordenó el traslado del actor para cumplir funciones administrativas en la Subsecretaría de Gobierno como personal jerárquico sin función, categoría 14 y decidió, asimismo, que dejase de desempeñar tareas como Jefe de División Sistema Operativo. Mediante el segundo, se desestimaron sus reclamos referidos a la asignación de tareas y funciones relativa a dicho cargo y al pago de diferencias salariales.
Solicita que se ordene a la comuna demandada a que le otorgue las funciones acordes a la categoría escalafonaria en el área de Informática que ejerció hasta el 22 de diciembre de 1999 y además que se disponga el pago de las diferencias salariales acumuladas y las que se devenguen hasta el efectivo pago, como también la reasignación de las funciones requeridas, junto con el pago de las bonificaciones "por computación" y por "función jerárquica". Todo ello con intereses e imposición de costas a la demandada.
Pide, a su vez, una reparación por daño moral.
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de Avellaneda por intermedio de su representante legal, quien solicita el rechazo de la demanda interpuesta, con imposición de costas.
Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, los cuadernos de prueba de ambas partes, el alegato de la demandada -la actora no hizo uso de ese derecho-, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Relata el actor que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Avellaneda el 1 de mayo de 1992.
Explica que se le asignaron tareas en la Dirección de Informática, con categoría escalafonaria 5, siendo sus labores las de operador y coordinador entre el programador y la dependencia municipal que requería determinados servicios informáticos.
Señala que a partir del año 1995 le otorgaron la función de Responsable del Procesamiento y la Impresión de las Tasas Municipales, asignándole la categoría laboral 10, teniendo además a su cargo el resguardo de la información en Cintas Magnéticas y la recepción y distribución de e-mails a diversas dependencias de la comuna y aún a otros municipios.
Manifiesta que entre los meses de octubre y noviembre de 1999, lo designaron en el cargo jerárquico de Jefe de División Sistema Operativo, categoría 14.
Narra que el día 22 de diciembre de 1999 se le comunicó verbalmente que sería desplazado de su lugar de trabajo por un breve lapso, que no excedería de una semana, dejando de ejercer las funciones jerárquicas que desempeñaba. Ello, según se le informó, por la realización de una auditoría interna en la Dirección de Informática, luego de la cual se lo repondría en su cargo y función. Denuncia que tal información resultó falsa y que a la fecha de interposición de la demanda judicial (marzo 2002) la situación arbitraria y antijurídica persistía.
Relata que como consecuencia del apartamiento de sus tareas se modificó el espacio físico donde las prestaba, debiendo trasladarse desde el lugar habitual, sito en la calle Güemes 835 de la localidad de Avellaneda hasta la Avenida Mitre 366 de la misma ciudad.
Destaca que en el nuevo destino inicialmente su labor consistía en realizar el inventario de bienes existentes en una dependencia de la Dirección de Informática, labor ésta que comprendió un período de trabajo de aproximadamente una semana.
Posteriormente, narra que hacia febrero del año 2000 el Director del área le comunicó que debía cumplir su jornada de trabajo en ese mismo edificio sin que tuviera una función asignada ni oficina o lugar específico donde establecerse.
A fin de resolver esta situación, que califica de agraviante a su persona, dignidad y categoría jerárquica, formuló reclamo por escrito ante el titular del área, quien sólo brindó respuestas evasivas, dilatorias e injustificadas.
Añade que, al no obtener respuesta satisfactoria, junto con dos compañeros que padecían idéntica situación, requirió la intervención de una escribana pública, quien el 1 de marzo del año 2000 labró un acta en la que se dejó asentado expresamente sus reclamos ante el mencionado superior de los que surgen la arbitraria y antijurídica conducta del Director del área que, denuncia, vulnera las garantías legales y convencionales que le correspondían como agente y personal jerárquico.
Resalta que a partir del mes de julio de 2000 se agravó su situación patrimonial en tanto dejó de percibir la bonificación por computación, que representaba el 180% de su sueldo básico y desde septiembre de 2001 la bonificación por función jerárquica, equivalente al 35% de su salario.
Ello motivó, según refiere, la formulación de diversos reclamos que resultaron estériles e infructuosos, en tanto la Administración mantuvo su postura arbitraria e ilegítima.
Añade que mediante decreto 4.015 de 31 de agosto de 2001, se dispuso su traslado para cumplir funciones administrativas, a la Subsecretaría de Gobierno, manteniendo su categoría jerárquica (14, Jefe de División) pero con la exclusión del ejercicio de tal función y que a partir de diciembre de 2001 le fueron asignadas tareas -registro de reclamos de contribuyentes- en la Delegación Avellaneda Centro, la que ejerce hasta la fecha de la presente demanda.
Califica de ilegítima, irrazonable y arbitraria la decisión de la Municipalidad demandada que dispuso excluirlo de sus funciones jerárquicas pero reconociendo la categoría escalafonaria 14 y el cargo de Jefe de División.
Informa haber remitido notas en reiteradas oportunidades a sus superiores para que dispusieran el restablecimiento de su situación salarial y de revista; documentos cuyas copias adjunta como documental.
Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se anulen por ilegítimos los actos impugnados y, en consecuencia, se le abonen las bonificaciones adeudadas, con más intereses, además del resarcimiento por daño moral causado por la separación ilegítima de su empleo y la falta de asignación de tareas acordes al mismo.
También reclama la asignación de funciones propias a su jerarquía escalafonaria (Jefe de División Sistema Operativo).
I.2. Previo a ordenarse el traslado de demanda, el accionante denunció como hecho nuevo un cambio en su situación de revista (v. fs. 46).
Indicó que mediante resolución 410/03 se dispuso su traslado a la Dirección de Informática del área de la Secretaría de Hacienda y Administración que se hizo efectivo a partir del 29 de diciembre de 2003.
Señaló que el nuevo destino no implicó la reposición en su función jerárquica ni el pago de los adicionales que reclama.
Explicó que luego, mediante decreto 110/04, fue designado como Personal Jerárquico "a cargo" y en forma interina como Jefe de División de Sistemas del Departamento Operativo de la Subdirección de Informática y Sistemas, dependiente de la Dirección de Informática en dicha Secretaría de Hacienda.
Sobre las bonificaciones ratifica su pretensión tendiente a que las mismas sean dispuestas en forma permanente y definitiva en tanto el adicional "por función jerárquica" lo volvió a percibir interinamente a partir de enero de 2004 y la bonificación "por computación" se le comenzó a liquidar desde abril de 2004.
Sin perjuicio de tales circunstancias sobrevinientes a la interposición de la demanda, el actor ratifica su pretensión inicial y el cobro de los adicionales requeridos por el plazo en que estuvo privado de su percepción. Acompaña copia de resolución 410/03 y decreto 110/04.
II. A su turno, comparece la Municipalidad de Avellaneda y solicita, a través de su representante legal, el rechazo de la demanda interpuesta.
Niega todos y cada uno de los hechos narrados por el accionante y alega que incurre en varios errores al relatar su carrera administrativa.
Así indica que el actor ingresó a trabajar como personal mensualizado el 1 de mayo de 1992, en la categoría escalafonaria 4, y no 5.
Luego precisa que durante el año 1995 fue designado como personal mensualizado categoría 8 hasta el 31 de diciembre de 1995, en la Dirección de Informática, por lo que aduce que no es cierto que en ese año se le confirieran funciones de Responsable del Procesamiento y la Impresión de Tasas Municipales con categoría 10, como erróneamente se expuso en la demanda.
Agrega que a partir del 19 de noviembre del año 1999 se lo designa como Personal Jerárquico, en la categoría 14 como Jefe de la División Sistema Operativo de la Dirección General de Informática y Logística Tributaria, dejando de revistar en la categoría 8.
En cuanto a los hechos sucedidos, relata que el día 21 de diciembre de 1999 las nuevas autoridades del área efectuaron una auditoría y posteriormente se inició un sumario disciplinario con el objeto de investigar ciertas irregularidades detectadas por aquella en la Dirección de Informática (expte. 2-91.892/00).
Destaca que tal instrucción, ordenada con fecha 3 de julio de 2000, fue promovida a través del decreto 2.014 de 22 de agosto de 2000 (expte. 53.411/02).
Resalta que esos son los tiempos en el obrar de la Administración y que el accionante también consintió la demora cuando se trataba de traslados o reubicaciones que remitían a meses previos. Así, destaca que durante el transcurso de nueve meses (período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 27 de octubre de 1993) el agente cumplió tareas como jefe de división sin que existiera el correspondiente decreto que fue dictado con posterioridad (dec. 2.386). Refiere que, del mismo modo, aconteció con los actos administrativos que debieron ajustar las decisiones llevadas adelante tiempo antes.
Expresa que el accionante no podía desconocer su calidad de imputado en las actuaciones sumariales, dado el registro de la circular n°3 en su legajo.
Consigna que aquel, en oportunidad de suscribir la nota de fecha 17 de agosto de 2000 reconoció haberse notificado del decreto 2.356/00 -rectificatorio de su similar 2.014/00- del que resulta la orden de instruir sumario debido a ciertas irregularidades en el área.
Respecto a la bonificación por computación, explica que tal suplemento dejó de ser percibido por el accionante en función de lo establecido por el decreto 1.846 del 21 de junio de 2000. Que unos días después, el 20 de julio de 2000 se dictó el decreto 2.207 por el que se amplió el decreto 1.846/00 y se aclaró que, a causa de la iniciación de sumario administrativo al agente, se dispuso su separación de las tareas relacionadas con la utilización del sistema informático.
Destaca que la Subdirectora de la Dirección General de Personal dejó constancia que ambos decretos se remitieron vía fax a la Dirección General de Informática con fecha 26 de junio de 2000 y 24 de julio de 2000 a fin de notificar a los interesados, tal como resulta de fs. 8/9 del expediente administrativo 2-955/01. Y que, según surge de las constancias glosadas a fs. 11 del mismo expediente, el Director General de Informática notificó al agente del decreto 2.207/00, en su despacho, con fecha 2 de agosto de 2000. Todo lo cual descarta, a su entender, el desconocimiento alegado por el actor en cuanto a la causa del descuento del mentado adicional.
Indica que el agente mantuvo una conducta esquiva en oportunidad en que se lo requirió para notificarle los decretos cuestionados; lo que se desprende de las gestiones personales que tuvo que realizar el Director del área a fin de ubicarlo en su lugar de trabajo los días 24 y 27 de julio y 1 de agosto en diversas horas de la jornada laboral.
Agrega que no consta en el legajo personal del actor el dictado del decreto 4.015/01 que dispuso un supuesto traslado a la Subsecretaría de Gobierno, ni la asignación de tareas en la Delegación Avellaneda Centro, en diciembre de 2001 a que hizo referencia.
Enumera constancias obrantes en los expedientes administrativos 2-955/01; 1-53.411/02; 92.041; 92.237/00; 2-91.892/00 y 96.420/00 de las que resultaría el conocimiento, por parte del actor, de los decretos que dispusieron el cambio de lugar de prestación de tareas así como la supresión de la bonificación reclamada.
Sobre este último punto expresa que mediante el decreto 37 del 8 de enero de 2002 se rechazó la pretensión de cobro de la bonificación por computación además de ratificarse en todos sus términos los decretos 1.846/00 y 2.207/00. Afirma que el actor se notificó de tal decisión el 2 de febrero de 2002.
Refuerza su argumento con cita en el art. 67 in fine de la ordenanza general 267 que establece: "...Si del expediente resulta de forma indudable que el interesado hubiere tomado conocimiento de la providencia, la notificación o citación sufrirá desde entonces todos sus efectos" y destaca que, sin perjuicio de la deficiencia en la notificación, el acto se encuentra convalidado, aún sin mención expresa a la Administración, si el interesado interpuso el recurso pertinente, tal como lo efectuó al presentar nota ante el municipio con fecha 17 de agosto de 2000.
Entiende que no existió indefensión del accionante, toda vez que tuvo debido conocimiento de los actos que ocasionaron el cese de sus funciones en el Departamento de Informática y la falta de percepción de la bonificación por computación.
Destaca que del texto mismo de los decretos cuestionados resulta la debida motivación que precediera a su dictado.
A su vez, puntualiza que ante la sucesión de actos que modificaron las condiciones laborales del accionante con posterioridad al inicio de la demanda, debe desestimarse la pretensión en todas sus partes e imponerse las costas al actor.
Ofrece prueba, subsidiariamente solicita se tenga presente la consolidación de las deudas municipales y hace reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas y las constancias agregadas al presente surgen los siguientes datos útiles a la solución de la causa:
III.1. Expediente administrativo 2-86.082/00:
III.1.a. Mediante nota de fecha 10 de febrero de 2000, el Director General de Información y Logística Tributaria del municipio puso en conocimiento del Secretario de Hacienda y Administración las irregularidades detectadas en la Dirección General Tributaria y solicitó, en consecuencia, la iniciación de un sumario administrativo respecto del señor Mansilla, entre otros agentes (v. fs. 1, expte. adm.).
III.1.b. A fs. 3/9 obra el informe de la auditoría realizada en la Dirección de Sistemas de Información con el objeto de investigar la situación de varios agentes de esa dependencia (entre ellos, el actor) respecto de los hechos acaecidos en la semana del 20 al 24 de diciembre de 1999, sobre la sospecha de intromisión malintencionada a los sistemas informáticos. Entre las conclusiones que arrojó esa investigación, en lo que al accionante interesa, se consignó que "Dudamos de su desconocimiento de la realidad contextual más no encontramos evidencia. Su actitud ante la entrevista la criticidad de su función y las declaraciones de sus compañeros nos invitan a dudar de su honestidad de manera taxativa. Vale destacar que siendo responsable del proceso de débito automático junto con Daniel Benitez y encontrándose en comisión, ante la necesidad de disparar tal proceso se negó a transmitir el procedimiento a sus compañeros en el centro de cómputos, sin razón aparente y con posibilidad cierta de hacerlo. En cuanto al episodio de la exportación de datos fue el responsable de la operación del tape correspondiente y de informar los tiempos empleados. Recomendamos desafectarlo del municipio " (fs. 8).
III.1.c. Con fecha 3 de julio de 2000 el Intendente municipal dictó el decreto 2.014 que ordenó la sustanciación del sumario administrativo, entre otros, al agente Carlos Sergio Mansilla, Personal Jerárquico, categoría 14, Jefe de la División Sistema Operativo (v. fs. 12).
III.1.d. La instructora sumariante tomó intervención el 4 de agosto de 2000 (v. fs. 14).
III.1.e. El Director General de Informática y Logística Tributaria informa, en cuanto al señor Mansilla, como elementos detectados: correo comprometedor, informe de extracción de información sensible no autorizada; contactos sobre desarrollos no realizados para el municipio e información de procesos no registrados por el área de operaciones (ej. procesos de débito automático) y como medida a adoptar, recomienda desafectarlo del municipio (v. fs. 40/42).
III.1.f. La instructora fijó la audiencia para que preste declaración el agente Mansilla, entre otros, en carácter de imputado para el 13 de febrero de 2001 (v. cédula a fs. 410).
III.1.g. El Director General de Informática hizo referencia a diversas irregularidades detectadas en la actuación del actor y concluyó que las mismas "...conllevan un alejamiento del agente del área de informática, quedando a la decisión de las personas actuantes en el sumario administrativo las medidas a tomar" (fs. 398).
III.1.h. El citado funcionario solicitó "ante quien corresponda el alejamiento del área de informática y de cualquier tarea que les permita acceder al ámbito de manejo de datos vitales para la administración municipal a los agentes comprendidos en dicha actuación por no encuadrar a mi entender en el perfil deseado para un trabajador municipal y sobre todo por no poder confiar en sus funciones, dejando a vuestro criterio cualquier sanción que se establezca en dichas actuaciones" (fs. 406).
III.1.i. Con fecha 13 de febrero de 2001 el señor Mansilla compareció a la audiencia a la que fue previamente citado para prestar declaración en carácter de imputado. En dicha oportunidad fue informado de las irregularidades investigadas y solicitó la realización de otra audiencia a fin de requerir asesoramiento letrado (v. fs. 414).
III.1.j. El día 22 de noviembre de 2001 se presentó nuevamente ante la instrucción y se acogió al derecho de no prestar declaración (v. fs. 415).
III.1.k. En su informe final del 28 de agosto de 2006, la instructora sumariante expresó que el perito ingeniero concluyó que ninguno de los hallazgos descriptos puede ser considerado violatorio del sistema de seguridad informático o una modificación maliciosa del mismo y tampoco se puede determinar con exactitud la procedencia de muchos de ellos o el usuario que realizó tal o cual procedimiento. Y respecto de Carlos Sergio Mansilla, "...Si bien dos de los testimonios aportados hacen referencia a que el Sr Sergio Mansilla, por orden del ex Director Javier Marcos tenía el manejo de las copias de seguridad y de las llaves de la caja de seguridad del banco, ello no implica una actitud dolosa del mismo, atento a que cumplía órdenes de un superior jerárquico...". La instructora concluyó que "...no existen pruebas en las presentes actuaciones que evidencien debidamente los cargos formulados contra los agentes mencionados...", y, por tanto, "...correspondería el SOBRESEIMIENTO de los agentes..." (fs. 586/587).
III.1.l. Esa opinión fue compartida por la Junta de Disciplina en su intervención de fecha 20 de junio de 2007 (v. fs. 596).
III.1.m. Con fecha 26 de julio de 2007, el Intendente comunal ordenó el pase de las actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica a los efectos de "...redactar el acto administrativo correspondiente que ordene el SOBRESEI
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.