Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60033
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.033, "Mendez, Daniel contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa".
I. Daniel Mendez, por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires e impugna la resolución, dictada el 10 de junio de 1998 por el Tribunal de Cuentas en el expediente 188/95, por la cual se determinó su responsabilidad patrimonial por su gestión como Asesor en el Ministerio de la Producción del Estado provincial.
Hace extensiva su impugnación al acto administrativo dictado el 4 de noviembre de 1998 que rechazó el recurso interpuesto contra la resolución antes mencionada.
Pide que se declare la nulidad de las referidas decisiones y se deje sin efecto el cargo pecuniario que se le formuló.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se disponga con carácter cautelar la suspensión de los efectos de los actos que impugna.
II. Por resolución de fecha 30 de marzo de 1999, este Tribunal decidió hacer lugar a la medida precautoria solicitada en el marco de lo dispuesto en el art. 32 de la ley 4.373 y ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo pecuniario formulado al accionante mediante fallo de fecha 10 de junio de 1998 (art. 6) y confirmado por fallo de fecha 4 de noviembre de 1998 (art. 7) -ambos dictados por el Tribunal de Cuentas en el expediente 188/95 correspondiente al estudio de cuentas del Ministerio de la Producción (Ejercicio 1995), hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa (v. fs. 34).
III. A fs. 60/61 el actor amplió la demanda denunciando el dictado de la resolución de fecha 24 de mayo de 2000 en el expediente administrativo 230/96 por el que tramitó la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción - Ejercicio 1996. Detalla que ella fue ratificada mediante decisión de fecha 18de octubre de 2000. Ofrece prueba.
IV. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, sosteniendo la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 82/87).
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
V. Producida la prueba instrumental, agregado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 58, 62/137 y 140), glosado el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 151), declarado que la primera no hizo uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 153), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor cuestiona el cargo formulado por el Tribunal de Cuentas por la suma de $4.013,36 por la omisión de rendir cuenta documentada de su utilización o destino. Explica que este cargo se relaciona con la comisión oficial que realizó a Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 24 y el 28 de octubre de 1995. Explica que el monto otorgado en concepto de viáticos fue de $3.500 y que la diferencia reclamada obedece a la aplicación de intereses.
Apunta que el señor Gobernador autorizó el aludido viaje en el art. 5 del decreto 3.015/95 y destaca que en él, a diferencia de lo expresado en los arts. 4 y 6, no se dispuso la rendición de cuentas de estos gastos.
Sostiene que los viáticos a ser utilizados fuera del país se justifican en base a una escala tarifada conforme el tiempo de duración del viaje.
Detalla que una vez concluido éste presentó una planilla ante la Tesorería del Ministerio de la Producción en la que consignó su nombre, cargo que desempeñaba, comisión realizada, días de duración de la estadía en el extranjero y porcentaje de viáticos asignados, todo esto -según dice- refrendado por el superior jerárquico.
Agrega que este mecanismo obedece a un criterio de lógica y razonabilidad. Explica que hay numerosos gastos que originan recibos o facturas, pero hay otros que no pueden justificarse con el debido comprobante. Dice que la rendición por planilla es la metodología de práctica en la Administración Pública provincial, siendo aceptada usualmente para la rendición de esta clase de gastos. Destaca que es la que se utilizó en todas las oportunidades en que los agentes y funcionarios del Ministerio de la Producción debieron trasladarse al exterior durante los años 1992, 1993, 1994 y 1995, no habiendo merecido observación por parte del Tribunal de Cuentas. Acota que ello configura un acto de discriminación.
Pone de resalto que el decreto 1.460/94 que regula la mecánica de los traslados de agentes y funcionarios en cumplimiento de misiones encomendadas a países del extranjero, nada dice acerca de la rendición documentada de los fondos que se otorgan en concepto de compensación de gastos. En consecuencia, concluye que si se ha cumplido lo dispuesto en la normativa vigente en la materia y no se ha generado perjuicio patrimonial para la Provincia, deviene improcedente la aplicación del cargo pecuniario que por esta acción se impugna.
Al ampliar la demanda, denuncia el dictado de la resolución de fecha 24 de mayo de 2000 en el expediente administrativo 230/96 por el que tramitó la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción - Ejercicio 1996. Detalla que aquella fue ratificada mediante decisión de fecha 18 de octubre de 2000.
Apunta que en el mencionado acto, el voto que hizo mayoría sostuvo que "...no resulta[ba] necesaria su rendición [viáticos por viajes al exterior] con comprobantes, en la medida que los montos resulten razonables y porque no resulta posible efectuar una comprobación de los gastos en otros idiomas y monedas...".
En tal marco postula que debe rechazarse toda aquella sanción por la falta de rendición documentada de los fondos recibidos para viajar al exterior en razón del principio que manda a aplicar las disposiciones más beneficiosas aún en forma retroactiva.
En otro orden, impugna las actuaciones administrativas agregadas sin acumular en autos, por no hallarse completas. Se agravia de que no incluyen los antecedentes administrativos que sustentan la decisión impugnada. Sostiene que tal proceder afecta el ejercicio de su derecho de defensa.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado afirma que el control de la hacienda pública es imprescindible para garantizar la buena administración y la satisfacción de los intereses generales. Añade que este principio está consagrado en el art. 64 del decreto ley 7.764/71.
Frente a la exención que pretende el actor con fundamento en lo dispuesto en los decretos 1.460/94 y 3.015/95, plantea dos reparos. Por un lado, sostiene que las normas infralegales no pueden derogar singularmente un mandato superior. Por otro, dice que los decretos invocados por el accionante no excluyen la obligación de rendir cuentas sino que armonizan con ella.
Aduce que acreditada la infracción al ordenamiento jurídico, el daño al erario público se encuentra implícito. En consecuencia, postula que el actor es quien debe acreditar la ausencia de daños con la debida rendición de gastos.
Sin perjuicio de lo anterior, en respuesta al cambio de temperamento del Tribunal de Cuentas alegado por el accionante al ampliar la demanda, afirma que no existió tal variación con relación al caso del actor.
Recuerda que con anterioridad al cargo pecuniario que le fuera impuesto, el Tribunal de Cuentas ya exigía el respeto del art. 64 de la Ley de Contabilidad en toda rendición de cuentas. De ahí que entiende que mal se pudo invocar una alteración sorpresiva de antecedentes jurisprudenciales para justificar la comisión de una infracción legal.
En tal sentido, se opone al pretendido intento del actor de que se aplique a su caso la inteligencia plasmada en una resolución de fecha 24 de mayo de 2000 que resolvió la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción - Ejercicio 1996. Apunta que los cargos pecuniarios son ajenos al principio de la retroactividad de las normas y al criterio de la aplicación de la ley más benigna, propios del ámbito represivo.
Además, agrega que en el caso no se discute la actuación de normas generales, abstractas y constantes, sino que tal pronunciamiento es individual, concreto y contingente, dependiente de las circunstancias de cada caso y gobernado por la regla procesal de la res inter allios judicata que impide extender a terceros lo decidido en otras causas.
III. De las fotocopias del expediente administrativo 188/95 "Rendición de Cuentas correspondiente al Ministerio de la Producción - Ejercicio 1995", resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para la causa:
III.1. Por decreto 3.015/95 el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires autorizó al actor a participar de la comisión oficial que habría de concurrir al evento SAITEX'95 a realizarse en Johannesburgo, Sudáfrica entre el 24 y el 28 de octubre de 1995 (v. fs. 61/62 y 64).
III.2. Del informe elaborado por el Ministerio de la Producción surge que, durante el ejercicio 1995, el señor Daniel Mendez se desempeñó como Asesor -con rango de Director- dentro de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (v. fs. 128).
III.3. El informe de Relatoría de fecha 26 de febrero de 1997, en el apartado VI) "Viáticos al exterior" indicó: "Se solicitan los comprobantes que justifiquen el destino de los fondos otorgados a distintos funcionarios que fueron autorizados a trasladarse en comisión oficial al exterior mediante decretos del Poder Ejecutivo. Esta demanda tiene su origen en las rendiciones de cuentas, donde sólo figuran recibos firmados por los destinatarios de los fondos, que no acreditan fehacientemente la inversión de los mismos. La Relatoría estima que la documentación reclamada deberá ser aportada por los funcionarios a quienes les fueron entregados los fondos para su traslado al exterior, de acuerdo con el detalle enunciado en el anexo 'VI'". En este último se detalla que al actor se le asignaron $3.500 de viáticos (v. fs. 160 y 170).
III.4. Del mencionado informe se le confirió traslado a aquel (v. fs. 173 y 186), quien presentó su descargo a fs. 279.
III.5. El informe final de la Relatoría expresa: "...el hecho de que los viáticos dentro del territorio nacional no deban rendirse con comprobantes, constituye una excepción a la regla, debiendo tener presente que ante la ausencia de legislación sobre el particular y en virtud de que los Decretos y anexos que fijan los montos de los mismos no establecen específicamente esta eximición. La rendición de cuentas deberá concretarse como lo instituye el Decreto Ley de Contabilidad n° 7764/1971 que en su art. 64 [...]. Por lo tanto, la Relatoría considera que los funcionarios que han utilizado los fondos del erario público, no han cumplido con la rendición de los mismos. En estas condiciones se ubican las siguientes autoridades: [...] O/P 11271. Fecha 20-XI-1995. Participante Daniel Mendez. Monto $ 3.500.-" (fs. 545 y vta.).
III.6. A fs. 571 se calcularon los correspondientes intereses desde el 20 de noviembre de 1995 al 31 de marzo de 1998, lo que arrojó un monto total de $4.013,36.
III.7. Mediante resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 10 de junio de 1998 se formuló cargo pecuniario al señor Daniel Mendez por la suma de $4.013,36 (v. fs. 580/587, en especial fs. 586 y vta. -art. sexto-). A fs. 602 obra agregada la notificación al actor.
III.8. Por resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 4 de noviembre de 1998 se rechazó el recurso de revisión presentado por el señor Mendez (v. fs. 608 y 728/738). Su notificación fue agregada a fs. 741.
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes y de conformidad con los antecedentes reseñados, la cuestión sometida a decisión de esta Corte se circunscribe a determinar si el cargo pecuniario impuesto al actor se ajusta a derecho.
IV.1. Primeramente, corresponde señalar que el Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, despliega su actividad conforme las disposiciones de la ley 10.869. En su art. 15 señala a aquel como autoridad encargada de aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por los sujetos obligados.
Por su parte, el art. 16 lo faculta a imponer llamados de atención, amonestaciones, multas y cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Así es que en tal cometido, el organismo de control debe verificar la sujeción de la actuación estatal al ordenamiento jurídico positivo.
IV.2. Reseñado lo anterior, es útil puntualizar los elementos fácticos en que se sustenta la controversia.
El señor Daniel Mendez se desempeñó como Asesor con rango de Director en el ámbito de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción (v. fs. 128). Durante su gestión como tal, mediante decreto 3.015/95 el señor Gobernador autorizó su concurrencia a SAITEX'95 en representación de la Provincia de Buenos Aires. Este evento fue realizado en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica entre el 24 y el 28 de octubre de 1995.
El Tribunal de Cuentas, en el trámite de rendición de cuentas del Ministerio de la Producción -Ejercicio 1995- observó, en lo que al actor interesa, la omisión de acompañar la documentación respaldatoria de los viáticos autorizados para tal comisión y, consecuentemente, decidió imponerle un cargo pecuniario de $4.013,36 correspondiente al monto originario asignado -$3.500- con más sus intereses (v. fs. 160, 170 y 571).
IV.3. Anticipo que la demanda no prospera.
IV.3.a. La Ley de Contabilidad (dec. ley 7.764/71) vigente durante el ejercicio 1995 al que refiere la presente acción, establecía en el art. 64 que "todo agente, como así también toda persona que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador, o que administre, utilice, guarde o custodie dinero, valores u otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal, está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de su utilización o destino". Una norma de idéntico tenor a esta se encuentra consagrada en el art. 114 de la ley 13.767 (B.O. de 17-XII-2007) que actualmente regula la administración financiera y el sistema de control de la administración general del Estado provincial.
De tal marco normativo resulta la obligación del actor de rendir cuenta documentada o comprobable de los viáticos que le fueron asignados con motivo de la comisión autorizada para que represente a la Provincia en SAITEX'95 (Johannesburgo, Sudáfrica) durante los días 24 a 28 de octubre de 1995.
IV.3.b. Los decretos 3.015/95 y 1.460/94 invocados por el accionante en su demanda, no eximen de esta obligación por el sólo hecho de no preverla.
El primero de los aludidos actos autorizó la participación oficial del Ministerio de la Producción en SAITEX'95 desde el 24 al 28 de octubre de 1995 en Johannesburgo, Sudáfrica y la concurrencia, entre otros funcionarios, del señor Daniel Mendez. A tal efecto, previó el itinerario, gastos de pasajes, gastos de compensación y de organización.
El decreto 1.460/94, por su parte, estableció el procedimiento para obtener la autorización de comisiones para realizar en el exterior. Lejos de regular cuestiones de índole financiera y/o contable vinculadas a los viajes de los funcionarios públicos al exterior, se limitó a establecer el procedimiento que debía seguirse para obtener el permiso, además de fijar los recaudos previos y los deberes posteriores a la finalización de la comisión en cuestión.
El art. 64 del decreto ley 7.764/71 antes mencionado, tal como en él se consigna, es aplicable a "todo agente [...] que utilice [...] dinero, valores u otros bienes o pertenencias del Estado".
No es jurídicamente posible que en virtud del silencio de una norma de rango inferior, en el caso los decretos 3.015/95 y/o 1.460/94, se prescinda de disposiciones expresamente contempladas en la Ley de Contabilidad. Ello importaría la violación del principio constitucional de jerarquía normativa (art. 31, Const. nac.; conf. doctr. causas B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016 y C. 115.486, "Capaccioni", sent. de 30-IX-2014) además de configurar un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución nacional concede al Poder Ejecutivo (conf. doctr. causa A. 73.181, "Di Menna", sent. de 13-IX-2017).
IV.3.c. Por otra parte, si bien el demandante aduce que los viáticos a ser utilizados fuera del país se justifican en base a una escala tarifada conforme el tiempo y duración del viaje, detallando que presentó una planilla ante la Tesorería del Ministerio de la Producción consignando todos los datos correspondientes a la comisión efectuada en Johannesburgo, no precisa la norma en la que encuadra tal defensa.
Tampoco acredita que la rendición a través de la aludida planilla fuera una metodología de práctica en la Administración Pública provincial en aquella época, tal como alega en su escrito postulatorio.
IV.3.d. No obsta lo expuesto la argumentación ensayada por el accionante en punto a la existencia de un criterio posterior emitido por el Tribunal de Cuentas, contrario al que se cuestiona en autos (v. resol. dictada por el citado organismo de fecha 24 de mayo de 2000, obrante a fs. 933/949 del expte. adm. 230/96).
En efecto, no es posible garantizar la legitimidad de dicha postura, ni resulta conducente para establecer si el control efectuado por el organismo demandado en el ejercicio bajo análisis ha sido conforme al ordenamiento jurídico.
Es que no resulta contraria a derecho la interpretación que llevó a la Administración, en el caso de autos, a aplicar el cargo pecuniario cuestionado.
Aun cuando el Tribunal de Cuentas en ejercicios posteriores no ha formulado observaciones respecto de la utilización del sistema de viáticos y/o anticipo para gastos, tal omisión, por estar en pugna con lo debido, no puede erigirse como legítima (conf. doctr. causas B. 60.034, "Ruíz", sent. de 28-III-2012 y B. 60.036, "Brown", sent. de 22-VIII-2018).
De otro lado, la existencia de observaciones efectuadas por el órgano de control provincial al mismo tipo de actos ahora observados, en ejercicios inmediatamente anteriores (v. resol. del organismo demandado correspondiente a la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción, ejercicio 1994, obrante a fs. 123/126 del expte. adm. 188/95) imponían a aquel una conducta proclive a evitar su utilización. En efecto, allí se comunicó la iniciación de un sumario administrativo referido a presuntas irregularidades en las rendiciones de cuentas de gastos derivados de la realización y concurrencia "a ferias, exposiciones y otros" (v. punto 19°), frente a lo cual se decidió excluir de la aprobación el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.