Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59899
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.899, "Silva, Daniel Alberto contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
I. El señor Daniel Alberto Silva, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 1.354/98 del 2 de julio de 1998 y la de fecha 12 de noviembre de 1998, dictadas por el Directorio de dicha entidad por las cuales se dispuso su exoneración y se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto respectivamente.
Pretende, en consecuencia, la reposición a sus tareas en el cargo que ocupaba en el escalafón al momento de la suspensión preventiva, el pago de los salarios caídos con bonificaciones y adicionales perdidos e intereses devengados, la reparación por los daños ocasionados y la imposición de las costas a la demandada.
II. Corrido que fuera el traslado de ley, se presenta el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires y solicita el rechazo de la pretensión actora.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, sin acumular, glosados los cuadernos de prueba y los alegatos de ambas partes, no habiendo hecho uso de ese derecho la actora, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Expresa el demandante que prestaba servicios en el sector de inversiones financieras, casa central de Mar del Plata del banco accionado.
Manifiesta que como consecuencia de la denuncia formulada por el titular de la caja de ahorros en dólares número 3.601-3 a nombre de Manuel Enrique Miranda Almeida, que desconoció una extracción de u$s95.000 de esa cuenta, se inició una investigación a fin de determinar los responsables de haber confeccionado indebidamente la boleta de extracción.
Explica que la actuación sumarial culminó con su exoneración. Indica que la demandada basó su decisión en las concluyentes pericias caligráficas y que las mismas constituyen el único elemento probatorio del que se valiera al disponer la medida expulsiva.
Esgrime no haber tenido intervención en los hechos descriptos y por tanto no haber cometido delito ni infracción alguna.
Dice que la instrucción omitió ponderar circunstancias invocadas al momento de formalizar su defensa. En ese aspecto aduce: a) no haber prestado funciones al momento en que se cometió el hecho, toda vez que la libranza ocurrió antes de su ingreso al banco; b) que los empleados del sector donde trabajaba no confeccionaban los formularios B.P. N° 96 que se completan cuando los clientes abren las cuentas o cajas de ahorro y en las que quedan asentadas sus rúbricas; c) que todo el personal de caja de ahorro tenía acceso al archivo de tales formularios; d) que muchos empleados de la institución crediticia suelen llenar las boletas de libranza o extracciones en lugar de los titulares de las cuentas; e) que al momento de los hechos tenía grandes dificultades para escribir, como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido y que le impedía el uso de la mano derecha; f) que los peritajes caligráficos practicados por la institución demandada, pese a su condicionamiento, resultaron contradictorios; g) que no se efectuaron tales pericias a otros funcionarios que pudieron haber intervenido en el proceso ni a quienes efectivamente habilitaron el pago y h) que no se investigaron las razones por las cuales el cliente no llenó los formularios de registros de firmas al momento de la apertura de la caja de ahorros.
Recuerda que la instrucción denegó medidas probatorias que solicitara durante el trámite administrativo.
En relación a la imputación consistente en haber contraído deudas sin autorización de sus superiores aduce que es falsa y que la institución lo autorizó a realizar tareas de índole privada y por ende a contraer deudas.
Alega que ese reproche fue ideado con la finalidad de justificar la exoneración y no constituye una falta administrativa que genere responsabilidad disciplinaria.
Argumenta que los actos administrativos impugnados adolecen de vicios graves que justifican su anulación. Indica que no existe una causa válida que fundamente la sanción pues no se ha acreditado que hubiese cometido la maniobra dolosa. Añade que el único elemento en el que se apoya la decisión son los resultados de las pericias caligráficas que fueron contradictorias entre sí.
Arguye que la resolución impugnada carece de motivación.
Sostiene que en el curso de la investigación se violó su derecho de defensa y debido proceso legal, toda vez que habiendo desarrollado el sumario con relación a la imputación por la supuesta apropiación de una suma de dinero, al momento de su descargo y sin haberse practicado averiguación alguna, se incluyó una cuestión referida a la falta de autorización para contraer deudas.
Advierte que la Administración actuó con arbitrariedad al desestimar la producción de pruebas como la caligráfica y la negativa a extender la realización de esa prueba a los agentes que participaron en el proceso de autorización de la extracción que se le endilga.
En otro orden solicita la indemnización integral de los daños derivados de la conducta ilegítima del banco accionado.
Pide el pago de la totalidad de los haberes desde la suspensión preventiva y hasta el momento de la efectiva reincorporación, con más los intereses devengados desde que los salarios mensuales debieron haber sido efectivamente abonados.
También exige el pago del daño moral que se estime procedente.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
I.2. A fs. 45 se presenta nuevamente el actor, acompaña copia de la sentencia dictada el 9 de abril de 1999 en la causa penal n° 47.330/94, "Miranda Almeida, Manuel Enrique s/Denuncia" (de trámite en el Juzgado Criminal y Correccional de Transición n° 3, Departamento Judicial de Mar del Plata), que dispone su sobreseimiento y adjunta copia de la pericia caligráfica allí practicada (v. fs. 46/53).
II. A su turno, la accionada argumenta a favor de la legitimidad del obrar administrativo y requiere el rechazo de las pretensiones del actor.
Efectúa una pormenorizada negativa de las circunstancias introducidas en la demanda.
Bajo el rótulo "improcedencia formal de la demanda" aduce que el accionante no ataca debidamente las resoluciones y actos administrativos de la institución demandada.
A continuación, destaca que la demanda no puede prosperar, en razón de que las resoluciones cuestionadas, han sido dictadas luego de un amplio y exhaustivo procedimiento administrativo, cumplimentado y desarrollado con sujeción a las pautas de la normativa aplicable al caso (Carta Orgánica -ley 9.434-, el Reglamento de Disciplina del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el estatuto).
Afirma que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales, que hubieran afectado siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley como manifiesta el actor.
Esgrime que la instrucción dispuso la realización de pericias caligráficas a los agentes que trabajaban en el sector involucrado y que los peritos dictaminaron que tanto la letra completando el registro de firmas y la escritura de la libranza pertenecían al agente Silva.
Aduce que, en función de tales experticias y las restantes constancias de la investigación, surge la intervención necesaria del actor en la comisión de la maniobra ilícita, sin perjuicio que no fue posible establecer quien fue el individuo que suscribió los instrumentos.
En punto al hecho nuevo denunciado por el actor, consistente en el dictamen pericial realizado en el marco de la causa penal y su sobreseimiento, invoca la doctrina del Tribunal según la cual los elementos de convicción acumulados a un sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa, no con un análisis propio de la responsabilidad penal, en virtud de la distinta naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro sistema.
Argumenta que los cargos impuestos quedaron firmes y que constituyen elementos objetivos que originan la pérdida de confianza de sus superiores en lo atinente al correcto desempeño de sus funciones, lo que legitima una sanción de corte expulsivo.
Resalta que todos los antecedentes y fundamentos de los actos atacados son válidos y que el agente sumariado no acreditó la existencia de alguna violación a los recaudos formales y sustanciales, según la reglamentación que lo rige. Tampoco demostró que la decisión fuera arbitraria o irrazonable.
Enfatiza en que la conveniencia del grado de la sanción y la mayor o menor severidad de la misma, entran en la esfera propia del órgano administrativo, por la que sólo cabe verificar el cumplimiento del debido procedimiento y la adecuación de la pena a la normativa pertinente.
También destaca la improcedencia de los daños y perjuicios reclamados por el actor.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
III. De las fotocopias del sumario administrativo 9.696, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la presente cuestión en debate:
III.1. La investigación se inicia por el reclamo efectuado en la Sucursal Mar del Plata, por el cliente Manuel Enrique Miranda Almeida, titular de la caja de ahorros en dólares número 3601/3, dando cuenta que no coincide el saldo con el depósito de u$s100.000, que realizara con fecha 4 de abril de 1994, al efectuar su apertura. Dicho cliente tampoco reconoce como suyas las firmas insertas en el formulario B.P. N° 96 -Registro de firma- correspondiente a la cuenta aludida, ni la colocada como librador en el comprobante de u$s95.000 de fecha 24 de mayo de 1994, desconociendo por tanto la realización de esa extracción (v. fs. 1/6).
Por resolución del 21 de junio de 1994, la Gerencia General del Banco resuelve instruir sumario administrativo a fin de dilucidar lo acontecido (v. fs. 7).
III.2. Se agrega a fs. 65/68 copias del registro de firma B.P. N° 96 cuestionado por el señor Miranda Almeida; otros registros de firmas correspondientes a cuentas de la Gerencia Mar del Plata y de la libranza de fecha 24 de mayo de 1994 por u$s95.000, desconocida por el cliente.
III.3. Con base en cuerpos de escritura tomados por el propio Banco a los agentes involucrados en los hechos, entre los que se encuentra el agente sumariado, se efectuaron dos estudios particulares a cargo de la institución demandada.
En el primero de ellos (v. fs. 83/94), la experta concluyó que "La firma de autorización que luce en la tarjeta de 'registro de firmas', atribuida a María V. Carossella, no pertenece a la nombrada...". Finalmente aseveró que "La escritura que luce en la boleta de extracción, de fecha 24 de mayo de 1994, por la suma de U$S 95.000, corresponde al puño y letra de Daniel Silva".
Por su parte, con fecha 3 de enero de 1995 se efectuó una nueva pericia caligráfica. El perito opinó que la firma que completa autorizando el registro de firmas no es auténtica. También afirmó que la letra que integra ese registro y la escritura de la libranza cuestionada pertenece a Silva (v. fs. 214/216).
III.4. A fs. 95/98 presta declaración indagatoria el agente sumariado, a fs. 114/115 y 248/249 se agregan las ampliaciones de su declaración.
III.5. A fs. 148/155 obra copia de su legajo personal.
III.6. En los términos de lo normado por el art. 129 del Reglamento de Disciplina, el agente tomó conocimiento del siguiente cargo endilgado por la autoridad administrativa (v. fs. 344/345):
Se imputó que "...desempeñándose en el sector de inversiones financieras dependiente del departamento de depósitos de la gerencia Mar del Plata, teniendo a su cargo [...] la atención del mostrador de caja de ahorros y la guarda y uso de los registros de firmas (BP96) del sector, completó de su puño y letra el formulario BP N°96 a nombre de Manuel Enrique Miranda Almeida titular de la caja de ahorros en dólares n° 3.601-3 [...] obrando de idéntica manera en oportunidad de confeccionar una libranza por u$s 95.000 (Dólares Estadounidenses noventa y cinco mil), la que fuera percibida el día 24-5-94, consumándose de tal manera una maniobra dolosa con el consiguiente perjuicio a la institución, aún no resarcido...". También se le imputó que "...cumpliendo las tareas ya enunciadas [...] contrajo deudas de importancia con terceros ajenos al banco sin contar para ello con la pertinente autorización superior en colisión a las normas que rigen en la materia".
Luego, el agente tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 355). También pidió y extrajo fotocopias (v. fs. 356).
III.7. A fs. 359/375 efectuó descargo y ofreció prueba.
III.8. Por resolución de Gerencia General de fecha 11-IV-1997 se dispuso hacer lugar a la prueba testimonial requerida y parcialmente a la realización de la prueba informativa ofrecida. Por su parte denegó la sustanciación de la prueba instrumental, pericial caligráfica y médica en razón de carecer de atingencia directa con el sumario, de acuerdo con el art. 151 del Reglamento de Disciplina (v. fs. 388).
III.9. A fs. 445/452 obra el alegato del aquí actor.
III.10. A fs. 464/477 se halla glosado el informe final de la instrucción.
III.11. Luce a fs. 481/482 el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes. En punto a Daniel Alberto Silva, encuadró su conducta en violación a los arts. 22 incs. "k" y "n" del Estatuto del Personal; 23 inc. "g" y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina y sugirió la sanción de exoneración (art. 3 inc. "h") del Reglamento de Disciplina.
III.12. El Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en lo que aquí interesa, resolvió exonerar al agente Silva por encontrarlo responsable de los cargos endilgados. Encuadró su conducta en la trasgresión de los arts. 22 incs. "k" y "n" del Estatuto del Personal; 23 inc. "g" y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina (v. art. 1, resol. 1.354/98 de 2-VII-1998, v. fs. 533/540).
III.13. Contra dicha decisión el encartado dedujo recurso de revocatoria (v. fs. 573/589).
III.14. Con fecha 12 de noviembre de 1998, por resolución 2.473/98 el Directorio del Banco rechazó el remedio intentado (v. fs. 593/594).
IV. En primer término, he de referirme al reparo efectuado por la demandada en el punto III.D. de su responde. El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires titula dicho apartado como "Improcedencia formal de la demanda".
Sostiene que "...el actor [...], no ataca debidamente, en el escrito en responde las resoluciones [...] del Directorio del Banco que represento..." (fs. 77 vta.).
El extremo denunciado por la oponente, quien se limita a exponer únicamente lo trascripto supra (ver punto D, de su contestación), carece de fundamentos.
La afirmación referida no puede constituir una válida defensa o excepción procesal.
Resulta a todas luces evidente la voluntad del accionante de controvertir las decisiones administrativas (v. demanda, Objeto, ptos. 1 y 2). En consecuencia, la mencionada oposición al progreso formal de la demanda debe ser desestimada.
V. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes y los antecedentes del caso, el asunto materia de decisión se circunscribe a determinar si la sanción expulsiva aplicada al señor Silva, resulta o no ajustada a derecho.
Como quedara expuesto, la decisión segregativa que se le aplicara se fundamentó en el hecho de considerarlo responsable de haber completado "...de su puño y letra el formulario BP N° 96 a nombre de Manuel Enrique Miranda Almeida titular de la caja de ahorros en dólares n° 3.601-3 [...] obrando de idéntica manera en oportunidad de confeccionar una libranza por u$s 95.000 (Dólares Estadounidenses noventa y cinco mil), la que fuera percibida el día 24-5-94, consumándose de tal manera una maniobra dolosa con el consiguiente perjuicio a la institución, aún no resarcido; tal imputación se formula fundamentada en concluyentes pericias caligráficas practicadas al efecto...".
También se le imputó que "...cumpliendo las tareas ya enunciadas [...] contrajo deudas de importancia con terceros ajenos al banco sin contar para ello con la pertinente autorización superior en colisión a las normas que rigen en la materia".
El mentado acto encuadró las conductas reprochadas en lo dispuesto por los arts. 22 incs. "k" y "n" del Estatuto para el Personal del Banco y en los arts. 23 inc. "g" -contraer deudas sin autorización- y 25 inc. "c" -falta grave en perjuicio material o moral del Banco- del Reglamento de Disciplina (resol. 1.354/98, v. fs. 533/540) y le impuso la sanción de exoneración.
Los agravios planteados por el demandante en relación a las faltas que se le imputan, impone analizar por separado cada uno de los cargos por los que se lo sancionara junto a la prueba producida.
V.1. Con relación a la primera de las faltas (completar de su puño y letra el formulario BP N° 96 y confeccionar una libranza por u$s95.000), la pretensión del actor se encamina a desvirtuar la comisión del hecho que se le endilga.
En primer lugar, corresponde dejar establecido que no existe diferencia entre las partes en cuanto a la configuración del hecho que dio motivo a la investigación. Así, ambas coinciden en afirmar que el día 24 de mayo de 1994 se produjo la extracción de u$s95.000 de la caja de ahorros en dólares número 3.601-3 a nombre de Manuel Enrique Miranda Almeida por parte de terceras personas sin autorización, mediante la confección de la correspondiente boleta (v. demanda, fs. 24 vta.).
Si bien, el fraude y el perjuicio tanto para la institución demandada como para el titular de la caja de ahorros existió, el actor asevera no haber participado en tales hechos.
Asegura que la medida aplicada únicamente tiene en cuenta las pericias practicadas durante el procedimiento sumarial y que fueron contradictorias, omitiendo investigar antecedentes y circunstancias denunciadas al momento de efectuar su defensa y que acreditan que no tuvo participación en los hechos. Asimismo, denuncia haber sido sobreseído en la causa penal y adjunta copia de la pericia caligráfica allí practicada (v. fs. 46/53).
La demandada, por su parte, sostiene la legitimidad de los actos cuestionados y centra su defensa en las conclusiones de las pericias caligráficas elaboradas durante la investigación sumarial. Estima que se demostró "...claramente que el Sr. Silva ha intervenido necesariamente para la comisión de la maniobra ilícita...", "...hecho probado a raíz de las pericias que identifican al actor como autor de su escritura..." (fs. 79 y vta.).
Por su parte, en punto al dictamen pericial realizado en el marco de la causa penal, señala que los elementos de convicción acumulados a un sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa, no con un análisis propio de la responsabilidad penal.
V.2.a. Adelanto que, a mi juicio, ha quedado desvirtuada la autoría de los hechos que fundaron la decisión expulsiva de la entidad bancaria.
Como este Tribunal ha señalado, la descripción de los hechos configurativos de la conducta pasible de sanción y la autoría -en este caso, si el agente completó "...de su puño y letra..." tanto el formulario BP N° 96 como la libranza por u$s95.000-, involucra el primer presupuesto de control de legalidad del ejercicio de la facultad disciplinaria de la Administración (conf. doctr. causas B. 57.837, "Adassus", sent. de 15-II-2006 y B. 57.021, "Burghi", sent. de 10-X-2012).
De los
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