Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60796
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.796, "Frontaloni, María Laura c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ demanda contencioso administrativa".
I. María Laura Frontaloni, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) con el objeto de que se anulen y dejen sin efecto las resoluciones 763 de 29 de abril de 1997 y 2.794 de 14 de septiembre de 1999. La primera, dispuso su cesantía en el cargo de Abogada Inspectora de la Suprema Corte; la segunda, rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra aquella.
Desarrolla numerosos argumentos para sustentar la procedencia de la pretensión anulatoria; entre ellos, plantea la prescripción de la potestad disciplinaria y denuncia vicios en el procedimiento administrativo.
Como consecuencia de lo anterior, pide la reincorporación al cargo desempeñado al momento del cese, el pago de los salarios dejados de percibir desde entonces hasta su reingreso, el reconocimiento de los servicios a los fines del cómputo de la antigüedad y la integración de los aportes previsionales. También reclama la reparación del daño moral.
Plantea la recusación de los Ministros de este Tribunal que intervinieron en el procedimiento administrativo y extiende su pedido a "...los restantes funcionarios del Poder Judicial con competencia para dictar justicia..." (v. fs. 30 vta.), solicitando se forme un tribunal ad-hoc integrado con abogados de la matrícula, sorteados de la lista de conjueces.
Expone el caso federal y ofrece prueba (v. fs. 29/47).
II. En la primera oportunidad se excusaron los señores jueces que intervinieron en el dictado de las resoluciones impugnadas (v. fs. 49 y 50). A su turno, se formó el tribunal con conjueces (v. fs. 72) quienes dictaron la resolución por medio de la cual se aceptaron todas las excusaciones formuladas -entre ellas la de quienes habían dictado los actos impugnados- y se rechazó la recusación solicitada por la actora contra todos los magistrados del Poder Judicial (v. fs. 73/74).
Luego de varias decisiones interlocutorias (v. fs. 51/60; 149 y vta.; 369 y 390), la Corte quedó definitivamente integrada (v. fs. 394).
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Fiscalía de Estado y contesta la demanda. Sostiene la improcedencia del planteo de prescripción y defiende la legitimidad de los actos impugnados, solicitando el rechazo de las pretensiones.
Ofrece prueba y deja planteado el caso federal (v. fs. 125/136 vta.).
IV. La actora obtuvo el beneficio de la jubilación ordinaria con fecha de cese al 31 de julio de 2001 y alta de pago a partir del mes de octubre de ese mismo año, según da cuenta la presentación y documentación acompañada por la Fiscalía de Estado a fs. 313/315 vta.
V. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas 3001-462/92, los cuadernos de prueba de ambas partes, sus alegatos y consentido el llamamiento de autos para dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora relata que a raíz de haber formulado una denuncia por la desaparición de la caja de seguridad que contenía la recaudación del Registro Público de Comercio del Departamento Judicial de La Plata, se instruyeron las actuaciones 3001-462/92 que culminaron con el dictado de las resoluciones 763/97 y 2.794/99 que dispusieron su cesantía y el rechazo del recurso de reconsideración deducido contra aquella, respectivamente.
Refiere que también se formó una causa penal, la que concluyó con su sobreseimiento.
Postula que el sumario seguido en su contra contiene defectos que califica de graves y que afectaron el normal desarrollo del procedimiento; a saber: refiere a la falta de cronología de algunas fojas del expediente, la existencia de sellos sin firma del Instructor, la actuación de su colaborador en ausencia de este último y el formato de sentencia adoptado por la resolución sancionatoria, entre otros. Precisa que tales irregularidades provocan la nulidad del acto administrativo definitivo y su confirmatorio.
En otro orden, apunta que al ser llamada a prestar declaración indagatoria no se le comunicaron las normas presuntamente infringidas y que tampoco se habría dictado auto de imputación en forma previa a que se le corriera vista para la presentación de su descargo. Afirma que, de ese modo, se ha vulnerado el debido proceso y la adecuada defensa de sus derechos, como así también el principio de igualdad ante la ley.
En cuanto a las faltas imputadas, en lo atinente a la sustracción de la caja de seguridad -por la cual se le atribuyera negligencia en el deber de custodia de los bienes y documentos- señala que la responsabilidad objetiva o, en su caso, subjetiva que se le reprochara, no surge de los artículos 127 de la ley 5.177 (t.o. 180/87), 44, 45 y 47 del decreto ley 7.764/71 ni de la resolución 1.371/92 Anexo I de la Suprema Corte, en tanto tales preceptos no determinan que ante incumplimientos específicos corresponda la aplicación de una medida disciplinaria.
Respecto a la imputación referida al faltante de folios de los libros de actas, expresa que tal hecho no ha sido acreditado por ningún elemento de prueba regular sino que derivó de la compulsa de la documental efectuada por el instructor sumariante.
En relación con el deficiente control sobre las tareas relativas al ingreso del dinero de la dependencia a su cargo, aduce que los elementos de juicio incorporados a las actuaciones descartarían su responsabilidad.
Considera que no se ha atendido a la situación objetiva acontecida en el sector del Registro a su cargo, la que produjo alteraciones operativas que no le resultan imputables.
En otro orden, manifiesta que esta Corte incurrió en prejuzgamiento con motivo de efectuar la cita de precedentes jurisprudenciales referidos a la independencia del pronunciamiento administrativo del judicial.
Finalmente, invoca la aplicación a su caso de las normas del Estatuto para el Personal del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires contenidas en el Acuerdo 2.300 y, en consecuencia, plantea la extinción de la potestad disciplinaria del Tribunal por prescripción.
En cuanto a la resolución 2.794/99, señala que son predicables las mismas deficiencias apuntadas respecto de la resolución antecedente. Además, considera que este último acto carece de causa, forma, objeto y finalidad y que fue dictado soslayando sus antecedentes, su carrera administrativa, los fundamentos expuestos por la minoría en la resolución recurrida y las constancias administrativas.
En suma, manifiesta que la sanción impuesta es nula al ser desproporcionada y arbitraria.
Ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. La Fiscalía de Estado, en su contestación, argumenta sobre la improcedencia del planteo de prescripción y sostiene la legitimidad de las resoluciones impugnadas (v. fs. 125/136 vta.).
Respecto del primer tópico, considera que el Acuerdo 2.300 no resulta aplicable toda vez que a partir de su sanción los funcionarios y magistrados judiciales -entre quienes puede ubicarse a la actora en tanto revistaba en el cargo de Abogada Inspectora de la Suprema Corte, nivel 18- fueron sustraídos del citado régimen, quedando comprendidos en el Acuerdo 1.887 que no contempla la extinción de la potestad sancionatoria por prescripción.
Subsidiariamente, señala que dicho modo de extinción no ha operado, ya que se han configurado causales interruptivas que mantuvieron la secuela del sumario. Cita entre ellas: la orden de instrucción del 19 de mayo de 1992; la designación de Instructor del 26 de mayo de 1992; la ampliación de sumario del 7 de agosto de 1992; el llamado a prestar declaración indagatoria del 11 de septiembre de 1992; el dictado del auto de proveimiento de las pruebas del 21 de octubre de 1992 y de la resolución que ordenó la suspensión preventiva del 14 de junio de 1996 sumado a la remisión de la causa penal requerida con fecha 24 de junio de 1996.
En punto a los defectos de procedimiento, sostiene que debieron ser manifestados al tomar vista de las actuaciones; ello es, en oportunidad en que la actora presentó su descargo o al alegar sobre el mérito de las pruebas producidas. De cualquier modo, descarta que tuvieran entidad suficiente como para invalidar los actos administrativos cuestionados.
Pone de relieve que no existió violación al derecho de defensa ya que la accionante tuvo conocimiento de las conductas reprochadas, tomó vista de las actuaciones, designó defensores e interpuso recurso de reconsideración contra la sanción impuesta.
En cuanto al embate contra la configuración de las faltas, refiere lo siguiente:
Con respecto a la sustracción de la caja de seguridad, puntualiza que no se le imputó a la accionante una responsabilidad objetiva, sino la negligencia al deber de custodia de los bienes y fondos públicos al que se encontraba obligada por su condición de encargada de la sección Certificación de firmas del Registro Público de Comercio.
Manifiesta que la accionante al conocer las precarias condiciones de seguridad del inmueble y del espacio de trabajo, debió efectuar en forma diaria los depósitos bancarios o entregar a los interesados las boletas para que ellos mismos lo hicieran.
En lo atinente a la falta de folios de los libros de actas, expresa que la responsabilidad de la accionante emerge del art. 127 de la ley 5.177, ya que no se comprobó la acción directa y dolosa de terceros.
En cuanto al deficiente control sobre las tareas relativas al ingreso de dinero por el pago de las tasas, afirma que la responsabilidad de la actora emana del incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo de encargada del sector donde se comprobaron serias irregularidades funcionales.
Concluye que las resoluciones de la Suprema Corte que se impugnan fueron dictadas en el marco de su competencia, con total apego a las previsiones del Acuerdo 1.887 y sin incurrir en vicios de ninguna especie.
Finalmente esgrime el carácter restrictivo del control judicial en materia disciplinaria.
Eventualmente, para el supuesto de hacerse lugar a la demanda, en cuanto a la indemnización pretendida, sostiene que la accionante no ha demostrado ningún menoscabo patrimonial.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y plantea el caso federal.
III. Del sumario disciplinario 3001-462/92, surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la controversia:
III.1. Las citadas actuaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1992, a raíz de la nota enviada por la accionante al por entonces señor Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, por medio de la cual le remitió constancia de la denuncia realizada en la Comisaría Sección Primera de La Plata, haciendo saber la desaparición de la caja de seguridad donde guardaba la recaudación que percibía el Registro Público de Comercio, verificada el día 14 de mayo de ese año, que se hallaba colocada en un estante de la mesa del teléfono (v. fs. 3). Con esa nota adjuntó copia de la comunicación cursada en fecha anterior dirigida a la Secretaria del Registro -doctora Susana Marpegán- a fin de que arbitrara medidas para la provisión de un mueble metálico con caja fuerte (v. fs. 1).
III.2. Con fecha 19 de mayo de 1992 este Tribunal ordenó la instrucción del sumario al Cuerpo de Abogados Inspectores de esta Corte (v. fs. 4) y el 26 de ese mismo mes designó Instructor Sumariante (v. fs. 5).
III.3. La instrucción recabó los testimonios de los empleados del Registro Público de Comercio; a saber: Oficial 1°, Silvia Enilda Courtois (v. fs. 6/7); Oficial 2°, Maria Emilia Bergeonneau (v. fs. 8 y vta.); Auxiliar 2°, Liliana Elisabet Benavidez de Hernandez (v. fs. 9 y vta.); y, Oficial 3°, Ana Maria Paglioni (v. fs. 10 y vta.).
Asimismo, procedió a efectuar un estudio de las planillas internas de ingreso de aranceles comparándolas con las actas labradas en los distintos libros. En ese cometido, la Instrucción advirtió que a tres de los libros de actas le faltaban folios. A fin de resguardar los asientos resultantes de los Libros identificados bajo los números 145, 150, 151 y 153, la instrucción decidió retirarlos de la dependencia y trasladarlos a la sede del cuerpo de Abogados Inspectores de la Suprema Corte, dejando constancia de ello en el acta labrada a fs. 11. Luego, certificó los asientos de los Libros 149, 151 y 153, correspondientes al período 20 al 31 de julio de 1992 (v. fs. 12/19).
III.4. El informe preliminar concluyó que era necesario ampliar el sumario o instruir uno nuevo a fin de investigar el faltante de los folios de los libros de actas, remarcando que aquellos resultaban de interés para la investigación. De igual manera requirió la ampliación del sumario para el deslinde de responsabilidades a partir de la constatación de importantes diferencias entre la cantidad de asientos de las planillas de importes ingresados por trámites onerosos y la cantidad de actas labradas (v. fs. 20/21).
Por resolución de Presidencia de fecha 7 de agosto de 1992, se amplió el sumario (v. fs. 23).
III.5. El 10 de agosto de 1992 la instrucción certificó la cantidad de dinero en efectivo existente en el Registro y los depósitos bancarios efectuados desde el 1 de enero de ese año a la citada fecha y retiró las planillas de asientos "Ingresos por art. 2 ley 10.571", correspondientes al período mencionado (v. fs. 25). A fs. 26/29 luce un estudio de los ingresos según las planillas de trámites onerosos confrontados con los depósitos bancarios y la diferencia resultante entre ambos.
III.6. Luego recabó los testimonios de los siguientes empleados y funcionarios del Registro: Auxiliar 2°, Hugo Armando Ramírez (v. fs. 33/35); Subjefe de Despacho Esther María Valdovinos (v. fs. 36/38); Oficial 3°, Ana María Paglioni (v. fs. 39/42); Auxiliar 4°, Alberto José García Suarez (v. fs.43/44); María Emilia Bergeonneau (v. fs. 45/46 y 68); Liliana Elisabeth Benavidez (v. fs. 47 y vta.); la titular del Registro, doctora Susana Elena Marpegán (v. fs. 48/49 y vta. y 52/59) y la Auxiliar 2°, Andrea Diana Novello (v. fs. 69/70 y vta.).
III.7. Se agregó la siguiente prueba documental:
III.7.a. Nota del 24 de mayo de 1991 suscripta por las doctoras Frontaloni y Marpegán, remitida a la Secretaría General de la Suprema Corte informando la puesta en funcionamiento del cobro de aranceles por parte del Registro (v. fs. 72).
Expresaron que a tales fines y con el objeto de prestar un servicio lo más adecuadamente posible, asumirían en forma provisoria el manejo del dinero correspondiente a las tasas, el que sería depositado semanalmente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la Oficial 1° de Mesa de Entradas.
Relataron que el mencionado cobro se efectuaría en una oficina reservada para tal fin, se controlarían los trámites a medida que ingresaran y se cobraría el tributo, colocando un sello -cuyo modelo adjuntaron- que acreditaría el pago (v. fs. 73) y se asentaría el mismo en una planilla -cuyo modelo acompañaron- la que se remitiría mensualmente a la Subsecretaría de Administración (v. fs. 74).
III.7.b. Resolución de fecha 13 de noviembre de 1990 dictada por el Subsecretario de Administración que autorizó a los titulares de los Registros Públicos de Comercio de la Provincia a tramitar ante sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires la apertura de una cuenta corriente fiscal (v. fs.75).
III.7.c. Instrucciones remitidas por la Subsecretaría de Administración a los delegados de administración departamentales informando que la operatoria de recaudación se efectuaría así: i) el titular del Registro Público debía tramitar la apertura de una cuenta corriente fiscal; ii) la recaudación se efectivizaría utilizando las boletas de depósito que otorgaba el Banco, que debía ser entregada al interesado para que lo efectuara, haciendo constar a qué trámite correspondía y cuya copia quedaría archivada en la dependencia; y, iii) los titulares del registro remitirían del 1 al 10 de cada mes, a la orden del Tesorero de la Subsecretaría de Administración, el cheque por la suma recaudada en el mes anterior, conjuntamente con la certificación del saldo de la cuenta emitida por el Banco al último día hábil del mes (v. fs. 76/77).
III.7.d. Respuesta del Secretario General de la Suprema Corte de fecha 30 de mayo de 1991 ante la presentación realizada por las doctoras Frontaloni y Marpegán, en la cual indicó: "...hágase saber al Registro Público de Comercio del Departamento Judicial La Plata que deberá proceder conforme lo establecido en la resolución de la Subsecretaria de Administración de fecha 13-XI-1990" (v. fs.78).
El 31 de mayo de 1991 se comunicó dicha nota a la Secretaria del citado Registro (v. fs. 78).
III.8. Se recabaron los testimonios del entonces Tesorero del Poder Judicial (v. fs. 87 y vta.) y de la titular del Registro, doctora Susana Elena Marpegán (v. fs.88 y vta.).
III.9. La Instrucción confirió a la actora vista de las actuaciones por el término de diez días (v. fs. 91) y a fs. 101/129 la agente Frontaloni presentó su descargo.
III.10. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la allí sumariada, previo informe del instructor (v. fs. 156/157), el señor Presidente del Tribunal tuvo por acompañada la documental; no hizo lugar por extemporáneo al pedido de indagatoria -aunque más adelante reconsideró esta decisión (v. fs. 178) y finalmente recibió dicha declaración (v. fs. 238/251)-; accedió a la testimonial y a la informativa solicitada y tuvo presente la pericial ofrecida (v. fs. 159).
III.11. A pedido de la actora, se recibieron los testimonios de Susana Elena Marpegán (v. fs. 164/166 vta.); Esther María Valdovinos (v. fs. 167/168); Elba Beatriz Rodríguez (v. fs. 173/174); Andrea Novello (v. fs. 175 y vta.); María Emilia Bergeonneau (v. fs. 176); Ana María Paglione (v .fs. 179/180 vta.); Hugo Armando Ramírez (v. fs. 181 y vta.); Liliana Elizabeth Benavides (v. fs.182 y vta.); Auxiliar 4°, Alberto García Suarez (v. fs. 191); Auxiliar 6°, Ricardo Eduardo Fernandez (v. fs. 192 y vta.); Horacio Luis Cattino (v. fs. 193); Oficial 3°, Miguel Ángel Petti (v. fs.194 y vta.); Prosecretario Carlos Alberto Barreda (v. fs. 195 y vta.); Juan José Esteves (v. fs. 200 y vta.); Julio García (v. fs.209 y vta.) y Cesar Gabriel Gigli (v. fs. 223 y vta.).
III.12. Se agregaron informes de la titular del Juzgado Civil y Comercial n° 22 del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 219) y del Subsecretario de Personal de esta Corte (v. fs. 234/236).
III.13. A fs. 238/251 se recibió la declaración indagatoria de la doctora Frontaloni.
En dicha oportunidad, respecto a la nota enviada a la Secretaría General de la Suprema Corte, señaló que no había llegado a su conocimiento la respuesta que fuera remitida al Registro y que no había requerido información sobre ella.
Puso de relieve que el control del asiento, percepción y depósito bancario de las sumas percibidas, era responsabilidad de la Oficial 1°, Silvia Courtois y que en esporádicas ocasiones la accionante lo hacía, ya que su tarea era comunicar mensualmente la recaudación a la Secretaría General.
Expresó que el depósito en el Banco se efectuaba una vez a la semana -generalmente los días viernes- y si se percibía mucha cantidad de dinero se realizaba con mayor regularidad. Puntualizó que no se instrumentó diariamente por falta de ordenanza o personal y que ello se hubiera evitado si la doctora Marpegán hubiere provisto un mueble metálico.
Consultada acerca de si impartió instrucciones para que se efectuaran controles entre lo registrado en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.